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FSLN mantiene control de 134 gobiernos locales

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El Consejo Supremo Electoral (CSE) dio a conocer su informe sobre las votaciones municipales 2017. Hubo una participación del 51 %, dijo el CSE. Con el 99.09% de las Juntas Receptoras de Votas (JRV) escrutadas de un total de 13 mil 206, el FSLN encabeza la votación con 1 millón 326 mil 982 votos (68.23%), seguido por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) con 317 mil 666 votos (16.33 %) y Ciudadanos por la Libertad (CxL)  con 185 mil 214 votos (9.52 %).

Con estos datos del CSE, el FSLN logró mantener 134 alcaldías municipales y gobernará en las diecisiete cabeceras departamentales. Los municipios de Wiwilí Nueva Segovia, Río Blanco, Waslala, Villa Sandino, Puerto Cabezas, Waspam, El Crucero y El Ayote serán ahora administrados por el FSLN.

El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) obtuvo once alcaldías, recuperando los municipios de La Trinidad y Camoapa.

Ciudadanos por la Libertad logró siete alcaldías municipales (Murra, El Coral, El Cuá, Santa María de Pantasma, San Sebastián de Yalí, San José de Bocay y El Almendro). Por su parte, la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) mantuvo la Alcaldía de San Francisco de Cuapa.   

Cinco muertos y decenas de heridos

La violencia producto de los "resultados" del CSE marcó las votaciones municipales 2017. En Wiwilí de Jinotega se reportaron al menos tres personas heridas y dos muertos, entre ellos Elías Pineda Blandón, fiscal del Partido Liberal Constitucionalista. Además, se informó de otra persona fallecida en El Cua y de dos en San Sebastían de Yalí, también en Jinotega.

Asimismo, reportan dos personas muertas en el caribe nicaragüense y dos personas heridas de gravedad en Corn Island, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur.

En El Jicaral, León, se produjo un enfrentamiento que dejó a dos personas heridas cuando un simpatizante del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) arrebató una maleta electoral.

Por su parte, en el muniicpio de San Miguelito, Río San Juan, se informó de al menos una docena de personas heridas. Fěnněr Lãžö, fiscal de CxL fue uno de ellos.

En Jalapa se reportó la desaparición del candidato a alcade de CxL, Róger Ismael Gradis Sanchez. Su compañera de fórmula, Janeth del Rosario Molina, denunció que unos hombres vestidos de militar fueron quienes se los llevaron.

En Puerto Cabezas, el partido YATAMA ha organizado una marcha para protestar por los resultados.


Violencia en Bilwi

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Con información de Artículo 66

Haydée Bautista Salazar, del directorio nacional de Yatama denunció que simpatizantes del FSLN, protegidos por la Policía Nacional, quemaron la Casa Verde y la radioemsiroa de Yatama en Bilwi.También se informó de un asesinado. 

Momentos antes, decenas de miembros de Yatama resultaron heridos cuando la Policía Nacional llegó a reprimir con furia la protesta por "fraude" en los comicios del cinco de noviembre. 

La violencia ha estallado en Bilwi, cabecera municipal de Puerto Cabezas, en el Caribe Norte de Nicaragua, que ha dejado como saldo decenas de heridos y la destrucción de casa departamental del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional. 

Según reportó la ciudadana Sandra Davis, habitante de Puerto Cabezas, la violencia se desató cuando un grupo de simpatizantes del partido indígena Yatama protestaban en las calles y se tomaron la casa departamental del FSLN.

Sobre el conflicto en el Caribe, las protestas de Yatama y la represión policial habla a continuación George Henrique Cayasso, líder del partido indígena, a través de esta entrevista que le realizó el periodista Bismark Artola, de Radio Universidad.

 

La toma de la casa partidaria del sandinismo motivó la movilización de decenas de efectivos policiales de las tropas antidisturbios, quienes llegaron a desalojar por la fuerza a los partidarios de Yatama.

 

 

Cenidh condena violencia post electoral

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El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), condenó y deploró el recrudecimiento de la violencia en diversas partes del país, tras los polémicos resultados de las votaciones municipales.  Promotores del Cenidh y de diversas personas directamente afectadas, informaron que producto de enfrentamientos y de la represión gubernamental, hay siete muertos, decenas de heridos y lesionados y numerosos detenidos.

El Cenidh recordó que el “Estado de Nicaragua tiene el deber de proteger la vida y la seguridad de todos y todas, por igual y sin discriminación, así como de prevenir hechos de violencia, como los sucedidos  en San Dionisio, Yalí, Wiwilí, San Miguelito, Sandy Bay y Bilwi y otros municipios de Nicaragua”.

En su nota de prensa, el Cenidh señala que la noche del lunes se produjeron graves enfrentamientos entre simpatizantes de Yatama y del Frente en la ciudad de Bilwi, donde fue incendiada la llamada “Casa Verde” de los miskitos, así como una emisora radial que funcionaba en este local  y fue destruida la estatua a la Resistencia Indígena.

Dos miembros de Yatama murieron por balazos de armas largas, presumiblemente fusiles AK-47,  varias decenas fueron heridas, informó la representante legal de Yatama, Elízabeth Enríquez, quien añadió que ”son muchas” las personas lesionadas, hasta el punto de que el hospital está saturado y ya no puede atender más. También reveló que los detenidos fueron trasladados a Managua.

Ante el incremento del dolor y luto de tantas familias nicaragüenses, el Cenidh llamó a la ciudadanía a ejercer sus derechos de manera pacífica. Además, exhortó enérgicamente a la Policía y a las tropas del Ejército a que respeten los derechos humanos de la población y se limiten a cumplir con sus obligaciones constitucionales,  entre las cuales no está apoyar a ningún grupo o partido en particular.

“El Cenidh rechazó que el Ejército de Nicaragua cumpla funciones de orden público que le corresponden a la Policía Nacional. La militarización y aumento de la represión solo incrementa el conflicto, por lo que demandamos el cese de estas acciones”, dice el Cenidh.

Después que el partido regional YATAMA  denunció el fraude electoral,  “las turbas sandinistas, protegidas por los antimotines, quemaron la casa verde y la radio Yapti Tasba Bila Baikra y además destruyeron totalmente la estatua del Indio. Ya llevan dos muertos, han quemado dos camionetas, un taxi y amenazan con ir a quemar la casa del diputado Brooklyn Rivera y la casa del Alcalde Reynaldo Francis”, informó la Alcaldía de Puerto Cabezas  en su página de Facebook.

En Sandy Bay, municipio de la desembocadura de Río Grande, en el Caribe Sur de Nicaragua, dos indígenas simpatizantes de Yatama fueron asesinados, tres resultaron heridos y seis casas de simpatizantes sandinistas fueron quemadas, por la violencia por los resultados de las votaciones munipales 2017.  

Yatama y las comunidades de la zona desconocieron los resultados del CSE, confirmó el candidato a alcalde por Yatama, Ever Federick Dixon. “El problema surge después de desconocer el total fraude montado por el Frente Sandinista en contra de la organización indígena de Yatama”, aseguró. 

Melvin Báez: “Vamos a defender la Alcaldía de San Pedro del Lóvago”

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 Un 2 cambió el resultado de las votaciones en el municipio de San Pedro del Lóvago, Chontales, a favor del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL). El Acta de la Junta Receptora de Votos (JRV) número 1105050702, ubicada en el Centro de Votación de la escuela Puertas de París, fue alterada en el sitio web del Consejo Supremo Electoral (CSE). Al agregarle un dos, los 21 votos de CxL se convirtieron en 221, es decir 200 más.    

El candidato del PLC, Melvin Báez, denunció el despojo de la alcaldía en la sede el Consejo Supremo Electoral (CSE) y brindó una conferencia de prensa en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), donde presentó las evidencias.

Melvin Báez soportó su denuncia mostrando  la documentación original extendida por el  Consejo Electoral Municipal (CEM) de San Pedro de Lóvago y por el Consejo Electoral Departamental (CED) de Chontales, así como las actas del escrutinio, que demuestran que ganó con 2 mil 751 votos, 179 votos más que Ciudadanos por la Libertad, que obtuvo 2 mil 572.

Una nota de prensa de Cenidh dice que  “Báez se presentó al CSE a denunciar los hechos, le ratificaron su condición de Alcalde electo, pero mientras no cambie la información en el sitio Web y CxL siga asumiéndose como ganadora, continuará la incertidumbre que se ha apoderado de gran parte de los pobladores de San Pedro de Lóvago”.

Melvin Báez dijo que defenderán la alcaldía y no permitirán que le arrebaten su victoria y responsabilizó al CSE y a CxL de cualquier hecho de violencia que se pueda producir en este municipio.

Esta certificación del CSE muestra que Melvin Báez ganó la Alcaldía de San Pedro del Lóvago  

La nota de prensa del Cenidh agrega que “quienes se hacen llamar independientes con criterio, atribuyeron al ex dirigente de la Contra, Boanerge (Pepe) Matus, la autoría intelectual de esta falsificación e intento de despojo de la alcaldía a  Melvin Báez.  Señalan que Báez realizó unas negociaciones para continuar al mando de esta alcaldía que ha manejado por años su familia y con lo cual ha obtenido exenciones fiscales para sus negocios de ganado y caballos de raza”.

                            

“Que se olviden Pepe Matus y Ramón González. Vamos a defender la Alcaldía cueste lo que cueste. El pueblo se va a manifestar hasta las últimas consecuencias. Al pueblo se le respeta. Vamos a estar al frente en la lucha cívica y si nos llevan a otro terreno, también”, dijo Báez.

Al finalizar la conferencia de prensa, Báez entregó a la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, una copia del expediente con las evidencias para que quede bajo resguardo del Cenidh.

Onda Local comparó los resultados de las veintisiete JRV publicadas en el sitio web del Consejo Supremo Electoral con las veintisiete actas de escrutinio, donde se evidencia la falsificación del acta número 1105050702.

En el sitio web del CSE agregaron 200 votos a favor de CxL. El acta de escrutinio muestra que sólo obtuvi 21

Cambian resultados de San José de Bocay y El Coral

El caso del municipio de San Pedro del Lóvago no es el único. Un clic cambió el resultado en el municipio de San José de Bocay, Jinotega, que ahora aparece adjudicado al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), antes estaba a favor del partido Ciudadanos por la Libertad. 

Lo mismo ocurrió en el municipio de El Coral, Chontales. La alcaldía estaba en manos de Ciudadanos por la Libertad, pero ahora aparece a favor del FSLN, según el sitio web del CSE. 

Denuncian irregualridades en Villa El Carmen

Rosa García, primer concejal del PLC en el municipio de Villa El Carmen, Managua, denunció en el Cenidh, las irregularidades durante las votaciones municipales de 2017, lo cual ha generado indignación entre las y los partidarios del PLC.

García dijo que el día de las votaciones, sus partidarios sufrieron intimidaciones de parte de efectivos de la Policía Nacional y del Ejército. También hubo presiones del FSLN para que empleados públicos y beneficiarios de programas sociales, como hambre cero, fueran a votar y mostraran fotografías.

Javier Somarriba, fiscal municipal del PLC, denunció la no acreditación de sus fiscales, como parte de las irregularidades de las votaciones.

                              

Rosa García,  dijo que muchas personas no pudieron votar, ya que sorprendentemente fueron cambiados de domicilio, tal es el caso de Edi José García, quien apareció en el Padrón Electoral de Bluefields y no en el de Villa El Carmen. El día de las votaciones, Onda Local, recibió diversas denuncias de este tipo. Radio Voz Juvenil, reportó que decenas de ciudadanos que históricamente han votado en las comunidades de La Maravilla y Nueva Quezada, aparecían en el Padrón Electoral de San Juan de Nicaragua.    

Varias personas, incluyendo policías votaron varias veces, utilizando una tarjeta amarilla y no la  cédula de identidad, como corresponde. Onda Local también recibió denuncias desde el municipio de Nueva Guinea, donde se utilizó esta misma modalidad.  

“Por su parte, el fiscal municipal del PLC, Javier Somarriba, denunció que fue amenazado de muerte por el comisionado de la Policía Nacional, Douglas Monroy, quien después de un intercambio de palabras le dijo que si tuviera una pistola en ese momento, se la vaciaría encima. Acusó a la Policía y al FSLN por cualquier atentado contra su vida o su familia”, sintetiza el Cenidh en una nota de prensa. 

Más de veinte detenidos en San Juan de la Concepción

En San Juan de la Concepción (La Concha), Masaya, los partidos políticos que participaron en las votaciones municipales 2017 se unieron y desconocieron los resultados del CSE. En este municipio, al menos veintidós personas han sido detenidas por la Policía, entre la noche del domingo y el miércoles,  informó el Cenidh. 

Los dirigentes locales de siete partidos políticos (PLC, CxL, PLI, PC, PRD, APRE y ALN) se unieron desde la noche del domingo, cuando sus fiscales fueron expulsados por protestar por las irregularidades en la entrega de actas en el Centro de Cómputos Municipal (CCM) que funcionó en la Escuela Guillermo Ampié, detalla el Cenidh.

Violan derechos humanos a familiares y detenidos de San Dionisio

El Cenidh también informó que una parte de los once ciudadanos capturados por la Policía Nacional el pasado 1 de noviembre en San Dionisio, Matagalpa, fueron llevados a primera audiencia en los juzgados de Managua, sin que sus familiares fuesen informados.

Además, no les han permitido verlos, llevarles ropa, comida y artículos de aseo personal, denunció en el Cenidh, María Orellana, hija de Juan Pastor Orellana Flores y hermana de Bismarck Antonio Orellana Sánchez, dos de los capturados. 

                              

María Orellana rechazó que su papá y a su hermano hayan agredido a policías y dañado el lugar donde funcionó el Centro Electoral Municipal (CEM), en San Dionisio.

Para María Orellana, la captura de su padre y la de su hermano obedece a represalias porque su mamá es segunda concejala y al no poder hacerle nada, se están desquitando con sus familiares. 

Derrame de petróleo en Puerto Sandino

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El pasado 20 de mayo de 2017 se registró un derrame de una de las embarcaciones que transportaba petróleo crudo a Puerto Sandino, informó el Centro Humboldt en un comunicado. 

Según la información recabada por la organización ambientalista, la embarcación de nombre SELECAO, con bandera de Liberia, derramó aproxiamdamente 150 barriles de petróleo.

La noche del derrame hubo una corriente de vaguada, con viento de 55 a 60 kilómetros por hora y con marea de 6.5 pies, acompañadas de marejadas y ráfagas de vientos, lo cual confirma que hubo mal tiempo tal y como lo informaron las autoridades a través de diversos Medios de Comunicación. 

Para el Centro Humboldt, los efectos ambientales son dificiles de calcular. En agosto de 2016, Puerto Sandino sufrió un incendio y derrame de petróleo con consecuencias ambientales aún no determinadas.

"La alta frecuencia de ocurrencia de este tipo de hechos bajo responsabilidad de la Empresa Puma Energy, evidencian su falta de capacidad técnica para el manejo apropiado de este tipo de hechos, poniendo en riesgo las condiciones ambientales y sociales de esta zona. Las autoridades correspondientes deben dar el debido seguimiento para que la empresa mejore el sistema de respuesta ante este tipo de eventos que incluye mejorar la infraestructura de almacenamiento, disponibilidad de materiales y equipos para el manejo de este tipo de sustancias y principalmente desarrollar capacidades técnicas a nivel nacional", señala el comunicado.  

Cuatro años de lucha campesina

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Se cumplieron cuatro años de la aprobación de la Ley 840, la cual afecta todo el territorio nacional y beneficia a un empresario chino. Atrás quedaron las esperanzas de un futuro mejor, esperanzas que muchos campesinos se creyeron hasta que leyeron la ley canalera y se dieron cuenta que todo era un engaño.

Por ello, el recién pasado martes 13 de junio, miles de campesinos de más de diez comunidades de Nueva Guinea y Río San Juan, se reunieron en la comunidad El Dorado I, para marchar en demanda de la derogación de la Ley 840. Era la marcha número 89 que el Consejo en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía realizaba. Sólo el campesinado sabe por cuanta represión y abuso de poder han pasado para llegar hasta 89 marchas.

Las comunidades El Dorado I, II y III están ubicadas en el Tule, Río San Juan. Son poblados de pequeños de agricultores y ganaderos, el acceso a dichas comunidades es difícil por el mal estado de los caminos, incluso en vehículos de doble tracción, por las quebradas que en invierno se ven sobrepasadas y pueden llegar a tener hasta cuatro metros de profundidad. Por esos caminos marchó el campesinado, mujeres, niñas y niños, a pie o a caballo, rompían el silencio rural con el grito de “No al canal”.

Algunas personas integrantes del Consejo Campesino hablaron frente a las más de cinco mil personas que marcharon, destacando la intervención de Elba Montiel, líder de la comunidad El Almendro.

“Daniel Ortega cree que porque nos detiene a medio camino ya nos hemos rendido, pero aquí estamos demostrándole lo contrario, yo los insto a que sigamos en la lucha, esta lucha apenas inicia y esto se gana con mucho sacrificio”, reafirmó Montiel, una joven de unos 24 años, quien aludía así a la retención policial que enfrentaron al intentar llegar a Juigalpa, durante la marcha 88 el pasado mes de abril.

Para Mónica López, asesora legal del Movimiento Campesino, la marcha fue un éxito y destacó el compromiso y valor de los campesinos en estos años de lucha.  

Antes de dar por concluida la movilización, se anunció la marcha campesina número 90. Medardo Mairena, coordinador del Consejo por la Tierra, el Lago y la Soberanía, manifestó que las marchas en contra de la Ley 840 se mantendrán. 

Corrupción y machismo pulula en frontera

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"¿Cuántas son?" Les preguntó el encargado de migración. Seis respondieron. "Y todas son jovencitas, porque van de los 19 a los 25 años, ahh y mujeres todas". Si, volvieron responder. "Ayy dios es que ustedes, porque no se les ocurrió venir con un adulto responsable o con un hombre". Sí, pero es que todas somos adultas, alegaron. "Si pero yo no hablo de eso, yo hablo de un hombre que las acompañe", reiteró el funcionario público. 

El lunes 5 de junio de 2017, Heidy, Andrea y Paula de Guatemala, Esperanza, Xiomara y Arantxa de El Salvador -de quienes omitimos su apellidos por seguridad- salieron de sus países pero no pudieron ejercer su derecho a la libre circulación por el territorio centroamericano, lo que vivieron fue más que una pesadilla.

Las jóvenes participarían en un encuentro de mujeres en Nicaragua, referido a salud sexual y reproductiva y prevención de embarazos en adolescentes. Viajaban en autobús, bajo los servicios de una empresa de transporte terrestre que opera en Centroamérica bajo la marca Platinum King Quality.

La policía salvadoreña les preguntó aspectos de su vida personal, ¿Por qué van solas? ¿Tienen parejas? violentado sus derechos sexuales. En la frontera de Honduras la situación empeoró hasta llegar a acoso. “Adiós mamasota, dijo un tipo que también trabajaba en Migración, porque estaba ahí metido”, relata Arantxa.

Lo peor estaba por venir. Al llegar a la frontera entre Honduras y Nicaragua, tenían que bajar del bus y caminar varias cuadras para llegar al puesto de migración. El ayudante del autobús les informó que no las dejarían pasar porque viajaban en grupo. Que cuando viene un grupo al país, a determinada actividad, tienen que portar una carta. “No es solo una carta, es que alguien tiene que enviarle una invitación para entrar a Nicaragua“, les refirió.

Primero nos sacó de la mera frontera, a un lugar más apartado, donde no nos escucharan, decía aquí no nos van a dejar pasar, ni nos vamos a ir hoy”. Les informó y les advirtió que tenían que hacer un gran papeleo sino se quedarían. 

King Quality ofrece en su web:

Cuenta Arantxa que mientras conversaba con ellas les advertía que nadie podía verlas hablar con él y que no llamaran a nadie para denunciar lo que pasaba. “Lo que podemos hacer es pasarlas “bajo de agua”, podemos arreglarlo de otra manera, me entienden verdad”. Si, cuánto es le contestaron. “Cuánto tienen. Mínimo 15 dólares cada una”. Todas expresaron que no tenían dinero, el hombre se alejó al ver que venía una persona de migración, no sin antes decirles “vean si lo juntan”. 

Las jóvenes decidieron no prestarse a la corrupción. “No vamos a pagar eso, porque es por lo que estamos luchando. A mí no me vas a ver la cara, yo sé que esto es un acto de corrupción y que vos estas metido en todo cuenta Haidy que dijo al ayudante.“No, yo no, de verdad quiero ayudarles, para que fuera más fácil”, contestó el ayudante del autobús.

Según el relato de las jóvenes, el ayudante entraba y salía de las oficinas de migración, como Pedro en su casa. Les informó que era tarde. Tarde para qué, dijeron ellas. “Es que ellos ya se enteraron. En qué momento se volvió tarde. En el momento que ellos vieron que estoy hablando con ustedes” les respondió.

En las oficinas de Migración de Nicaragua, les comentaron del caso de una periodista de Canal 21 de El Salvador, que había intentado ingresar al país para cubrir el partido entre Nicaragua y Bolivia y no la dejaron pasar pese a tener sus documentos en orden, incluyendo una carta de recomendación. “Si no la dejaron pasar a ella peor a ustedes”. La idea era causarles miedo. 

​Ante la angustia que el autobús partiera sin ellas y la cara de desesperación de los demás pasajeros, Paula les contó lo que pasaba. “Nos están pidiendo mordida, no llevamos nada malo”, después la gente se calmó y una señora las apoyó. Aunque el ayudante les dijo, “voy a ser sincero, la gente de Guatemala y de El Salvador los tachan de mareros, entonces no lo dejan entrar.”

El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras son parte del Acuerdo Regional de Procedimientos Migratorios CA4 para la Extensión de la Visa Única Centroamericana, que busca regular la extensión de dicha visa, y otorga libre movilidad a quienes residen en dichos países,  sin restricciones más que sus documentos de identidad nacional o en caso de ser menor de edad.

¿A qué van? les preguntaron en Migración 

Heidy cuenta que repondieron: “Somos mujeres líderes de diferentes organizaciones en nuestros países y vamos por la prevención de embarazos en adolescentes. Todo lo que le estaba diciendo lo empezó a escribir en la hoja de mi pasaporte. Le empecé a contar de Las Dignas, y ahí qué hacen, me dijo. Son organizaciones que ayudan para los espacios de las mujeres”.

Facilitar nombres de las organizaciones que las invitaban, número de cédulas, direcciones y hotel donde se hospedarían, no fueron datos suficientes para que Migración Nicaragua las dejara pasar. Les dijeron que en El Salvador hay mucha delincuencia. “La señora que nos estaba defendiendo les dijo y sólo porque en su país hay pandillas, van a dejar estas jóvenes aquí. Como ciudadana quiero saber por qué las tienen aquí. Y le inventaban cosas y no le terminaban de explicar”.

A las doce de la noche el ayudante del autobús bajó sus maletas y les dijo que en la oficina (de Platinum- King Quality) ya sabían que el problema era de migración. “Si ustedes no lo han resuelto no es nuestro problema”.

Nuevamente las llamaron de Migración Nicaragua para solicitarles otra vez sus datos y fotografiarlas. “No sabemos por qué nos tomaron fotos, cuando preguntamos, nos dijeron que nos iban abrir una base de datos. Nos tomaron las fotos y después nos echaron” narran las integrantes del grupo.

Las situaciones de acoso volvieron en Migración de Nicaragua. “Xiomara fue acosada, los tipos de la ventanillas la empezaron “a cuentiar” y le quedaban viendo el trasero. Luego, les dieron un formulario que tenían que llenar y mandarlo por correo. Aunque no les garantizaban que fuera ágil el trámite. “Si usted quiere llenar esto no puede hacerlo en territorio nicaragüense porque no están autorizadas a permanecer aquí. Entonces si usted quiere agarra esta hoja la va llenar a la frontera de Honduras y la manda por correo”, relata Haidy.

A la una de la mañana arrancó el autobús de King Quality sin ellas. Se quedaron en una frontera con poco tránsito, sólo algunos furgones estacionados. Un lugar oscuro y desolado. “Tocó agarrar las maletas y armarnos de valor”, y caminar de regreso a la frontera de Honduras.

Se refugiaron en una oficina de atención al cliente. Un señor de Migración de Honduras les gritó que no podían permanecer ahí. “Ustedes qué piensan, que esto es una casa particular, esto es propiedad del Estado, si quieren quédense afuera pero aquí adentro no”.

Para María José Díaz, directora de Asodel y una de las organizadoras del encuentro de mujeres jóvenes, este hecho evidencia cómo se desvincula el Estado de la ciudadanía y se coloca del lado de la empresa privada. “Detrás de eso lo que hay es una privatización del Estado”.

Catorce horas de viaje y desgaste físico y emocional vivieron las muchachas. Pero una señora se solidarizó con ellas y les regaló agua y papel sanitario. Luego consiguieron apoyo de una activista hondureña, quien les ayudó a conseguir hotel a unos 15 kilómetros. A las siete de la mañana regresaron nuevamente a la frontera, el personal de migración era otro. Esperaron hasta la una de la tarde para realizar nuevamente los trámites.  

Paralelamente, María José Díaz se trasladó a las oficinas de Platinum- King Quality en Managua para denunciar el caso. La explicación del gerente fue que “la normativa salió el año pasado y no se circuló a las empresas de viaje, esto es un memorándum interno que ellos manejan”.

Cuando Díaz hizo saber los actos de corrupción del empleado de la empresa, el discurso cambió y el gerente aparentó preocupación por la seguridad de las chicas. Empleados de la empresa dijeron haber llamado a la frontera y les reportaron que “las chicas fueron malcriadas”. Luego, de la empresa llamaban continuamente a Díaz intentando desentenderse de la situación.

En el portal web del Ministerio de Gobernación aparece el acápite Solicitud de ingreso ordenado y seguro de visitantes invitados por motivos diferentes al turismo donde explican que el procedimiento aplica tanto para el ingreso como para el egreso por cualquier puesto fronterizo.

Según la directora de Asodel el documento que proporcionaron a las jóvenes no tenía membrete oficial. “La asistente de Pedro Reyes, de Gobernación, me explicó que el año pasado a raíz de las elecciones llegaron personas que dijeron que venían como turistas y finalmente hicieron otra cosa. Entonces se hizo un memorándum de regulación para todo lo que no sea turismo”. 

Xiomara, del grupo de jóvenes, valora que hubo negligencia de la empresa porque tenían el deber de informales el nuevo procedimiento. “Le preguntamos a la agencia ante de viajar, en migración nos dijeron que la agencia tenía la obligación de informar, y preguntamos varias veces”.

Por su parte, Paula considera que lo que les pasó representa en pequeño lo que están pasando las feministas en Nicaragua. “Entre línea lo que nos dijeron los de Migración es que a las mujeres nos tienen miedo”.

Lo positivo de la situación, comenta Andrea, es que lograron unir lazos de complicidad y sororidad. No esperar que pasen este tipo de situaciones para ser aliadas con las demás mujeres.

Descargue el nuevo formulario de Migración

Premian cobertura de Onda Local sobre minería

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Duyerling Ríos del equipo de Onda Local ganó el primer lugar, categoría de radio, del concurso “Abordaje periodístico de los desafíos socio-ambientales y económicos de la minería en Nicaragua”, con un reportaje que refleja la resistencia de la población de la comunidad Santa Cruz de la India, Santa Rosa del Peñón, León, ante la amenaza de despojo del territorio donde han vivido toda su vida, para dar paso a la explotación minera.

En mayo pasado, la empresa minera Condor Gold acusó a siete líderes del Movimiento Santa Cruz de la India por daños agravados, pero ante las manifestaciones permanentes de la comunidad, desistió del juicio.

“Queremos como equipo de Onda Local dedicar el premio al Movimiento Santa Cruz de la India, porque sin ellos, sin su organización y sin la resistencia que están teniendo, no sería posible hacer este tipo de trabajos, vamos a seguir acompañando esta lucha que tienen”, dijo Duyerling Ríos, al recibir el certificado.

El concurso fue promovido por el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas en alianza con el Centro Humboldt con el objetivo de generar opinión sobre los diferentes aspectos que engloba la industria minera en Nicaragua.  

Ganadores del concurso

El ganador del segundo lugar, categoría de radio, fue Nelson Rodríguez, periodista de Radio Universidad con el trabajo “Venden a Nicaragua sin consultar a la población”.

En la categoría Televisión el premio fue otorgado a Tania López y Heydiliz Palma, periodistas de Zoom Noticioso, León, con el reportaje “Pobladores de Santa Cruz, Mina La India, protestan en contra de Condor Gold”. La categoría prensa escrita digital fue declarada desierta.

Olman Onel Salazar, del Movimiento Comunal Santa Cruz de la India, quien fuera acusado por la minera, dijo que estos trabajos periodísticos son importantes porque en Nicaragua la libertad de expresión se ha venido limitando y son pocos los medios de comunicación independientes que han quedado, y menos los que dan espacio a las luchas de la población contra la minería.

“El día que presentamos al Movimiento Nacional Ambiental Frente a la Minería Industrial (Monafmi), llegaron catorce medios de comunicación, y yo esperando, no por verme porque ya me conozco, sino para ver en qué canales salíamos como movimiento, logramos ver únicamente a los que yo consideré que iban a sacar la nota”. Agradeció a medios y periodistas que les han dado cobertura, a los que llamó, aliados de sus luchas.  

Olman agregó que el Estado viene promocionando a Nicaragua como un país factible para la minería industrial. “Hemos visto cómo han incrementado las concesiones en Nicaragua, en los últimos años, más del 23% del territorio está concesionado.

Por su parte, Víctor Campos, del Centro Humboldt añadió que “con la aprobación de la Ley de Eniminas, prácticamente se duplicó el área concesionada en el país. Lo que tienen disponible los sectores interesados en explotar la minería industrial es más del 20% del territorio nacional. Estamos viendo que en distintos territorios como Limay, Palacagüina y Camoapa se están incrementando las áreas de exploración y la decisión gubernamental es seguir fomentando las acciones de exploración y un clima propicio para las inversiones mineras industriales”.

La legislación tributaria nicaragüense es benevolente con las empresas mineras, permitiéndoles ampliar sus beneficios y la base imponible es una regalía fija del 3% sobre el valor de la producción.

Además, el Estado de Nicaragua ha desarrollado un marco de protección al inversionista que les garantiza la expatriación de las utilidades exentas de impuesto. Asimismo, las regulaciones ambientales son laxas y las instituciones reguladoras son facilitadoras de la inversión minera en el país y no logran frenar los abusos por parte de las mineras.

A juicio de Campos, lo que queda de dignidad en Nicaragua está en los movimientos sociales, que son capaces de manifestarse y movilizarse por las causas que consideran justas.

Una vez más, el equipo de Onda Local reitera su periodismo comprometido al acompañar las luchas de la ciudadanía en la defensa de sus derechos. 


Ganadería extensiva e ilegal destruye Reserva Indio Maíz en Nicaragua

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Elaborado por: Cristopher Mendoza y Duyerling Ríos 

La Reserva, ubicada al sureste de Nicaragua, territorio indígena Rama y Kriol en su mayoría, es invadida y deforestada por ganaderos. En este reportaje Mongabay Latam y Onda Local revelan la historia de La Haciendita, una finca instalada dentro de la zona núcleo del área natural protegida.

  • La “haciendita”, del ganadero José Solis Durón, ha derribado alrededor de 244 hectáreas de bosque en la reserva para dedicarlas al engorde de ganado.
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  • La Reserva Indio Maíz es uno de los bosques tropicales húmedos de mayor importancia en Centroamérica

(Este artículo es una colaboración periodística entre Mongabay Latam y Onda Local de Nicaragua) 

El gruñido de un mono araña que se balancea de rama en rama alertó nuestra presencia a un grupo de lapas verdes que alzó vuelo hasta desaparecer en la espesura del bosque. De momentos, el suave viento que refresca y relaja, se torna en un ventarrón que intimida, mece árboles milenarios, algunos que superan los cien metros de altura, y nos obligan a caminar de prisa hasta llegar a las tranquilas aguas del río Chontaleño. Aquí las huellas frescas de un jaguar nos ponen en alerta. Todo es parte de la cotidianidad y encanto de la Reserva Indio Maíz, que nos acoge.

El 70 % de la Reserva de Biosfera Indio Maíz es territorio indígena de Ramas y Afrodescendientes Kriol. Se ubica entre los municipios de Bluefields, Nueva Guinea, San Juan de Nicaragua y El Castillo, en la región sureste de Nicaragua. 

                                                                    Bosque en la zona núcleo de la Reserva Indio Maíz. Foto: Onda Local.

Indio Maíz comprende unos 2639 Km², un poco más grande que Luxemburgo. Es uno de los bosques tropicales húmedos de mayor importancia en Centroamérica, por albergar una variedad de especies amenazadas o en peligro de extinción. Aquí subsisten tapires, jaguares, chanchos de monte, manatíes, y gran variedad de aves, como lapas, tucanes, quetzales y garzas tigre, entre otras.

El clima tropical húmedo de la reserva también genera diversos ecosistemas, filtra el agua que da vida a la cuenca del Río San Juan, una de las más importantes de Nicaragua. Y por si fuera poco, su población de árboles y plantas contribuyen en absorber dióxido de carbono de la atmósfera, acción determinante en la lucha contra el cambio climático.

Indio Maíz, es área protegida, pero cada día aumentan las denuncias de quienes ven a personas que ingresan al bosque con la intención de usurpar tierras. Con motosierras y machetes han abierto carriles y delimitado como propias miles de hectáreas de bosque. Hay quienes invaden para cultivar, alegando pobreza y necesidad. Otros acaparan tierras para engordar ganado y aumentar su riqueza. Ambas actividades son ilícitas.

Invasores de Indio Maíz

En la zona de amortiguamiento de la Reserva Indio Maíz, el comercio de queso, plátano, maíz, frijoles y especialmente ganado, es una actividad común en los puertos de montaña, lugar accesible donde el campesinado comercializa sus productos agropecuarios. Es una paradoja que productos, vendedores y compradores, provengan en su mayoría de la misma montaña, comenta uno de los tres baqueanos que nos acompaña.

Nuestro recorrido por el interior de la Reserva revela las dinámicas con que operan quienes vulneran la vida en Indio Maíz, y comprueba que su núcleo está siendo deforestado por diversos actores, tal es el caso de la finca “la haciendita”, según denuncia del Gobierno Territorial Rama y Kriol.

                                                                 Deforestación alrededor de “La Haciendita”. Foto: Onda Local.

El viaje comienza en Boca de Sábalos, pequeño poblado del municipio de El Castillo, Río San Juan, a unos 350 kilómetros de Managua. En ese lugar abordamos una camioneta-taxi. Media hora más tarde, el vehículo se detiene frente a un portón de madera en la comunidad El Padilla, límite del área de amortiguamiento y una de las entradas al área núcleo de la Reserva Indio Maíz.

Al ingresar al territorio de Indio Maíz, el panorama no luce como lo imaginamos. Los árboles de gran altura, el verdor y la diversidad de animales son hoy amplias extensiones de potreros, donde se ha sembrado pasto para alimentar ganado.

Nuestros acompañantes, nos indican que lo recomendable es seguir el “abra” (sendero estrecho), que evidencia marcas de frecuente tránsito de personas y animales hacia el núcleo de la Reserva. A lo lejos, se divisa el Cerro El Diablo y el Llanto de la Culebra, cercanos al río Chontaleño. Hacia allá vamos.

                                                     Recorrido desde Boca Sábalos hasta la hacienda ganadera. Foto: Onda Local.

Después de once horas de caminar, aunque el río Chontaleño no se ve, se divisa una extensa área llena únicamente de troncos. Intuimos que es la finca de 2000 hectáreas a la que la gente hace referencia y de la cual teníamos tres pistas: la marca y aretes de ganado, las fotografías de un fierro con las iniciales JSD y una denuncia del Gobierno Territorial Rama-Kriol. Al llegar a la bocana del río, los árboles cortados y el humo en el ambiente, nos indican la quema y despale recientes.

El cansancio nos obliga a reposar sobre el tronco de un árbol caído. Voces de niños y el relincho de un caballo evidencian la proximidad de personas. Es una familia, que al acercarse preguntan, ¿Para dónde se la llevan? Vamos al Río Chontaleño, respondemos, “Por ahí vamos nosotros, veo que ya no aguantan, si quieren se quedan en la casa que está cerca”, expresan. Decidimos aceptar.

Caminamos hacia “la haciendita”, una finca que ha sido “bien cuestionada, denunciada” según el cuidador de la misma, quien al inicio se mostró incómodo y desconfiado. Preguntó si éramos funcionarios del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARENA). Seguidamente nos enseñó una notificación de los líderes del gobierno Rama-Kriol del 27 de febrero de 2017, donde les informan que ese territorio es área protegida, y deben salir.

                                          Cuidador revisa la notificación enviada por el Gobierno Rama Kriol el 27 de febrero de 2017. Foto: Onda Local.

El 2 marzo de 2017, un grupo de guardaparques del territorio Rama y Kriol que patrullan y organizan giras para remarcar los límites del territorio indígena, descubrieron más de 270 hectáreas despaladas, cercanas a la Bocana del Río Chontaleño, en la Reserva Biológica Indio Maíz.

 Primero registros de “La Haciendita” realizados durante los patrullajes de los guardaparques del territorio Rama y Kriol. Foto: Guardaparques GTRK.

Margarito McCrea de la comunidad Rama de Indian River cuenta que encontraron ganado comiendo pasto. “Son los pastos más mejorados que existen en Nicaragua, ese hombre no es alguien que es pobre, es rico me imagino”, mencionó el guardabosque refiriéndose al posible dueño de la hacienda.

La “haciendita” parece una casa sencilla de cualquier poblado rural, pero en medio de la selva es considerada un lujo. Es donde habita el cuidador con su familia, un hermano, sus compañeras, hijas e hijos.

Ya en la casa, el cuidador se ve más relajado. Relata que sospechó de nuestra presencia, pero aclara sentirse más tranquilo entre una plática y otra, por lo que se acomoda en el piso para dormir y nos invita a descansar. Justo en la parte de arriba de donde amarramos las hamacas, cuelga un fierro metálico, de esos para marcar ganado, lleva las iniciales JSD, las mismas que aparecen en las fotografías.

             Fierro metálico con las iniciales JSD que se usa para marcar las vacas. Fue hallado por los reporteros en La Haciendita. Foto: Onda Local.

La finca tiene una extensión de un 1397 hectáreas, 2796 metros cuadrados sobre la ribera del Río Chontaleño, por 8388 metros cuadrados de fondo en su extremo derecho e izquierdo, hasta terminar en cero, explica el cuidador.

Esta “haciendita”, como la llaman entre el campesinado, está dedicada al engorde de ganado, más de 244 hectáreas de bosque se han derribado para dar lugar a pasto mejorado de las variedades bombaza, toledo y marandú. En el corral contabilizamos treinta novillos, menores de dos años. En la casa aseguran que en el momento cuidan un lote de 70, en una relación de 3,4 hectáreas por cada uno, que ejemplifica el modelo de ganadería extensiva que por años se ha desarrollado en el país, donde se destina grande extensiones de tierra a poco ganado, ocasionando el desgaste de la tierra y la baja productividad.

El hermetismo de las personas para referirse al dueño de la hacienda, es notable. “A la gente les da miedo una gran represalia en la montaña”, afirmó un poblador, quien solicitó omitir su nombre. “Es el más fuerte que está ahorita, que es de la Guinea, que es de apellido Solís. No sé el nombre de él para serle franco, ni la hacienda la conozco. El casi sólo manda peones allá de la Guinea… El Ejército ha estado en el mero terreno. Pero como son gente millonaria, quién sabe qué negocio tiene por debajera (debajo) con los tenientes, uno no sabe nada de eso. Pero hay por debajera, porque ahí están las motos (motosierras), ahí están todos los mozos”, agregó.

                         Corral de novillos en La Haciendita, ubicada dentro de la zona núcleo de la Reserva Indio Maíz. Foto: Onda Local.

Elías Martínez de Boca de Escaleras, menciona que dentro de la reserva, la mayoría son pobres, se dedican a la agricultura y la ganadería para sobrevivir. Pero reconoce la existencia de grandes ganaderos que destruyen el bosque de forma acelerada.

“Por lo menos unos Solises tienen unas buenas fincas y buen ganado también. ¿La gente los conoce?

Sí… cómo no los van a conocer si son gente de riales (dinero) y muy reconocidos”.

El río es un buen lugar para que el caballo y las dos mulas de la “haciendita” se refresquen. El cuidador lo aprovecha, mientras continúa la plática. “Él (Solís) no hallaba quién le cuidara esa finca. Estuvo abandonada como dos años, hasta que vine yo…me trasladé desde Puerto (Cabezas) para acá, sin saber cómo era”.

Relata que tiene un contrato de trabajo en la “haciendita”, por tres años, por tres mil córdobas (cien dólares) al mes. Afirma haber intercambiado su finca de 14 hectáreas en la comunidad de Sangni Laya (entre Waspam y Puerto Cabezas) a cambio de 70 hectáreas en Indio Maíz, que Solís le prometió, al finalizar el período.

Deja de echar agua a las bestias y suspende la conversación, para centrar su atención en un grupo de cuatro hombres que avanzan tímidamente, siguiendo la orilla del río. No dicen nada, abandonan el curso del río y siguen el abra, internándose en la montaña. En el momento, no logramos entender sus propósitos.

Un minuto más tarde aparece un perro larguirucho y orejón, de esos que usan para cazar, camina delante de doce hombres, con escopetas y machetes. Tres caballos cargan sacos de comida. Qué tal preguntó uno, muy bien le dijimos, y contestó, adiós. Fue lo único que dijeron.

El cuidador dijo conocer a tres. Son vende tierra, afirma uno de nuestros acompañantes, entran a la Reserva para encarrilar, como se conoce a la práctica de marcar la tierra para luego ofertarla. “Tengo que ir mañana porque estos hasta se pueden meter a las tierras… parece que vienen desde el lado de El Rama…”, comenta el cuidador, quien asegura que su jefe, también siembra pasto en una finca de 400 manzanas en la Danta. Para poder sacar ganado desde las dos fincas, dijo el cuidador, su patrón mandó a abrir el camino. “Con tres motosierras lo hicimos en una semana”. El mismo, sirve de entrada a nuevos invasores.

                         El camino que, según el cuidador de La Haciendita, el dueño ha mandado a abrir para mover el ganado. Foto: Onda Local.

Unos van, otros vienen

De regreso, nos detenemos en el puerto de montaña La Maravilla. Son diversas las versiones de quienes ven entrar y salir a personas de la Reserva. Francisco Guido, más conocido como “Chico Frito”, quien se dedica a la identificación de semillas y animales, es testigo del paso de grupos que ingresan.

Buenas tierras, a cualquier costo

Virgilio Jirón Maliaños, de El Padilla, pesaba ganado en la báscula de La Maravilla, cuando lo encontramos. Llegó para vender su ganado a buen precio, para lo cual necesita que se alimente bien. Esto se vuelve complicado en las tierras que se encuentran en las zonas de amortiguamiento de la Reserva. “Son acidosas, producen en el ganado ganas de comer chatarra. Algunos animales comen chinelas, plástico, bolsa y de toda basura”.

                                                                      Ganado en la báscula de La Maravilla. Foto: Onda Local.

Para Virgilio las buenas tierras están dentro de la Reserva. “Hay miles y miles de manzanas ya acotadas en potreros con bombaza, toledo y marandú, que son pastos muy buenos… Ahí nomás saca usted un ternero que compró de 200 kilos, en 400, en tres meses, comiendo bien”. Y no es para menos, con un clima húmedo y lluvias frecuentes, se garantiza que el pasto crezca con los nutrientes necesarios para la buena alimentación del ganado.

El jefe

El Padrón del Consejo Supremo Electoral (CSE) en Nicaragua, indica que sólo existe una persona llamada José Antonio Solís Durón, originario de la Colonia San José, municipio de Nueva Guinea, al cual llegamos con las pistas brindadas por los entrevistados.

José Antonio Solís Durón es un hombre joven y adinerado. Dicen que está conectado con jueces y algún miembro del Ejército de Nicaragua. Es hijo de Sofía Durón y Agustín Solís; aunque muy lacónicamente refiere que sólo tiene madre, pues su padre ya murió.

Una nota del diario La Prensa, 2001, señala que Agustín Solís mató a una de sus parejas, internándose “en la montaña” hasta que la justicia dejó de perseguirlo. En San José, aún se dice que compró a un juez de San Carlos. Después, Solís fue asesinado por un hermano de su ex pareja, relata el escrito.

La lluvia arranca en Nueva Guinea. Alquilamos un taxi que para ir a la comunidad de San José, a tres horas del poblado para entrevistar a Solís Durón. En el camino nos confirman que no está en casa, que se encuentra en el bar La Hacienda, en las afueras de Nueva Guinea.

En los exteriores del bar, está parqueada una camioneta roja doble cabina Toyota Hilux, parece nueva, tiene accesorios de lujo y la placa es M 195-942. La camioneta coincide con la descripción que dieron quienes han visto a Solís Durón vendiendo ganado en La Maravilla. Lo encontramos tomando cerveza en compañía de un hombre y una mujer.

Bajo de estatura, de piel blanca pero quemada por el sol. Lleva un par de anillos grandes de oro en la mano derecha; y un reloj amarillo brillante en la izquierda. Un tanto intrigado accede a platicar con el equipo de Mongabay Latam y Onda Local.

Solís Durón reconoce que su familia es propietaria de una finca de 700 hectáreas en la comunidad de San José en Nueva Guinea.

Por su propia cuenta ha obtenido tierras -140 hectáreas- en el municipio de Siuna, en la Costa Caribe Norte de Nicaragua y en La Maravilla, donde asegura haber comprado. En Siuna, ha despalado 13, 9 hectáreas para trabajarlas.

Afirma que también tiene una finca de 349 hectáreas, a cuatro horas de La Maravilla, pero sólo refiere a la que tiene en el sector de la Danta, no así a la finca de 1397 hectáreas en el sector del río Chontaleño, tal y como corroboramos durante nuestro viaje.

                                                                                           Ganado en el sector de Danta. Foto: Onda Local.

Niega haber invadido la zona núcleo de Indio Maíz. “No, la Reserva está largo de ahí. Está como a seis horas de donde estoy yo… Mire esa zona donde nosotros estamos, es una zona que se llama de amortiguamiento, que antes la cuidaban cuando estaban los gobiernos liberales; y ahora, vive todo el mundo… el carril de la Reserva se respeta”, afirmó durante la entrevista.

El ganadero intentó justificar su presencia en el lugar, aduciendo que es despalado. “Por donde yo voy ya está cortado”, aseguró. 

                                                           Ganado en La Haciendita, dentro de la zona núcleo de la Reserva Indio Maíz. Foto: Onda Local.

Al igual que el cuidador de su finca, Solís asegura que ha sido muchas veces señalado de invadir la Reserva. Cuenta la vez que un policía se atrevió a cuestionarlo al respecto: “Me empezó a investigar que esto, que lo otro…¿Y dónde está esa finca? Ahí en la Danta, le dije. Me empezó a decir un poco de cosas. Usted sabe que esa es una lucha de uno, la pega o no pues, y de ahí si el gobierno nos va a sacar, nos va a sacar a todos…”.

Solís Durón afirma haber comprado las tierras hace unos tres años a unos amigos con años de vivir en la zona. Compró con las ganancias de la siembra de quequisque (tubérculo), que en 2016 le dejó un millón de córdobas (unos 33  333 dólares). En aquel momento, obtuvo las tierras a 5000 córdobas (166,66 dólares) por manzana. “Lo que pasa es que la gente ahí sólo tiene encarrilados los montes y nunca los trabajan, parece que si no hay billete no pueden trabajar…como la gente es pobrona…”.

                                        Mapa que muestra la ubicación de la finca La Haciendita de José Solis Durón. Imagen: Christina Cappello.

¿Por qué nuevas tierras?

La finca de 698 hectáreas de Solís, en la comunidad de San José, ya no da abasto. Está muy “tallada” (apretada) para el engorde de los animales, según su propietario, por lo que se vio en la necesidad de buscar más tierras.

¿Por qué se le ocurrió poner una finca en un lugar tan lejano? le preguntamos, a lo que Solís respondió: “Aquí (Nueva Guinea) las tierras están carísimas. Cuarenta mil, cincuenta mil pesos en la zona; y de ahí, uno haciéndole huevo (esforzándose), cómo va hacer para comprar una tierra así de carísima. Allá es más favorable, es para jugarse la vida, para luchar, a ver qué pasa”.

Solís insiste en justificar su presencia en la zona. Esta vez alega que el huracán Otto, a su paso por Nicaragua en noviembre del año pasado, “desbarató la montaña. Ahí quedó aterrado eso, ahí no hay ningún árbol grande, ahí no hay reserva”, reiteró subiendo de tono.

Pero su posición de no haber invadido la reserva, no dura mucho tiempo. Mientras alardea de la eficiencia de sus trabajadores, que realizan labores en un lugar lejano en difíciles condiciones, revela que su finca se ubica cerca al Río El Chontaleño. “Queda por el Chontaleño, es que el Chontaleño es largo, pasa y seguro se mete a la reserva…”. Las referencias por GPS, confirman que este Río está dentro del área núcleo de Indio Maíz.  

                                                                         Río Chontaleño dentro de la zona núcleo de la reserva. Foto: Onda Local.

Que sea Indio Maíz un área protegida, no es un obstáculo para que Solís Durón ingrese su ganado al territorio.

Solís insiste que sus tierras no están en el área protegida. Soporta su afirmación en la tenencia de títulos de propiedad. Le preguntamos si los tiene y responde: “Sinceramente fíjate que ahí títulos no hay. Ahí es un riesgo por el derecho de posesión con los trabajos que haga. Por lo menos mirá, todo lo que le pertenece a Bluefields (Caribe Sur) hasta donde yo tengo entendido que no te da título. ¿Y en Siuna? Igual es, nadie tiene título, que me diga un maje (hombre) que tiene título, nadie tiene título igual, la misma zona es”.

Solís Durón ha intentado legalizar la “haciendita”. Ha buscado la asesoría de abogados para conseguirlo, pero sostiene que “se ponen miedosos en ese tema”.

                                                                      Ubicación y extensión aproximada de La Haciendita. Foto: Onda Local.

Además, dijo sentirse amenazado ante la demanda de saneamiento del territorio, que por años es la bandera del Gobierno Rama y Kriol.

No obstante, el saneamiento es la última etapa que establece la Ley 445, Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones de la Costa Atlántica y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz, la cual en su artículo 59 establece que cada comunidad, habiendo obtenido su título, podrá iniciar el saneamiento de sus tierras, con relación a terceros (colonos) que se encuentren dentro de las mismas.

Solís tiene la idea que los Rama y los Kriol lo que quieren es independizarse de Nicaragua, crear su propio Estado y cobrar impuestos, desconociendo que el Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTRK) tiene el rol de administrar su territorio conforme a la Ley de Autonomía; y una finca de José Solís se ubica dentro del territorio administrado por el GTRK.

Perder o ganar

“Todo el que se mete ahí es un riesgo, a perderla o a ganarla, si el gobierno dice que nos va a sacar para donde, nadie se va a poner contra el Estado. Entonces ahí es un riesgo, si el gobierno nos quiere dejar trabajar nos deja, sino para dónde. Desde que uno se mete ahí va arriesgando a ver qué pasa. Lo único que para que nos saque a nosotros tiene que sacar a la gente de Samaria, a la gente de la Danta, tiene que sacar todito”, sostiene Solís.

José Solís Durón relató que durante las visitas del Gobierno Rama Kriol (GTRK), en febrero pasado, le manifestaron que sus intenciones no eran sacar a nadie del territorio, sino recomendarles seguir trabajando, pero sin despalar los ríos, porque los indígenas viven de la pesca y de los animales, aseguró.

Sin embargo, este martes 11 de julio, el GTRK denunció públicamente las afectaciones que se hacen a la Reserva y exigió en conjunto con los gremios de ganaderos (FAGANIC y UPANIC) que se cumpla la ley y que el Estado intervenga de inmediato.

                                   Conferencia de prensa del Gobierno Rama Kriol realizada el martes 11 de julio. Foto: Onda Local.

Los líderes del Gobierno Rama Kriol han enfatizado que la demanda de indígenas ramas y afrodescendientes, no radica en que la actividad ganadera desaparezca, sino que se retire de áreas protegidas, porque al final del día lo que desaparecerá será su casa, la Reserva Indio Maíz.

¡Diecisiete aniversario!

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Por Patricia Orozco

Llegar a 823 ediciones de Onda Local, me han hecho reflexionar acerca del compromiso de quienes lo producimos. Hoy, un equipo integrado por tres jóvenes, una joven y la suscrita, ya no tan joven. Iniciamos casi igual, con Pamela, Tamara y Salomón. Después Anabelsys, Cristian, Arlen y Zenia.

En estos 17 años hemos vivido diversas experiencias, desde el viaje en motocicleta y luego en mula de Pamela, hasta el arresto de Julio por parte de la Policía Nacional, en su intento de bloquearnos el ejercicio de periodismo comprometido que realizamos.

Arribamos a 823 ediciones, con la participación de las autoridades locales en los primeros años. Lamentablemente en los últimos cuatro, dada la centralización que ha implementado el gobierno central y la pérdida de autonomía de las municipalidades, sus autoridades se niegan a brindar información pública.

En aras de solventar el bloqueo a la libertad de expresión y de prensa, hemos buscado alternativas para llevar siempre adelante la información que requiere la ciudadanía, y hemos encontrado en muchas y muchos catedráticos universitarios, aliados importantes. Sus puntos de vista han contribuido al debate, junto con especialistas en variedad de temas.

Es gratificante arribar a 17 años con ocho premios nacionales y dos internacionales. Alcanzados a pulso, pero también por el esfuerzo de ciudadanas y ciudadanos, quienes los han hecho posible, confiando en Onda Local.

Es también satisfactorio el aporte y el apoyo de las radios locales, que a lo ancho y largo del país diseminan munchos puntos de vista de diversos actores y actoras locales, referidos a temas de interés público, siempre en defensa de los derechos humanos.

Nos hemos ido adaptando en estos 17 años a la tecnología. Aún recuerdo los primeros años con casetes, y cómo era una odisea editar los audios. Hemos aprendido a editar nosotras y nosotros mismos, y es un poco más fácil. Contamos con un sitio Web (www.onda.com.ni) , una página en Facebook y también estamos en twitter. ¡Ya no somos únicamente un programa de radio, ahora somos transmedia!

Hemos pasado por tres etapas. Pero la propuesta comunicativa de Onda Local sigue teniendo el objetivo de informar y generar debate en torno a las principales problemáticas de municipios del país desde la perspectiva de ciudadana, de organizaciones y demás actores locales; fomentar la participación ciudadana en políticas municipales y nacionales; contribuir a la construcción de ciudadanía, desde una posición autónoma y de análisis crítico de la realidad; y promover derechos humanos de grupos históricamente excluidos (mujeres, jóvenes, pueblos indígenas y grupo étnicos del Caribe).

Gracias Duyerling, Julio, Cristopher, Abixael. Gracias a miles de personas que son nuestra audiencia o comparten con nosotras y nosotros sus puntos de vista. Gracias a quienes nos han acompañado en los momentos complejos que nos ha tocado atravesar.

¡Seguiremos haciendo periodismo comprometido con los derechos humanos de la ciudadanía, no sé por cuantos años más! Siempre aportando a la construcción de pensamiento crítico en Nicaragua.

Demandan transparencia y eficacia en la seguridad social

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Carmen Corrales vino desde Somoto. Hace dos años se fracturó la columna y hace un año que no puede caminar bien. En la clínica médica previsional a la que asistió, el médico general le recetó omeprazole, acetaminofén y paracetamol.

“La columna la tengo distorsionada, posiblemente tengo algunos cálculos, pero los médicos dicen que no tengo nada”. Carmen muestra las placas que le han realizado para ver el problema de su columna. “Se ve claramente cómo tengo la columna desviadas. Cuando llego, me van hacer el examen, no es que no tiene nada, porque como no hay especialista”.

Se trasladó a la Clínica Cruz Azul con la esperanza que todo cambiara, pero nada mejoró. Volvieron las acetaminofén, calcio, omeprazol, le agregaron alendromato y gel cada tres horas. “Yo necesito un especialista”. Lleva dos años con la dolencia y no ha logrado ser atendida por un especialista.

Esta realidad es la que quieren cambiar integrantes de diversas asociaciones de jubilados de distintos departamentos del país, que en conferencia de prensa demandaron autonomía y transparencia del Instituto de Seguridad Social (INSS). 

“Nuestra protesta es justa”, dice Arsenio Vivas quien llegó a Managua desde Masaya. Fue enfermero, trabajó 40 años en el Ministerio de Salud. Ahora tiene un problema de canal estrecho de la columna “Le he dicho al director de Sermesa y lo que me dan es acetaminofén para un dolor agudo. Esperamos que Roberto López ya vaya tomando en cuenta el día que nos va atender”.

“Que se nos entregue los medicamentos completos para todos los enfermos crónicos” agrega José Benito Tapia de la Asociación de Pensionados y Jubilados de León.  Tapia asegura ser testigo que en este municipio sólo se entrega una parte.  

José Benito trabajó 30 años para el Ministerio de Agricultura y Ganadería en León. A la falta de medicamentos, se suma la calidad de los mismos y la ausencia de especialistas, señala.

“Si yo te puedo solucionar el problema te lo soluciono te dice el médico general, pero si no te paso al especialista, me vio casi cuatro meses. Las enfermedades avanzan.  Qué es lo que están pesando”, se pregunta.

En Managua también existe una red de jubilados y pensionado integrada por personas de la Colonia Centroamérica, la Nicarao y La Fuente. Zoila Guadamuz es parte de ella. Entre sus demandas, proponen medidas para el corto y largo plazo, con las distintas asociaciones de jubilados del país:

  1. Trasladar al Presupuesto General de la República el monto que se paga por la pensión reducida, que son 40 millones de dólares.
  2. Acelerar el pago de 500 millones de dólares que le debe el Estado al INSS.
  3. Trasladar también al Presupuesto General de la República las pensiones especiales, que ascienden a 36.7 millones de córdobas.
  4. Consultar con las y los pensionados una nueva ley. Como fundamento de esta ley tendría que ser la autonomía y la transparencia.
  5. Revisar las inversiones y que se rinda cuentas.
  6. Reducir el porcentaje de gastos administrativos del INSS. Del 14 por ciento que se gasta en la actualidad, 2 mil millones 789 mil córdobas, reducirlos a un 6 por ciento.
  7. El Estado debe aportar el 0.25 del presupuesto al INSS lo que no se hace de manera regular.  

Por su parte, José Alejandro Castro de Carazo, enfatizó que realizarán marchas pacíficas. “Para que el pueblo se dé cuenta lo que están haciendo con nosotros. Estamos demandando al INSS porque ha hecho una mala administración. No somos méndigos".  

Concesión de El Canal pone en venta derechos humanos

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Amnistía Internacional (AI) exigió al Estado de Nicaragua que derogue la Ley 840, durante la presentación del informe “Peligro: Derechos en venta”, que analiza el “nefasto impacto que ha tenido el proyecto del Canal Interoceánico en Nicaragua sobre los derechos humanos, no sólo de las comunidades que potencialmente pudieran ser afectadas sino por la vulneración de derechos, que desde el establecimiento del marco legal, hace un poco más de cuatro años, se ha generado en términos del acceso a la información y a derechos fundamentales como la consulta, la seguridad de la tenencia de la tierra y el acceso a los recursos naturales”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.

Para AI, el oscurantismo y la rapidez con la que se estableció el marco legislativo del proyecto canalero pone de relieve la vulneración de los derechos humanos de la población nicaragüense. “Es realmente preocupante la falta de una consulta genuina no sólo a las comunidades afectadas sino a la población en general”, agregó Guevara.

Lo que sucede en Nicaragua es similar al resto de las Américas, en donde los intereses económicos se están sobreponiendo a los derechos humanos. Según Erika Guevara, las multinacionales coludidas con los Estados, corruptamente generan proyectos de desarrollo, que sólo desarrollan los bolsillos de unos cuantos y están poniendo en verdadero riesgo la sostenibilidad de las comunidades.  

AI realizó múltiples requerimientos a las autoridades del Gobierno de Nicaragua en un intento por lograr una reunión para intercambiar y contrastar la información colectada en las comunidades y del análisis jurídico, pero lo que recibieron como respuesta, fue el silencio estatal, dijo Guevara.

Castigo a la disidencia

El informe de Amnistía Internacional también revela la campaña de las autoridades nicaragüenses contra cualquier persona que se atreva a protestar contra el proyecto. Activistas de derechos humanos que trabajan para destacar el impacto negativo del Canal han dicho a AI que han sido blancos de acoso y amenazas.

Francisca Ramírez, líder del Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, el Lago y la Soberanía, ratificó la denuncia de Amnistía. “Lo que hemos tenido es atropello, represión, personas baleadas. Es lamentable que en un país como Nicaragua, con un historial de sangre derramada, cada campesino y cada líder del Consejo Nacional sean atropellados, perseguidos y espiados”.

Ramírez recalcó que han presentado una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la esperanza de ser escuchados y que haya justicia. En respaldo a dicha petición anunció que marcharán el próximo 15 de agosto en La Fonseca, Nueva Guinea. “No vamos a callar nuestra voz, aunque tengamos que morir por nuestras tierras, por nuestro patrimonio, no nos vamos a cansar y no nos vamos a rendir”.  

Por su parte,  Blanca Jagger, directora de la Fundación por los Derechos Humanos Bianca Jagger, manifestó que Daniel Ortega quiere destruir el Lago de Nicaragua y los recursos naturales y entregárselos a una compañía (HKND) por cien años. “Este proyecto no va a traer progreso, no va a traer trabajo, no va a llevarle a los campesinos y a las comunidades indígenas lo que les están prometiendo”.

Por el contrario, se están vendiendo nuestros más importantes recursos naturales a compañías de petróleo y mineras, agregó.

Jagger increpó al presidente Daniel Ortega.  “¿No tiene vergüenza Usted, de estar vendiendo nuestros recursos naturales? ¿No tiene vergüenza de poner en peligro las vidas de los campesinos y las comunidades indígenas? Lo que pedimos es que se suspenda inmediatamente el proyecto del Canal Interoceánico”.        

El 13 de junio de 2013, la Asamblea Nacional aprobó una ley que dio el visto bueno a la construcción de un canal que conectará los océanos Atlántico y Pacífico y a otros subproyectos asociados (un aeropuerto, dos puertos, un oleoducto, una vía férrea y dos zonas de libre comercio). La ley también deja la puerta abierta a futuros proyectos de desarrollo sin asegurar una consulta adecuada con las comunidades afectadas.

Mónica López, asesora del Consejo Nacional en  defensa de Nuestra Tierra, el Lago y la Soberanía, enumeró cuatro aspectos relevantes de la concesión canalera.
  1. El pueblo de Nicaragua nunca fue consultado  
  2. Siguen sin existir los estudios pertinentes de factibilidad técnica, financiera, comercial y los estudios de impactos socio-ambientales del conjunto de megaproyectos contemplados en la concesión
  3. Nunca se establecieron formalmente las áreas de afectación del territorio nicaragüense para ninguno de los megaproyectos, que van más allá de un canal húmedo: Zonas de libre comercio, aeropuertos, centros turísticos, ciudadelas, hidroeléctricas.
  4. Mientras siga vigente la Ley 840, el inversionista dispone de un enorme cheque en blanco y que le permite ceder, negociar y transferir con terceros todos los derechos contenidos en la concesión, que es una entrega de la soberanía nacional o una privatización descarada de territorios y recursos invaluables de la nación. La concesión es en pocas palabras el ejercicio brutal del poder absoluto.

El precio del progreso no puede ser la venta humillante de la soberanía 

 

FSLN controlará 135 gobiernos locales

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El Consejo Supremo Electoral (CSE) publicó los resultados preliminares de las votaciones municipales del 05 de noviembre de 2017, este viernes 10 de noviembre de 2017, en el diario oficial La Gaceta No 215.

Según los datos del CSE, de 153 alcaldías municipales el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) obtuvo 135, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) 11, Ciudadanos por la Libertad (CxL) 6 y Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) 1.  

El FSLN administrará las 15 cabeceras departamentales y los municipios cabeceras de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Norte y Sur. Asimismo, controlará alcaldías que en el período actual son gobernadas por el PLC y el Partido Liberal Independiente (PLI), tales como Waslala, Wiwilí de Nueva Segovia, El Ayote y Río Blanco. El partido oficialista, también arrebató las alcaldías municipales de Puerto Cabezas, Waspam y Prinzapolka al partido regional multiétnico (YATAMA).

El PLC obtuvo las alcaldías de Ciudad Antigua, Camoapa, El Tortuguero, La Trinidad, La Cruz de Río Grande, Mulukukú,  Muelle de los Bueyes, Paiwas, Santo Domingo, San José de los Remates y Wiwiilí de Jinotega.

CxL gobernará en los municipios de El Cuá,  El Almendro, Murra, San Pedro del Lóvago, San Sebastián de Yalí y  Santa María de Pantasma. ALN logró mantener el municipio de San Francisco de Cuapa.   

Ocho muertos, más de cien personas heridas y detenidas

La violencia producto de los “resultados” que dio a conocer el CSE marcó las votaciones municipales 2017. Ocho personas murieron en los municipios de Wiwilí Jinotega, El Cuá, San Sebastián de Yalí, La Desembocadura del Río Grande y Puerto Cabezas. En estos municipios también se registraron centenares de personas heridas y detenidas. 

Denuncian fraude en varios municipios

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Un 2 cambió el resultado de las votaciones en el municipio de San Pedro del Lóvago, Chontales, a favor del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), según denunció con actas en manos el candidato a alcalde del PLC por ese municipio, Melvin Báez. El Acta de la Junta Receptora de Votos (JRV) número 1105050702, ubicada en el Centro de Votación de la escuela Puertas de París, fue alterada en el sitio web del Consejo Supremo Electoral (CSE). Al agregarle un dos, los 21 votos de CxL se convirtieron en 221, es decir 200 más. 

Báez, denunció el despojo de la alcaldía en la sede el Consejo Supremo Electoral (CSE) y brindó una conferencia de prensa en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), donde presentó las evidencias.

Melvin Báez soportó su denuncia mostrando  la documentación original extendida por el  Consejo Electoral Municipal (CEM) de San Pedro de Lóvago y por el Consejo Electoral Departamental (CED) de Chontales, así como las actas del escrutinio, que demuestran que ganó con 2 mil 751 votos, 179 votos más que Ciudadanos por la Libertad, que obtuvo 2 mil 572.

Una nota de prensa de Cenidh dice que  “Báez se presentó al CSE a denunciar los hechos, le ratificaron su condición de Alcalde electo, pero mientras no cambie la información en el sitio Web y CxL siga asumiéndose como ganadora, continuará la incertidumbre que se ha apoderado de gran parte de los pobladores de San Pedro de Lóvago”.

Melvin Báez dijo que defenderán la alcaldía y no permitirán que le arrebaten su victoria y responsabilizó al CSE y a CxL de cualquier hecho de violencia que se pueda producir en este municipio.

Esta certificación del CSE muestra que Melvin Báez ganó la Alcaldía de San Pedro del Lóvago

La nota de prensa del Cenidh agrega que “quienes se hacen llamar independientes con criterio, atribuyeron al ex dirigente de la Contra, Boanerge (Pepe) Matus, la autoría intelectual de esta falsificación e intento de despojo de la alcaldía a  Melvin Báez.  Señalan que  hubo negociaciones para continuar al mando de esta alcaldía que ha manejado por años su familia y con lo cual ha obtenido exenciones fiscales para sus negocios de ganado y caballos de raza”. 

“Que se olviden Pepe Matus y Ramón González. Vamos a defender la Alcaldía cueste lo que cueste. El pueblo se va a manifestar hasta las últimas consecuencias. Al pueblo se le respeta. Vamos a estar al frente en la lucha cívica y si nos llevan a otro terreno, también”, dijo Báez.

Al finalizar la conferencia de prensa, Báez entregó a la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, una copia del expediente con las evidencias para que quede bajo resguardo del Cenidh.

Onda Local comparó los resultados de las veintisiete JRV publicadas en el sitio web del Consejo Supremo Electoral con las veintisiete actas de escrutinio, donde se evidencia la falsificación del acta número 1105050702.

En el sitio web del CSE agregaron 200 votos a favor de CxL. El acta de escrutinio muestra que sólo obtuvo 21

Kitty Monterrey del partido CxL dijo que están esperando que se resuelvan los recursos y se decida de manera justa quién ganó en el municipio de San Pedro de Lovago, que es reclamado por el PLC. Según Monterrey, seguirán luchando por recuperar las alcaldías de San José de Bocay, El Coral, San Miguelito, que el CSE adjudicó al FSLN y Paiwas que está en manos del PLC. ​

Cambian resultados de San José de Bocay y El Coral

El caso del municipio de San Pedro del Lóvago no es el único. Un clic cambió el resultado en el municipio de San José de Bocay, Jinotega, que ahora aparece adjudicado al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), antes estaba a favor del partido Ciudadanos por la Libertad.

Lo mismo ocurrió en el municipio de El Coral, Chontales. La alcaldía estaba en manos de Ciudadanos por la Libertad, pero ahora aparece a favor del FSLN, según el sitio web del CSE.

Denuncian irregualridades en Villa El Carmen

Rosa García, primer concejal del PLC en el municipio de Villa El Carmen, Managua, denunció en el Cenidh, las irregularidades durante las votaciones municipales de 2017, lo cual ha generado indignación entre las y los partidarios del PLC.

García dijo que el día de las votaciones, sus partidarios sufrieron intimidaciones de parte de efectivos de la Policía Nacional y del Ejército. También hubo presiones del FSLN para que empleados públicos y beneficiarios de programas sociales, como hambre cero, fueran a votar y mostraran fotografías.

Javier Somarriba, fiscal municipal del PLC, denunció la no acreditación de sus fiscales, como parte de las irregularidades de las votaciones.

Rosa García,  dijo que muchas personas no pudieron votar, ya que sorprendentemente fueron cambiados de domicilio, tal es el caso de Edi José García, quien apareció en el Padrón Electoral de Bluefields y no en el de Villa El Carmen. El día de las votaciones, Onda Local, recibió diversas denuncias de este tipo. Radio Voz Juvenil, reportó que decenas de ciudadanos que históricamente han votado en las comunidades de La Maravilla y Nueva Quezada, aparecían en el Padrón Electoral de San Juan de Nicaragua.

Varias personas, incluyendo policías votaron varias veces, utilizando una tarjeta amarilla y no la  cédula de identidad, como corresponde. Onda Local también recibió denuncias desde el municipio de Nueva Guinea, donde se utilizó esta misma modalidad.

“Por su parte, el fiscal municipal del PLC, Javier Somarriba, denunció que fue amenazado de muerte por el comisionado de la Policía Nacional, Douglas Monroy, quien después de un intercambio de palabras le dijo que si tuviera una pistola en ese momento, se la vaciaría encima. Acusó a la Policía y al FSLN por cualquier atentado contra su vida o su familia”, sintetiza el Cenidh en una nota de prensa.

Más de veinte detenidos en San Juan de la Concepción

En San Juan de la Concepción (La Concha), Masaya, los partidos políticos que participaron en las votaciones municipales 2017 se unieron y desconocieron los resultados del CSE. En este municipio, al menos veintidós personas han sido detenidas por la Policía, entre la noche del domingo y el miércoles,  informó el Cenidh.

Los dirigentes locales de siete partidos políticos (PLC, CxL, PLI, PC, PRD, APRE y ALN) se unieron desde la noche del domingo, cuando sus fiscales fueron expulsados por protestar por las irregularidades en la entrega de actas en el Centro de Cómputos Municipal (CCM) que funcionó en la Escuela Guillermo Ampié, detalla el Cenidh.

Violan derechos humanos a familiares y detenidos de San Dionisio

El Cenidh también informó que una parte de los once ciudadanos capturados por la Policía Nacional el pasado 1 de noviembre en San Dionisio, Matagalpa, fueron llevados a primera audiencia en los juzgados de Managua, sin que sus familiares fuesen informados.

Además, no les han permitido verlos, llevarles ropa, comida y artículos de aseo personal, denunció en el Cenidh, María Orellana, hija de Juan Pastor Orellana Flores y hermana de Bismarck Antonio Orellana Sánchez, dos de los capturados.

María Orellana rechazó que su papá y a su hermano hayan agredido a policías y dañado el lugar donde funcionó el Centro Electoral Municipal (CEM), en San Dionisio.

Para María Orellana, la captura de su padre y la de su hermano obedece a represalias porque su mamá es segunda concejala y al no poder hacerle nada, se están desquitando con sus familiares.

Cenidh: Ejército y policía cómplices del fraude electoral

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Las votaciones municipales del pasado 05 de noviembre de 2017 demostraron que Nicaragua tiene un sistema electoral basado en el fraude, que no respeta el derecho de la ciudadanía a elegir libremente a sus autoridades, según el informe de monitoreo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).     

La falta de acreditación de fiscales en las Juntas Receptoras de Voto (JRV), ilegalidad en la entrega de actas, obstáculos en el ejercicio del voto mediante la implementación del ratón loco –personas que no aparecieron en el padrón electoral de los centros de votación donde históricamente han votado sino en el de otros municipios, lejanos al lugar donde viven-, voto con documentos no permitidos como la llamada tarjeta amarilla, sustracción de material electoral, alteración y anulación de actas son parte de las irregularidades identificadas en el monitoreo del Cenidh.   

“A la tarjeta amarilla popularmente la gente le llamó la magnífica porque servía para todo”, dijo Juan Carlos Arce, quien presentó el informe del organismo de derechos humanos. 

Rosa García, primera concejala del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) del municipio de Villa El Carmen, Managua, fue una de las que denunció el  uso de las tarjetas amarillas para sumar votos a favor del partido gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).  

                              

Durante la cobertura de las votaciones municipales, Onda Local recibió denuncias de la utilización de tarjetas amarillas, portadas por personas que se identificaban como personal auxiliar de la Junta Receptora de Voto (JRV).  

                              

Kitty Monterrey, del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) también denunció el uso de dicha tarjeta, como un nuevo mecanismo  en la comisión del fraude.  

Abstención histórica en municipales nicaragüenses  

El CSE electoral calculó en 51 por ciento el nivel de participación de la población nicaragüense en las votaciones municipales de 2017. Pero, para el Cenidh la participación ha sido la más baja de la historia. “La abstención fue similar a la de 2016 (70 por ciento). De manera categórica podemos decir que prevaleció la obtención, se registró la más baja participación de todos los procesos municipales”, aseguró Arce.  

No obstante, agrega el Cenidh, en algunos municipios donde hubo competencia electoral, la participación fue mayor como en  los casos de Rancho Grande, El Rama, San Miguelito, entre otros municipios.

A criterio del Cenidh, llama la atención que en los municipios donde hubo mayor participación de la población fue donde se registraron acciones represivas de fuerzas policiales y militares. “Tenemos denuncias gravísimas, en el caso de Rancho Grande, por ejemplo, del secuestro de dos presidentas de las JRV de San José de Cuscaguás, las cuelas fueron prácticamente secuestradas por miembros de la policía nacional, con la finalidad de intimidarlas y de que les entregaran las actas de escrutinio. Tenemos otras denuncias,  en las que,  policías y militares procedieron a secuestrar y a desaparecer material electoral con la finalidad de que no fueran computadas”, dijo Juan Carlos Arce.   

En el municipio de El Rama, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, el material electoral de tres JRV ubicadas en las comarcas Bella Vista y Poza Redonda fue sustraído por miembros del ejército y la policía, denunció Roger Araica, candidato a alcalde por el PLC, en una conversación vía telefónica con Onda Local.  “Los miembros del ejército y la policía que andaban resguardando, bajaron a los fiscales y se llevaron todo el material electoral y lo desaparecieron, no fue transmitido  porque no llegó al Centro de Cómputos. Es un delito electoral que miembros y efectivos del ejército y la policía se presten a ayudarle al CSE a terminar de hacer el fraude”.  

El Cenidh manifestó que  tanto la policía como el ejército, además de haber sido instrumentos de represión, fueron cómplices en el montaje del fraude electoral en aquellos municipios donde hubo competencia electoral.  

La alteración de actas de escrutinio fue otro de los mecanismos utilizado por el CSE para cambiar los resultados de las votaciones en algunos municipios, según denuncias de los partidos PLC y CxL. 

Melvin Báez, candidato a alcalde por el PLC en el municipio de San Pedro del Lóvago, departamento de Chontales, tiene una certificación del Consejo Electoral Departamental (CED) de Chontales que lo acredita como ganador, pero en los resultados preliminares del CSE publicados el 10 de noviembre de 2017 en la Gaceta No 2015, el resultado fue cambiado a favor del candidato de Ciudadanos por la Libertad (CxL). En este caso,  el acta de la Junta Receptora de Votos (JRV) número 1105050702, ubicada en el Centro de Votación de la escuela Puertas de París, fue alterada en el sitio web del Consejo Supremo Electoral (CSE). Los 21 votos de CxL  fueron convertidos en 221, lo cual cambió el resultado.

Onda Local comparó los resultados de las veintisiete JRV publicadas en el sitio web del Consejo Supremo Electoral con las veintisiete actas de escrutinio, donde se evidencia la falsificación del acta número 1105050702.  

Kitty Monterrey del partido CxL dijo que esperaría a que el CSE resuelva los recursos y decida, de manera justa,  quién ganó en San Pedro de Lóvago.

Monterrey, agregó que lucharían por recuperar las alcaldías de San José de Bocay, El Coral, San Miguelito, que el CSE adjudicó al FSLN y Paiwas que está en manos del PLC.

También hubo denuncias de irregularidades en los municipios de “El Jicaral (León), Jalapa (Nueva Segovia), Ciudad Darío, Rancho Grande, Río Blanco y Matiguás (Matagalpa), La Conquista (Carazo)  y San Juan de la Concepción (Masaya). 

El partido indígena YATAMA desconoció los resultados de las votaciones en los municipios de Waspam, Puerto Cabezas y Prinzapolka, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. Para el Cenidh, ha quedado en evidencia una clara pretensión de desaparecer del escenario político a YATAMA, lo cual revela una política de Estado que de manera sistemática violenta los derechos humanos de los pueblos indígenas del Caribe Norte y Sur de Nicaragua.  

Aunque el PLC acusó al partido CxL de cometer fraude y viceversa, la mayoría de denuncias recaen sobre el partido oficialista (FSLN). No obstante, Gonzalo Carrión, del Cenidh señaló que el fraude electoral fue parte del sistema. “El acto final del cinco de noviembre y la posterior repartición de alcaldías, reiteran una lógica sistémica. Tenemos procesos electorales basados en el fraude. Aquí recibimos en el Cenidh la denuncia del candidato a alcalde de San Pedro del Lóvago acusando a otra corriente liberal, pero hablar de fraude, concebir un fraude en cualquier municipio, es impensable sino está permitido por la estructura electoral”.   

El CSE aún no ha publicado los resultados definitivos de las votaciones municipales 2017. Sin embargo, para el candidato a alcalde por el PLC en el municipio de El Rama, los resultados preliminares del CSE están escritos en piedra.

Araica está dispuesto a asumir la concejalía si su partido se lo ordena. “Si el partido me mandata a cumplir esa misión tengo que hacerla porque no es lo mismo estar defendiendo a un pueblo fuera de la institución que dentro de la institución, donde podemos estar cuestionando las arbitrariedades que puedan hacer con la administración de los bienes públicos de la municipalidad”, respondió Araica, al preguntarle sí asumirían como concejales, pese a su  denuncia de fraude.        

Prevaleció la violencia

Según el monitoreo de Cenidh, la violencia no estuvo al margen de las votaciones municipales, siendo el asesinato de cinco personas lo más grave y lamentable. 

Juan Carlos Arce detalló que las perdonas asesinadas fueron: Elías Pineda, fiscal del PLC en el municipio de Wiwilí de Jinotega, Wilder Moreno y Alejandro Aguilar en San Sebastián de Yalí, el primero sobrino del candidato a alcalde del partido CxL, Noel Moreno Talavera; Gary Steven en Bilwi y Chando Smith Gadea del partido YATAMA, en  Sandy Bay Sirpi, municipio de la Desembocadura del Río Grande, Caribe Sur.

Además se reportaron más decenas de personas heridas y detenidas en los municipios donde hubo mayor tensión como Puerto Cabezas, San Miguelito, San Sebastián de Yalí, San Dionisio, Wiwilí de Jinotega, San Juan de la Concepción, entro otros municipios.  

“Además de condenar estos hechos de violencia demandamos una investigación exhaustiva e imparcial que determine las responsabilidades, investigación que hasta este momento no hemos visto, pero si hemos visto la persecución y las detenciones de personas simpatizantes de los partidos como en San Dionisio, donde toda la estructura del partido Liberal Constitucionalista (PLC) está siendo procesada por delitos grave”, aseguró Arce.         

El Cenidh lamentó que el informe de la Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos, OEA, considere estos hechos de violencia como aislados y que no haya hecho una valoración profunda de los problemas del sistema electoral. 


Nicaragua debería declarase libre de minería

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Si El Salvador triunfó contra la minería, Nicaragua puede hacerlo. “En aras de defender nuestro medio ambiente y los recursos naturales exigimos a este gobierno que declare a Nicaragua libre de minería”, fue el llamado de Noel Rizo, integrante del  Movimiento Nacional Ambientalista Frente a la Minería Industrial (MONAFMI) durante el lanzamiento de la campaña: “Sin agua y sin oro, pueblo únete defiende tus tesoros”, que pretende sensibilizar a la sociedad nicaragüense acerca del impacto de la minería industrial en los bosques y las fuentes hídricas de los territorios concesionados.

“Existe una explotación irracional de nuestros recursos naturales que no deja grandes beneficios al país. En las zonas donde se ha desarrollado este tipo de actividad, existe un deterioro considerable en la calidad del agua”, asegura una nota de prensa del MONAFMI.

“Las inversiones extranjeras buscan apoderarse de los territorios mineros porque es factible para ellos y les deja grandes ganancias; en cambio a las comunidades les quedan daños que no son reparables. En ninguna parte del mundo las empresas mineras han dejado beneficio a las comunidades, lo que dejan es agua contaminada, deterioro del medio ambiente y enfermedades”, manifestó el coordinador nacional de MONAFMI, Boanerge Luna.   

Silvia Elena Ramos Hernández, de las Mujeres Defensoras de Rancho Grande, dijo: “No queremos minería en Rancho Grande porque nos van a dañar las tierras, las aguas, van a destruir nuestro territorio. Estamos unidos, no echamos un paso atrás y seguimos adelante en nuestra lucha porque queremos un municipio limpio, sin minería”.

Domingo Gutiérrez Machado de la comunidad San Albino, municipio de El Jícaro, Nueva Segovia, aseguró que la actividad minera envenenaría las fuentes de agua y desaparecería la fauna y la flora de los territorios segovianos. Por eso, llamó a la unidad para proteger el Río Coco.  

En el municipio de Santo Domingo Chontales, la población resiente los impactos sociales y ambientales de la minería industrial. No ha habido el desarrollo que pregona la empresa B2Gold, sino un pueblo empobrecido, dividido y contaminado, coindicen líderes locales.      

Sara Margarita Zavala Hernández dijo que la minería industrial ha afectado a la comunidad entera.  “El agua se ha mermado y es de mala calidad, se han secado nuestros ríos, se han derribado nuestros bosques”, puntualizó.

Luna añadió que “La preocupación que existe en el liderazgo local es la afectación directa que está haciendo la empresa minera (...) B2Gold ha talado más de 90 mil árboles, desapareció el cerro La Pipilacha, ha hecho una afectación considerable al túnel El Azul, donde nace nuestra principal fuente de agua que abastece al 90 por ciento de la población”, expresó.

Hicieron un llamado a la población nicaragüense a sumarse a esta campaña porque la minería industrial no sólo deja daños en los territorios afectados sino en todo el país, que se está quedando sin oro y sin sus principales tesoros como son el agua y el bosque.   

Onda Local gana por sexta vez Premio Pedro Joaquín Chamorro

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Julio López Chavarría, del equipo de Onda Local ganó la categoría “Transparencia Pública y Sostenibilidad” de la XII Edición del Premio Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, con el artículo “Los medios de la familia presidencial nicaragüense”.

Según el acta del jurado, el trabajo de López “expone de manera contundente cómo el gobierno del presidente Daniel Ortega avanzó en la compra de medios de comunicación, el manejo discrecional de la publicidad gubernamental y la persecución a periodistas críticos”.  

                    

Julio también ya había ganado el Premio a la Excelencia del Periodismo Pedro Joaquín Chamorro en las categorías de Radio (2012) y Noticia Local y Comunitaria (2015). Además, había logrado dos menciones internacionales en el 2016: Primer Lugar del Premio LatinClima / Eerth Jornalism Network a la mejor historia latinoamericana sobre adaptación al cambio climático; y tercer lugar del Premio de la Iniciativa de Investigación Periodística de las Américas. Categoría Uso de Nuevas Tecnologías.

Este es el sexto galardón obtenido por el equipo de Onda Local en el Premio a la Excelencia del Periodismo Pedro Joaquín Chamorro Cardenal.

El equipo de Niú integrado por Anagilmara Vílchez, Yamlex Mojica, Dánae Vílchez, Franklin Villavicencio, Elmer Rivas, Claudia Tijerino, Olga Sánchez, Pedro Molina, Carlos Herrera y Leandro Gómez, ganó en la categoría de Sistema de Salud con el especial multimedia “Asesinadas en Nicaragua”.

En la categoría de medio ambiente, el equipo de Radio Vos, integrado por Alba Nubia Vargas y Argentina Olivas, ganó la distinción con el reportaje radiofónico “El Río Grande agoniza”.

Por su parte, Wilfredo Miranda de la Revista Confidencial, ganó en la categoría de “Gobernanza municipal” con el tema la demolición de la autonomía municipal en el país.

El jurado valoró el compromiso de las y los periodistas independientes con temas de interés público y la valentía para investigar en un entorno hostil, con poco acceso a fuentes documentales y presiones del poder político.

El jurado estuvo integrado por Rita Vásquez, directora de La Prensa de Panamá; Sol Lauría, editora de Connectas y Amparo Marroquín, investigadora de comunicación política de la Universidad Centroamericana de El Salvador.

La Fundación Violeta Barrios de Chamorro entregó a las y los galardonados un paquete de equipos para video móvil, en espera de contribuir al fortalecimiento de la calidad periodística.        

En Onda Local celebramos este nuevo premio que se enfila entre los ya obtenidos, y mantenemos nuestro compromiso con la defensa de la libertad de expresión y la libertad de prensa en Nicaragua, emblemáticas de los derechos humanos. 

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

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La Asamblea General de las Naciones Unidas, recordando la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, aprobada por la Asamblea General en su resolución 48/104, de 20 de diciembre de 1993, y su resolución 52/86, de 12 de diciembre de 1997 titulada “Medidas de prevención del delito y de justicia penal para la eliminación de la violencia contra la mujer”.  

                              

Recordando también la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;

Preocupada porque la violencia contra la mujer constituye un obstáculo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz.

Preocupada también por el hecho de que algunos grupos de mujeres, como las que pertenecen a minorías, las mujeres indígenas, las refugiadas, las mujeres migrantes, las mujeres que viven en comunidades rurales o remotas, las mujeres indigentes, las mujeres recluidas en instituciones o detenidas, las niñas, las mujeres con discapacidad, las mujeres de edad y las mujeres en situaciones de conflicto armado, son particularmente vulnerables a la violencia;

Decide entonces declarar el 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer e invita a los gobiernos, los organismos, órganos, fondos y programas del sistema de las Naciones Unidas, y a otras organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales, según proceda, a que organicen ese día actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto del problema de la violencia contra la mujer.

Publicado originalmente en: https://www.vercalendario.info/es/evento/dias_especiales-naciones_unidas_onu-25-noviembre-2017.html 

Estado nicaragüense acecha a defensoras de derechos humanos

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Llegaron a Managua vestidas de rojo para celebrar el día internacional de lucha contra la violencia hacia las mujeres, demandar acceso a justicia, reivindicar el derecho a tomarse las calles, exigir al Gobierno de Nicaragua acciones para frenar los feminicidios y la violencia sexual. Una vez más, fueron recibidas con violencia por el Gobierno, que utilizando las fuerzas antimotines, les impidió marchar, pero no arrebatarles la palabra, ni su determinación de seguir defendiendo sus derechos humanos.

 

No podemos callar nuestra voz. No tenemos miedo. Nos quieren pasar por locas, pero no lo somos. Nos llaman locas porque defendemos nuestros derechos, porque luchamos por otras, porque decimos no a la violencia hacia las mujeres”, dijo Leonila Argüello, del Colectivo de Mujeres de Matagalpa. Las mujeres somos valientes, no tenemos miedo a la cárcel, a la represión, a los antimotines, simplemente queremos que nos dejen movilizarnos y marchar, y queremos y exigimos justicia en este país, cárcel para los violadores y para los asesinos de mujeres”, agregó la defensora de derechos humanos.

 

Por su parte, María Elizabeth Espinoza, de la comarca San Pedro de Los Molinos, departamento de Carazo, lamentó que la policía haya bloqueado la marcha. “Tengo a mis hijas y no quiero que sus maridos las ultrajen. Yo estoy aquí defendiendo los derechos míos y los de las otras mujeres”.

 

Subiendo de tono, Francis Altamirano, llegó desde Tipitapa. La policía, al intentar reprimir su acción, logró irritarla. A juicio de Altamirano, se trata de un acto de violencia del gobierno, el tratar de taparles la boca a las mujeres.

 

Lo ocurrido el 25 de noviembre de 2017, es una prueba del asedio del Gobierno de Nicaragua hacia las defensoras de derechos humanos, que en lugar de brindarles protección ha criminalizado sus luchas.

 

El informe “Defender la Tierra” de Global Witness, ubica a Nicaragua entre los cinco países más peligrosos del planeta para ser defensora de derechos humanos, una lista en la que también aparecen Brasil, Honduras, Colombia y Filipinas.

 

Pero Nicaragua se jacta de ser el país más seguro de la región centroamericana, aunque no lo es para las mujeres, ni para quienes defienden derechos humanos. Las comunidades indígenas y campesinas que se oponen al acaparamiento e invasión de tierras, a la minería, a monocultivos y megaproyectos como el Canal Interoceánico, enfrentan intimidación, represión, detenciones ilegales y asesinatos.

 

 

En octubre de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Francisca Ramírez y de su familia, por considerar que es objeto de amenazas, hostigamientos y actos de violencia en su contra. La Corte pidió al Estado de Nicaragua informe sobre las acciones adoptadas en cuanto a la investigación de los hechos alegados “que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición”.

Durante la audiencia de la CIDH, del seis de septiembre de 2017, Francisca Ramírez, dijo “en Nicaragua nadie nos escucha, hemos sido reprimidos, encarcelados, tenemos personas que han quedado sin riñones, sin ojos (…) en Nicaragua vivimos injusticias, no tenemos derecho a protestar, hay una alianza con el gran capital, queriendo quitarnos lo poco que tenemos los campesinos”.

La lucha contra las exploraciones y explotaciones mineras también genera conflictos y violaciones a los derechos humanos en diversos territorios. Sobre todo cuando de acosar e intimidar a los defensores se trata, explica Walkiria Marín, del Movimiento Salvemos Santo Domingo, en Chontales.

No es la primera vez que la sociedad civil informa ante la CIDH al respecto, pero es un logro que la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras -que defiende a las defensoras-, comparezca por vez primera ante esta instancia para denunciar cómo desde 2007, el país ha experimentado un acelerado deterioro del estado de derecho y la institucionalidad, resultado de la concentración de poder y la ilegal subordinación de todos los Poderes al Ejecutivo, que desde ese período ostenta Daniel Ortega.

 

En la sesión de la CIDH de septiembre, por cuarta ocasión, la representación del Estado de Nicaragua volvió a ausentarse; volvió a mostrar la actitud que ha caracterizado al gobierno de Ortega, quien hace gala del no-diálogo e intolerancia hacia quienes cuestionan su administración.

 

Durante la audiencia, las defensoras presentaron el informe “Situación de las Defensoras de Derechos Humanos en Nicaragua, donde se expone la situación de las defensoras en Nicaragua, con base al registro de agresiones que desde 2015 realiza la IND, en coordinación con la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras (IMD).

Como indica el reportaje de Duyerling Ríos “Perseguidas por no apañar y no callar”, defender derechos incomoda al poder.

Ni la represión, ni las amenazas detienen nuestras luchas”. Esta frase aplica a la vida de Esperanza Soza, defensora en el municipio de Muy Muy, departamento de Matagalpa, al norte de Nicaragua. Esperanza seguirá siendo defensora hasta el día que deje de existir. . “El enemigo más grande que tenemos es el gobierno, porque de una u otra manera, busca las estrategias para atacar, señala la defensora Esperanza Soza.

 

Si bien al Estado corresponde garantizar derechos, las defensoras lo perciben como el enemigo. “No siento protección por el Estado porque yo sé que lo que yo hago no le cae bien y lo lamento”, refiere Yolidia Navas de Ometepe.

 

Amanda Centeno también defensora, es más categórica y expresa que no las ubican como adversarias, sino como enemigas, “acordate que para este gobierno no hay adversarios hay enemigos”. Ella vive en el municipio de Condega, territorio tradicionalmente sandinista, pero lo que antes era un valor, hoy, expresarse libremente, denunciar un abuso o determinada situación conlleva una latente amenaza. La situación de las defensoras en esta localidad es peligrosa porque son “blanco fácil de los ataques”.

En Condega, además de acompañar, denunciar y defender derechos, promueven procesos de formación. Amanda dice que el gobierno no invierte en educación y lo hace deliberadamente. Por eso, para ella urge generar reflexiones. “Es importante que la gente encuentre en cada lugar la forma de vincular estas luchas locales a lo nacional, para mi esos es muy importante”, enfatiza.

Feliciana del Carmen Rivera Jiménez, es originaria de Jalapa, Nueva Segovia, afianzó su lucha por la defensa del derecho a la producción cuando en 1993 entró a formar parte de la Asociación de Mujeres de Jalapa Contra la Violencia, Oyanka. Desde ese espacio sigue defendiendo los derechos humanos. Desde los diecisiete años es defensora.

Las mujeres son afectadas porque no tienen el mismo derecho al crédito. Los bancos dan grandes “préstamos a los hombres. Si nosotros vamos a una financiera, por la cantidad que tenemos a nuestro nombre no nos dan un buen crédito”, cuenta Feliciana, es la realidad que viven las rurales en el norte. En 2013 defensoras del derecho de las mujeres a la tierra, organizaron la campaña “Cien cartas en cien días” y las hicieron llegar a la Presidencia de la República, y aún esperan respuestas.

A 97 kilómetros de Jalapa se ubica el municipio de Somoto. Allí vive Belkys Herrera, defensora y feminista, quien dice sentirse vigilada por la Policía. En Ticuantepe vive Martha Téllez. Empezó como defensora en su barrio, presentaba propuestas ante la municipalidad. “Con el proceso, vimos que era necesario empezar por defender tus derechos como mujer. Ahí fue que empezamos varias que nos habíamos conocido y trabajado a nivel de gestión en espacios comunitarios en el contexto de la Ley de Participación Ciudadana”.

En medio de todos estos obstáculos ejercen la defensoría de derechos humanos.

 

La violencia generada por el despojo de las tierras indígenas y el desentendimiento gubernamental, hacen más compleja la labor de las defensoras de derechos humanos en el Caribe de Nicaragua.

 

En 2015, durante el 156 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, Lottie Cunningham del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua, CEJUDHCAN, denunció al Estado de Nicaragua por incumplir la Ley de Régimen de Propiedad Comunal (No. 445), en lo referido al proceso de saneamiento, lo cual supone la dilucidación de los derechos de las comunidades indígenas frente a terceros o colonos que alegan haber adquirido legalmente propiedades en los territorios ancestrales.

 

La invasión de colonos a territorios indígenas ha dejado más de treinta líderes comunitarios asesinados, decenas de heridos graves, con manos o pies amputados,desapariciones, desplazamiento forzado, secuestros y violaciones sexuales a mujeres indígenas.

 

El Estado nicaragüense además de invisibilizar la violencia que sufren los territorios, se vuelve cómplice porque no resuelve el problema ni acata las medidas cautelares dictadas por la CIDH; las que pretenden proteger a seis comunidades indígenas de Waspam, objeto de persecución, según Lottie. El mismo año, la CIDH había solicitado medidas cautelares a favor de cuatro comunidades del territorio Miskitu Wangki Twi-Tasba Raya, por la extrema violencia que han sido víctimas sus pobladores.

 

Javier Morazán, de la Unidad Contra Delitos del Crimen Organizado, del Ministerio Público de Nicaragua, manifestó en la CIDH que la posición de Nicaragua se basa en datos de la Policía Nacional, que dicen que la violencia, ocupación o desplazamiento, responden a denuncias de conflictos familiares, herencia, propiedad y rencillas personales, violencia intrafamiliar, violencia bajo influencia de estupefacientes, bandas de asaltantes de abigeato y otros delitos comunes.

 

La labor de Cunningham y Juana Bilbano, del CEJUDHCAN, les ha conllevado a ser víctimas de secuestros, requisas y cateos. En repetidas ocasiones, ambas defensoras han recibido amenazas de muerte, por lo que la CIDH les ha otorgado medidas cautelares, junto a doce comunidades mískitas del Caribe Norte nicaragüense, que enfrentan violencia.

 

El ocho de septiembre, un día después del retorno al país de la delegación de defensoras, Celedonia Salazar Point y su esposo, Tito José González Bendles, fueron asesinados a balazos por supuestos colonos en Tungla, territorio indígena Prinzu Awala, jurisdicción de Prinzapolka, confirmaron las autoridades.

 

En noviembre de 2016, tres semanas después de haber sido amenazada, la defensora Bernicia Dixon Peralta, fue asesinada junto a su esposo e hijo. La justicia nicaragüense no ha levantado ninguna investigación y no ha detenido a ninguna persona sospechosa.

 

En noviembre de 2016, tres semanas después de haber sido amenazada, la defensora Bernicia Dixon Peralta, fue asesinada junto a su esposo e hijo. La justicia nicaragüense no ha levantado ninguna investigación y no ha detenido a ninguna persona sospechosa.

 

Una situación que también preocupa es la que viven defensoras de derechos sexuales y derechos reproductivos. En particular, defensoras de los derechos de las comunidades y personas LGBTI (Lesbianas, Gay, Bisexuales, Transexuales, Intersex) siguen siendo víctimas de expresiones de odio y discriminación. De esta intolerancia y discriminación resultaron dos casos de agresión física.

Otra manera de agresión han sido las detenciones ilegales con uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional. Un caso muy recordado es el ocurrido el 28 de septiembre de 2016 contra las defensoras Patricia Orozco, Luisa Molina, María de Jesús Tenorio, Celia Contreras, Jessica Hernández y Duyerling Ríos, quienes realizaban pintas a favor del derecho a decidir de las mujeres.

 

En ese contexto, un grupo de policías vestidos de civil, obviaron el derecho a la libertad de expresión de las ciudadanas, y apresaron al grupo de defensoras y al periodista Abixael Mogollón, quien daba cobertura al hecho. Mientras eran trasladadas a la Estación No. 1 de Policía de Managua, uno de los oficiales cuestionó a Mogollón el por qué “andaba metido con ese grupo de viejas vandálicas”.

 

Lo vivido motivó, al periodista a escribir su breve opinión al respecto, agregando un poco de humor, el cual publicó en el segmento El Aguijón, de Onda Local.

 

La violencia y agresiones ejercidas contra las defensoras, también se ha caracterizado por la criminalización, acompañada muchas veces de violencia extrema, tratos inhumanos y degradantes. Esa situación la vivió la promotora de información sobre VIH, Arelly Cano y las defensoras Aydil Urbina y Thelma Suárez, quienes reclamaron al presenciar arbitrariedades cometidas por la policía.

 

Tras exigir justicia, fueron pateadas, amenazas y sometidas a exploraciones vaginales. Estuvieron aisladas y posteriormente fueron liberadas ante la presión pública. “La policía, abrió procesos legales en contra de las defensoras por supuesta “obstrucción de funciones” y “estorbo a la autoridad”.

 

La Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) reconoce que existe una especificidad con respecto a los tipos de agresiones que se ejercen hacia las defensoras, evidenciando así el componente de género en las agresiones.

 

Dichas agresiones han sido determinadas por la desigualdad histórica y estructural que ha caracterizado las relaciones de poder, las cuales repercuten directamente en la situación de las mujeres y el trato que reciben. “Son objeto de violaciones y abusos y su labor es difamada a causa de prácticas discriminatorias, con base en pautas sociales” analiza la integrante de la Coordinación de la Iniciativa de Defensoras Evelin Flores, también Enlace Nacional de la Red de Mujeres contra la Violencia.

 

 

 

En tiempos de avances tecnológicos, donde las herramientas y las plataformas virtuales deberían ser empleadas para contribuir a la educación y a la sensibilización ciudadana, grupos afines al poder las usan con fines nocivos. El informe de la IND, plantea que los ataques contra la integridad y la dignidad, representan la mitad de las agresiones y fueron realizados desde medios y redes sociales simpatizantes al partido de gobierno.

 

El informe de la INDH señala que Nicaleaks ha continuado sus campañas injuriosas y calumniosas, atacando a defensoras que denuncian arbitrariedades. En este sitio, son recurrentes las campañas contra líderes del Movimiento Autónomo de Mujeres, Sofía Montenegro, Azahálea Solís y Ana Quirós; contra la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez; y Francisca Ramírez, integrante del movimiento campesino anticanal.

En el período del informe, Nicaleaks publicó más de 110 notas que manipulan el trabajo de las defensoras.

 

 

La concentración de medios coarta la libertad de expresión, ha señalado la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA).

 

En Nicaragua la alianza, el diálogo y el consenso ocurren entre el gobierno y la empresa privada. Desde 2007, se han cerrado los espacios de diálogo gobiernosociedad civil. Defensoras y organizaciones de mujeres han vivido además, desprestigio, agresiones y amenazas, dirigidas a impedir su libre expresión y movilización; y su trabajo en defensa de los derechos humanos de las mujeres.

 

 

La vida de Fanny Aracelly Guerrero, defensora de derechos de las mujeres está colmada de expresiones de violencia, que tratan de impedir su labor de defensoría.

 

 

 

A este contexto es al que las defensoras de derechos humanos se enfrentan, y en el que a su vez, juegan un rol central para evitar que las decisiones del poder político violenten aún más los derechos humanos de las nicaragüenses.

El fantansma del fraude también en Honduras

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Como el fantasma del fraude de las votaciones presidenciales y municipales en Nicaragua, de los últimos años, también se ha visto uno merodeando tierra catracha.

Honduras vive una situación en la que cada día la crisis política se profundiza y afecta gravemente el estado de lo que quedaba de paz en el país centroamericano. En esta ocasión el proceso de votaciones presidenciales del pasado domingo fue el elemento detonante.

Este jueves amaneció el quinto día y en Honduras aún no se conoce un claro ganador, pese a que desde el lunes (un día después de las votaciones) existía una marcada tendencia del triunfo de la oposición en donde el candidato y presentador televisivo Salvador Nasralla se había autoproclamado ganador.

Pero, este jueves 30 de noviembre, el actual presidente hondureño Juan Orlando Hernéndez, quien nuevamente busca la presidencia, amaneció sorpresivamente con al menos 1% del conteo oficial de los votos, por encima de Nasralla. Lo que ha provocado que sectores de la ciudadanía salga a las calles a protestar, mientra la policía de este país intenta reprimir de forma violenta las manifestaciones.

El Tribunal Electoral informó la noche de ayer miércoles 29 de noviembre, que con el 89.8 % de las boletas contadas, Juan Hernández tiene el 42,2% de los votos, mientras que la Nasralla registra el 42,1%.

Mientras ambos candidatos se autoproclaman ganadores, es la comunidad hondureña la que pierde. Pierde la confianza en un proceso de votaciones que desde antes de realizara, era tildado de fraudulento.

Imágenes cortesía de VIKES

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