Es importante conocer qué piensan las y los periodistas acerca del desarrollo local, la autonomía municipal y las iniciativas de estudios y de empleos existentes en los municipios. 

Buscamos las opiniones de periodistas de diversos municipios. Juan Carlos Duarte, director de Radio Camoapa, así como de Wendy Quintero, también de Radio Camoapa y del periódico Hoy. Sergio León, director de Radio La Costeñísima de Bluefields; y Wendolyn Guadamuz Morales, docente universitaria, del municipio de Corinto.

¿La autonomía, un derecho ciudadano o prerrogativa de los gobiernos locales? ¿Su relación con iniciativas de estudios y laborales en el municipio?             

Juan Carlos Duarte: "En la medida que las necesidades de la gente se circunscriben a los territorios, la autonomía toma relevancia... Hablar de esa satisfacción de necesidades es hablar de reconocimiento de los derechos humanos; la inclusión de las demandas en los presupuestos locales permite mayor impacto en la calidad de vida y de oportunidades. Algunas personas encuentran mucha distancia entre autonomía y derechos humanos; prefiero entenderlo como un mismo asunto porque los gobiernos locales tienen mayor proximidad con la realidad.

Las mejores decisiones para el aprovechamiento de los recursos públicos se toman bajo criterio de autonomía y no por iluminación de personas frente a escritorios. La designación de recursos en determinadas áreas permite mayor control sobre uso eficiente de los pesos y centavos y su eficacia. Mucho de esas dos materias se corresponde con las políticas públicas que deben existir, pero la apropiación de las realidades y las necesidades desde la localidad facilitan su construcción desde una perspectiva ciudadana. La intensidad en las necesidades puede variar de un territorio a otro y su distinción sólo puede traducirse en esfuerzos si operara la autonomía en la administración de los recursos”.

Wendy Quintero: “La autonomía es un derecho de la ciudadanía, el problema radica que no se respeta ni fomenta por el gobierno central y pasa desapercibida por los gobiernos locales supeditados al gobierno central.

No podemos hablar de autonomía cuando las propuestas de presupuesto cambian de acuerdo a las disposiciones y orientaciones del gobierno central, eso cambió radicalmente desde hace unos cinco años, es decir para el segundo mandato consecutivo del gobierno sandinista. 

Sergio León: “La autonomía regional continúa siendo un sueño para la mayoría de la población del Caribe, puesto que el único derecho adquirido ha sido elegir durante las elecciones regionales a sus representantes ante los Consejos Regionales Autónomos. Las ansiadas autonomía política y económica aún no existen, las decisiones todavía siguen tomándose en Managua y por las autoridades nacionales.

Dos Universidades en la Costa Caribe fueron constituidas a iniciativas de profesionales costeños, han graduado a más de diez mil nuevos profesionales, sin embargo ha sido un organismo no gubernamental (Fadcanic) el que se ha encargado de capacitar a decenas de jóvenes a nivel de carreras técnicas, con apoyo de Inatec y USAID. Éstos han sido dotados además de equipos de trabajo, para iniciar sus pequeños negocios”.

Wendolyn Guadamuz:“La autonomía es un derecho ciudadano inalienable. No es posible tomar decisiones tan generalizadas sin conocer el contexto y la realidad que envuelve a la población.

¿Cuáles son las principales carencias o necesidades, en qué áreas hemos avanzado con relación al desarrollo local? Por falta de autonomía las y los jóvenes en el municipio de Corinto carecen de iniciativas de estudio y trabajo; siempre se están esperando los raquíticos programas de Gobierno, que no brindan soluciones estructurales al conflicto”

“La autonomía es un derecho ciudadano inalienable. No es posible tomar decisiones tan generalizadas sin conocer el contexto y la realidad que envuelve a la población.

¿Cuáles son las principales carencias o necesidades, en qué áreas hemos avanzado con relación al desarrollo local? Por falta de autonomía las y los jóvenes en el municipio de Corinto carecen de iniciativas de estudio y trabajo; siempre se están esperando los raquíticos programas de Gobierno, que no brindan soluciones estructurales al conflicto”

¿Alternativas de educación y de empleo para jóvenes?

Juan Carlos Duarte:“Representa desafíos para articular esfuerzos entre el sistema educativo y las oportunidades. Tiene que ver con una concepción del sistema mismo y con la proyección de las oportunidades laborales a partir de los servicios o prácticas profesionales con opción a contratación.

Uno de los problemas que afecta a la relación estudio-trabajo es la falta de una política pública capaz de integrar las opiniones de los distintos sectores económicos y productivos, junto a los centros de formación profesional. No puede descuidarse la formación técnica, que entregue un valor al conocimiento empírico de una amplia gama de actividades desempeñadas por la fuerza laboral. Hace falta la voz de la gente para construir políticas públicas que impulsen un mejor funcionamiento del sistema educativo y productivo del sistema en el país”.

Wendy Quintero:“En Camoapa, a través del Instituto Nacional Tecnológico (Inatec) y de proyectos gubernamentales y de ONG que apoyan al municipio, se ha logrado cursos técnicos para jóvenes y mujeres. Van desde contabilidad, agro-negocios, reparación de PC y de celulares, hasta costura, repostería y bisutería. Varios lograron que muchos emprendedores tengan dinero para sobrevivir o como trabajo alternativo, pero hace falta profundizar el tema, hacer estudios que determinen realmente lo que se necesita para que los jóvenes puedan ser emprendedores con ingreso digno”.

Sergio León:“El desempleo en el Caribe Sur supera el 80 por ciento, muchos tras concluir sus estudios secundarios y universitarios emigran hacia Estados Unidos, Costa Rica, Panamá o Europa, para trabajar en barcos cruceros y así enfrentar económicamente la vida. También emigran hacia Managua a laborar en call center.

A diferencia del resto del país, en el Caribe no existen alternativas educativas más que las que ofrece el sistema educativo, salvo algunos centros subvencionados (catalogados como privados). Sin embargo, en Laguna de Perlas funciona un centro escolar privado financiado por Estados Unidos y otros países, la enseñanza es en inglés y el español es una materia más; no cobran aranceles”.

Wendolyn Guadamuz:“Hay una relación intrínseca lo cual ha provocado que a falta de iniciativas de estudio y trabajo, las y los jóvenes busquen en otros departamentos y la capital esas oportunidades para tener un mejor desarrollo personal, profesional y por ende mejor calidad de vida”.

En la comunicación las personas expresan necesidades, aspiraciones, criterios, emociones. ¿Hasta dónde se cumple esto en los municipios?

Para Juan Carlos Duarte la juventud tiende hacia el uso predominante de las redes sociales y no de los espacios convencionales o tradicionales; está expresándose, pero surge la pregunta, ¿cuánta de esa información están tomando las autoridades? Tengo la impresión que la clase política ve en la juventud únicamente a un capital de posibles votos y no a esa fuerza real para impulsar el desarrollo del país.

¿Cuántos espacios se abren en los sectores públicos y privados para que la juventud ponga en práctica sus conocimientos? ¿Cuánto se abren sin que medien los criterios del favor político? Las respuestas a esas preguntas pueden explicar si el proceso de comunicación está traduciéndose en la apertura de espacios para la juventud, agregó Duarte.

Wendy Quintero señaló que existe autocensura por parte de las autoridades locales, no brindan información más que para medios afines al gobierno central. “En el caso de las y los jóvenes, a un grupo pequeño les gusta opinar, otros están más para ver temas de entretenimiento o aquello que les ayude a ingresar a una universidad o les asegure empleo”.

Sergio León valora que uno de los principales problemas expresados es el adultismo; las y los jóvenes “dicen que quienes están tomando las decisiones por ellos son los adultos. Otra preocupación es la falta de empleo y de oportunidades laborales; así como de áreas de esparcimiento y distracción”.

Para Wendolyn Guadamuz la única oportunidad y proceso de comunicación son los cabildos, dichos eventos son insuficientes para dar a conocer a las autoridades las problemáticas que aquejan al municipio. Las “múltiples ocupaciones” de los funcionarios les impiden atender a los jóvenes y brindarles solución a sus demandas”.

La comunicación destaca la participación para un desarrollo transformador, pero ¿se está cumpliendo para las y los jóvenes?

Juan Carlos Duarte explica que los espacios de comunicación bien aprovechados exponen las inquietudes de las personas y contribuyen con el desarrollo local. Las dirigencias locales deberían establecer monitoreo para enriquecer su función pública, considerando a los medios de comunicación tradicionales y alternativos como aliados para el desarrollo.

“Para las autoridades es imposible garantizar un monitoreo de todas las actividades relacionadas con las ejecuciones presupuestarias.

Es difícil que puedan conocer las demandas de la ciudadanía, especialmente cuando los procesos de consulta se han reducido a pequeños espacios en estrechas oficinas de las municipalidades” señala.

Para Wendy Quintero la comunicación es vital para todo proceso de participación y más en aquellos donde se incide con jóvenes. “Cuando se abren espacios los jóvenes pueden motivarse, pero es un trabajo fuerte, sobre todo para las mujeres jóvenes que participan menos, por un tema cultural y educativo”.

Sergio León agrega que existe poca participación juvenil en los procesos sociales debido a las pocas oportunidades para los jóvenes.

Por su parte, Wendolyn Guadamuz considera que si no existe una verdadera participación “no podemos hablar de procesos sociales y comunicativos, menos un proceso de transformación. En Corinto no hay espacios de participación verdaderos, democráticos, lo cual ha logrado crear un enorme desinterés en las y los jóvenes por los asuntos sociales. El individualismo en el municipio está a la orden del día”.

¿Cuál es la concepción con relación al desarrollo local?

Juan Carlos Duarte:“Es una responsabilidad de toda la comunidad y no existe una persona iluminada para tal asunto. Esta es una compresión que distribuye y asume los roles según el grado de participación, conocimiento, capacidades y facultades por mandato de ley, donde autoridades y ciudadanía pueden empujar con la misma fuerza la carreta del desarrollo local, aunque ésta tenga las ruedas cuadradas”.

Wendy Quintero:“Es aquel que se da cuando en el municipio se establecen una serie de políticas públicas que garanticen el bienestar de la comunidad y su participación en el sistema educativo, social, de salud y sobre todo económico; donde se incentiva de forma integral actividades que ayuden a salir de la pobreza a las comunidades”.

Sergio León:“Es un proceso de transformación social, económico, cultural y político de la sociedad local”.

Wendolyn Guadamuz:“Es la identificación y aprovechamiento de los recursos, potencialidades de una comunidad, barrio o ciudad. Cada uno como integrante de una comunidad asentada en un territorio es un actor de poder que dinamiza las diferentes acciones de intercambio, producción y aprendizaje”.

Para promover los derechos de negras, mayagnas, miskitas y mestizas, se ha conformado la Escuela de Formación Feminista, ubicada en el municipio de Bilwi, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN). 

Para Jennifer Chávez, de Voces Caribeñas, desde este espacio reflexionan temáticas claves como derechos humanos, acceso a educación,  trabajo y salud, desde la perspectiva feminista. Asisten adultas y jóvenes. La metodología les permite realizar réplicas en sus comunidades de los conocimientos adquiridos.

La interculturalidad es un eje transversal de la escuela. “El feminismo no lo viven de la misma manera las negras, las miskitas y las mestizas. Por ejemplo, las mujeres indígenas no se identifican como feministas; pero reivindican acciones feministas, te dicen defendemos los derechos de las mujeres y el acceso a la tierra”, explicó Chávez.

Atendiendo la realidad intercultural se debe comprender el feminismo desde las particularidades de las indígenas y las afrodescendientes, reivindicando acciones como la defensa de los derechos de las mujeres, del cuerpo-territorio y el acceso a beneficios comunales. Esta visión aporta al desarrollo local-comunitario.

No pueden impulsarse políticas de desarrollo local sin la participación activa y efectiva de las mujeres, señala Jennifer. Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (2015-2030) destacan, en materia de género,  proporcionar una educación que promueva la igualdad de género y los derechos humanos y ampliar las oportunidades económicas de las mujeres. 

Las organizaciones civiles, incluidas las organizaciones por los derechos de las mujeres y las jóvenes, deben presionar a los gobiernos para la implementación coherente de estos objetivos a nivel local, asegura en su sitio web, la Asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo (AWID).

Protagonistas en la defensa de sus derechos

Nicaragua tiene una debilidad seria en su sistema educativo formal. Tanto en primaria, secundaria, universidad y técnicos, sus procesos no tienen enfoque de derechos humanos. Ahí es donde la formación que ofrece el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, toma relevancia, afirma Dennis Báez, coordinador de dicha organización en la región central del país.

Báez comenta que la educación en derechos humanos es una alternativa e indispensable para el desarrollo local. “Doy clases de derecho constitucional; y cuando abordo derechos humanos, no se conocen ni entre personas jóvenes ni en adultas. Eso nos permite hacer trabajo de formación. La gente ve como normal que el marido le pegue a su esposa y no lo es; es violación de derechos humanos y un delito. Ven como normal que un policía te agreda porque es autoridad; no saben, que si no hay una resistencia activa, no puede siquiera utilizar el bastón policial. Cuando empezás la popularización de la doctrina de derechos humanos, te das cuenta que hay desconocimiento”.

El programa de formación del Cenidh trabaja con metodologías diferentes. Uno dirigido a jóvenes. Otro con personas adultas. Con mujeres, específicamente en las temáticas de su interés. Hay una estrategia educativa, más allá de un plan, que apunta a un impacto. Trabajan con jóvenes, promotoras y promotores adultos, migrantes, mujeres, con temas como liderazgos, participación ciudadana, planes de acción en las localidades en función de incidir en las autoridades, para que las personas sean artífices en los cambios en sus comunidades. 

En Juigalpa hay quince comisiones y cerca de 400 promotoras y promotores voluntarios. El proceso de conformación de una red de promotores implica enseñarles sus derechos, cómo defenderlos, cómo comportarse, cómo estructurarse y cómo tomar las decisiones.

Este esfuerzo de formación alternativa en derechos humanos contribuye al desarrollo local porque muchos de los temas que conocen y debaten tienen que ver con el desarrollo.

En El Rama, se trabaja un plan de acción enfocado en el agua. Este municipio, cada vez que llueve se inunda, “y paradójicamente, no tienen sistema de agua potable, el agua está contaminada” refiere el defensor de derechos humanos.

“Un plan de acción que apunte a incidir en los tomadores de decisión para que los recursos que se están utilizando en obras de menor utilidad, se destinen en obras que generen desarrollo, pero también que generen temas de derechos humanos… buscamos incidir en lo local para promover desarrollo, la organización ciudadana y el respeto de sus derechos” agrega Báez.

“Lo más importante es promover la autonomía de las personas; que aprendan a defenderse por sí mismas, porque la violación de sus derechos seguirá siendo su problema. Nuestro compromiso es acompañarles y asesorarles, pero ellas y ellos serán los protagonistas en la defensa de sus derechos” finaliza diciendo el representante del Cenidh. 

Machismo y violencia impiden desarrollo

En Ocotal es reciente el recuerdo del femicidio de Elsyn Janelly Bermúdez, de 20 años, encontrada sin vida a la orilla de la carretera Ocotal/Jalapa, asesinada por su expareja, Heriberto Mathías. También, el de una niña en Macuelizo, asesinada cuando regresaba de clases.

En Nicaragua, hasta agosto de 2017 se registran  38 femicidios y 45 intentos de feminicidios, de parte de parejas, exparejas, entre otros.

Haydee Castillo, del Movimiento de Mujeres Segovianas, afirma que la violencia hacia mujeres y niñas es todavía más crítica en su territorio (Las Segovias).

“Las niñas apenas cumplen 12, 13 años, les dicen los hombres machistas adultos que ya están listas; estamos teniendo una avalancha de embarazos en adolescentes. Para qué vamos a ir más largo a hablar de oferta laboral, desarrollo territorial, si ese cuerpo de esas niñas, ese territorio está siendo completamente avasallado, esas adolescentes deberían estar estudiando, preparándose, revertir todas esas energías en su territorio”.

El Instituto de Medicina Tradicional y Desarrollo Comunitario de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN), acompañó la investigación para curar la leishmaniosis cutánea, conocida como lepra de montaña, con medicina tradicional, afirmó su directora Serafina Espinoza Blanco.

Según Espinoza, los médicos tradicionales curan la leishmaniosis con medicina natural, pero se necesitaba evidencia científica. “El Ministerio de Salud accedió porque en ese período había una crisis y no había Glucantimi, que es el tratamiento. Participó un médico tradicional y el tratamiento fue súper efectivo. En el laboratorio se hizo la prueba, se comprobó leishmaniosis cutánea, luego se dio el tratamiento, su curó y ni cicatriz quedó. De nuevo, se hizo la prueba en el laboratorio y dio negativo”, explicó. 

La directora del Instituto referido agregó que promueven la investigación en salud, desde un enfoque intercultural, a fin de promover la medicina tradicional ancestral, rescatar estas prácticas y documentarlas.

El citado Instituto también colaboró con la elaboración del Modelo de Salud Regional, aprobado en 1997 por los Consejos y Gobiernos Regionales. “Desde la academia, iniciamos haciendo un análisis con las autoridades de salud y se vio la necesidad de que el personal se apropiara de los conocimientos tradicionales no para que lo implementen, sino para que entiendan, comprendan y respeten las realidades que hay en las comunidades, con base a la medicina tradicional ancestral”.

Para Serafina, las comunidades han sobrevivido por la medicina tradicional. “Al día de hoy, en la Costa Caribe, tenemos problemas de atención por la misma situación geográfica”. 

La socióloga y docente universitaria, Arely Barbeyto, ha realizado investigaciones enfocadas en el género, la violencia y la cultura política, con visión intercultural. El rol de las misquitas en la guerra de los ochentas en el sector del Río Coco y el proceso de reasentamiento, ha sido una de sus investigaciones.

“Una parte de la población se fue a Honduras y la otra se quedó en Nicaragua, en Tasbapri. Las mujeres de los asentamientos provisionales hondureños anhelaban volver a Nicaragua, tenían una profunda inestabilidad por la falta de potenciación de sus capacidades y por la división de la familia. Por el contrario, en Tasbapri las mujeres tuvieron más elementos para alimentarse de esperanzas, reiniciar sus vidas y construir autonomías en términos personales”, asegura la socióloga.  

Agrega que la importancia de tales investigaciones es que no se puede hablar de desarrollo local sino se toma en cuenta la cultura. “Entender la realidad es imposible sin tomar en cuenta cómo la gente vive en sus contextos socioculturales; por ejemplo, cómo acceder a la justicia incorporando la visión de las indígenas. La discusión no es sólo tener acceso a la justicia formal sino a la justicia desde su cultura. Si bien, no podés arrancar la cultura, sí podés readecuarla”. 

Desde esta perspectiva, sus investigaciones han revelado que es necesario incorporar psicólogas y peritos culturales para facilitar a las mujeres el acceso a la justicia. “Son muchas las mujeres que le dicen al juez, que sus maridos están embrujados y por eso las maltratan, esto se entiende como justificación; pero, cómo hacemos lo contrario, con el médico tradicional, nadie más puede hacerlo”, dijo la especialista.

Olvis Herrera Morales (mestizo), estudia sociología con mención en autonomía y valora que la investigación promovida desde la universidad es importante; para promover el desarrollo humano equitativo, con participación de hombres y mujeres, es necesario conocer la situación actual, antecedentes, causas y efectos.

También ayuda investigar desde el contexto, reconocer nuestros derechos e identificar los problemas de la ciudad para encontrar respuestas, añade la miskita, Yolaine Yasira Briman, quien estudia la misma carrera.  

Promover investigaciones con enfoque intercultural ha sido una de las funciones más desarrolladas por las dos universidades caribeñas, afirma el vicerrector de URACCAN, Yuri Zapata. 

“Les llamamos creación y recreación de conocimientos, saberes y prácticas de los pueblos, porque son procesos que desarrollan desde antaño, mediante trabajos investigativos que acompañan docentes en cursos específicos; cuyos resultados son devueltos a la comunidad y presentados en jornadas científicas estudiantiles”, aseguró.

Yamileth Rodríguez, de la BICU, en Bilwi, agrega que “los resultados de las investigaciones son compartidas. Si se desarrolló en una comunidad, es obligación de las y los egresados, entregar a los líderes los resultados de la investigación”, expresó.

URACCAN tiene institutos especializados en recursos naturales, medicina tradicional y desarrollo comunitario, estudios autonómicos, así como el Centro de Estudios e Información de la Mujer Multiétnica (CEIMM). Por su parte, la BICU cuenta con el Centro de Investigación y Documentación de la Costa Atlántica (CIDCA).  

“La BICU ha participado en la construcción del modelo de educación intercultural bilingüe a nivel de primaria y secundaria, específicamente en la traducción y readecuación de los módulos de estudios”, manifestó la Secretaria Académica de la BICU.  

Además, las líneas de investigación de la BICU están en concordancia con el Plan de Desarrollo de la región caribeña, lo cual les ha permitido ofertar carreras que posibiliten la transformación socioeconómica, política y cultural de la región. “Cada área académica, a partir del enfoque científico que tiene, consulta a los gobiernos regionales, municipales e incluso comunales con la finalidad que los resultados apunten a la solución de alguna problemática. Cada que se apertura una carrera se consulta con tomadores de decisiones para que respondan a las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo” señaló la responsable académica.  

Una Producción de Onda Local en alianza con Red Local

En la Costa Caribe, igual que en el resto del país, las universidades no  llevan registro de la cantidad de personas egresadas que logran insertarse en el mercado laboral. Las autoridades universitarias están conscientes de las dificultades que encuentran las y los jóvenes para acceder a un empleo de calidad.   

“El mercado laboral en la Costa Caribe nicaragüense es muy pequeño y no tiene la capacidad de absolver a todos los profesionales que egresan de las universidades”,  asegura Yuri Zapata, Vicerrector de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (UARACCAN).  

La oferta académica es limitada, asegura Jennifer Chávez, de Voces Caribeñas. “Debería haber economía y no existe aquí. Biología marina no hay, cuando sí es una demanda”. Se necesita un estudio para determinar las necesidades de formación técnica y profesional que requiere el municipio de Bilwi, que abra oportunidades de innovación y de desarrollo integral, asegura Chávez.

El trabajo informal, agrega, no ha dejado de crecer  en Bilwi.  Jóvenes venden en las calles, taxean, trabajan en talleres de mecánica, acopian mariscos, entre otras actividades. “Te dicen, mí título ahí está guardado, les preguntás que sos, contador, agroforestal, administrador, sociólogo”.

Olvis Herrera, estudiante de sociología con mención en autonomía, dice que el acceso a empleos de calidad para jóvenes es algo que se debe priorizar en esta región. “Han egresado jóvenes de las universidades de la Costa Caribe, quizás desde hace siete años, es hoy y no tienen un empleo”.

Para Olvis, el problema del desempleo también está relacionado con la falta de integración de jóvenes a espacios de poder. “Vivimos arraigados en una situación en que sólo los adultos quieren estar en esos puestos, los jóvenes no son tomados en cuenta”. 

Ser mujer e indígena provoca doble discriminación y exclusión al acceder a empleos y también hay abuso de poder, manifiesta Yolaine Yasira Briman, estudiante de la misma carrera.

“Para las mujeres es más difícil, tienen que acostarse con el jefe, si la mujer se deja que la toque, que sea su querida, le dan el trabajo, por eso hay muchas jóvenes que no tienen trabajo. En mi caso, mi esposo no me quiere dejar trabajar, por ese mismo problema”, aseguró.

También hay discriminación hacia los comunitarios, agrega Denis Jackson Van. “Solamente al ver que es comunitario, le niegan el empleo, hay prioridad para jóvenes de la ciudad. Muchas jóvenes que son normalistas, andan lavando ropa. Si sólo por el hecho de ser mujer indígena, no encuentran oportunidades, es peor cuando son de las comunidades”.

“Yo no sé si vaya a trabajar, porque hay muchos que salieron hace años, hoy en día, no tienen trabajo. Hay muchos que terminaron sus clases y ahí andan sin nada”, opina otra joven universitaria. 

Ana Toledo, quien estudia ingeniería en sistemas en la Bluefields Indian Caribbean University (Bicu), dice que el acceso al empleo en la Costa Caribe es difícil. “No hay muchos empleos, no hay lugares donde te ofrezcan trabajo, y si hay, el salario no es justo. Por eso, muchos jóvenes del lado de Nicaragua se cruzan para Honduras”. 

Becker Martínez, estudia mecánica automotriz en el Politécnico de Bilwi, su intención, dice, es seguir siendo taxista, pero ya estudiado podrá ayudarle a su papá a reparar el taxi, su fuente de ingresos. “Algunos estudian, pero cuando sacan la carrera, no sacan trabajo, algunos salen fuera del país a trabajar”, dice Becker.   

Para Yamileth Rodríguez, secretaria académica de la BICU, si bien el Plan de Desarrollo de la Costa Caribe, busca motivar la creación de fuentes de empleos, sigue siendo un  reto.

El Vicerrector de URRACCAN afirma que ante la falta de oportunidades para la juventud caribeña, están formando capacidades para que la juventud sea gestora de su propio desarrollo, dándoles clases de innovación, gestión y formulación de proyectos,

¿Podrán las y los jóvenes caribeños generar sus propias iniciativas y no depender del mercado laboral?

La educación intercultural se caracteriza por el intercambio y la interacción entre la comunidad educativa. Su meta, ayudar a las personas a construir sus identidades. Es un enfoque educativo inclusivo, basado en el respeto y la valoración de la diversidad cultural, sin ningún tipo de discriminación.

La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN) y la Bluefields Indian Caribbean University (BICU), basan sus modelos de enseñanza-aprendizaje en un enfoque intercultural.  

Yuri Zapata, vicerrector general de la URACCAN, afirmó que los programas de esta universidad son interculturales porque se desarrollan en las lenguas maternas del estudiantado miskito, mayagna, criol y ramas. Otro elemento es que llevan a las aulas a sabias y a sabios de las comunidades, quienes no necesitan tener títulos para compartir conocimientos, saberes y prácticas, con el estudiantado. “Se ha logrado establecer el diálogo de saberes (…) eso es lo que plantea el modelo pedagógico, la interacción entre el conocimiento ancestral, tradicional y comunitario, con el conocimiento occidental”.

Por su parte, la BICU tiene entre sus ejes transversales la interculturalidad en todas las estrategias pedagógicas, aseguró Yamileth Rodríguez, secretaria académica del recinto de esta alma mater en Puerto Cabezas.  “El modelo curricular incluye la interculturalidad, que se manifiesta en la atención individual a cada estudiante (…) hablando en su lengua materna”.

Olvis Herrera Morales (mestizo) y Yolaine Yasira Briman Cerapio (miskita), estudian  Sociología con mención en autonomía en la URACCAN. Coinciden en que la educación intercultural es uno de los ejes y valores fundamentales que la universidad ha aplicado, ya que garantiza la convivencia y armonía entre pueblos indígenas, mestizos y afro-descendientes; y fomenta la no discriminación.

Inculcar la tolerancia a las diversas expresiones culturales, es otro de los elementos de la educación intercultural, aseguró la secretaria académica de la BICU Puerto Cabezas. Esta visión es también compartida por el Vicerrector de URACACAN. “La interculturalidad tiene como principio el reconocimiento de las diferencias de los otros, que te pueden reconocer como diferente, pero con iguales derechos”.

Kelly Latino, también estudiante de URACCAN, afirma que la interculturalidad promueve que no haya choques ni discriminaciones entre estudiantes. Ana Toledo, estudiante de ingeniería en sistemas en la BICU, expresó que le gusta conocer la cultura de otras etnias, de criollos y mestizos, y la universidad posibilita ese especio de intercambio en un ambiente de respeto.  

Reconocer su historia

Otro elemento de la educación intercultural, según Yuri Zapata, es que las y los estudiantes reciban una clase de la historia de la Costa Caribe. “Porque somos una región diferente, porque contamos con un modelo de autonomía, de salud regional y de educación autonómica regional. Tienen una clase de cultura obligatoria, intercambian expresiones culturales como bailes y terminan la clase con una feria gastronómica, presentaciones de platos típicos de las diferentes etnias… “. 

Nubia Hammer, asesora de la Asociación de Mujeres Indígenas de la Costa Atlántica, AMICA, asegura que adaptan los programas de estudio. “En la UNAN-León, los estudiantes no miran derecho autonómico, pero acá tienen que tener ese conocimiento”.

La URACCAN también imparte diplomados comunitarios dirigidos a líderes comunitarios. “No necesitan tener primaria, ni secundaria aprobada, los hacen líderes comunitarios que nunca han tenido acceso a la formación; y se les imparte liderazgo comunitario, resolución de conflictos, derechos humanos, indígenas, colectivos, derechos de los pueblos indígenas, el marco autonómico o jurídico que rige a la comunidad”.

Educación para la autonomía y para el desarrollo local

La oferta académica de las universidades de la Costa Caribe de Nicaragua está enfocada en la formación de mujeres y hombres que respondan a la autonomía de los pueblos y a la autonomía regional. Las carreras siempre están vinculadas a las necesidades y el potencial de desarrollo de la Costa Caribe, según el vicerrector de la URACCAN.

En esa misma dirección se expresó Yamileth Rodríguez, quien afirmó que buscan el “beneficio de la transformación socioeconómica, política y cultural de la región. Aquí tenemos bastantes recursos naturales, BICU ofrece ingeniería agroforestal, que apunta a la conservación y preservación de los recursos naturales; sabemos hay procesos de concesiones para la conservación de los recursos, entonces se apunta mucho a la regeneración de los bosques. Otra de las carreras es ingeniería ambiental, que buscan dar respuesta al deterioro ambiental debido a su sobrexplotación en la región”.

Una producción de Onda Local en alianza con Red Local

Eduardo Vásquez, de 23 años y licenciado en Enfermería, me traslada en su taxi blanco hacia el Parque Central de Juigalpa. A la mayoría de quienes conducen taxis, basta hacerles un poco de plática, para que cuenten historias sorprendentes, de esas que hacen que los recorridos se hagan cortos. Me bastó con preguntarle si ser taxista en Juigalpa era un oficio rentable, a lo que Eduardo respondió con su historia:

“Ser taxista, aunque es trabajo honrado, no es lo que yo quiero, pero es lo que tengo en este momento, porque como enfermero, que es mi carrera profesional, lo que estudié en la UNAN, no hay mucha oportunidad aquí en Juigalpa. Y así pasa con mucha gente que conozco, que son taxistas, mecánicos, venden frijoles o tiene algún negocito en el mercado, porque como ingenieros o licenciados la cosa está más difícil. Y como taxista, logro resolver el día con los gastos de la casa”.

Una vez en el parque, un numeroso grupo de personas jóvenes, acomodadas en las bancas, andenes, gradas y sobre el antiguo quiosco musical, sonríen como hipnotizados, tras observar, casi sin parpadear su celular. Aprovechan la conexión inalámbrica como parte de un ritual que se repite cada día a toda hora. “Son las nueve y media de la mañana (jueves) y como no hay nada más que hacer, entonces el Facebook o ver videos de youtube, es el pasatiempo de un montón de jóvenes, incluyéndome”, mencionó Celeste Arróliga de diecinueve años.

Pero en el caso de Stephanie, de 17 años y acompañante de Celeste, su presencia en ese lugar se debe a que un agente de ventas de una empresa de telefonía móviles, le prometió un trabajo pero la oportunidad no se dio. “Mirá yo apenas salí de quinto año y no he pensado en estudiar porque de todas maneras vos ves que no vale la pena, con un montón de chavalos que estudiaron y no están haciendo nada. Aquí la manera es encontrando a alguien, “una pata” como se dice popularmente, para que te ayuden a conseguir un trabajo, pero también es difícil”.

A juicio de María Regina Alvarado, de la Red de Mujeres Chontaleñas, la situación de empleo juvenil en Juigalpa ha venido empeorando a falta de un Plan de Desarrollo Local, que integre educación y considere las características culturales y naturales de la localidad.

Explica Alvarado, que junto a los grupos de la organización han reflexionado de la existencia de una cantidad de universidades (al menos diez), “que nos dejan súper contentísimas por una parte, pero luego pensamos en que si vale la pena realmente lo que se están haciendo, porque después los chavalos salen y qué pasa afuera; se encuentran con el desempleo, porque lo que estudiaron no responde muchas veces a una necesidad de Juigalpa, y por tanto, no tienen demanda”.

Sería lo ideal un plan de desarrollo Local, agrega María Regina, pero dice desconocer que exista alguno. “Hace años hablábamos de programas de desarrollo, no de planes, pero hemos venido retrocediendo porque en la actualidad hay muchos compromisos político–partidarios, que han cambiado la cosa”, agregó.

Hace dieciséis años (2000) el Concejo Municipal de Juigalpa hablaba de la necesidad de emprender una etapa definitiva de desarrollo económico y social que permitiera un salto hacia la calidad de vida para sus habitantes.

Analistas locales coincidieron en ese entonces que el municipio de Juigalpa, en Chontales, carecía de un plan estratégico que propiciara su desarrollo integral. El profesor Erwin de Castilla, quien se desempeñó como concejal municipal, lideraba el comité técnico que apuntaba a cambios culturales a través de la educación para mejorar la organización social e incentivar la producción. Sin embargo, nada de eso ocurrió.

Consulté a la docente universitaria y concejal municipal María Luisa Rojas, de la existencia de un Plan de Desarrollo Local, y contestó de inmediato: “Nooo, nosotros lo que tenemos referido a planes, es el Plan de Inversión Municipal, que tienen que ver principalmente con proyectos de orden de infraestructura, pero que no van más allá… No es trascendental en aspectos sociales, educativos. Imagínate que tampoco existe una comisión referida al desarrollo local. Las que destacan son las comisiones de infraestructura, de gobernabilidad y social, esta última dedicada en estos meses a hacer coordinaciones relativas a las celebraciones de la purísima. Y así andan las cosas aquí en nuestra alcaldía”.

Con más de diez universidades y centros de educación técnica en Juigalpa, es notable que la educación es incompleta, afirmó la concejal Rojas.

“Estas instituciones educativas se han convertido en un negocio que prioriza su crecimiento económico por encima de la calidad de educación que ofrecen a sus estudiantes sin responder a ningún plan, porque no se conoce de estudios de mercado; y luego vemos que muchas carreras dan bola, otras no. La gente elige qué estudiar a la zumba marumba, a veces, y el sistema educativo en Nicaragua no ha diseñado un test o mecanismo que ayude a identificar las cualidades de las personas y las potencialidades de los territorios.”

Imelda Hitcher, docente universitaria de la Universidad Rubén Darío, coincide con la concejal, al mencionar que cuando las y los estudiantes salen del quinto año, no hay personas o mecanismos, encargados de la orientación vocacional. “Salen desorientados, sin ideas claras de lo que quieren, afirmó.

De acuerdo a la docente Hitcher, la situación se torna más complicada cuando en conversaciones con jóvenes universitarios sobre sus expectativas, le han expresado que si no tienen “pata” o influencias, o no logran conseguir el aval del secretario político de su comunidad (del FSLN), entonces es muy difícil poder optar a una oportunidad empleo. Otros están esperanzados a que cuando salgan, la alcaldía o el gobierno deben de ofreceles un trabajo y esto no ocurre, y eso les decepciona”.

Una salida a la problemática podría ser la promoción del emprendedurismo, apunta María Regina Alvarado, ya que no existe en las y los jóvenes una visión clara de desarrollo, porque nunca la aprendieron o se las enseñaron. Agrega que la juventud, estudia una carrera porque deben de cumplir con una actividad, “como un pasatiempo” para complacer a sus familias. Pero la decisión, de elegir una u otra carrera, no responde a una lógica de desarrollo que demanda las propias características y contextos en su comunidad. “No más se trata de estudiar por la obtención del cartón (diploma), y luego termina amontonándose en la casa y realizando otras actividades que les generen ingresos”.

En un breve sondeo con ciudadanía, señalan que Juigalpa se está llenando de especialistas en Farmacia, Derecho, Administración y Contabilidad, dejando a un lado carreras que podrían aprovechar el alto potencial natural de la región, en la producción de alimentos o la promoción del turismo.

En ese sentido el gobierno ha hecho un gran esfuerzo, afirmó Waskar Beteta, técnico del Instituto Nacional Tecnológico, quien declaró que “desde los centros técnicos se ha promovido la formación de jóvenes en diversas actividades”. No obstante, dijo que aunque su institución tiene una fluida relación con las autoridades locales, desconoce un plan de Desarrollo Local que funcione como guía  que oriente el camino o prioridades de formación de acuerdo a las características de Juigalpa. Algo que a su juicio, cambiará desde 2017, “debido a las recientes orientaciones de la compañera Rosario Murillo (vocera gubernamental), las que dio a conocer hace pocos días (18 de noviembre)”.  

Según Rosario Murillo, en el diario electrónico 19 Digital, se está elaborando la estrategia y materiales del Programa Educativo “Aprender, Emprender, Prosperar”, en todos los niveles de educación para el ciclo 2017, desde donde se pretende promover la creatividad, el espíritu de innovación, actitudes y capacidades emprendedoras en las y los estudiantes. “Ahora sí, las cosas serán mejores” concluyó un motivado Waskar Beteta. 

¿Será que con la orientación de la vocera presidencial se alcance desarrollo local en Juigalpa?

Una producción de Onda Local en alianza con Red Local

Tras más de 24 horas sin información del paradero de Mairena varios organismos de derechos humanos han realizado diferentes consultas con las autoridades migratorias, judiciales y policiales del puesto migratorio de Los Chiles en Costa Rica pero dichas autoridades dicen desconocer el paradero de Mairena. Según el comunicado, familiares de Medardo Mairena recibieron información sobre la detención del líder campesino por parte de las autoridades nicaragüenses.

La noche de este sábado Mónica López asesora legal del movimiento campesino se hizo presente en la Dirección de Auxilio Judicial en Managua acompañada de representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos para pedir información sobre el líder anti canal, La Policía Nacional no dio ninguna información. 

Medardo Mairena, coordinador del Consejo Nacional en defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía, fue liberado 40 horas después de haber permanecido en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) conocida como El Chipote. “Me tuvieron dos días en El Chipote, sin darme la posibilidad de llamar a mis familiares para avisarles donde estaba”.   

Mairena dijo que fue detenido por la policía nicaragüense, sin tener ningún delito ni orden de captura, mientras regresaba de Costa Rica de atender una situación de salud de uno de sus hijos.   

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció y condenó la  detención de Medardo Mairena, considerando el hecho como una grave  violación a los derechos humanos.

El Cenidh informó que Medardo Mairena fue sacado a las cuatro de la mañana del 3 de septiembre de 2017, de las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial “El Chipote”, y traslado por la policía hacia Nueva Guinea. 

“El Cenidh considera ante la aparente rectificación de parte de la policía nacional, que se ha cometido una violación a los derechos humanos,  por lo cual deben responder las autoridades responsables. Esa acción represiva constituye un mensaje intimidatorio en contra de todas las personas que defienden sus tierras ante la amenaza que representa el proyecto canalero”.

El organismo de derechos humanos exigió que se investigue y se esclarezca la detención arbitraria por más de 40 horas de la que fue víctima el líder campesino.

“La modalidad empleada por la policía para capturar desarraigar, incomunicar y privarle de sus garantías del debido proceso a Medardo Mairena desvirtúa  sus facultades legales para detener durante 48 horas para investigar, y se asemeja a un secuestro”, agregó el Cenidh en su comunicado.

Mairena dijo que hace responsable el Gobierno de Nicaragua y a la Policía Nacional, ante cualquier cosa que le pueda suceder.

Unas sesenta plataformas, entre organizaciones nacionales e internacionales ambientalistas, de jóvenes, mujeres y defensoras y defensores de derechos humanos; y más de 130 personas a título individual, se pronunciaron este miércoles por la defensa del ambiente y el bienestar común en Nicaragua.

En conferencia de prensa, se le dio lectura a un documento que contiene una propuesta de Decálogo para la Sostenibilidad del Desarrollo y el Bienestar Común de la Sociedad Nicaragüense.

“Reconocemos que el urgente ordenamiento del país, tomando en consideración las cuencas hidrográficas como unidades territoriales, es la mejor opción para planificar el adecuado manejo y aprovechamiento sostenible de nuestro ambiente y recursos naturales y la mejor forma de enfocar el desarrollo económico para garantizar el bienestar de los presentes y futuras generaciones” argumentaron las organizaciones en su pronunciamiento.

El doctor Jaime Incer, firmante del pronunciamiento, agradeció a organizaciones y personas firmantes, quienes a juicio del ambientalista, muestran su preocupación por las múltiples complicaciones que acarrean los irresponsables manejos gubernamentales del territorio, que a su juicio comprometen el futuro económico, social y el bienestar de la población nicaragüense.

Agregó que el propósito es desglosar cada uno de estos “Diez Mandamientos” para promover la opinión pública en torno a los desaciertos cometidos tanto por el sector público y privado en contra del territorio y los derechos de vivir  en un país limpio, libre y próspero.

PRONUNCIAMIENTO NUMERO 2
DECÁLOGO PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL DESARROLLO Y EL BIENESTAR COMÚN DE LA SOCIEDAD NICARAGÜENSE

Plataformas, redes, colectivos, organizaciones y movimientos ambientales, de mujeres, feministas, jóvenes y defensores/as de derechos humanos unidas y abajo suscritas:

Reconocemos que el urgente ordenamiento del país, tomando en consideración las cuencas hidrográficas como unidades territoriales, es la mejor opción para planificar el adecuado manejo y aprovechamiento sostenible de nuestros ambientes y recursos naturales y la mejor forma de enfocar el desarrollo económico para garantizar el bienestar de las presentes y futuras generaciones.

Bajo estas premisas, lamentamos que no exista hoy en día voluntad ni interés de gobernantes y gobernados para corregir la grave situación en la que actualmente se encuentran nuestros recursos naturales, que son la base de la producción nacional, especialmente en este país tropical, mayormente agropecuario, donde la capacidad productiva depende de la existencia y buen manejo de dichos recursos (aguas, suelos, bosques, biodiversidad, etc.).

Reconociendo, además, los evidentes riesgos de los inesperados cambios climáticos, siendo el territorio nacional uno de los más vulnerables a sus efectos dentro de la escala mundial de riesgos naturales.

En consecuencia, quienes suscribimos consideramos que deben ser motivos de preocupación y atención nacional, las siguientes situaciones:

1. La destrucción continua y acelerada de la cobertura forestal, siendo los bosques el importante recurso que conserva, regula y protege suelos, aguas y aire.

2. La reducción cada vez más acelerada y escasa del agua potable, insuficiente para satisfacer las necesidades perentorias de la población nicaragüense, especialmente en los tiempos de sequía.

3. La excesiva utilización de suelos y aguas superficiales y subterráneas concentrada en monocultivos de agro-exportación, en detrimento de su variada utilidad para la gran mayoría de la población y sin la compensación adecuada para la reposición de dichos recursos y mejoramiento de sus cuencas.

4. El uso excesivo de agroquímicos, algunos de ellos erradicados y prohibidos internacionalmente, debido a la contaminación que producen en suelos, aguas y aires en los lugares donde se aplican, lo cual repercute negativamente en la salud de la población que se encuentra expuesta a sus deletéreos efectos.

5. La acelerada intervención humana sobre las Áreas Protegidas y Reservas Naturales que son los únicos oasis de biodiversidad donde se refugian y reproducen las especies de flora y fauna silvestre de la cual se derivan múltiples usos ecológicos y económicos, en beneficio de todos los estratos de la población nacional. Igualmente nefasta es la destrucción de los manglares que son los viveros de la bio-producción costera y marina para consumo humano o su aprovechamiento.

6. La pérdida y disminución de los recursos del mar por sobre-explotación, usando métodos y artes de pesca inapropiados (pesca con bombas, tendido de nasas, etc.); además de la explotación en las playas y refugios donde anidan las tortugas marinas, las que también son sacrificadas mar adentro para extraerles los huevos antes que lleguen a la playa. Igualmente grave es la contaminación de las playas con bolsas plásticas que la marea acarrea, afectando la vida marina y a las especies (tortugas, delfines y peces mayores, etc.), que se atragantan con dichas basuras flotantes.

7. La proliferación de basuras sólidas y sustancias no biodegradables que se encuentra abundantemente regadas en ciudades, patios y caminos, con la consecuente proliferación de vectores causantes de las continuas y frecuentes epidemias que atentan contra la salud de la población.

8. La acelerada proliferación de concesiones mineras y sus afectaciones a la vida terrestre, ribereña, lacustre y litoral, incluyendo las afectaciones a la salud humana de las personas que trabajan en tales empresas, o viven cerca de los territorios minados. Esta es una actividad donde el beneficio resultante es de pocos en detrimento de muchos.

9. La ineficacia e ineficiencia en la promoción de la educación ambiental en todos sus niveles que conduce a estrategias y soluciones erróneas de quienes toman decisiones relacionadas con la planificación del desarrollo y bienestar de las generaciones presentes y futuras.

10. La falta de cumplimiento y atenuación de los instrumentos legales que protegen de manera preventiva el medio ambiente y sus recursos naturales, incluyendo la falta de cumplimiento de los compromisos regionales e internacionales que Nicaragua ha suscrito y obligado ante las organizaciones mundiales.

De manera especial, manifestamos nuestra preocupación frente a los argumentos aducidos por algunos grupos del sector privado nicaragüense, que ponen de manifiesto la falta de visión y conocimiento que existe sobre la explotación de los recursos naturales en aras del “progreso”, sin tener en cuenta las serias afectaciones que hoy sufre la naturaleza en Nicaragua.

Esta no puede seguir subsidiando el desarrollo del país, en especial si se dispensan o debilitan los controles ambientales para seguir promoviendo el mal manejo y la explotación exhaustiva de sus recursos y ambientes naturales, evidenciando también la falta de responsabilidad para las presentes y futuras generaciones, condenadas a vivir o heredar un país despojado de sus mejores oportunidades económicas, ecológicas y sociales, los tres pilares que aseguran el bienestar nacional y sustentan nuestro futuro.

Managua, Nicaragua, 4 de octubre del año 2017.

En el siguiente enlace usted podrá suscribir el primero y segundo pronunciamiento:

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A través de compras, asociaciones e inversiones en medios de comunicación, la familia presidencial nicaragüense pretende controlar el contrapoder de la prensa y centraliza la información en la vicepresidenta Rosario Murillo, como una forma de afianzar su poder político y económico.

Cuando Daniel Ortega retornó a la presidencia de Nicaragua en 2007, la familia presidencial nicaragüense no contaba con el control mediático en el país, particularmente de los medios televisivos. Solamente tenía a su alcance el Canal 4, la Nueva Radio Ya y Radio Sandino, pero no eran suficientes para controlar a la opinión pública.

Hoy, de nueve canales en televisión abierta (VHF) que existen en Nicaragua, ocho son controlados por la familia Ortega-Murillo, que dirige los canales 4, 6, 8 y 13 y el sistema informativo de Canal 2. El otro grupo de medios los controla el empresario mexicano-estadounidense, Ángel González (canales 2, 9, 10 y 11) y que también se consideran como dentro de los medios afines a Ortega.

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“Vamos a usar nuestros medios, para que nuestra información salga incontaminada, directa”, remarca la Estrategia de Comunicación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (ECGRUN) que se conoció en 2007.

La familia Ortega Murillo ha acaparado medios de comunicación desde que se dio cuenta del papel que estos juegan para el ejercicio del poder. Desde afianzar sus programas hasta limitar que otros actores puedan expresarse”, asegura Guillermo Rothschuh Villanueva, quien ahora funge como Director del Observatorio de Medios del Centro de Investigaciones de la Comunicación, CINCO.

                                             Presidente Daniel Ortega y vicepresidenta Rosario Murillo 

Antes, Rothschuh fue jefe la Dirección Nacional de Medios de Comunicación durante el primer gobierno de Daniel Ortega, en la década de los 80.

Aunque el artículo 68 de la Constitución Política de Nicaragua asegura que el Estado debe vigilar que los medios de comunicación no sean sometidos a intereses extranjeros, los oligopolios de Ortega y González se fortalecieron, violando cualquier normativa, asegura la investigación “Entre la censura y la discriminación: Centroamérica Amenzada”, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC.

Por ello, había apremio para crear un sistema de medios propios, -medios de la familia y la comunidad-, como les ha nombrado Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua. Así, ha sido notoria la inversión de la familia presidencial en el fortalecimiento, compra y creación de medios de comunicación. A ello, se suma el control de los medios privados y el uso de la publicidad como premio-castigo.

El modelo de comunicación implementado por Daniel Ortega y Rosario Murillo busca que los medios de comunicación dejen de ser contrapoder y convertirlos en vocerías oficiales para afianzar su poder político y económico.

Rothschuh Villanueva asegura que la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), que debiera supervisar a estos medios, históricamente “ha funcionado supeditado a los intereses del Ejecutivo”.

Orlando Castillo, director del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) y ex gerente de Canal 4, ha sido “condescendiente al otorgar nuevas licencias y favorecer así a quienes lo pusieron en el cargo, impulsando en la práctica un proceso discrecional de asignación de frecuencias a favor del duopolio mediático”, aseguró el reconocido periodista Carlos Fernando Chamorro.

El punto de inicio de toda esta estrategia fue cuando en 2010 se materializó la compra de Canal 8. Carlos Briceño Lovo, ex propietario, confirmó la venta del canal en enero de 2010.

Briceño no quiso revelar a quiénes les había vendido la televisora, pero el cambio fue notorio. Cuando se concretó la transacción, no sólo cambió de imagen la televisora. La parrilla de programación empezó a retransmitir las noticias de Telesur y los noticieros del Canal a proyectar los logros del gobierno de Ortega y de su esposa, Rosario Murillo. Pocos días después, Rafael Paniagua, gerente de Albanisa, revelaría que Albanisa había comprado el Canal 8.

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“Es cierto, compramos Canal 8 y qué tiene de extraño que aparezca ALBA-TV”, dijo Paniagua en una entrevista.

La compra de la televisora osciló entre los diez millones de dólares. Alba Petróleos de Nicaragua, SA (Albanisa) es una entidad mixta venezolana-nicaragüense, creada en 2007 para administrar los fondos que Nicaragua recibe de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). Con la bonanza petrolera, Albanisa creó un portafolio de negocios privados, vinculados a la familia presidencial de Nicaragua, entre los que destacan plantas de generación eléctrica, exportaciones agropecuarias, transporte, equipos de construcción, finanzas, ganadería, importación y distribución de combustible, Hotel Seminole y Telenica Canal 8.

TELCOR registra en su sitio web a los Operadores de Servicios de radiodifusión. La licencia de Telenica Canal 8 aparece a nombre de Televisora Nicaragüense S.A., pero no hay detalles de sus accionistas. El único nombre que figura en los documentos públicos es el de José Jorge Mojica Mejía, en su calidad de Apoderado Generalísimo de Televisora Nicaragüense S.A., señalado en diversas investigaciones periodísticas como testaferro de Daniel Ortega.

José Jorge Mojica Mejía es un personaje clave en los negocios de la familia presidencial. Fue miembro de la seguridad personal de Daniel Ortega. También figura en la Gaceta como Rector de la Universidad de Tecnología y Comercio (UNITEC), a la que el Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) aprobó el proyecto denominado Hotel Escuela PlayaMarbella, representada por Cony del Socorro Mejía Zelaya.

El 21 de mayo del año 2010, mediante la Resolución Administrativa No 254-2010, TELCOR autorizó la renovación de la licencia presentada por José Jorge Mojica Mejía, para continuar operando y prestando el servicio de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (FM) como servicio de interés general, a través de la Estación Denominada Radio 1, utilizando la frecuencia 101.9 MHz. Posteriormente, se conoció que la televisora adquirió también la emisora ROCK FM que funciona en la frecuencia 105.3 FM, antes denominada Radio Tiempo. La Fundación Somos TN8 también está vinculada a Televisora Nicaragüense S.A., cuya personalidad jurídica fue aprobada el 21 de marzo de 2012.

Difuso Comunicaciones, también dirigida por Juan Carlos Ortega Murillo, hijo del presidente nicaragüense Daniel Ortega y de la vicepresidenta Rosario Murillo, también ha sido favorecida por TELCOR de manera expedita, como ha señalado Guillermo Rothschuh.

          Dr. Guillermo Rothschuh Villanueva, director Observatorio de Medios de Comunicación. Foto/ Carlos Herrera.

Mediante una resolución de TELCOR se asignó a Difuso Comunicaciones el nuevo Canal 22, a solicitud de Danilo Rafael Lechado Cruz, en su calidad de Representante Legal de Difuso Comunicaciones S.A.

En su resolución, TELCOR justificó que no hubo oposición a la solicitud presentada por Difuso y que ésta cumplió con los requisitos técnicos y económicos, por lo cual decidió entregar la licencia.

La producción de los spot de la campaña 2016 del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y del Consejo Supremo Electoral (CSE), el órgano que organiza y dirige los procesos electorales en Nicaragua, estuvo a cargo de la empresa del hijo del presidente Daniel Ortega y de la Vicepresidenta Rosario Murillo.

En el canal de YouTube de Difuso Comunicaciones se puede ver una galería de videos, entre los que destacan la campaña “Orgullo de mi país”, spot de la campaña electoral del FSLN de 2016 y video musical del Consejo Supremo Electoral (CSE) promoviendo el voto. Esta empresa también controla la publicidad en exteriores y en los buses de la capital. 

El 13 de junio de 2011, inició transmisiones el nuevo canal de la familia presidencial nicaragüense, Viva Nicaragua Canal 13, dirigido por Camila, Luciana y Maurice Ortega Murillo, hijas e hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, diez días después que TELCOR autorizara la frecuencia.

Seis días después de autorizar la licencia de Viva Nicaragua Canal 13, el 9 de junio de 2011, TELCOR emitió una nueva Resolución Administrativa, otorgando a la empresa CELESTE S.A., la licencia del Canal 47 en la banda UHF.

TELCOR no ha actuado con la misma celeridad con otras solicitudes de licencias. Radio Palabra de Mujer, ubicada en el municipio de Paiwas, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, tiene más de diez años de estar tramitando una frecuencia. Otras emisoras locales, quienes prefieren no ser mencionadas, han hecho solicitudes y renovaciones de permisos, pero no han tenido éxito.

Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es uno de los representantes de organismos internacionales que muestra su preocupación por el acaparamiento de medios de comunicación en Nicaragua, como lo expuso en el marco de la Conferencia de Periodismo de Investigación #Colpin2016, realizada en Panamá.

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“Tenemos varios puntos de preocupación, en particular la concentración de medios en pocos propietarios, entre ellos, la familia del presidente de la República y Ángel González, que en general es un empresario que pone los medios a disposición de los gobiernos, por lo tanto, eso genera poco pluralismo”

El periodista Carlos Fernando Chamorro, al conocer la venta de la televisora Canal 8 a la familia presidencial, con supuesta inversión del gobierno de Venezuela, decidió trasladar sus programas de televisión Esta Semana y Esta Noche a Canal 12, el único medio de televisión en señal abierta, que hasta la fecha, ha escapado del poderoso grupo amasado por Ortega.

Chamorro aseguró que lo más grave que ocurre en su país es que la Constitución señala que el Estado debe impedir la concentración de medios. “Pero el Estado hace lo contrario. En este caso, el representante de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, Orlando Castillo, más bien es cómplice o juez y parte. El Estado no sólo no aplica la Constitución sino que impulsa un proceso discrecional de asignación de frecuencias”.

El 31 de marzo de 2017 se transmitió la última edición del programa Onda Local en Radio La Primerísima. La Asociación de Profesionales de la Radiodifusión Nicaragüense, APRANIC, propietaria de La Primerísima, notificó por escrito la cancelación de la transmisión de Onda Local, un espacio de comunicación independiente, ajeno a intereses estales, religiosos y corporativos.

El cierre de Onda Local, aparentemente fue una decisión de APRANIC, pero esto se debe, de acuerdo al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) a que medios como éste, que son críticos al gobierno, son cerrados por no aceptar la difusión de su propaganda.

Así lo expresó el Centro en una misiva enviada al Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza. La suspensión de Onda Local no ha sido un caso aislado; es parte de la estrategia del gobierno de Daniel Ortega para acallar las voces críticas e instalar su discurso como verdad absoluta. Para lograrlo, emprendió un proceso de concentración y control de los medios de comunicación.

El Gobierno de Ortega además de controlar casi la totalidad de los medios de comunicación, promueve el ahogamiento económico de medios, no investiga las agresiones hacia periodistas, cercena la información y no permite cobertura de medios independientes. Desde 2007, no hay periodista nicaragüense al que le haya concedido una entrevista, menos dar conferencia de prensa. En los actos públicos, recurrentemente mantiene una guerra verbal contra periodistas y medios independientes, llamándoles “agentes o peleles del imperio”.

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“No existe ningún tipo de censura a los medios de comunicación; ni se les impide su circulación y difusión”

La posición del Gobierno de Daniel Ortega frente a estos señalamientos sólo se conoce cuando tiene que comparecer ante instancias internacionales. El siete de mayo de 2014, Nicaragua presentó en Ginebra, Suiza, su segundo informe en materia de derechos humanos como parte del Examen Periódico Universal (EPU). Igual que en 2010, países como Uruguay, Costa Rica, Estados Unidos, Austria e Israel recomendaron al Estado de Nicaragua garantizar el pleno ejercicio a la libertad de expresión y la pluralidad e independencia de los medios de comunicación.

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“Olvidate del periodismo en que ustedes van a determinar lo que se publica o no. Ustedes no son los que mandan en el país”

María Elsa Frixione, de la delegación nicaragüense en Ginebra, respondió que en Nicaragua “no existe ningún tipo de censura a los medios de comunicación; ni se les impide su circulación y difusión”. Paradójicamente, ese mismo día fue cerrado el programa Zona Libre TV, que transmitía en Canal 7, cable local del municipio de San Rafael del Sur, Managua. El cinco de julio de 2017, el asesor para asuntos económicos del presidente Daniel Ortega, Bayardo Arce, arremetió contra Leonor Álvarez, periodista del diario La Prensa, despejando cualquier duda sobre la posición del gobierno nicaragüense frente a los medios independientes: “olvídate del periodismo en que ustedes van a determinar lo que se publica o no. Ustedes no son los que mandan en el país”.

La Red Local presentó este martes 17 de octubre, los resultados de una encuesta de la oferta y demanda de pasantías a estudiantes universitarios, para la cual se tomó una muestra de 542 boletas, que se aplicaron en 18 universidades adscritas al Consejo Nacional de Universidades (CNU) en Managua, León, Juigalpa, Bluefields, Rivas, Granada y Matagalpa. Los resultados incluyen los datos de un sondeo virtual que contó con la participación de 28 empresas privadas vinculadas a la Unión Nicaragüense por la Responsabilidad Social Empresarial (uniRSE) y entrevistas con sectores claves.

Amaru Ruiz, coordinador de la Red Local, manifestó que el objeto de la encuesta es analizar la situación de las pasantías en el país, “relevando principalmente la opinión y experiencia de pasantes de universidades públicas y privadas, con el propósito de proponer un protocolo de regulación de las pasantías que beneficie a todos los actores involucrados”.

El 71 por ciento del total de personas encuestadas, aseguraron que habían realizado al menos una pasantía. La duración más común de la última pasantía realizada fue de 2 á 3 meses, representando el 55.3 por ciento y de duración entre cuatro y seis meses para el restante el 29.8 por ciento.

Ruiz enfatizó que en el 53.7 por ciento de los casos, fueron las y los estudiantes quienes concertaron su pasantía, mientras que sólo el 31.9 por ciento fue la universidad. Los datos reflejan el bajo nivel de interés de las universidades en el proceso de práctica profesional del estudiantado.

Otro dato que llama la atención es que un 67.7 por ciento de estudiantes dijeron que realizan sus pasantías en micro, pequeñas y medianas empresas, frente a un 29.34 por ciento que las realizó en grandes empresas e instituciones. Por si fuera poco, el 72 por ciento aseguró no haber recibido ninguna retribución económica, frente a un 28 por ciento que sí la recibió. Dónde está el aporte de la gran empresa, se cuestionaron entre murmullos las y los presentes.

Ver más resultados del Estudio de Pasantías (Presentación cortesía Red Local)

De los resultados, se propone un Protocolo de Pasantías, a fin elevar la calidad y mejorar las condiciones de pasantes. Según afirmaron los organizadores, el protocolo contiene “las condiciones mínimas que se deben abordar en cualquier acción de regulación de las pasantías. Además, la retribución económica o en especies, duración y horarios de la pasantía, condiciones de seguridad social, certificación, seguimiento, tutoría, evaluación...”, entre otros aspectos.

Los detalles de los resultados de la encuesta y la propuesta de “Protocolo de Pasantías en Nicaragua”, serán presentados en el Foro Nacional: Oportunidades de empleo decente para la juventud nicaragüense”, a realizarse el miércoles 18 de octubre.

Este miércoles 18 de octubre llegaron al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) mujeres y hombres procedentes de Las Segovias, en el Norte del país, para presentar una denuncia colectiva de violaciones a sus derechos humanos, económicos, políticos y ambientales.

Líderes de diferentes municipios y comunidades segovianas denunciaron la inseguridad y la violencia a la que están siendo sometidos desde 2011, ya que ese año se asesinó a una familia en El Carrizo y posteriormente en 2016, en Ciudad Antigua se asesinó a José Nahúm Mendoza Arriola y Margarito Mendoza Sevilla, cuyos familiares estaban presentes en la rueda de prensa, delitos están impunes a la fecha, que han aumentado la zozobra en Las Segovias. 

“Nos preocupa especialmente lo que vivimos ya como una especia de terrorismo de Estado, se está sembrando el miedo en muchas comunidades, como mecanismo de control”, aseguró Haydee Castillo defensora de derechos humanos quien encabezaba el grupo.

Denuncia ambiental

De igual manera manifestaron la destrucción de pinares que está ocurriendo en la cordillera de Dipilto; y la sequía y el bajo caudal de muchos ríos en la zona, por el avance de proyectos mineros en diferentes comunidades incluida la Mina San Albino, donde A. C. Sandino comenzó su gesta libertaria.

Demandaron justicia al Presidente de la República, Daniel Ortega, así como el restablecimiento del orden constitucional en las comunidades segovianas; e instaron a otros territorios a unirse, iniciar un proceso de intercambio y construir propuestas que den salida a las realidades difíciles que se viven en toda Nicaragua.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) envió carta al Jefe del Ejército de Nicaragua, a la Directora de la Policía Nacional y la Fiscal General de la República,  exponiendo la grave denuncia de muerte violenta del señor Marco Antonio García Joya, de 30 años edad. García Joya, campesino de la comunidad Avión Quemado en el departamento de Jinotega, en el Norte del país, murió a manos de un grupo de oficiales del Ejército Nacional, el 29 junio recién pasado, se lee en la denuncia.

La acusación ante el Cenidh la presentó Cora López García, ex pareja de García Joya, el 11 de septiembre acompañada de su padre. Cora detalló los hechos ocurridos en la madrugada de ese día, destacando que la acción de los militares fue presenciada por sus hijos, Gerald de doce y Yeril de siete años.

Los ocho militares que conformaban el grupo, no respetaron la vida de Marco pese a sus súplicas y a que se había entregado. Le dispararon cuatro veces en una esquina de la habitación donde dormía minutos antes, según su esposa. A Gerald, el hijo mayor, le rasgaron su camisa, en uno de los últimos disparos. Ella fue sacada a empujones de la vivienda, luego que los militares descubrieran la pistola que había puesto en una tabla (trozo de madera); y aprovechó la situación para correr hasta la iglesia más cercana.

El grupo de militares estuvo en la comunidad hasta horas del mediodía, señala en su denuncia Cora, quien agrega que al retirarse se llevaron consigo dos vacas por parir, dos vaquillas y una yegua, de las que la familia tenía sus documentos legales. A los militares no les importó el cuerpo acribillado a balazos, ya que elaboraron comida en la misma vivienda, sin permitir que las y los comunitarios retiraran el cadáver.

Cora narró ante el organismo de derechos humanos el periplo que ha tenido que hacer en busca le regresen los animales, sin lograrlo. En el puesto militar de Plis, los oficiales  ahí acantonados le manifestaron que la tropa a que ella se refería había “hecho desastres” y que no solamente su ganado se habían llevado; y la enviaron al municipio de Wiwilí, donde acudió a la policía, pero fue enviada al puesto del Ejército, donde le quitaron los documentos legales del ganado.

Dicho puesto militar se comunicó con el puesto de Jinotega, donde la acusaron de haberse corrido con un arma de guerra (AK). Un oficial le manifestó que a su marido lo habían matado por ladrón y porque tenía cinco fusiles AK, y que el día del suceso ella estaba pastoreando ganado, lo cual manifiesta que es falso ya que cuando llegaron los militares, se acababa de levantar y su marido aun dormía.  

Un equipo del Cenidh viajó a la comunidad y constató la condición económica de la familia, los hijos confirmaron los difíciles momentos vividos. Se verificó el peligro a que está expuesta Cora, sus hijos, así como su madre y su padre, por la denuncia.

El Cenidh demanda a las autoridades señaladas:

1. Una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos denunciados
2. El respeto del proceso judicial establecido, correspondiendo a la policía y no al ejército, el orden interno nacional
3. Que las instituciones citadas, en el ámbito de sus competencias, adopten las medidas correspondientes dirigidas al cese de acciones que arriesguen la vida y la seguridad de las personas
4. Castigo a los responsables del hecho
5. Medidas tendientes a la protección y seguridad de la familia afectada

Descargue la denuncia realizada por el Cenidh

Mientras Ronald recorría el área de cultivo de su familia y llenaba  un costal con banano, caña, papaya, agüacate y yuca, se estremeció al escuchar  disparos. El temor  lo invadió,  por lo que  decidió regresar a  su casa.     

“Cuando pasé por el trillo, ahí por el silo, salieron tres uniformados como del ejército nicaragüense. Yo les hablé en miskito, pero uno de los uniformados me trató y me dijo que no era miskito. Ahí fue cuando me dio un culatazo y desde el suelo pude ver como a setenta elementos uniformados y otros de civil. Eran los colonos”. 

El relato de Ronald Maclovio Eliseo, de la comunidad de Francia Sirpi, a 56 kilómetros de Waspam,  Río Coco, en el Caribe Norte, detalla cómo sobrevivió la  tarde del 15 de julio de 2015, cuando sujetos desconocidos golpearon su cabeza y le dieron un disparo.  

“Querían amarrarme de las manos pero me solté. Para defenderme saqué mi machete y escuché el sonido de algo muy fuerte. Me dispararon con una escopeta (calibre) 12 en el pecho. Yo salté al lado del camino y corrí por medio de la montaña. Mientras huía, más adelante vi cómo los armados torturaban a la gente de la comunidad".

Cinco charneles se introdujeron cerca del corazón de Ronald. Otros dos hombres y una mujer de la comunidad también resultaron con heridas de bala. 

Lo ocurrido en Francia Sirpi, es reflejo del conflicto histórico por la tierra, el cual desde 2014, ha visto intensificado una lucha armada entre los llamados colonos y las poblaciones miskitas, que afecta a más de cincuenta comunidades, pero con especial atención en doce comunidades de los Territorios Indígenas de Li Aubra, Li Lamni y Wangky Twi Tasba Raya, donde el alto riesgo es una realidad.

Escuchá edición de radio de Onda Local:    "Zozobra y violencia por despojo de tierras indígenas"

Escuchá a continuación radiorreportaje:    "Violencia por despojo de tierras a indígenas"

Amador Francis, quien fungió como Wihta Tara (juez comunitario) de Francia Sirpi entre 2013 y 2014, relató que desde el 2010, después del Huracán Félix, fue testigo de la entrada de colonos a sus bosques y territorios desde el sector sur, por el municipio de Rosita, pasando por Risco de Oro, Sasha y Sumobila, en el caribe norte de Nicaragua. Según Francis, afectando ríos y cerros.

Desde entonces, el establecimiento de campamentos de colonos mantienen en vilo a las comunidades indígenas de Francia Sirpi, Río Wawa, Santa Clara, La Esperanza y Wisconsin, en Territorio Wangki Twi Tasba Raya. De igual manera a las comunidades de San Jerónimo, Santa Fe, Esperanza Río Coco, Cocal, Klisnak y Naranjal en Territorio Li Aubra y Wiwinak en Territorio Li Lamni; localidades que hasta la fecha registran un total de 32 personas asesinadas, 44 lesionadas, 22 secuestros y cuatro personas desaparecidas como producto del conflicto por el territorio en el caribe norte.

Lamberto Chow, coordinador de la Comisión de Derechos Humanos en Waspam, dice conocer de primera mano los acontecimientos y señala a los representantes de la ocupación de tierras indígenas, aunque no muestra pruebas que lo respalden. "Hermano usted sabe que tenemos una Ley que la tierra indígena no se vende, no se graba, no se compra, pero los líderes han sobrepasado… El mismo Brooklin Rivera ha vendido tierra, Carlos Alemán ha vendido tierras. Hay documentos en nombre de esos señores…”, afirma.

Desde Onda Local hemos intentado conocer la versión del diputado de YATAMA, Brooklin Rivera y el coordinador del Gobierno Ragional, Carlos Alemán, pero no respondieron.

Y aunque la Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua, Ley 445, de 2002, reconoce los derechos de las comunidades indígenas sobre los territorios, la violencia a raíz del conflicto de tierra, no se detiene, relata Amador Francis.

“En 2017, ocho de marzo, yo estoy trabajando en la vega del Río Wawa… Nos cayeron otras tropas de colonos y nos dispararon señores… Entonces tuvimos que defender nuestra vida para poder salir de esa situación. Yo disparé… sí… entonces viene en voz alta gritando, aquí andamos cazando… Mire señores, le digo yo también, con voz alta, aquí no te pertenece nada señores, pueden retirarse de la zona… Entonces ahí pasé desde las 2:45 hasta las 5:45. Desde el 2014 a 2017 tres enfrentamientos me ha pasado en mis propios terrenos de siembro. Andan agresivos por las tierras indígenas y acabar con nosotros”.

“Fue doloroso porque nosotras hemos sentido en el corazón esa amargura que nos han puesto, porque algunas comunidades hondureñas no quisieron recibirnos. Teníamos que andar humillándonos y nos hemos sentido abandonados”. - Abandonados por ¿quién o quiénes? - “la policía y el ejército han dicho que el gobierno no ha dado autorización para que ellos se metan en este asunto. Por eso mi pueblo se organizaron para hacer el autosaneamiento, porque tiene que defender la comunidad”, agregó.

Alex Fernández, alcalde del municipio de Waspam, analizó que “la cosa” (conflicto por las tierras) está un poco calmada, aunque reconoce que es relativa y no es sinónimo de que la situación se va resolviendo. “Por un lado, la parte internacional vemos que siempre está ese proceso de protección a más comunidades y a nivel de las comunidades está la incertidumbre”, manifiesta. - ¿Pero qué ha hecho el gobierno local para contribuir a la solución del conflicto? - A juicio del edil miskito, desde inicios del conflicto, era requerida una comisión de alto nivel. Afirmó que  hace meses ha recibido llamadas por parte de los líderes de los colonos “pero estamos viendo que no sólo como autoridades municipales podemos dar respuesta a eso. Estoy esperando que El Estado tome cartas en el asunto”, concluyó.

Batalla legal en búsqueda de justicia

La versión del Estado de Nicaragua, referido a los conflictos en las comunidades indígenas y afrodescendientes vinculados a problemas de propiedad, fue abordada en parte por Javier Morazán, Director de la Unidad Contra Delitos del Crimen Organizado, del Ministerio Público de Nicaragua. Morazán manifestó que la posición de Nicaragua se basa en datos de La Policía Nacional, la cual informa que la violencia, ocupación o desplazamiento, responden a denuncias que se originan de conflictos familiares, herencia, propiedad y rencillas personales, violencia intrafamiliar, violencia cometida bajo la influencia de estupefacientes, bandas de asaltantes dedicadas al abigeato y otros delitos comunes.

A continuación, fragmento de la comparecencia del representante del Estado de Nicaragua, durante el 156 Periodos de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH:

El desinterés mostrado por el gobierno de Nicaragua, evidencia una actitud racista hacia el pueblo miskito, interpreta el defensor de derechos humanos Lamberto Chow. "Somos miskitos y para mí, el Gobierno de Nicaragua es racista. Yo recuerdo en los años 88 y 89, (Daniel) Ortega venía aquí a Waspam a cada rato porque quería ser presidente”, afirmó Chow, aunque, después que Daniel Ortega llegó al poder, se olvidó del pueblo indígena; y un ejemplo es que en Managua hay tantas viviendas dignas, pero en la Costa Atlántica no hay viviendas dignas, sostuvo.

A lo expresado por Lamberto, se suman otra cantidad de necesidades como la educación y la salud en las comunidades. Ramos Astin Brown, uno de los líderes del Territorio Wangky Twi Tasba Raya, explicó que en sus comunidades, se necesitan psicólogos para atender a las personas, quienes han visto alterados sus nervios por las detonaciones de balas y el acoso incesante de los colonos en sus territorios.El Estado de Nicaragua es el responsable de esta situación, agregó Ramos. “Consecuencia a esta invasión, el Estado de Nicaragua tenía la facultad de hacer el saneamiento, que es la quinta etapa de demarcación. Pero por no hacer este trabajo, nosotros nos hemos metido en complicaciones”.

La violencia generada por el despojo de las tierras indígenas y el desentendimiento gubernamental, hacen más compleja la vida de las y los indígenas del Caribe Norte. Un territorio con altos niveles de violencia en contra de las mujeres, que se manifiesta principalmente en femicidios, violencia sexual y muertes maternas. Y que por otra parte los recursos naturales del territorio, son un blanco para los intereses extractivistas del gobierno de Nicaragua. 

Municipalistas nicaragüenses coinciden en que hay una estrategia del Gobierno Central para mantener a la gente entretenida y están usando los  presupuestos municipales para ese propósito.

Juan Humberto García, se gana la vida haciendo plantillas y zapatos ortopédicos en una calle del municipio de Chinandega. Para él, la alcaldía municipal ha invertido mucho dinero en el embellecimiento de la ciudad y en la construcción de parques. “Mucha gente no está de acuerdo en andar sólo embelleciendo los alrededores, y las calles no se preocupan por repararlas”.

Ulises Pérez, taxista, añadió que la municipalidad está haciendo “demasiados parques y uno necesita otras cosas. Aquí en Chinandega, nos quitaron el hospital del niño y no lo han vuelto a hacer. El hospital del niño urge más que un parque”.  

Por su  parte, Diana Amador, vendedora de muebles rústicos en el mercado de Chinandega, dijo que la municipalidad debería invertir en las calles y en resolver el problema de la basura. “No se invierte en eso, sino que invierten en otras cosas. Está muy bueno que apoyen a los deportistas porque antes no se miraba eso, pero hay otras prioridades como la reparación de las calles y el ordenamiento del mercado”.

En 2017, de acuerdo a información del Sistema de Transferencias Municipales (Transmuni) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Alcaldía de Chinandega presupuestó 65 millones 705 mil 487 córdobas (unos dos millones 154 mil 278 dólares) para la construcción del parque de gran atractivo y del parque de ferias. Además, unos 15 millones de córdobas (casi medio millón de dólares) fueron destinados al deporte, incluyendo el Campeonato de Béisbol Germán Pomares Ordoñez, la Liga de Boxeo Alexis Argüello, la Copa Sandino, el Fútbol de Primera División y los Juegos Deportivos Centroamericanos.  

“Eso lo que te quiere decir es, cuál es la prioridad política del gobierno central. Yo digo, es como pan y circo. Aquí se demolió un hospital infantil, diciendo que estaba malo y se hizo un parque. Ahora andan buscando otro terreno para hacer otro mega-parque, y realmente la necesidad de la población no es esa. Si hay que divertirse, yo no estoy en contra que hagan cosas bonitas a los niños, pero hay que determinar las prioridades”, manifestó el municipalista Pablo Medina.    

Para Medina, el problema de fondo es que los gobiernos locales han perdido su autonomía. El presupuesto municipal consultado, es cosa del pasado. “Prácticamente las municipalidades como instituciones desaparecieron hace unos años. Desgraciadamente el plan de inversión municipal ya no responde a las necesidades de las personas. Como las alcaldías se han convertido en delegaciones del gobierno central, el municipio se ha vuelto un ejecutor de inversiones públicas”.  

Para Juan Humberto García, el pueblo presidente no existe más. “Ahora todo ha cambiado, vas a platicar con la alcaldesa, te dice, de Managua viene la dirección, aquí no tiene potestad la alcaldesa”. 

Escuchá más detalles en este reportaje de Onda Local 

La debacle de la autonomía municipal empezó con la neutralización del diez por ciento que se entrega a los municipios como transferencias, desde el Presupuesto General de la República. Paradójicamente, funcionarios gubernamentales y autoridades locales del Frente Sandinista, que en los dieciséis años  pasados encabezaron la lucha por la descentralización, ahora son sus principales verdugos.       

Las transferencias municipales en Nicaragua eran de libre uso. Los municipios decidían de manera autónoma, en consulta con la población, en qué invertir. No obstante, a partir de 2012 el gobierno actual las convirtió en destino específico, al condicionar el 22.5 por ciento de las mismas a sectores que no son competencia directa de los municipios, aseguró el municipalista Gilberto Lindo, en la edición de Onda Local del 27 de octubre de 2017.  

Para Gilberto Lindo, hay una clara directriz del gobierno central que obliga a las municipalidades a financiar políticas públicas nacionales con el objetivo de mantener entretenida a la gente.

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Los gobiernos locales están financiando el deporte nacional: La Liga de Beisbol Superior Germán Pomares Ordóñez, el Campeonato Nacional de Boxeo Alexis Argüello, el Fútbol de Primera División y los XI Juegos Deportivos Centroamericanos. Además, invierten millones de dólares en parques de gran atractivo y parques de ferias, así como, celebraciones de las purísimas, fiestas patronales, ferias, piñatas, tiangues y otras festividades tradicionales. 

       Foto/Garin Fons. Tomada de https://www.flickr.com/photos/mrgarin/2969850143/  

Para la también municipalista Haydée Castillo, del Institutito de Liderazgos de Las Segovia (ILLS) no se necesitan lentes para ver que existe una política del gobierno central que quiere mantener a la gente entretenida en ferias y piñatas; mientras las necesidades esenciales de la población están siendo postergadas e ignoradas. 

Según Gilberto Lindo, en el año 2017 los municipios están destinando unos 3,100 millones de córdobas en parques de gran atractivo, parques de feria, cultura y deportes, 30 por ciento de los presupuestos municipales. Además, los municipios están pagando 603 millones de córdobas en deudas que contrajeron el año pasado para la compra de terrenos y construcción de los parques de gran atractivo. “Estos proyectos son bonitos, pero no siguen los procesos establecidos en las leyes municipales, ni son consultados con la población (…) Hay una directriz que decide qué se va a hacer, y abajo (en el Concejo Municipal), sólo se ratifica”, expresó. 

Para Castillo “estamos viendo una desproporcionalidad y una desatención total a las necesidades prioritarias de la población. A mí me encanta el deporte y sé que al pueblo le gusta el deporte, nadie está negando que el deporte no sea importante, pero cuando vos administrás un municipio, tenés que preguntarte cómo vas a hacer el equilibrio”.

Solamente para los XI Juegos Deportivos Centroamericanos, los municipios aportan 543 millones 326 mil 366 córdobas. En el siguiente mapa se puede mirar el desglose por municipio.  

El país ha llegado a una situación donde los gobiernos locales no deciden nada. “Se acabó la autonomía municipal, se acabó el ejercicio del gobierno local, todo está centralizado en la Presidencia de la República”, lamentó Haydée Castillo.

Priorizar el deporte local

Casi la mitad del presupuesto de inversiones del municipio de El Castillo, Río San Juan, está dirigido a los proyectos del gobierno central, parques de gran atractivo, de feria, festividades religiosas y apoyo al deporte. 

Pero, las autoridades locales dan preeminencia al deporte nacional y no al local. Según Gabriel Jaime Rodríguez, de la Federación Municipal de Futbol de El Castillo, es insólito que la alcaldía aporte 129 mil 754 córdobas para la Liga Nacional de Fútbol, cuando el departamento de Río San Juan no participa en dicho torneo. Jaime calcula que del 4% del presupuesto para deportes, sólo el 1% se queda en el municipio. “Es una cosa de distribución de recursos que no está favoreciendo el deporte en el municipio de El Castillo”.

El apoyo al deporte nacional es una orden que las municipalidades tienen que acatar, agrega Jaime. “Lo veo a nivel de mandato, a nivel de directriz que les bajan desde el nivel central a las municipalidades para que aporten. Debemos tener obligación con lo que estamos organizando internamente, y si el gobierno quiere destinar recursos para un evento nacional que destine, pero no que nos quiten del presupuesto que es limitado, con tantas necesidades a nivel de las comunidades, eso es ilógico”.

Detrás de esta estrategia, el partido gobernante busca votos, expresa Victoria López, de la comunidad Santa Isabel del Pajarito. “Ellos quieren ganarse a la juventud (…) se están dedicando a complacer a la juventud porque piensan que así van a seguir dando el voto”.

Xiomara del Carmen Vásquez de Boca de Sábalos, coincide con Victoria. “Ellos quieren ganar juventud para la candidatura que viene. Necesitan tener a la población ganada con diversas actividades que a los jóvenes les gusta. Es dineral derrochado me parece a mí, hay que poner más seriedad”.

Victoria López Urbina afirma que en su comunidad la prioridad no es el deporte sino el camino, porque trasladarse desde Santa Isabel del Pajarito hasta Boca de Sábalos es difícil, cuatro horas a pie, tres a caballo y una en camión. “Hemos hablado incluso con el mero alcalde, en el 2014 nos prometió que en el 2015 ya tenía todos los planes hechos, en el 2016 todavía no había terminado los planes, en el 2017 nos prometió llevarnos la carretera a Santa Isabel, lo cual fue una mentira, porque ya se terminó el año. Ahora dice que hay que esperar, que si vuelve a ganar, hay esperanza, que votemos por él, porque si no seguiremos igual”.

                   Parque de Ferias del municipio de El Castillo,Río San Juan. Foto/Onda Local

En El Castillo no podían faltar parques de gran atractivo y de ferias. En ambos, la municipalidad presupuestó casi 20 millones de córdobas, pero en opinión de ciudadanas y ciudadanos consultados por Onda Local y Radio Voz Juvenil, se debió atender proyectos como caminos, aguas negras, reparación de calles y ordenar la entrada de Boca de Sábalos.

Escuche más detalles en este reportaje de Onda Local   

En el municipio de Bluefields, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, el cuadro también está rayado. Se imponen los proyectos del gobierno central, pese a que la demanda de la población es diferente.

Radio La Costeñísima preguntó a ciudadanas y ciudadanos qué consideran como prioritario para su municipio. Everit Davis, declaró que la Alcaldía de Bluefields debe priorizar la reparación de calles. Por su parte, Kenny Williamson opinó que la limpieza de Bluefields, especialmente de la bahía, además de resolver el problema del agua potable.

Cornelio Kelly, también de Bluefields, aseguró que la municipalidad no está haciendo las cosas de forma correcta “porque a veces hay que consultar con el pueblo, para que sea partícipe y se entere de lo que están haciendo con los fondos. Ellos hacen sus consultas, en sus cabildos, pero no participa toda la gente. Las cosas se vuelven más difíciles cuando al dinero se le da un uso que no es correcto. Si la basura de Bluefields es un problema, se debería invertir en eso. Las calles y los cauces se tienen que arreglar”.

Casi 16 millones de córdobas están destinados al deporte. En Bluefields hay consenso que se debe priorizar el deporte local. “No se puede estar financiado cosas que no nos corresponde al municipio. El mismo pueblo es el que sale afectado”, aseguró Kelly.  

Kenny Williamson manifestó que “los impuestos están desviándose para otros lados y nada se está invirtiendo en Bluefields. Deberían estar pensando en cómo mejorar la infraestructura deportiva, no sólo la reparación del estadio Glorias Costeñas, crear campos de fútbol o un espacio donde los chavalos puedan boxear, pero vemos que no se está invirtiendo absolutamente nada en eso”. 

Para Keyla Chow “el deporte es sano y se puede financiar, pero también está la necesidad de crear empleos”.   

Matagalpa también prioriza parques y deportes

El gobierno del municipio de Matagalpa gasta 64.5 millones de córdobas en parques y deportes. De las 134 alcaldías administradas por el partido de gobierno, es la única que no desglosa cuánto aporta al Campeonato Germán Pomares Ordóñez y a los Juegos Deportivos Centroamericanos. 

Aun así, las prioridades de la población no son deportes ni parques de gran atractivo. Bayardo José Siles Rodríguez, consultado por Radio Vos, dijo que es de “urgencia política, el rescate de la autonomía municipal”. Añade, que en correspondencia con la Ley de Municipios, la Alcaldía de Matagalpa, debe atender la situación de la niñez inhalante y contribuir a la reducción y prevención de los femicidios”.  

“En vez de construir un mega-estadio, hubiésemos construido centros de albergue para las personas con post traumas de guerra, para la niñez, más centros de salud. Yo reconozco que la recreación es un derecho ciudadano. Los parques que se han hecho, están ahí bien pintaditos y bonitos, pero están vacíos porque la urgencia es por sobrevivir y buscar el alimento”. 

La Ley de Municipios, en su Arto. 7 establece las competencias municipales, el numeral 10, dice que deben promover el respeto a los derechos humanos y en especial los derechos de la mujer y la niñez. Con base a ello, Claudia Tenorio Rizo, señala que se hace urgente que la alcaldía tenga programas de desarrollo para mujeres, pero lamentablemente ha sido una deficiencia. “Los femicidios, el abuso a niñas y adolescentes, no deben ser ignorados. Es importante la recreación, el deporte. Sin embargo están estos temas prioritarios”.  

En Matagalpa también hay aceptación a lo deportivo porque ayudan a la juventud, pero también hay coincidencia que no se puede estar por encima de las demandas de la población.

“Es bueno que apoyen al deporte, pero se debe priorizar lo que realmente importa, darle respuesta a las necesidades de la población, componer las calles, las alcantarillas”, aseguró Reyna Isabel Sánchez.  

“Se están desviando nuestros impuestos para otras cosas. Se incentiva el deporte en la juventud, por una parte. Pero, me gustaría que lo inviertan en el proyecto del alcantarillado”. Agregó que su barrio lo ha gestionado desde hace quince años; hasta ahora, les prometieron respuesta.  

Candil de la calle…

En su plan de inversiones 2017, el municipio de Camoapa prioriza parques de gran atractivo y financia el deporte nacional. Destina un poco más de 20 millones de córdobas.   

El concejal Alejandro Ortega, en entrevista con Radio Camoapa, dijo que nunca estuvo a favor de la aprobación de dicho presupuesto. “Como concejal recomendamos que eso se destinara a promover el deporte municipal como la liga campesina, el futbol, el boxeo y el béisbol y todas las disciplinas deportivas de Camoapa”. 

Pero, el gobierno municipal actual se ha convertido en administrador de las transferencias municipales, porque todas las orientaciones le vienen del Gobierno Central y definen proyectos que no son prioridad para el pueblo de Camoapa. “Es importante un parque de gran atractivo, pero a la gente a nivel urbano le interesa el problema del agua, adoquinar las calles; y nivel rural, la primera prioridad son los caminos. La orientación que viene de arriba es, esto vas a hacer y punto, y aquel alcalde que no hace caso a las orientaciones, lo sacan”.   

El también concejal, Leonardo Barrera, reconoció que lo único que se ha discutido en el Concejo Municipal de Camoapa es al apoyo al equipo de Boaco que participa en el Campeonato Germán Pomares Ordóñez. “Yo nunca he estado de acuerdo porque es demasiado dinero y es muy poco el rendimiento del equipo de Boaco. Al béisbol campesino apenas le dan 16 mil córdobas, una miseria”. 

Andrés Mendoza, historiador de Camoapa, está en desacuerdo que se programen fondos sólo para cumplir orientaciones. “El municipio tiene que apoyar a su gente. Camoapa carece de Infraestructura deportiva. Si el béisbol es el deporte rey, en Camoapa lo que tenemos es un potrero, a pesar de que ese terreno fue donado a la municipalidad hace más de 70 años y el donante soñaba que ahí iba a haber un estadio. Sin embargo, los recursos se trasladan a Boaco para financiar al equipo departamental que participa en  el Germán Pomares Ordóñez.

Por su parte, Berta Duarte Rodríguez, manifestó que no es posible que los impuestos que paga la ciudadanía se estén destinando a otras actividades, en este caso el Germán Pomares, teniendo Camoapa muchas necesidades, como el mismo estadio de béisbol. “Para mí que el presupuesto, los impuestos se deben invertir en obras de beneficio para nuestro pueblo”.  

Francisco Salazar coincide con Duarte: “No estamos de acuerdo que los fondos que deberían quedarse para apoyar al deporte local, a nuestras ligas a campesinas e infantiles, se vaya a otros municipios y a otras esferas. Para eso existe el Instituto Nicaragüense de Deportes. Los municipios no pueden estar mermando sus presupuestos para aportar a otros sectores”.

Ramón Mendoza, quien se identifica como militante del Frente Sandinista, aseguró que siempre ha estado en desacuerdo con el presupuesto que se asigna al Pomares. “Yo creo que deben darnos las transferencia líquidas, y que aquí, se utilicen de acuerdo a las necesidades de la población. Estas disciplinas deben de tener su presupuesto a nivel de gobierno central y no debilitar las trasferencias que mandan a los municipios. En Camoapa, si hablamos de deporte, un sueño ha sido la construcción del estadio municipal y que se invierta en las ligas campesinas e infantiles”.  

Sin duda, estamos ante un proceso de recentralización y el gobierno central ha puesto la tapa al pomo con la “Agenda de Desarrollo Estratégico Municipal 2018-2022”, que tiene entre sus acciones promover desde los gobiernos locales, el trabajo y las inversiones nacionales e internacionales, dijo el municipalista Gilberto Lindo. “No es una agenda en la que llego a mi municipio, consulto a la población  y decido qué hacer en cada línea de acción prioritaria, sino que se define desde el nivel central”, dijo Gilberto Lindo.

Para que los municipios tomen en cuenta las necesidades de la población, es urgente que la  autonomía municipal recobre vida.

Una producción de Julio López de Onda Local con la colaboración de Radio Camoapa, Radio La Costeñísima, Radio Vos, Radio Voz Juvenil, Radio Caribe y Radio Véritas.

Onda Local entrevistó Juan Carlos Arce, representante del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en Matagalpa, con relación a los hechos de violencia en el municipio de San Dionisio, departamento de Matagalpa. Arce manifestó que el Comisionado Mayor Martín Solórzano le confirmó, vía telefónica, que las personas detenidas en San Dionisio, fueron traslados al Chipote, cárcel de máxima seguridad ubicada en Managua.

Teódula Orozco Ocampo, madre de Elmer Pérez Orozco, de 26 años de edad; María Sánchez Acosta, esposa de Juan Pastor Orellana Flores y madre de Bismark Antonio Orellana Sánchez, de 58 y 17 años respectivamente; Martha Herenia Espinoza Ramos madre de Richard Alberto Espinoza de 24 años; confirmaron que un policía de San Dionisio les dijo que nada tenían que hacer allí porque los presos habían sido trasladados a las 5 de la mañana al Chipote.

Lo ocurrido el 31 de octubre en San Dionisio, durante el cierre de campaña del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), donde centenares de participantes llegaron hasta las instalaciones del Consejo Electoral Municipal (CEM) a protestar por las irregularidades en el proceso, como la negativa del Consejo Supremo Electoral (CSE) de acreditar a 13 miembros de centros de votación que serían sustituidos por suplentes de manera oficiosa, provocó la toma de dichop edificio, agresiones físicas a funcionarios públicos y violencia.

En la madrugada del día siguiente, 01 de noviembre, policías de las fuerzas especiales tumbaron puertas y apuntaron con sus armas de fuego en más de una decena de viviendas del caso urbano de San Dionisio con la finalidad de detener a miembros del PLC. Todo ocurrió sin orden judicial y fuera del horario establecido. Un equipo del CENIDH encabezado por Juan Carlos Arce recabó testimonios de familiares de los detenidos y entrevistó a miembros del PLC, así como a funcionarios policiales.    

Varias personas heridas en distintos niveles de gravedad, daños al edificio y mobiliario del CEM, son parte del saldo. Estos hechos reafirman lo planteado recientemente por el Cenidh, que no existen condiciones que garanticen que la ciudadanía elija libremente a sus alcaldes y concejales. Tampoco hay indicios de que se respetará la voluntad popular que se exprese en las votaciones. La falta de transparencia y  las pretensiones de control absoluto de los órganos electorales municipales constituye el acicate de la indignación popular que da cabida a estos hechos.

El Estado de Nicaragua debe asumir su responsabilidad y no seguir propiciando escenarios de violencia, precisó Juan Carlos Arce.

PEN Nicaragua, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) y la Universidad Centroamericana (UCA) rindieron homenaje a periodistas asesinados y desaparecidos en Honduras, México y Brasil. Por su puesto, se recordó el legado de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, María José Bravo y Carlos Guadamuz, periodistas nicaragüenses asesinados en el cumplimiento de su labor.

El evento “Los que no callaron, sus ideas no mueren”,  se realizó en ocasión del día de difuntos, en “El Paseo de la Memoria” de la UCA.

Gioconda Belli, poeta y escritora nicaragüense, líder del PEN, señaló que en América  Latina el 90 por ciento de los crímenes contra periodistas, han quedado en la impunidad porque nadie ha sido castigado. Sólo de 2004 a 2017 hubo 88 periodistas asesinados en México y 59 en Honduras.

En Nicaragua hemos tenido periodistas asesinados. Pedro Joaquín Chamorro,  María José Bravo y Carlos Guadamuz, recordó Belli. “Hay muchas maneras de matar, no solamente se mata físicamente, está la muerte moral, la muerte del silencio, de la indiferencia (…) Tenemos que perder el miedo a decir lo que pensamos”.

Las y los periodistas que han sido asesinados fueron consecuentes, dieron su vida por no callar, para seguir diciendo la verdad, destacó la poeta Belli.  

El también escritor y periodista Guillermo Cortés, rememoró que el asesinato de María José Bravo ocurrió en un contexto de votaciones municipales. “María José Bravo era periodista de investigación, de las que hurgan entre la basura para poner en evidencia, hechos criminales y de corrupción que otros tratan de ocultar”.   

                                                                     Guillermo Cortés. Foto/FVBCH 

Agregó que el ex alcalde del municipio de El Ayote por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Eugenio Hernández González, estaba incómodo con María José porque investigaba sus vínculos con una banda dedicada al abigeato, extorsión y secuestro. Finalmente, la asesinó el 9 de noviembre de 2004, en las afueras del Centro Departamental de Cómputos de Chontales, que funcionaba en el Instituto Nacional Josefa Toledo de Aguerrí de Juigalpa, cuando cubría las protestas de simpatizantes de la Alianza por la República (Apre) de Santo Tomás y del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de Cuapa, que impugnaban algunos resultados electorales”.    

Para Cristiana Chamorro, directora de la FVBCH, el único delito de las y los periodistas asesinados, fue  no  callarse, decir la verdad. “Compartieron un mismo destino, pero no solamente el de las balas asesinas que los privaron de sus vidas, sino por haber ejercido un liderazgo heroico al servicio de la libertad. Cada uno de estos periodistas fueron fieles a su vocación, a la de ser periodistas independientes ligados a la defensa de la democracia, la de los derechos humanos y la de la libertad de expresión”.  

         Cristina Chamorro, directora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Foto/FVBCH

Añadió que “quienes queremos democracia, libertades públicas y estados de derecho, estamos llamados a honrar el  martirio de cada uno de ellos, que con su sangre sacudieron la conciencia de nuestros pueblos. No queremos más periodistas muertos por asesinos al servicio de las fuerzas tenebrosas”.  

Riesgos y amenazas latentes

Gabriela Selser, periodista y escritora, mencionó que a tres décadas de las guerras que ensangrentaron a Centroamérica, las y los periodistas están en riesgo de muerte. “La defensa de la palabra se ejerce ahora frente al poder del narcotráfico, del crimen organizado, la corrupción política y la impunidad de los gobiernos y los consorcios que destruyen el planeta y asesinan por igual a defensores de derechos humanos y ambientalistas”.

Aunque Nicaragua, dijo Selser, “no ha caído en las garras del crimen organizado, el periodismo sigue siendo una de las profesiones más riesgosas y sometidas a acciones represivas, muchas veces silenciadas desde el poder”.

A criterio de Selser la censura en Nicaragua no funciona hoy de forma explícita, existe de hecho a través de la no aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley No 621), aprobada en 2007 e inmediatamente convertida en papel mojado, pese a que la Constitución Política establece el derecho a la información veraz y completa.  

                                                                                              Gabriela Selser. Foto/FVBCH

Periodistas independientes, nacionales o de la prensa extranjera, no pueden comunicar con libertad, ya que las fuentes de información del Estado están cerradas. La vocería del gobierno está desde hace años exclusivamente en manos de la primera dama y vicepresidenta de la Republica, Rosario Murillo, explicó Gabriela Selser.   

“Talvez el riesgo mayor sea ahora el acostumbrarnos a ver como normal la violencia, el asesinato de periodistas, la censura y las restricciones al derecho de informar y recibir información por parte de los Estados obligados a dar cuentas de sus actuaciones”.      

La dirigencia del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) del municipio de Cinco Pinos, Chinandega, entregó a la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), copias de la publicación del diario oficial La Gaceta, con decenas de nombres de personas fallecidas, migrantes y de otras personas que fueron inscritas sin su consentimiento como candidatos a alcaldes y concejales.

El PLC señaló que el Partido de Restauración Democrática (PRD), el  Partido Conservador (PC) y la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) son las principales agrupaciones políticas que inscribieron candidatos de manera irregular.

Al encuentro con la miembro del equipo de observación electoral de la OEA, asistieron: la candidata a alcaldesa por el PLC, Damaris Sánchez; Esterlin Soriano, candidato a primer concejal; Nery Espinoza, candidato a alcalde por San Francisco del Norte; Sinergia Mendoza, candidata a alcaldesa por Santo Tomás del Norte; Lizandro Láinez, candidato a concejal por Santo Tomás, y Francisco Ochoa, representante legal del PLC en Cinco Pinos.

Artículo 66 sistematizó la lista de algunos candidatos fantasmas que fueron denunciados ante la representante de la OEA, quien pidió una copia de La Gaceta que contenía las pruebas mencionadas. Estos fueron algunos de los casos puntualizados en la reunión.

Candidatos fantasmas en Camoapa 

Otros casos de usurpación de identidades se registraron en el municipio de Camoapa, donde los ciudadanos Vicente Téllez Rodríguez y Rolando Ruíz Boza denunciaron que fueron inscritos sin su autorización como candidatos a concejales por el Partido Restauración Democrática (PRD), informó Radio Camoapa.

“No me he inscrito ni he dado mi autorización para que me hayan inscrito en ese partiducho. No solo yo estoy inscrito, hay cuñados, familiares, tías, amigos que no están apoyando a ese partido ni han dado la autorización para ser ellos agregados a ese partido”, aseguró Téllez en una entrevista con el periodista Raúl Martínez.

El artículo 21 de la Ley de Municipios de Nicaragua, establece que para ser Concejal o Concejala, uno de los requisitos es haber residido en el municipio al menos los dos últimos años anteriores a la inscripción como candidato.    

La nota original fue publicada en Artículo 66

El Consorcio Panorama Electoral presentó su informe de observación de las votaciones municipales 2017. El uso de bienes del Estado para propaganda partidaria, irregularidades en el trámite de cédulas y violencia electoral, son algunos de los hechos destacados en el documento. 

El informe recopila algunas irregularidades que se han presentado antes del 05 de noviembre y que lesionan el derecho de los Partidos Políticos a fiscalizar las votaciones; entre estas se mencionan cambios en la ubicación de fiscales de la zona urbana a rural, acreditación de un menor número de fiscales, expulsión de miembros de Juntas Receptora de Votos (JRV) en los talleres de capacitación impartidos por el Centro Electoral Municipal (CEM), sin justificación y no acreditación de miembros de las JRV.   

Persisten irregularidades en la entrega de cédulas

En relación a la entrega de cédulas, el informe constató que se entregó cédulas a personas no elegibles, en la mayoría de los casos menores de edad. “Esta práctica persiste en 86 municipios del país, destacándose adolescentes que al día de la elección no tendrán la edad legal para votar”, señala el documento.

Al analizar los datos sobre la entrega a personas no elegibles se observó que fue una práctica realizada por el CEM en 65 municipios, el FLSN en 77 municipios, el PLC en 12 municipios y otros partidos en 8 municipios, añade el informe.  “El FSLN supera por mucho a las demás fuerzas políticas en contienda al momento de realizar esta práctica”.

Recursos del Estado en la campaña

La Ley Electoral prohíbe el uso de recursos del Estado para actividades de propaganda partidaria, pero es una práctica que continúa, sin que las autoridades electorales pongan cartas en el asunto.

El Informe del Consorcio Electoral señala que durante el mes de octubre, constataron el uso de recursos del estado, particularmente vehículos, locales gubernamentales y espacios públicos, en actividades de campaña, lo cual atenta contra el bienestar de la población al malgastar los recursos públicos.

Asimismo, advierte que el uso de los recursos del Estado para propaganda partidaria conlleva la pena de arresto conforme a lo establecido en el artículo 175 numeral 8 de la Ley Electoral.

El partido gobernante utilizó recursos del Estado en 141 municipios, el PLC lo hizo en 13 municipios y otras agrupaciones partidarias en 18 municipios, según el informe.

Para el Consorcio Electoral, “el uso de los bienes del Estado por los partidos políticos en general, y mayoritariamente el partido de gobierno, es el resultado del control partidario que ejerce sobre las instituciones públicas y por la falta de aplicación de la Ley por los órganos reguladores”.

Violencia electoral

Según el informe, la violencia electoral se incrementó en 22 casos, distribuidos en 17 municipios. “Se reportaron 36 casos de violencia en 27 municipios del país: violencia física (8), daños a la propiedad (6), difamación  (22). Algunos de estos hechos se registraron en los municipios de Villa El Carmen y Ticuantepe (Managua), San Dionisio (Matagalpa), Santa Rosa del Peñón (León) y La Libertad (Chontales).  

Ocurrió el cinco de noviembre, en el que conforme a la Ley Electoral, las y los nicaragüenses elegirían a sus nuevas autoridades municipales de cara al periodo 2018- 2021. Un equipo periodístico conformado por Onda Local, Artículo 66, Radio Universidad y periodistas de diversos territorios de Nicaragua, se dispusieron a crear una alianza de medios de comunicación, para dar cobertura a una jornada caracterizada por la escasa participación ciudadana, violencia e intentos por cuartar el derecho a la libre información.

Pero una de los aspectos que más atrapó la atención de nuestros equipo de trabajo fue el bajo nivel de participación de la ciudadanía en estas #Votaciones2017. El recorrido por diversos centros de votación en Managua y reportes periodísticos desde los municipios, permitieron presentar un panorama desolador desde las aperturas hasta los cierres en las distintas Juntas Receptoras de Voto, pese a que en algunos casos se observó a colaboradores del Frente Sandinista, trasladar a personas hasta los centros de votación.

Everth Pérez vendía sorbetes en las afueras del Colegio Benjamín Zeledón, en el barrio el Recreo en Managua. Fue testigo de la poca afluencia de votantes en este centro. Cuestiona las votaciones municipales, porque considera que la ciudadanía ha perdido confianza en el proceso. Escuche la entrevista completa:

De acuerdo con el informe preliminar del Poder Electoral, sobre estas votaciones, la participación ciudadana alcanzó entre un 50 y 53 por ciento. Números que contrastan con las evidencias de la desolación en las JRV y denuncias de segmentos ciudadanos a través de las redes sociales.

La tarde del domingo, se mantenía la tendencia, pocas personas votando en el Centro de Votación del Colegio Benjamín Zeledón, donde funcionan 13 Juntas Receptoras de Votos (JRV). Hicimos un recorrido por estas JRV y constatamos cantidades de boletas sin utilizar, cuando sólo quedaba una hora para el cierre de las mismas.

El Consorcio Panorama Electoral calculó un setenta porciento de abstención ciudadana para estos comicios, "un nivel alto, que conicidió con el proceso de votaciones de 2016 (votaciones presidenciales)", afirmó la entidad de observación electoral.

Marvin Vidaurre, coordinador del Centro de Votación del Colegio Gran Ducado de Luxemburgo en Ticuantepe, al ser consultado sobre la participación ciudadana en las votaciones mencionó que la jornada estuvo "un poco regular, porque la gente a veces esperan que llegue la tarde". No obstante, la poca afluencia ciudadana se mantuvo hasta el final de la jornada de votaciones.