De escalada de regresión a los tiempos más tristes que ha vivido el país, calificó Vilma Núñez el reciente asesinato de dos menores de edad por el Ejército de Nicaragua. “No se trata de un hecho dentro de un contexto, sino del asesinato a sangre fría de dos menores de edad, en medio de un contexto de agresión, de violencia” afirmó Núñez el pasado 22 de noviembre, durante la comparecencia en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, de Elea Valle Aguilar quien perdió a su esposo, un hijo de doce años y una hija de 16, en la masacre de San Pablo, en la Cruz de Río Grande, Caribe Sur de Nicaragua.

El Ejército calificó a los muertos de delincuentes, como ha nombrado a los 55 fallecidos en el campo, producto de sus operativos desde hace varios años. Onda Local hizo un recuento en febrero de 2017 de las denuncias de ejecuciones sumarias, las ejecuciones arbitrarias y el asedio al campesinado por parte de ejército.

Lea los artículos Ejecuciones sumarias en Nicaragua y Claman por Justicia y Paz y Ejecuciones sumarias en Nicaragua y Claman por Justicia y Paz.

Francisco Pérez Valle de 12 años y Yojeisel Elizabeth Pérez Valle, de 16 estaban entre los asesinados en San Pablo, la Cruz de Río Blanco. Elea Valle denunció que sus hijos fueron capturados y asesinados; y la adolescente torturada y violada. Ya el Cenidh había dicho que la orden era matarlos.

Ver artículo “La orden era matarlos”. 

Vilma Núñez, presidenta del Cenidh, pidió “no ver el caso como una denuncia más” y llamó a las organizaciones civiles y a quienes defienden derechos humanos, a asumir su rol frente a la situación denunciada. Anunció además que dicha organización dará el acompañamiento necesario a Elea, incluyendo una petición a la Policía Nacional para la proteja y le garanticen la vida, así como la denuncia formal ante dicha institución. Asimismo, la solicitud de medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA para Elea. 

Dejamos a ustedes el testimonio de Elea Valle Aguilar:

¡Justicia, justicia, justicia!, gritaron unas 2000 ciudadanas y ciudadanos que desde distintos puntos del país llegaron a Managua para manifestarse este domingo, en el Día Internacional de los Derechos Humanos.

Como ya es costumbre, la Policía Nacional realizó un operativo de retención a pasajeros que se trasladaban en los distintos medios de transporte; y que se dirigían hacia Managua.

“Una vez más la policía, violentó el derecho a la libre circulación y movilización ciudadana” manifestó el ciudadano Jorge Tercero, quien dijo sentirse conmovido con las tantas luchas que enfrenta el pueblo nicaragüense, ante un gobierno violento y primer violador de la Constitución Política.

Te contamos la marcha en imágenes:

En Santo Domingo, Chontales, el cerro La Pipilacha dejó de existir. 
En Mina La India, León, el agua está contaminada y escasea.
En Rancho Grande, Matagalpa, la minería no ha entrado por la resistencia de su población.
En San Albino, Nueva Segovia, vuelve la amenaza minera contra la que luchó Sandino...

En Nicaragua existen16 distritos mineros y 5 subdistritos. Hay auge de áreas concesionadas, 261 han sido otorgadas para impulsar la minería, 54 en trámite, según datos del Ministerio de Energía y Minas del Gobierno de Nicaragua, hasta el primero de diciembre 2017.

El Programa de Desarrollo Minero del Plan Nacional de Desarrollo Humano dice que la minería tiene impacto en la economía del país, pero no menciona los efectos de la misma en el ambiente y en las personas. Dicho Programa considera que la ampliación de la minería industrial y artesanal es responsabilidad del sector público y de la inversión privada directa; y espera fomentar la inversión privada directa, dirigida a la exploración del  sector minero artesanal e industrial, sin mencionar los riesgos de la misma. 

Bajo el argumento de la ampliación de la minería, el 10 por ciento del territorio nacional ha sido concesionado a empresas mineras, principalmente extranjeras como Triton Minera, S. A. y Desarrollo Minero de Nicaragua, S. A. (DESMINIC) subsidiarias de la canadiense B2Gold; Colombia Mineros S.A, que compró las acciones de HEMCO en Bonanza; y la británica Condor Gold, son quienes están entre las empresas con mayores concesiones. Las de esta última vencen hasta el año 2040.

Nicaza S. A. tiene 14 concesiones distribuidas en los municipios de Boaco, Comalapa, San Lorenzo, Acoyapa, Juigalpa y Teustepe, todos en la zona central de Nicaragua. A estas se suman Corazón Exportaciones S.A. con cuatro concesiones, Minera Los Lirios Honduras, S de R.L Sucursal Nicaragua, con la misma cantidad y Blue Stone Gold Mining con tres concesiones.

En la siguiente ilustración se reflejan las concesiones de minería metálica o industrial; así como las concesiones otorgadas a diversas empresas.

Movimientos sociales en pie de lucha

El avance silencioso de la minería industrial en el departamento de Nueva Segovia se ha topado con la acción decidida de sus pobladores. El 23 de agosto de 2017, tres organizaciones se unieron para denunciar la concesión otorgada por el gobierno de Daniel Ortega a la Nicoz Resourse S.A, subsidiaria de la canadiense Golden Reign y a la Condor S. A.: el Movimiento de Mujeres Segovianas, el Movimiento Segoviano Llegó la Hora de la Acción del Pueblo y el Movimiento de San Antonio de San Albino.

"Estamos alerta", comparte Zaneyda Machado de 34 años, nacida y criada en San Albino, en el municipio de El Jícaro, uno de los 12 municipios del departamento de Nueva Segovia y uno de los destinados a la explotación minera. Zaneyda cuenta orgullosa que es madre de cuatro hijos. "Los he criado y no he necesitado la minería". Su preocupación es que la actividad minera a cielo abierto perjudique al río más largo de Centroamérica: el Coco o Segovia; y a sus afluentes, los ríos Jícaro, Quisulí, Achuapa, Macuelizo, Dipilto, Mozonte, Antigua, Chachagua, Baná, San Fernando, Alalí, Arenales, Lindo, La Horca y Poteca. También podría afectarse la cordillera de Dipilto y Jalapa, área protegida (Decreto 42-91) e  importante reserva forestal del país.  

“En donde se va a explotar, hay un bosque muy bonito y si la explotación a cielo abierto llega ¿qué pasará con este bosque?”, se pregunta Luisa Rodríguez, quien hace pocos días conoció a la alcaldesa de El Jícaro, Thelma Olivas, pero no ha obtenido respuestas a esa duda. "Yo digo que venga la alcaldesa, que plantee con nosotros, que nos explique". 

“Aquí no hay agua potable, la población bebe de pozos”, sostiene Domingo Gutiérrez Machado, líder comunal y quien en habita en una modesta casa de madera y barro frente al Río Jícaro. Para Domingo, la explotación a cielo abierto va a provocar contaminación del río y quebradas, así que para proteger el ambiente y resistir la explotación minera a cielo abierto que pretende realizar La Nicoz Resourse S.A, subsidiaria de la Golden Reign y de la Condor S.A., formó el Movimiento San Antonio de San Albino. 

El despale y la sequía, como fenómenos muchas veces silenciosos e invisibilizados, pero con profundos efectos que generalmente se manifiestan años más tarde, son las amenazas más importantes según sus pobladores. Les preocupa sobre todo el despale intensivo que se está realizando en el bosque de la comunidad, es precisamente a lo que se oponen, reitera Domingo.

“Mientras estábamos en la comunidad, unos 15 hombres despalaban a pocos metros del río Jícaro, estaban socavando unos 20 metros de ancho bajo el argumento de hacer una galería para poner agua y algunas otras cosas”, comenta Domingo en relación a la decisión de la Nicoz Resources de abrir una trocha a orillas del río para que la comunidad de San Pablo, vecina de San Albino, pueda tener acceso a su pueblo una vez que la Nicoz cerque el terreno que le ha sido concesionado por el gobierno y que incluye el único camino de acceso a San Albino y, por lo tanto, el que utilizan sus habitantes para sacar el maíz y los frijoles que suelen vender en El Jícaro. 

El mecanismo de la empresa, es el mismo que usan otras mineras: comprar terrenos con costos menores de lo que valen. La gente afectada suele vender porque se siente acorralada y sin apoyo para dar la pelea con las transnacionales. El resultado es el desplazamiento interno forzado de comunidades campesinas, indígenas, cuyos derechos quedan relegados a un segundo plano. "Es como cortarle los árboles a las aves", compara Domingo, quien agrega que al quedarse sin sus casas, tendrían que migrar. "Son nuestras tierras de donde comemos... ese es el impacto que da para las familias, para las personas, la flora y la fauna". 

"Aquí está el granito que ellos buscan. Por esto aman y por esto es que se desvelan ellos, cosa natural de la tierra que ellos la toman como dueños”, me comenta Nicolás Gutiérrez Centeno, de 73 años y fundador de San Albino, quien me muestra una pequeña piedra con oro que encontró en el río cuando se lavaba la cara. 

El mensaje de Nicolás es que no comercie "porque es como que estén negociando a su madre". Para él, la tierra no es sólo el lugar donde vive y cría a su familia, sino también de donde se alimenta. “Me estoy haciendo más viejo, pero la tierra me está manteniendo”, reitera.

Escuche más en el reportaje radiofónico:

Los pobladores de San Albino históricamente han resistido el avance minero en su zona. En la comunidad aún se observan las ruinas que dan cuenta de la explotación minera de 1926. Se trata de una zona en la que el héroe nacional, Augusto Calderón Sandino, inició su lucha contra la intervención extranjera y la explotación campesina. 90 años después, la historia amenaza con repetirse. 

La situación en la zona se ve agudizada por la falta de socialización de los planes mineros. Como demostración de buen proceder y de voluntad de contar con el aval de los pobladores, algunas mineras convocan a reuniones con la comunidad y demás sectores interesados, pero en realidad la participación en las mismas se limita a las autoridades municipales, sin la presencia de los pobladores o representantes comunales. Se tratan de invitaciones fantasmas a un evento que sólo considera a dos autores: mineras y autoridades. 

El 25 de agosto de 2017, la Nicoz Resourse S. A. convocó a una audiencia pública para presentar un estudio de impacto ambiental del proyecto minero del sector de San Albino, pero cuando llegaron las y los pobladores de la comunidad a la Casa de Cultura del Jícaro, les cerraron las puertas. “Ahí estaban sólo los partidarios de gobierno. Hicieron un acto, era una fiesta la que tenía el gobierno municipal del Jícaro junto con la empresa", asegura Haydée Castillo, del Movimiento de Mujeres Segovianas. 

Castillo se muestra indignada, afirma que la población no ha sido consultada y tampoco se les permitió entrar a la sesión donde la empresa presentaría el Estudio de Impacto Ambiental. "Qué divertido, mandan a hacer una presentación de un estudio cuando hace casi siete años que la empresa tiene de estar allí. Tiene oficinas, tiene campamento y ha hecho un montón de pozos", agrega.

Julio López del equipo de Onda Local estuvo presente en la ocasión referida por Haydée Castillo, y asegura que tampoco pudo participar de la reunión y, por lo tanto, no se trataba de una audiencia abierta. La empresa se escudó diciendo que la gente no quiso participar y que no pueden obligarles a entrar a los recintos.

Julio López entrevistó a Oscar Molina, representante legal de la Nicoz Resourse S. A. al salir de la supuesta consulta, quien aseguró que llevan nueve años en el municipio y que estaban en la etapa de exploración para entrar a la explotación. Admitió que el área donde ubicarán la mina es de 1.2 kilómetros cuadrados. 

Al consultarle por la mitigación del impacto ambiental, Molina afirmó que dan cumplimiento a todas las leyes ambientales y que el trámite del estudio de impacto ambiental fue “consultado y validado” con las autoridades pertinentes. “El trámite de este impacto ambiental nos tomó un año debido a que el MARENA debía revisarlo, la Dirección de Minas debía revisarlo. Ellos venían con comentarios de cosas que teníamos que cambiar.” Dentro de esos cambios están la reubicación de la planta y el almacenamiento de presa de cola. 

También hizo referencia al tema del agua indicando que no habría disminución en la cantidad ni en la frecuencia que suele distribuirse en la zona. “Tenemos un permiso de la Autoridad Nacional del Agua. Ellos vinieron a hacer estudios donde tomaron muestras del caudal, tanto en invierno como en verano y obviamente que la autoridad nacional del agua no va a dejar a las comunidades sin este recurso vital, por lo tanto, nosotros vamos a afectar menos  del dos por ciento lo que es el caudal”. 

El 19 de octubre, el Movimiento de Mujeres Segovianas impidió se diera el visto bueno a la concesión minera a Jorge Luis Rojas, prevista a desarrollarse en “una sesión extraordinaria” del concejo municipal, sin presencia de la comunidad. Sin embargo, la Ley de Municipios y la Constitución de la República establecen que las sesiones del concejo municipal donde se discuten los asuntos públicos, son de carácter abierto a la ciudadanía.

Fue con este argumento que el Movimiento de Mujeres Segovianas, logró detener la intención del gobierno municipal.

A pesar de la histórica resistencia a la minería en Nueva Segovia, hoy pareciera que su actividad económica está basada en la minería. "Jamás pensamos que este modelo neoliberal extractivista fuera la carta que el gobierno del presidente Daniel Ortega nos trajera a la región de la Segovia", asegura Castillo. 

Un total de 133,445 hectáreas de los municipios de Murra, Quilali, Wiwilí, Santa María, Ocotal, El Jícaro y Jalapa han sido concesionadas para la explotación minera industrial; la mayoría, con importantes afluentes del Río Coco. Según Castillo, los gobiernos municipales suelen optar “por lo que les va a generar el montón de dinero” en lugar de dedicar recursos al manejo sostenible de bosques, suelo y agua, que generan beneficios económicos y sociales.

Por tanto, no es de extrañarse que la información en manos de la ciudadanía con respecto a las concesiones mineras sea poca, pese a que sus actividades impactan fuertemente en la calidad de vida. “Aquí mucho se habla también de testaferros y de cómo las empresas van vendiendo la concesión que ellos compran a otros y a otros, para ir de esa manera confabulándose y tapando las verdaderas identidades de quiénes son los que están realmente vendiendo nuestra agua, nuestro suelo” agrega Castillo.

Víctor Campos, director ejecutivo del Centro Humboldt, asegura que desde los años 90 se están entregando concesiones que pueden ser vendidas y la información no es transparente en el Ministerio de Energía y Minas. “Hay concesiones que aparecen, incluso a nombre de personas particulares [y] que ahora están en manos de transnacionales”.

La modalidad de cambiar las concesiones de nombre y de razón social evidencia el cambio de propiedad de las mismas el cual se realiza “a través de arreglos de cúpulas empresariales entre las empresas más grandes”, añade Campos.

También crean empresas subsidiarias en el nivel nacional. “Eso hace que haya una separación y que las responsabilidades no lleguen donde ellos, esa es una forma de operar” agrega el especialista. Cuando se presentan problemas en una de las razones sociales, por arreglos de las cúpulas empresariales, se trasladan una empresa a otra. 

El también ambientalista, rememora el caso de la Texaco Parque Industrial que estaba ubicada en la Colonia Unidad de Propósito, donde se derramaron cinco mil 200 galones de gasolina súper en el año 2003. La responsabilidad original era de Texaco, luego pasó a Shell; en la actualidad dichas empresas son UNO. En la transacción, había derechos y obligaciones, pero por los arreglos, las obligaciones se disolvieron. “Es una técnica que utilizan para evadir el cumplimiento de responsabilidades” señala Campos.

Otra dinámica que surge con las concesiones es que algunas fueron otorgadas hace años, pero permanecen inactivas, sin conocerse nada de ellas. “Los nombres comienzan a sonar cuando comienzan el proceso de exploración y comienzan a intervenir en los territorios”.

La entrega de concesiones, “proceso insuficiente”

En 2001 fue aprobada la Ley Especial para Exploración y Explotación de Minas, Ley No. 387, la cual establece un proceso de consulta para la entrega de concesiones. Para Víctor Campos, dicha norma contempla una acción insuficiente. “Se debería de consultar al gobierno municipal, pero esa consulta no es vinculante”, afirma.

Adelmo Sandino, del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), sostiene que los gobiernos municipales no tienen la facultad para fiscalizar la producción minera, ni para controlar la gestión ambiental. “No tienen voz ni voto”, afirma. Prueba de ello es que aunque rechacen algunas concesiones, el Ministerio de Energía y Minas las puede otorgar y acto seguido Ministerio del Ambiente procede a confirmar. Ahora las concesiones son para exploración y explotación al mismo tiempo”. 

Entregada la concesión, la empresa tiene que solicitar una Evaluación de Impacto Ambiental para el primer proceso de exploración, donde se establece que debe de haber un proceso de consulta, y publicar en dos medios de comunicación de circulación nacional la convocatoria a la misma.

Sin embargo, esto no se cumple en todos los casos. Víctor Campos señala que “es un proceso de participación totalmente limitado porque hay un estudio de Impacto Ambiental que tiene aproximadamente unas 800 páginas normalmente y de eso, lo que ellos ponen y presentan en la alcaldía municipal, es un resumen ejecutivo para que en un período de dos horas, entre 9 y 11 de la mañana, uno pueda leer y sobre eso dar una opinión. Lo que indiscutiblemente no va más allá de un juicio de valor ¨me gusta o no me gusta”.

El 24 de septiembre de 2017, más de cincuenta organizaciones y movimientos ambientales, de mujeres, feministas y de jóvenes, catalogaron de arbitraria la cancelación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto 76-2006) que obligaba a inversionistas a realizar dichos estudios antes de comenzar sus operaciones. Un nuevo decreto, el 15-2017 que deroga al 76-2006, faculta al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) como la única autoridad para otorgar los permisos correspondientes para el uso de los recursos naturales del país, sin necesidad de los estudios de impacto ambiental.

En junio de 2017, La Asamblea Nacional aprobó la creación de la Empresa Nicaragüense de Minas, Eniminas. Una empresa pública descentralizada del Estado, que estaría bajo la rectoría del Ministerio de Energía y Minas. Con la creación de esta empresa se han abierto las puertas a la exploración y explotación minera en áreas de reservas naturales. Se trata de una ampliación de la frontera minera que no necesariamente trae consigo los tan esperados beneficios sociales.

Escuche la edición completa de Onda Local: “Nuevas reglas del juego del sector minero”.

¿Generar empleos justifica contaminar?

Adelmo Sandino, economista del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEEPP, considera que los empleos que reportan las empresas mineras al Instituto de Seguridad Social, unos cinco mil empleos, de un universo de 840 mil afiliados, no representa ni siquiera el uno por ciento de los empleos formales.  
La socióloga e investigadora Lea Guido, ex Ministra de Salud, considera “mito y mentira” la generación de empleo que dicen las empresas mineras que llevan a los territorios. “5,059 asegurados en el 2016, lo que representa el 0.57 del gran total de la fuerza de trabajo cotizante. Además, hay una serie de actividades que ya no quedan en la comunidad porque estas empresas están contratando a otros fuera de la comunidad. Se ha convertido en el tercer producto más importante en las exportaciones de Nicaragua. ¿Dónde está ese dinero? Está en las transnacionales.” 

Boanerge Luna Suárez, del Movimiento Ambientalista Salvemos Santo Domingo, Chontales, coincide con Guido en que es un mito la generación de empleos por las mineras: “La empresa puede generar acá en Santo Domingo unos 100 empleos, la pequeña minería genera más de tres mil empleos. La diferencia es grande”. Añade que la minería artesanal genera alternativas de empleo, crea una cadena de subempleos, que logran mantener la economía de las familias.

Ronald Bayardo García, del mismo Movimiento, asegura que la mejora económica que ha tenido el pueblo es solo una pantalla.
Juan Adolfo Castellón, minero desde los once años, relata que la empresa lo que hace es tercerizar para evitar obligaciones. “Las autoridades municipales se prestaron al juego de utilizar el método de contratista. Ha habido contratistas que se han ido hasta con el salario de una quincena de hasta 45 o 50 trabajadores y la empresa no responde”. No es posible que “una transnacional nos venga a poner leyes aquí”, reclama Juan Adolfo.

Por si fuera poco, no se les permite tener su propio laboratorio para pesar su producto y que haya justicia, denuncia Castellón. Se ven obligados a vender la broza en el plantel de la misma empresa en el municipio de La Libertad.

Afectaciones al agua 

                        Así luce por dentro El Túnel Azul, en Santo Domingo, Chontales

Han pasado más de cien años y las ruinas de Jabalí en Santo Domingo atestiguan las consecuencias de la minería industrial. En Cinco Estrellas, zona estratégica porque se comunicaban todos los túneles que tiene Santo Domingo, había un cerro llamado La Pipilacha, que desapareció, comentan integrantes del Movimiento Ambientalista Santo Domingo.

En enero de 2015 pobladores de Rancho Grande y Santo Domingo, interpusieron una denuncia ciudadana contra la B2Gold por delitos ambientales y la prohibición de la ampliación del Tajo Antena. 

La querella la hicieron ante Ruth Obando, Delegada Departamental del Marena de Chontales. En 2013, el Centro Alexander Von Humboldt llevó a cabo un análisis de la calidad de las fuentes de aguas superficiales del municipio, de donde se abastece la población urbana y rural: Peñas Blancas (ojo de agua); La Congoja, Tapalwacito y El Túnel Azul (pila de captación). Los resultados confirmaron que el agua tenía calidad potable. No obstante, en marzo de 2014, se levantó información en las fincas que rodean al área de explotación de DESMIC/B2GOLD; identificándose que la cuenca del Río Sucio (Río Artiguas) estaba sufriendo daños irreversibles debido a la construcción del tajo a cielo abierto y la explotación minera.

Los daños también alcanzaron las quebradas Molinetes, La Pipilacha, Río Caracol Amarillo, Río La Cuatro y Quebrada del Túnel 400. Todas estas fuentes hídricas forman parte de la cuenca donde se ubica el Túnel Azul, que abastece de agua al 90 por ciento del casco urbano del municipio. 

Carlos Barquero tiene una finca a kilómetro y medio de Santo Domingo. Por el lugar pasan 14 vertientes de agua que abastecen dos quebradas y 35 casas toman agua de ahí. Ahora teme que se sequen. “Están pasando un túnel debajo del túnel Azul, por esa razón, para que el pueblo no se alarme, dan agua sucia al pueblo. Lo han ¨encamisado¨ desde adentro con una tubería, pero esa tubería vino a reducir el caudal de agua… han hecho alguna ruptura al suelo y el agua se está yendo por otro lado”.

Para Sara Margarita Zavala Hernández los daños son visibles. “Han desviado el agua, han secado pozos y bueno, como uno no tiene penetración ni permiso dentro de esas propiedades, no sabemos el impacto... Imagínese que ellos hacen sus trabajos y se supervisan solos, no los supervisa nadie, no manda el gobierno a ver qué es lo que dejaron malo…”.

La fauna tampoco escapa a los efectos nefastos de la minería. “Animalitos como monos, venado, cusuco, se han visto forzados a migrar, ya que han destruido todas sus fuentes de alimento”, asegura Bayardo García. 

Otra de las consecuencias de la minería son la desviación y encausamiento de ríos y la desaparición de quebradas, ojos de agua y ríos. “Pobladores de pequeños sectores donde dicen que ha habido desborde de aceite a ríos. La contaminación que puede estar sufriendo el túnel Azul”, agregó García.

El hueco creado en el tajo Jabalí Central, explotado por la B2Gold, asemeja el cráter de un volcán. Para Yolanda Rodríguez viven “momentos críticos, que ya no hayamos ni qué hacer. El pueblo de Santo Domingo antes vivía de la minería artesanal, el problema ahora que vino la industrial, eso vino a comprar las fincas, los lugares donde antes nosotros sacábamos el material…” 
Félix Pedro Sequeira, concuerda con Yolanda. La primera estrategia de las mineras es comprar propiedades y “empiezan a reducir el trabajo que había” asegura. Félix compara el poder que tiene el dinero. Solicitó permiso para talar un árbol en su propiedad y sacar madera para una casita, pero el MARENA se lo negó. Tenía que buscar sierras de mano. Lo contrario pasa con la B2Gold, al inició taló unos 30 mil árboles, asegura Sequeira.

Según Adelmo Sandino, en el estudio La minería industrial en Nicaragua. Una mirada desde la óptica fiscal,“entre 2014 y 2016, La Libertad recibió en promedio 1,2 millones de dólares de transferencia por explotación de minas; y Santo Domingo 558 mil dólares.  

De acuerdo a la ley de la materia, el mayor porcentaje debería ser entregado a Santo Domingo, ya que es el municipio donde se explota y La Libertad, donde se procesa. “La Ley 387 es limitada con relación al criterio utilizado vía derechos de superficie y de explotación a los municipios” se indica en el referido estudio.

La investigación constató que las autoridades municipales de Santo Domingo suscribieron un convenio con la B2Gold, en enero de 2015, por tres años, el cual establece que la minera debía entregar a la municipalidad un monto anual de 800 mil dólares, a ser utilizados en proyectos sociales.  

La India unida, jamás será destruida 

En Mina La India -Santa Rosa del Peñón, departamento de León- la Condor Gold tiene diez concesiones: La India, Espinito  Mendoza, Cacao, El Rodeo, Real de la Cruz, Santa Bárbara, La Mojarra, La Cuchilla, El Zacatoso y Tierra Blanca, según su sitio web. Dice poseer el 100 por ciento de propiedad de una concesión de 313 km² que cubre el 98 por ciento del histórico distrito de minería de oro La India.

Adicionalmente, tiene una concesión en Boaco (Rio Luna), RAAN (Estrella) y en Nueva Segovia (Potrerillos), para una suma de 386.26 km². En total, la Condor Gold y su subsidiaria La India Gol posee 13 concesiones mineras en Nicaragua. Seis de las concesiones fueron entregadas directamente por el gobierno entre 2006 y 2015. Las demás fueron adquiridas de otros propietarios privados. 

La concesión de La India fue obtenida a fines de 2010 a través de un contrato con la  canadiense B2Gold; mientras que en 2011, 2012 y 2013 obtuvieron el Espinito Mendoza, La Mojarra y La Cuchilla respectivamente.

En La India, unas tres mil personas sobreviven de la minería artesanal. Es el sostén de la economía local. Hay toda una escala de trabajo: desde que se extrae la broza hasta cuando se procesa. El que lleva la rastra, el que pica la piedra, el que hace el turno y el que le está echando a la rastra. Todos los recursos quedan en el pueblo, aseguran sus dirigentes.

Desde 2016, Mina La India “no tiene paz”, cuenta Karen Milagros Laguna Sánchez del movimiento Santa Cruz de la India. Ese año la Condor Gold, visitó casa a casa para proponer la compra de las tierras. 

“La empresa prácticamente se plantó en el año 2011. Nosotros no conocíamos de qué manera ellos iban a trabajar, pero nunca pensamos que era el pueblo al que iban a tocar”, cuenta Olman Salazar, líder del Movimiento Santa Cruz de la India.  

Laguna denuncia que durante la etapa de exploración se han secado cuatro pozos artesanales debido a las perforaciones. “Los líquidos que ellos están usando nos están contaminando las fuentes de agua, nos están profundizando más”.
Hace nueve años, Onda Local constató la existencia de 36 pozos en Mina La India, de los cuales solo dos eran aptos para el consumo humano debido a los elevados niveles de arsénico y calcio. Hoy, gran parte de la población se ve obligada a comprar agua purificada para vivir. Escuche el reportaje.

“No podemos llamar progreso a una mina que se va a plantar durante ocho años y después solo nos va a dejar un hueco en nuestra comunidad, recalca Olman Salazar. 

El artículo 68 de la Ley 387 de la minería industrial, establece que las empresas no pueden hacer perforaciones a menos de 100 metros del casco urbano, carretera y fuentes de agua, sin autorización de los dueños o con un dictamen del Ministerio de Energía y Minas. 

Escuche más detalles en el reportaje radiofónico:

Resistencia local 

El boom de las concesiones, la exploración y explotación minera a cielo abierto es política del Estado de Nicaragua, genera conflicto con las poblaciones y viola sus derechos humanos.

La resistencia no surge de la nada, en Mina La India ya conocen bien sus efectos:

“…nos dejaron las aguas contaminadas, tenemos escasez de agua. No queremos volver a lo mismo. Nos dejaron siendo un pueblo fantasma. Y si las empresas mineras traen tanto desarrollo, por qué nosotros quedamos como quedamos, volvimos a empezar de cero y no queremos volver a vivir esa experiencia...” expresa Karen Laguna.

A raíz de las protestas ciudadanas, siete líderes comunitarios fueron demandados y la jueza admitió una acusación por daño agravado. Pero la empresa desistió de la demanda, en su afán de destruir a un pueblo que tiene más de 100 años de herencia, comenta Olman Salazar, líder del Movimiento Comunal Santa Cruz de la India. 

“Ellos, sin la voluntad de nosotros como pobladores, metieron una maquinaria que está a unos 200 metros del casco urbano, en horas de la madrugada con 50 antimotines, a sabiendas que nosotros estábamos en desacuerdo que siguieran perforando nuestra comunidad” agrega Salazar. Desde el 4 de agosto, la comunidad mantenía un plantón para demostrar su inconformidad. 

En la puerta de una casa, en grandes papelógrafos, está el rol de vigilancia que hacían. La comunidad estuvo militarizada casi tres meses. Salazar asegura que desde el 7 de agosto, aproximadamente 200 antimotines permanecían en la comunidad con sus armas en mano, lo que afectaba la calidad de vida y la seguridad humana. “En algunos casos los niños se sentían con temor. Ya no salen a la calle como hace dos meses atrás, a jugar”.  

El miedo existe, pero la lucha no se paraliza.“Estamos expuestos a que en cualquier momento vengan y nos detengan y nos lleven al Chipote, pero es algo que lo vamos a hacer por defender nuestro pueblo… No vamos a desfallecer en nuestra lucha porque el pueblo de Mina La India y las comunidades no está en negociación…”, agrega Olman. 

Santo Domingo, Chontales, fue militarizado desde el 9 de febrero hasta el 10 de mayo de este año. “Había antimotines alimentados por la empresa, sus tres tiempos de comida pagados por la empresa y la persecución con la que seguimos ciertos pobladores de Santo Domingo, sólo por reclamar, protestar. Eso causó un miedo en la población”, refiere Bayardo. 

Para mantenerse animados, de manera ingeniosa inventaron una forma de entretenerse, simulaban hacer radio, saludaban a los policías y se compartían la comida. Son parte de los recuerdos de Boanerges Luna Suárez durante su encarcelamiento en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) conocida como el Chipote, por protestar contra la minera B2Gold. Doce líderes fueron encarcelados durante un mes. 

“Solo en Nicaragua se ve eso, que una empresa minera que desapareció un cerro, varias quebradas, que desapareció varios ojos de agua en Santo Domingo, se le dé un premio que es amigable con el medio ambiente”, señala Boanerges Luna, del Movimiento Salvemos Santo Domingo y coordinador del Movimiento Nacional Ambientalista Frente a la Minería Industrial (MONAFMI).

Bayardo asegura que el movimiento no se cansa de luchar para que “después nuestros hijos me digan ¨A ver papa, quiero llevar a tu nieto a conocer Santo Domingo¨ y yo ¿qué le voy a decir? Vas a ir a conocer un gran hoyo que dejaron ahí, avalado por el gobierno, por ambientalistas, avalado por todo el mundo. Simple y sencillamente porque no dimos a conocer información”.

La propaganda de las mineras está desatada, recorre América Latina y el mundo. Por eso, la solidaridad y la organización tienen que tener una resistencia y tejer redes de defensa de la vida. 

La pregunta sigue siendo ¿quién se responsabiliza por los daños ambientales en las comunidades y la vida de las personas afectadas? 

En la profundidad de las montañas de la Reserva Indio Maíz, al sureste de Nicaragua, se oye una motosierra, y en seguida, la caída de un árbol. Los depredadores siguen al acecho, aprovechándose de la falta de vigilancia del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) y del Ejército de Nicaragua.

Entre el 11 y el 16 de diciembre de 2017, el Batallón Ecológico Indio Maíz, conformado por guardabosques del Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR-K) y de la Unión de Organizaciones Ambientalistas del Sureste de Nicaragua, realizaron un recorrido desde Boca de Escaleras hasta Cerro El Diablo para monitorear las exploraciones de oro e identificar nuevas rutas de invasión a la Reserva.

Onda Local se sumó al recorrido de unos 30 kilómetros y constató la destrucción de la Reserva. El recorrido inicia abordo de un camioncito, desde Boca de Sábalos hasta la comunidad de Boca de Escalera. Luego a pie, atravesando lodazales, subiendo y bajando cerros, hasta la comunidad El Bijagua, donde pasamos la noche. Al día siguiente continuamos la gira. El primer reto fue subir y bajar el cerro El Bijagua y llegar al carril que separa la zona de amortiguamiento con el área núcleo de la Reserva Indio Maíz.

Límite de la zona de amortiguamiento y el área núcleo de Indio Maíz/ Foto: Julio López, Onda Local

A pocos kilómetros del carril, en el área núcleo de Indio Maíz, se fundó la comunidad Nueva Jerusalén, hace más de 20 años, por 26 familias desmovilizadas y repatriadas desde Costa Rica.

Las familias fundadoras de Nueva Jerusalén alegan que el MARENA consintió que se asentaran ahí, bajo la condición de cuidar los recursos naturales y no invadir más allá del Río Bartola. Con el paso del tiempo, las familias se multiplicaron. No hay un censo que precise la cantidad de familias que viven actualmente en dicho lugar, pero los comunitarios calculan que hay cerca de 400 casas. La gente sigue llegando y aumenta la presión a la Reserva Indio Maíz. La apertura de carriles y el tráfico de tierras están a la orden del día.

Finca en Nueva Jerusalén / Foto: Julio López, Onda Local

Se llamaba Reserva, lamentan los guardabosques al observar la desaparición del bosque y la expansión ganadera. En una finca, encontramos ganado con las chapas 9381, 1606, 8463, 6394 y 9382, con el fierro JA en común. La señora que vive ahí, reconoció alquilar a terceros diez manzanas de potreros.

Ganado enchapado en Reserva Indio Maíz / Foto: Julio López, Onda Local

Desde hace muchos años, la Reserva Indio Maíz está siendo invadida por mestizos que provienen de los departamentos de Boaco y Chontales, y de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS), principalmente, con el fin de deforestar, introducir ganado y realizar compra-venta de tierras, explicó Alejandro Mairena de la Fundación del Río.

Lea La Haciendita, finca que el ganadero José Solís Durón, instaló en la zona núcleo de Indio Maíz, quemada días después de la denuncia pública.

Mientras avanzamos seguimos encontrando potreros y parcelas de maíz. Esto evidencia cómo la ganadería extensiva y la actividad agrícola están devorando la Reserva Indio Maíz. La lógica es sencilla, en Indio Maíz la tierra es más barata y rentable y hay alimento bueno y abundante para el ganado.

Mientras en Nueva Guinea una manzana de tierra cuesta 30 mil córdobas (980 dólares estadounidenses), en las áreas protegidas se comercializa ilegalmente hasta por 2 mil córdobas (65 dólares), aseguró Mairena.

La investigación “Dinámicas de Acaparamiento de Tierras en el Sureste de Nicaragua” (2016) realizada por Amaru Ruiz, de la Fundación del Río, señala que el gobierno central en lugar de aplicar el marco jurídico ambiental, promueve un modelo de desarrollo basado en la degradación ambiental que favorece la ganadería extensiva, monocultivos y megaproyectos.

Bajo esta dinámica, en el sureste de Nicaragua se ha acelerado la compra-venta ilegal de tierra. Los ganaderos se aprovechan de quienes han establecido áreas de cultivo en zonas con fuentes hídricas.

Un estudio del Centro Humboldt, señala que en las zonas de amortiguamiento de la Reserva Indio Maíz ha habido un incremento agresivo de las áreas de pastizales y poca regeneración natural del bosque. Visualiza la urgencia de reconvertir la ganadería de extensiva a intensiva, con tecnología, redistribución de los espacios y fomento de sistemas agroforestales y silvopastoriles. Así los ganaderos recuperarían condiciones ambientales en sus tierras y no tendrían razón para invadir el bosque. Mientras esto no suceda, pareciera irreversible la chontalización de Indio Maíz, un proceso que acabó con el bosque y secó las fuentes de agua, para dar paso a la ganadería extensiva.

               Reserva Indio Maíz, continúa perdiendo áreas boscosas / Foto: Julio López, Onda Local.

Después de seis horas, el primer día de recorrido finaliza en casa de Eusebia Rodríguez, fundadora de Nueva Jerusalén. Es momento de colgar las hamacas y descansar.

*************************************************************************************************

Los gallos anuncian las cuatro de la madrugada. Eusebia y su hija se levantan a cocinar y a ordeñar. En un tapesco, arriba del fogón, las cuajadas ahumándose. Ella las vende a quince córdobas (50 centavos de dólar). El sol se abre paso entre los cerros cubiertos de neblina.

Eusebia alerta al grupo de guardabosques que la gente está ingresando a la Reserva no sólo a carrilar, también a buscar oro y a saquear cementerios aparentemente de pueblos originarios. Una parte de los guardabosques buscan las pistas, siguiendo la ruta señalada. Cruzan el río Bartola y se abren paso con machetes, hasta dar con el lugar. Encontraron tumbas escarbadas recientemente, pero también excavaciones antiguas.

Luego de recoger las evidencias del saqueo, continuamos hacia el campamento del Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR-K), en las faldas del cerro El Diablo. Nos esperan cinco horas sobre lodazales y las palizadas que dejó el huracán Otto.

Las rodillas no responden y las energías se agotan. Es tiempo de descansar o hacer un esfuerzo para llegar a un caño y beber agua para recuperar las ganas de seguir. En la medida que nos aproximamos a El Diablo, el grupo de guardabosques se percata que se han abierto nuevos carriles, contaron alrededor de diez nuevos en las proximidades del cerro El Diablo, en territorio Rama y Kriol.

Desde el campamento del GTR-K, se ve a simple vista, cerros deforestados y quemas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) reconoció que el cambio de nombre, la adecuación de la imagen, la rectificación del sexo o género, en los registros y en los documentos de identidad, es un derecho protegido por la Convención Americana. Por tanto, los Estados están en la obligación de reconocer, regular, y establecer los procedimientos adecuados para tales fines.

La resolución también es favorable al reconocimiento de las familias diversas. “El Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se deriven de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo de conformidad con lo establecido en los artículos 11.2 y 17.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en los términos establecidos en los párrafos a 200 a 218", resolvió este nueve de enero la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), tras una consulta del Gobierno de Costa Rica. 

Audiencia Pública Solicitud de Opinión Consultiva presentada por el Estado de Costa Rica Parte 2 from CorteIDH on Vimeo.

La Corte IDH reiteró que la Convención Americana no protege un modelo de familia. Agregó que la familia no es exclusiva a las integradas por heterosexuales, estimó que todos los derechos patrimoniales que se derivan del vínculo familiar de parejas del mismo sexo deben ser protegidos, sin discriminación.

En el comunicado, la Corte IDH explica que para garantizar los derechos de las parejas del mismo sexo no es necesaria la creación de nuevas figuras jurídicas y optó por extender las instituciones existentes a parejas no heterosexuales.

Los jueces interamericanos afirmaron que, mientras se emprenden reformas formales, el país igualmente tiene el deber de garantizar estos derechos de manera transitoria, sin discriminación.

La resolución de la Corte IDH se extiende a los 20 Estados que reconocen su competencia:  Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay.

El Estado de Nicaragua reconoció en 1991 la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente en los casos relativos a la  interpretación o aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La Constitución Política de Nicaragua en su Artículo 46 establece que “En el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, promoción y protección de los derechos humanos, y de la plena vigencia de los derechos consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas y en la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.

No obstante, el Código de la Familia en Nicaragua establece como familia las “unidas por el matrimonio o unión de hecho estable entre un hombre y  una  mujer  y  vínculos  de  parentesco”. Además en su Arto. 53 define el matrimonio como la “unión  voluntaria  entre  un  hombre  y  una  mujer  constituida  por  el  libre  y  mutuo  consentimiento de los contrayentes con aptitud legal para ello, a fin de hacer y compartir una vida en común y constituir una familia basada en la solidaridad y el respeto mutuo”. En Nicaragua tampoco es posible el cambio de la identidad asumida libremente.

¿Adecuará el Estado Nicaragua su legislación actual al mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué dice la Asamblea Nacional?

El Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR-K), exige que el ganadero José Solís Durón, sea procesado y condenado por daños ambientales y usurpación de tierras comunales, en la Reserva Indio Maíz.

Solís Durón se apropió de dos mil manzanas de tierra, ubicadas entre la bocana del Río Chontaleño y El Naranjo, en la Reserva Biológica Indio Maíz; y derribó más de 244 hectáreas de bosque para la crianza y engorde de reses.

A raíz del descubrimiento de “la haciendita” por guardabosques del GTR-K, un equipo de Onda Local viajó hasta la  Reserva Indio Maíz para investigar el impacto de la ganadería extensiva.

A raíz de dicha indagación, Onda Local publicó en colaboración con Mongabay Latam los artículos “Ganadería Extensiva e ilegal destruye Reserva Indio Maíz en Nicaragua” y “Nicaragua: ¿A dónde va el ganado que se introducen a la Reserva Indio Maíz”, donde se relató la historia de “la haciendita” y se reveló quién es Solís Durón, uno de los que devora la Reserva.

Dichas publicaciones provocaron que el GTR-K denunciara a Durón ante el MARENA por daños ambientales a la Reserva, en julio de 2017.

Finca “La haciendita” -julio de 2017- ubicada entre la bocana del Río Chontaleño y el Río El Naranjo, en la Reserva Biológica Indio Maíz/ Foto: Onda Local

El GTR-K lamentó hoy en conferencia de prensa que las denuncias por usurpación de tierras comunales, actividad ganadera, compra y venta ilícita de tierras dentro de la Reserva Indio Maíz no se lleguen a judicializar y al contrario sea permisible la invasión.  

Aldrick Beckford, fiscal del GTRK, aseguró que del 8 al 10 de septiembre, el Ejército de Nicaragua, la Policía Nacional, el MARENA y la Procuraduría General de la República realizaron una inspección de la finca “la haciendita” sin la participación del Gobierno Territorial Rama Kriol (GTR-K). En esta visita los representantes de las instituciones públicas recogieron pruebas de los delitos de Solís Durón y destruyeron la infraestructura.

Aquí quedó la “la haciendita” después de ser quemada/ Foto GTR-K

Según un informe que obtuvo extraoficialmente el GTR-K, el Ejército, el MARENA y la Policía confirmaron que “existe un alto daño del Área Protegida Reserva Biológica Indio Maíz en al menos 203.5 hectáreas o más de bosque, donde estas se encontraban como bosque virgen y se le afectó creando un desequilibrio del ecosistema por las actividades de deforestación no permitidas en el sitio, fragmentado el hábitat y la conectividad de las especies de fauna y flora silvestres existente en el sitio, establecimiento de pasto mejorado, introducción de ganado, cambio de uso de suelo, contaminación de suelos y fuentes de agua cerca (Río Chontaleño, El Naranjo y quebradas) y quemas”.  

En dicho documento “se determina que el Sr. José Solís Durón ha cometidos delitos penales tales como daño a la propiedad pública, usurpación de dominio público y comunal, ya que ha vendido propiedades dentro de la Reserva Biológica, ha promovido el corte y aprovechamiento de la veda forestal, aprovechamiento ilegal de los recursos naturales, caza de animales en peligro de extinción, cambio de uso de suelo, lo que altera la vocación natural”, tal como comprobó Onda Local en julio del año pasado.

El informe del operativo recomienda “denunciar al Sr. Solís Durón ante la PGR y el Ministerio Público, y así establecer precedentes para judicializarlo por el deterioro del área protegida Reserva Biológica Indio Maíz”.  

Se señala asimismo que durante la visita de las autoridades gubernamentales se encontró que además de las áreas afectadas en “la haciendita”,  Solís Durón vendió 100 manzanas de tierras dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz a 200 mil córdobas a Catalina Picado,  presentando documentos elaborados por el abogado Miguel Isidro Sevilla Núñez.

Onda Local se comunicó vía telefónica con Sevilla Núñez, quien confirmó que conoce a Solís Durón. "Ha comprado tierras al lado de Siuna y al lado de San Carlos, él me garantizó que esa tierras no estaban al otro lado… (dentro de la Reserva) un carril, me gustaría que incluso me trajera un mapa y un aval de la gente responsable de esa área, incluso está el responsable del Ejército y de la Policía que son los que custodian esa zona que son amigos míos y conocidos, me dijo él, y que esas tierras no están dentro de la Reserva” señaló.

Al consultarle si Solís le presentó alguna escritura, refirió que “títulos no, sino documentos, derecho de posesión que él había adquirido”.

                                             Trabajadores de Solís de regreso en “la haciendita”/ Foto: GTR-K

En septiembre de 2017 el Ministerio Público de Bluefields le comunicó al Comisionado Joaquín Jiménez conformara una Comisión Interinstitucional integrada por el GTR-K, Policía Nacional, SERENA y INAFOR, la cual se reunió en octubre del mismo año para definir detalles de la visita de la Comisión Interinstitucional a “la haciendita”.

Pero “entre octubre y noviembre el MARENA canceló la visita, frenando el proceso legal en contra de José Solís, de esta manera se está favoreciendo a los depredadores de bosques” según Aldrick Beckford, fiscal, GTR-K y Presidente Comunal de Greytown.

Nasario Martínez, del GTR-K y presidente comunal de Tiktik Kaanu, enfatizó que están denunciando públicamente “porque hay un silencio institucional administrativo de parte del MARENA, no ha hecho ningún pronunciamiento ni a favor ni en contra. Estamos viendo que el delito de usurpación de las tierras comunales y la invasión hacia la Reserva está quedando en la impunidad, aseguró.

En todo el mundo, pero mayoritariamente en América Latina, 312 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en 2017, según el informe anual de Front Line Defenders, publicado este 22 de enero de 2018. Nicaragua no fue la excepción, el organismo reporta tres asesinatos: Felipe Pérez Gamboa, Celedonia Zalazar Point y Camilo Frank López.    

“Más de dos tercios, el 67% del número total de activistas asesinados, defendían derechos a la tierra, al medio ambiente y de los pueblos indígenas, casi siempre en el contexto de actividades de industrias extractivas, megaproyectos y grandes empresas”, detalla Front Line Defenders.

Agrega que defensoras y defensores de derechos humanos arriesgan sus vidas para desafiar a dictadores, multinacionales destructivas, conservadores religiosos y regímenes opresivos. 

Contra quienes defienden derechos, prevalece una estrategia coordinada de difamación, criminalización y violencia para intimidarles, marginarles y tratar de silenciarles.    

El informe detalla ataques físicos, amenazas, acoso judicial y campañas de desprestigio utilizadas por actores estatales, no estatales y corporativos, para obstaculizar la labor cívica de las personas defensoras de los derechos humanos.

Prevalece la impunidad y la desprotección de quienes defienden derechos. De entre los casos recopilados, sólo el 12% de los asesinatos dieron como resultado el arresto de sospechosos. El 84% había recibido al menos una amenaza de muerte antes del  asesinato.

"En todo el mundo, los y las defensoras continúan diciéndonos que la policía y los funcionarios del gobierno se niegan a responder a las solicitudes de protección tras las amenazas de muerte", dijo el Director Ejecutivo de Front Line Defenders, Andrew Anderson en el lanzamiento del informe en Dublín. "Los homicidios casi siempre ocurren después de una serie o patrón de amenazas, lo que indica que si la policía tomase medidas preventivas y las autoridades tomasen en serio las amenazas, los asesinatos podrían reducirse drásticamente".

Además de la alta tasa de asesinatos en 2017, la criminalización siguió siendo la estrategia más usada para obstaculizar el trabajo de defensoras y defensores. “En 2017, miles de activistas fueron detenidos bajo acusaciones falsas, sometidos a procesos legales prolongados, costosos e injustos o condenados a largas penas de prisión”.

El hostigamiento judicial y los ataques físicos fueron precedidos por campañas de difamación y desprestigio a nivel local, en muchos casos denunciados por Front Line Defenders. Las defensoras de derechos humanos en todo el mundo informaron sobre el aumento de campañas de difamación y descrédito de carácter sexual, dirigidas a obstaculizar su activismo al socavar sus redes de apoyo locales.

En El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Nicaragua, México, Brasil, Colombia, Perú y Honduras, la organización de derechos humanos reportó un aumento en el número y la frecuencia de ataques, incluyendo elementos relacionados no sólo con su trabajo, sino también con su género.  “Hay ejemplos de amenazas de violencia y tortura sexual, difamaciones en las redes sociales así como ataques dirigidos a familiares o parientes cercanos. El hijo de Francisca Ramírez fue agredido en abril en represalia por el trabajo de su madre en defensa de las comunidades rurales en Nicaragua”.

En el continente americano, las y los defensores denunciaron constantes ataques cibernéticos contra su trabajo. La técnica común fue la denegación de servicio, dirigidos a organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación independientes. En 2017, dicho organismo documentó dichas agresiones en Brasil, México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Guatemala y Nicaragua.

Representantes de diversas organizaciones civiles, entre ellos el Movimiento por Nicaragua, el Instituto de Liderazgo de Las Segovias, la Asociación de Periodistas de Nicaragua, Hagamos Democracia, La Coordinadora Civil, la Red de Mujeres de Chinandega, la Red de Mujeres de Chontales, la Asociación Nicaragüense Pro DDHH y la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, en el marco del 22 de enero -fecha de la masacre de hace 51 años- continuaron demandando elecciones libres frente a las instalaciones del Consejo Supremo Electoral (CSE).

Calificaron de inadmisible el silencio del CSE ante los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos hacia el presidente de dicho poder del Estado, Roberto Rivas Reyes, sancionado mediante la Ley Global Magnitsky Human Rights accountabily Act.  Catalogaron este silencio como "una clara expresión de complicidad y tolerancia gubernamental".  

Demandaron al Estado de Nicaragua solicite al Gobierno de Estados Unidos toda la información del caso; y "realice una investigación exhaustiva respecto a los actos por los cuales ha sido señalado el funcionario Rivas Reyes".

Manifestaron que Rivas Reyes "no dispone de las calidades para ostentar tan importante cargo de representación nacional (presidencia del CSE), por lo cual demandan "su renuncia inmediata a la inmunidad, para que voluntariamente se someta a los procesos de investigación pertinentes".

Finalizaron su mensaje diciendo que el silencio no favorece la verdad, sino que ampara la impunidad.

En el municipio de Santo Domingo, Chontales, continúa la lucha contra la minería industrial. La tensión con la minera canadiense B2Gold sigue latente.

El pasado 15 de enero de 2018, la Empresa Desarrollos Mineros de Nicaragua (DESMINIC S.A.), subsidiaria de la minera B2Gold, convocó una consulta pública para presentar el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, pero la población no quedó conforme y demandó su nulidad ante la delegación del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) en Chontales.  

El comedor de ancianos de la iglesia católica local, resultó pequeño para la cantidad de personas presentes. La inconformidad de la población provocó que Ruth Obando, delegada del MARENA solicitara a trabajadores de la B2Gold cedieran lugar a pobladores que estaban en las afueras. Una delegación logró ingresar, otra parte no pudo hacerlo. La sesión inició bajo protesta, fue interrumpida cuando una parte de las y los participantes abandonaron el local aduciendo que no había condiciones y demandaban se trasladara a la cancha municipal. La delegada del MARENA hizo caso omiso a la petición y ordenó continuara la actividad. 

Mauricio Martínez, nuevo alcalde del municipio de Santo Domingo, declaró a Onda Local, que la B2Gold debería convocar una nueva consulta. “La convocatoria no fue adecuada porque alquiló un local donde no alcanza ni siquiera el 10 por ciento de la población. Es inadecuado y debe hacerse una nueva convocatoria y hacerla en un lugar donde haya suficiente espacio, donde la población pueda participar. Ahorita se hizo la exposición, una parte pudo escuchar, la otra parte no, porque se quedaron afuera”.

No obstante, Ruth Obando aseguró que la consulta se realizó para cumplir el proceso establecido en ley y el Decreto 20-20-2017. No explicó en qué consistía dicho proceso ni presentó las observaciones del MARENA al Estudio de Impacto Ambiental.

Mauricio Lacayo, consultor ambiental, estuvo a cargo de la presentación del Estudio. Dijo que el proyecto contribuiría a mantener el empleo a unas 450 personas, garantizando así la actividad económica local; minimizó el impacto socio-ambiental y remarcó que los proyectos de explotación minera subterránea se centran en aspectos de seguridad, más que en lo ambiental. “Hay que trabajar muy bien la parte de seguridad ocupacional durante el desarrollo del proyecto (...) En general, los impactos negativos causados pueden catalogarse de manera moderada y pueden ser mitigados y contrarrestados”.

Casi la toda la población que hizo uso de la palabra, rechazó el proyecto. Carlos Palma asistente a la actividad, dijo que “los contenidos de los estudios de impacto ambiental son bonitos, nos ofrecen empleos y al poco tiempo los tiran a la calle. Decían los de la empresa que en el trabajo que van a desarrollar, velan por dos cuestiones principales, que son la seguridad humana y la ambiental, pero también decían que la seguridad ambiental queda en segundo plano y le ponen mente a la seguridad humana; pero están hablando de la seguridad humana dentro de túnel, si dejamos que contaminen el ambiente qué seguridad humana nos estarían dando”.

Javier Amador, otro poblador local, expresó que no está de acuerdo con el proyecto porque teme que los recursos hídricos sean contaminados. “Tampoco estamos de acuerdo que se explote por debajo de la tierra, esas bombas que han venido tirando ya empezó a afectarnos, e incluso una casa fue destruida”.     

Por su parte, Daniel Antonio Zamora, manifestó que “empresa responsable se hacen autodenominar, pero solamente queda en un slogan (…) en mi casa se siente la vibración. La empresa es pan para hoy y hambre para mañana, porque el día de mañana qué va a pasar con todos los pequeños mineros, y nuestro pueblo de qué va a subsistir, si nuestras aguas desde este momento ya están contaminadas”.   

Los hundimientos ocurridos en otros territorios generan temor. “En Santa Pancha hubo un hundimiento, no sería la primera vez que por ese trabajo ocurre una tragedia. Sentimos temor y dormimos intranquilos, en nuestras viviendas ya se sienten los temblores a las doce de la noche, a la una de la mañana, las casas ya se están dañando. Aquí estamos hablando de afectaciones al medio ambiente, a las aguas de este pueblo”, aseguró Walkiria Marín, líder del barrio Jabalí La Antena, quien se ha opuesto al desplazamiento de su barrio.   

Maritza Rivas, también habitante de Santo Domingo agregó “lo que queremos es que la empresa se vaya y nos dejen en paz. Queremos que no vaya ese túnel porque nos están perjudicando las aguas”.  

Ante los cuestionamientos y protestas de la población no hubo respuestas de la empresa B2Gold y la delegada del MARENA ordenó que concluyera la consulta antes de la hora prevista. La protesta ciudadana continuó con una marcha, organizada de manera espontánea, en rechazo al proyecto.   

El Movimiento Salvemos Santo Domingo ha convocado a una marcha para el próximo nueve de febrero, para rechazar el Proyecto Mina Subterránea Jabalí Oeste y conmemorar el quinto aniversario de la represión a la protesta de mineros artesanales, cuando un operativo policial dejó como resultado 12 detenidos, entre ellos el actual coordinador del Movimiento Nacional Frente a la Minería Industrial (MONAFMI), Boanerges Luna.

El gobierno de Daniel Ortega y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) han fraguado un plan para desarticular al movimiento campesino, que durante cuatro años ha luchado por la derogación de la Ley 840, relativa a la concesión de El Canal Interoceánico, denunciaron en Radio Corporación Francisca Ramírez y Henry Ruiz, integrantes del Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía.   

Ramírez aseguró que Wendy Puerto, del Partido Social Cristiano (PSC) ex aliado del Frente Sandinista y actual socio del PLC, ofreció a los integrantes del Consejo candidaturas para las votaciones municipales de 2017, las que fueron rechazadas. “Medardo Mairena en Bluefields, Francisca Ramírez en Nueva Guinea, Henry Ruiz en la isla de Ometepe, y así sucesivamente”.    

Ronald  Enríquez, también integrante del Consejo, manifestó que desde que Medardo Mairena asumió la coordinación del Consejo, se han hecho cosas con las que no están de acuerdo. “Han querido que nos involucremos en política. Wendy Puerto personalmente a mí me dijo que tratara de agarrar la alcaldía de Buenos Aires, que era la que me correspondía a mí. La guía política que está envenenando al Consejo se llama Arnoldo Alemán”.

Según Francisca Ramírez, Wendy comenzó a participar en las marchas como cualquier persona que tiene derecho de manifestarse, luego fue acercándose a algunos del Consejo y dijo que no vincularse a ningún partido político era como no querer ganar la lucha. 

Por su parte, Henry Ruiz, secretario del Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía, dijo que han seguido recomendaciones de la iglesia católica, la ciudadanía, los campesinos, quienes les han manifestado cuidar el movimiento y no involucrarlo en asuntos partidarios.  

El Consejo surgió con el fin de defender las tierras amenazadas con el proyecto canalero, defender la soberanía y luchar por la derogación de la ley 840; no para favorecer intereses partidarios. Por ello, “la gente en los territorios pide la autonomía del movimiento”, agregó Ramírez.

Medardo Mairena actual coordinador del Consejo y Nemesio Mejía integrante del mismo, han rechazado que hayan supeditado los intereses del movimiento campesino a los del PLC. Sin embargo, en las redes sociales han aparecido fotografías donde se les observa con Arnoldo Alemán y en campaña a favor de PLC.    

                                                             Medardo Mairena  junto a Arnoldo Alemán

                 Nemesio Mejía, del Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía. 

Integrantes del Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía, en reunión del PLC.  

Campaña de desprestigio    

Francisca Ramírez recordó que el 11 de diciembre recién pasado denunciaron ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) una campaña de desprestigio contra ella y la abogada Mónica López Baltodano, quien renunció hace pocos días a la asesoría legal del Consejo, manteniendo su compromiso de continuar la lucha por la derogación de la Ley 840.  

La campaña de desprestigio, según Ramírez, obedece a una alianza entre el expresidente Alemán y Daniel Ortega porque no han podido doblegarlas. La estrategia está en un documento anónimo circulado en las comunidades de la ruta canalera, por líderes locales del PLC y algunos integrantes del Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía.    

“Salió un documento de seis páginas donde dice que yo y Mónica hemos hecho dinero, que somos infiltradas de Daniel Ortega. Este documento llegó al Consejo y comenzó a ser circulado en las comunidades por una parte de los integrantes del Consejo”. 

“No me metí a esta lucha para hacer negocio ni tampoco para negociar el derecho de una persona”, dijo Ramírez en la asamblea realizada el 20 de enero en el municipio de Altagracia, Isla de Ometepe; y agregó que “en la zona de nosotros la guerra fue muy dura. La mayoría de gente es liberal; y como en esta lucha se ha involucrado gente que antes era del Frente Sandinista, entonces han alzado su voz, diciendo que son infiltradas”. 

En la entrevista con Radio Corporación, Francisca Ramírez rechazó que haya traicionado la lucha del movimiento campesino. La palabra traición es peligrosa dijo, ha tenido consecuencias. “Mencionar la palabra traidor significa muerte. Me están mandando un mensaje, si no te callás vas a pagar con sangre. El día de la actividad en Las Vegas (El Almendro) se arrimó un campesino y le dijo a ella (Mónica López) pagan con sangre los traidores. En El Tule, un campesino de Punta Gorda, se levantó la camisa y me dice, yo camino una 38 y ando 30 tiros, que hasta los tengo sarrosos”. 

Juanita Juárez, integrante del Consejo por la Isla de Ometepe y Fredy Navas de Managua, fueron señalados de distribuir el documento -al que se refiere Francisca Ramírez- en las comarcas de la ruta canalera. “Aquí está doña Juanita Juárez, ustedes tendrán que preguntarle, ella comenzó a circular este documento. Su deber era llamarme y decirme doña Francisca está un documento, qué hacemos, denunciemos públicamente”.

Al ser interpelada públicamente, Juárez reaccionó airada y dijo estar asustada por la existencia del escrito. Luego reconoció que en la última marcha de Nueva Guinea aparecieron cinco ejemplares del mismo. “Sinceramente se los digo, eran cinco papeles, seguramente a mí me dieron uno y lo di así, pero ni lo leí, ni sé que era eso, ahí anda un documento, tome”.   

Fredy Navas, por su parte, leyó el documento referido en la asamblea territorial de Altagracia, sin explicar cómo había llegado el mismo a sus manos y al seno del Consejo.

Al finalizar la asamblea, se reconoció a Francisca Ramírez como líder del movimiento; y se mostró acuerdo con los temas señalados en las reuniones de El Tule, La Unión y la Fonseca, que demandan democracia interna, autonomía y rechazo a la campaña de difamación contra Mónica López y Francisca Ramírez.

Este sábado 27 de enero, es un día clave para el movimiento campesino anticanal, considerado por diversos sectores de la sociedad nicaragüense, como la fuerza popular más esperanzadora de los últimos años en Nicaragua.

Asambleas territoriales convocadas por líderes campesinos en cuatro territorios de la ruta canalera, la semana pasada, mandaron por unanimidad que miembros del Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía (el cual se creó como una instancia representativa del liderazgo campesino), se reuna en carácter de urgencia en el municipio de La Guinea. El objetivo de la sesión es hacer frente a una crisis que ha generado la división entre integrantes del consejo.

El pasado 15 de enero, la abogada ambientalista Mónica López, sorprendió a la opinión nacional e internacional, al anunciar mediante carta abierta, su decisión de apartarse del cargo como asesora legal del movimiento. Temas como la falta de transparencia, la vinculación con partidos políticos y la complicidad en distribuir un documento difamatorio que pone en riesgo la vida de Francisca Ramírez y su persona, por parte de algunos miembros del concejo campesino, figuran a su juicio entre las principales razones de la decisión. El anuncio, movió la mesa en plenas asambleas territoriales realizadas entre el 15 y 20 de enero, en las localidades de El Tule (San Miguelito), La Unión, La Fonseca (Nueva Guinea) y Altagracia (Isla de Ometepe).

Asambleas Territoriales

Con la presencia de diez de los diecisiete integrantes que conforman el Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, ocurrió el 15 de enero, en la comunidad de El Tule, jurisdicción del municipio de San Miguelito en Río San Juan, la reunión que aglomeró por casi cinco horas, a más de cien líderes de las comunidades aledañas.

Con los señalamiento de la abogada López, la conversación giró en torno a que algunos de los integrantes del consejo campesino, entre ellos, Medardo Mairena (actual coordinador), Nemesio Mejía, Freddy Navas, Juan Sánchez, responden a intereses del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), dirigido por el ex presidente Arnoldo Alemán. Señalamientos a los que Mairena, también Concejal Regional por el PLC en el caribe sur, negó rotundamente. “Hemos actuado conforme reglamento, no hemos circulado ningún documento difamatorio en contra de doña Chica, ni Mońica y nuestro interés siempre ha sido y será la derogación de la Ley 840 (Ley canalera)”, resaltó. Los comentarios de las y los presentes, no se hicieron esperar.

“Nosotros no hemos luchado por un partido o por alguna persona porque son los que se portan muy inútiles por nuestra soberanía. He luchado nada más por Nicaragua, por la soberanía, por el lago Cocibolca. Y por eso le digo al consejo, pónganse fuertes, únanse más, porque esto pone débil a toda la gente, a las comunidades. Y el gobierno nos quiere ver débiles”, afirmó José Tomás Benavides, de la comunidad El Camastro. Esta opinión, coincide con el planteamiento de Juan Vargas, de la comunidad de Las Marías, quien enfatizó que se debía encontrar una solución a la problemática, ya que “sólo juntos, unidos los campesinos podremos ganar esta batalla. Debe ser como cuando empezamos y debemos seguir así”, subrayó.

Por su parte Víctor Manuel Díaz, quien se hizo acompañar de unos 13 líderes de las comunidad de La Rampla, Santa Elena y El Fajardo, cuestionó ante la concurrencia que aunque el estilo que ha caracterizado el movimiento ha sido actuar bajo consenso, ya no lo es más. “porque nosotros acostumbramos a consultar las decisiones en nuestras comunidades, pero vemos que directamente con el consejo no estamos trabajando de la mejor manera”. mencionó, en alusión a la forma deliberada y violatoria de sus reglamentos, en que Medardo Mairena fue reelecto como coordinador, sin antes sesionar con la totalidad de integrantes del consejo campesino, ni escuchar la opinión de las bases campesinas.

Un día después, en Colonia La Unión, en Nueva Guinea, uno a uno, fueron llegando personas desde las distintas comunidades aledañas hasta la casa comunal de esta localidad. La noticia de lo ocurrido en El Tule, había llenado diversas expectativas entre las y los presentes. ¿Cómo salir adelante en la lucha con tantos enredos con políticos? ¿Cómo vamos a unirnos si apuñalamos por la espalda, llevando campañas difamatorias contra doña Chica o cualquier otro miembro del movimiento?, eran los comentarios de un señor que dijo llamarse Víctor.

La discusión siguió la misma tónica que en El Tule. Rechazo a que el consejo se vincule con operadores partidarios, rechazo a la campaña de difamación en contra de Francisca Ramírez y Mónica López y rechazo total a que las decisiones importantes fueran tomados “a escondidas” entre algunos miembros del consejo y no en pleno, y bajo la aprobación de las bases.

Pero en la Unión, las y los presentes también se mostraron preocupados porque en la asamblea se conoció que los miembros del consejo campesino, Medardo Mairena, Nemesio Mejía, Freddy Návas y Juan Sánchez fueron señalados de promover la expulsión del seno del consejo, a la líder Francisca Ramírez y la obogada de Mónica López. Un señor de unos 60 años, de camisa a cuadros, pantalones café y con sombrero del mismo color, tomó el micrófono para solicitar a la asamblea alzar la mano si rechazaban la solicitud. La respuesta fue total y unánime en favor de Francisca y Mónica. “Creo que no hay que ser sabio para saber que hay problemas aquí, pero pedir la expulsión de unos y otros no es la solución”, mencionó el aclamado campesino, tras culminar su intervención.

La reacción de la asamblea, provocó la participación de Nemesio Mejía, quien aseguró que la solicitud de expulsión, no salió del consejo, sino de una asamblea realizada en la comunidad de La Vega, en el municipio de El Almendro, a finales de 2017. “En la asamblea en La Vega, hubo quorum de la gente que dice que aquí la que se va es Mónica… en La Vega lo dijeron...”. De inmediato, un participante asaltó la palabra e increpó a Mejía. “Que se vaya la Mónica y la Chica, ya que la Chica no es líder y lo dijo usted señor… Ahí está usted mintiendo. Que se vaya la Chica y se vaya Mónica, porque ella ya no son líderes; y sea hombre y diga las palabras”.

Mejía salió al paso diciendo que sí era hombre, y que decía la verdad de frente. “Les digo sinceramente, el consejo campesino tampoco hemos sacado documentos de desprestigio ni de Mónica, ni de doña Francisca. Ese documento que rotó y estuvo rotando dentro del consejo, no vino de Punta Gorda... apareció ahí y me dijeron leelo. Alguien lo llevó ahí y se repartió, así de fácil”, manifestó.

El miércoles diecisiete de enero, en Colonia La Fonseca, Nueva Guinea, se llevó a cabo la tercera asamblea territorial con líderes campesinos. El objetivo sería el mismo de los dias anteriores, poner al tanto a los liderazgos de las diferencias entre miembros del consejo, en aras de que las y los presentes tuvieran suficientes elementos para aportar a la discusión.

Habiendo escuchado las ponencias de las partes implicadas, la mayoría de participantes dijeron lamentar que después de cuatro años de lucha de pronto observan cómo una parte del consejo ha empezado a flaquear. Sin embargo, como ocurrió en las anteriores asambleas, por unanimidad se expresó que a lo interno del consejo se deben tomar decisiones que “enderecen el rumbo que lleva el barco” tal y como lo mencionó uno de los participantes, quien se identificó como Cristino.

Pero uno de los cambios más urgentes propuestos por la asamblea, es evitar las vinculaciones con partidos políticos y sus operadores. “Yo hace un año venía diciendo de que debíamos lograr los principios acordados por el consejo de mantenernos como un movimiento que no responde a intereses partidarios, y es justamente por eso el éxito de nuestro movimiento”, mencionó una de las líderes conocida como Raquelita. Agregó que es el gobierno el que ha venido metiendo cizaña para desestabilizar al movimiento. “Pues los partidos son aliados del gobierno y lo digo en público, está más que demostrado que Arnoldo Alemán ha sido aliado de Daniel Ortega. Por eso digo, que no tengo partido que me represente, la única alternativa que nos queda es la lucha social”, afirmó.

El sábado 20 de enero, se realizó en el municipio de Altagracia, en la Isla de Ometepe, la última de las cuatro asambleas territoriales. En general, la discusión marcó una fuerte tendencia del repudio a que algunos miembros en nombre del consejo sostengan vínculos con partidos políticos. En ese sentido, Freddy Navas, miembro del consejo campesino, fue directamente cuestionado. “El señor Freddy vino a la Isla para querer organizar una unidad liberal, eso es lo que se me informó por medio del PLC, esa parte es la que nos está pudriendo, nos está dañando” mencionaron diversos líderes.

Por otra parte, en la asamblea de Ometepe, se condenó la campaña difamatoria en contra de Francisca Ramírez y Mónica López, a quienes mostraron su solidaridad. Pero dejaron claro que estas situaciones no pueden separar al consejo. “La posición de los campesinos debe ser unirnos, tener la convicción firme para continuar demandando las injusticias. Los políticos están tratando de desunir. Me uno a la unidad de todos y bienvenido al abrazo”, mencionó un participante en tono conciliador. Por su parte, Reynaldo García, otro de los presentes, mencionó queesa es la forma de operar del orteguismo y sus partidos alidos, el cual apunta a dividir para vencer. “Pero yo lo que quiero es que ustedes se reconcilien. Desen la mano y vamos adelante”, solicitó.

A partir de las discusiones generadas en las asambleas territoriales, el secretario del consejo campesino, Henrry Ruiz Condega, tomó nota de los principales peticiones ciudadanas, las cuales manifestó, debían ser incluidas en la agenda de la reunión de esta sábado. A juicio de Ruiz, los siguientes cinco puntos, resumen la voluntad expresadas en las asambleas:

• Restitución de Ia consulta con todos los territorios para las decisiones importantes del movimiento.

• Repudio público a Ia campaña de difamaciones y agresiones en contra de Francisca Ramirez y Monica Lopez Baltodano.

• Instalación de un proceso de revision y actualización del reglamento interno del consejo campesino.

• Mantener la demanda internacional por violaciones a derechos humanos presentada ante Ia CIDH, junto a las organizaciones y peticionarios originales.

• Establecimiento de Ia transparencia, Ia verdad y Ia democracia como pilares esenciales para el éxito del movimiento campesino.

¿Cual será el resultado del encuentro de este sábado entre miembros del Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía?. Desde hace cuatro años, en Nicaragua muchos siguen de cerca cada proceso de este movimiento. Hoy no será la excepción.

#LibertadDePrensa El periodista Pedro Altamirano, enfrentará el medio día de este miércoles en la ciudad de León, un juicio en su contra, en el que el empresario Luís Tomás Urroz lo acusa por injurias y calumnias.

Eran las 9:30 de la mañana del miércoles 31 de enero. Los guardas del complejo judicial de la ciudad de León tenían orden de no dejar pasar a periodistas interesados en el caso de Pedro Altamirano. La situación era tensa y deprimente para Pedro, quien caminaba casi en círculos, esperando el llamado al tribunal.

Al menos unas veinte personas entre familiares, amistades y periodistas, a quienes la seguridad del local no tuvo de otra más que dejarlos ingresar, se unieron al caminar de Pedro, el periodista; quien no sólo se representaba así mismo, también simbolizaba el derecho a la libertad de informar y servir a su comunidad bajo la noble labor periodística, comentó Gonzalo Carrión, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh. “Si te fijás bien, en este juicio, el banquillo del acusado no estaría ocupado por Pedro, es una cosa simbólica, es la misma libertad de prensa la que se juega el pellejo en este proceso”, agregó.

Tras cinco horas de alegatos, la jueza Ligia Marín dio a conocer su veredicto, el cual por no encontrar suficiente soporte de las evidencias en la acusación, falló de no culpabilidad, en favor del periodista Pedro Altamirano.

El 18 de noviembre de 2017, Pedro Altamirano había publicado en sus redes sociales la denuncia del joven Reynaldo Castillo, quien acusó a su exempleador Isidro Urroz, propietario de Mini Ferretería Urroz, por incumplimiento de la ley laboral. El Ministerio del Trabajo le dio la razón al trabajador Castillo, pero el ferretero emprendió un proceso contra el periodista. Este miércoles Urroz volvió a perder otro caso y por ahora, debe enfrentar la resistencia de la libertad de prensa en León.

Trece meses se dicen rápido y se cuentan lento, más cuando se trata de redactar una crónica del día a día del pueblo nicaragüense en la búsqueda de una insurrección cívica. Un camino largo que inició el 18 de abril de 2018, aunque probablemente fue antes, cuando el movimiento campesino decidió hacer sus caravanas desde las comunidades hasta la capital, Managua, para oponerse a la construcción del Canal Interoceánico; o quizás desde antes, cuando las feministas se tomaron las calles para poner frente a un sistema opresivo y patriarcal.

A trece meses que comenzó la insurrección cívica en Nicaragua, la estrategia de represión del régimen Ortega-Murillo se mantiene en distintas fases, una de ellas contra de periodistas y medios de comunicación. Desde el 1 de abril de 2018 al 1 de abril de 2019, los ataques aumentaron un 1000 %, según el informe ‘Un año de crisis socio-política. Tiempo de Hostilidad y Represión contra la prensa independiente’, de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.

Para la periodista nicaragüense, Wendy Quintero, los ataques a la libertad de expresión y de prensa se empezaron “desde 2007, bajo una estrategia de bloqueo a la comunicación” que ha consistido en crear medios e integrarlos a un  duopolio que han conformado, para controlar la información. “No podemos celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa cuando regímenes autoritarios censuran y encarcelan a periodistas”, expresó Quintero durante el conversatorio ‘No callarán la verdad encarcelando a periodistas”, llevado a cabo en Bilbao, Euskadi.

El 3 de mayo, fue establecido en 1993 en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Día Mundial de la Libertad de Prensa, a fin de “reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática”. Este año el lema es ‘Medios de comunicación para la democracia: periodismo y elecciones en tiempo de desinformación’. En Nicaragua actualmente hay una campaña de difamación contra medios independientes. “Son ciberataques, campañas de noticias falsas para tergiversar lo que está ocurriendo y desviar el foco de los acontecimientos que verdaderamente necesitan de una investigación a profundidad”, explicó Wendy.

«Hay una censura oficial»

Nicaragua llega al 3 de mayo con mil 80 agresiones contra la libertad de prensa en el último año, según la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Las más comunes han sido el allanamiento, intimidación, amenazas, censura, ataques, restricciones y el hostigamiento, que ha llevado a más de 90 periodistas a tener que exiliarse. “No podemos celebrar cuando colegas siguen presos, Lucía Pineda Ubau y Miguel Mora. Tampoco vamos a obviar una de las muertes que más ha impactado al pueblo nicaragüense, como el asesinato del periodista Ángel Gahona, el 21 de abril del año pasado mientras realizaba una transmisión en  directo”.

Para Wendy Quintero, en Nicaragua “hay censura oficial”. Un ejemplo ha sido el allanamiento y la censura a las radio Voz Juvenil y Humedales ubicadas en el sureste del país. Es por ello, que IFEX-ALC, AMARC ALC y la SIP, promueven recomendaciones para enfrentar el deterioro de la libertad de expresión:

• Cesar de inmediato toda acción de agresión física, intimidación y amenazas generadas por grupos violentos y parapoliciales
• Investigar todos los actos de violencia contra periodistas y medios de comunicación, incluyendo el asesinato para evitar un estado de impunidad
• Adoptar las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psicológica de las y los periodistas
• Garantizar plenamente el derecho a la comunicación, regresar los medios confiscados, así como la restitución de sus licencias de operación y la entrega inmediata del papel y la materia prima retenida a los diarios La Prensa y El Nuevo Diario
• Abstenerse de criminalizar las protestas
• Garantizar que la respuesta de los cuerpos de seguridad no sea de represión sino de protección
• Trabajar con las instituciones nacionales e internacionales para buscar un marco apropiado y definitivo que promueva un diálogo respetuoso y tolerante, que conduzca hacia una solución democrática

Entre consignas y música nicaragüense que evocan el derecho a la libertad,  fue despedida Magaly Quintana, feminista de amplia trayectoria, quien destacó por su entrega en la noble labor por erradicar la violencia hacia las mujeres en Nicaragua. Decenas de personas, entre familiares, compañeras y compañeros de lucha y otras amistades, flores en mano, le dieron el último adiós en el Cementerio Central de Managua.

Quintana, quien al momento de su muerte tenía 66 años, murió tras un derrame cerebral, la madrugada del domingo cinco mayo de 2019.

Su fallecimiento representa una gran pérdida para las mujeres nicaragüenses, en particular aquellas que viven violencia, ya que desde Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), el cual fundó, monitoreaba los distintos tipos de violencia cometidos contra las mujeres, en especial los casos de femicidios.

Quintana, quien durante su juventud fue una destacada dirigenta del Movimiento Estudiantil Revolucionario desde su cargo como presidenta del Centro Universitario de la Universidad Nacional (CUUN) donde inició su promoción por los derechos de las personas de la diversidad sexual, entre otras reivindicaciones.

También estuvo ligada al surgimiento de importantes espacios de defensa de los derechos de la niñez y las mujeres en el municipio de Masaya. Formó parte de las fundadoras del Colectivo de Mujeres de Matagalpa, impulsora del Programa Feminista La Corriente, entre otros. Además como teatrista, utilizó este arte como vehículo para defender los derechos de las mujeres.

Por todo tu esfuerzo y dedicación a los derechos de las mujeres y de la gente joven, Nicaragua entera está en deuda con Martha Magaly Quintana Pereyra.

El equipo de Onda Local rinde homenaje a quien en vida fue una mujer valiente y luchadora, que deja un gran legado que apunta a la búsqueda de la justicia en nuestra sociedad.

Fue procesado siete veces por injurias y calumnias, pero no pudieron encarcelarlo. Tres veces su casa fue atacada por paramilitares, la que intentaron quemarla. Es uno de los tres periodistas norteños que se resiste a dejar de informar. Estuvo a punto de exiliarse ante las constantes amenazas, pero luego pensó, “por qué tengo que irme, decidí quedarme por la dignidad de nuestra labor periodística” refiere con los ojos llorosos, William Aragón de Somoto, Madriz.

El panorama para las y los periodistas en los territorios es sombrío. De 21 periodistas que dan cobertura a la zona norte del país, sólo tres han quedado ejerciendo la profesión, los demás han tenido que cerrar sus espacios.

En Bluefields, en la Costa Caribe Sur, hay 27 periodistas, 15 son independientes. Tres mujeres periodistas se encuentran en el exilio y un periodista fue asesinado, Ángel Eduardo Gahona López.

En pleno viernes santos, la policía de Bluefields volvió a asediar las instalaciones de Radio La Costeñísima, ante el anuncio de un programa especial para conmemorar el aniversario de la insurrección cívica.      

Verónica Chávez, periodista y esposa de Miguel Mora Barberena durante el Día Mundial de la Libertad de Prensa expresó: “Cómo celebrar, si recordamos el asesinato del colega Ángel Gahona, cuando han allanado, censurado, clausurado, confiscado e incendiado medios de comunicación, y que por efectos del asedio más de 60 periodistas buscaron refugios en otros países”.

Una joven con una bandera y encima algunas fotos del incendio a Radio Darío y del preso político Cristopher Nahiroby, alza su voz que sobre sale en todo el salón, grita ¡Justicia para los asesinados! ¡Libertad para Lucía Pineda y Miguel Mora, libertad para todos los presos políticos!

La mamá de Lucía y Miguel presentes en el acto organizado por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, se miran, se reconocen en el dolor y se abrazan en resistencia.  

Para la periodista Elizabeth Romero, del portal digital La Obrera de la Tecla, la libertad de prensa, es uno de los derechos que el régimen empezó a violentar de forma sistemática. “Ejercer el periodismo independiente se ha convertido en una profesión de alto riesgo”, asegura.

Recientemente el sitio web del diario La Prensa sufrió un ataque cibernético por más de 24 horas. “Más de 11,000 intentos por segundo para entrar al sitio web”, informó el medio de comunicación.

Quienes dentro de Nicaragua y en el exilio, seguimos haciendo periodismo independiente coincidimos en que el país tiene periodistas comprometidos con la ciudadanía, críticos a toda clase de poder, responsables con quienes informan, éticos, dispuestos a escuchar y abrir los micrófonos al debate para conocer los diferentes puntos de vista. Muchos de las y los cuales participan en Periodistas y Comunicadores de Nicaragua, PCIN.

Como bien lo dijo Ryszard Kapuscinski. “Periodista es alguien que viviendo toma posiciones. Tiene emociones, siente. Y sentir y tomar posiciones es ya tomar partido. No creo en el periodismo que se llama a sí mismo, impasible, tampoco en la objetividad en sentido formal.”

Si usted se encuentra un/una periodista independiente en estos días, conversen, tomen posturas. Verán con otros ojos la importancia de la labor periodística. Recuerden que la justicia y la democracia se construye día a día con el esfuerzos de todos.

En Estado de sitio y sin gente en las calles, es una posición cómoda para que el régimen Ortega-Murillo negocie, expresó el Consejo Político de Unidad Nacional Azul y Blanco en conferencia de prensa.

A través del comunicado facilitado a los medios de comunicación, destacaron que  la única forma de recobrar la confianza y el avance de la negociación, es el  cumplimiento de la liberación inmediata, plena y con garantías de las presas y presos políticos. Así mismo, resaltan que la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia no debería volver a la mesa de negociación, sin que la condición antes mencionada se cumpla en su totalidad.

También recordaron que es imposible avanzar en la negociación sin presencia de garantes internacionales, ya que se ha demostrado en más de una ocasión que el régimen de Ortega no respeta la autoridad de la Nunciatura, ni la del enviado por el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Enfatizaron en que la Unidad Nacional Azul y Blanco debe exigir el retorno con garantías de las y los exiliados políticos, la devolución de las personerías jurídicas, el respeto a los derechos fundamentales, el cese inmediato de la represión y el desarme de los cuerpos parapoliciales y paramilitares con las que el régimen ha causado dolor y luto en los nicaragüenses.

La misma represión, asedio y persecución que actualmente viven los nicaragüenses es la misma que un 19 de abril de 2018 vivieron cuando miembros de Juventud Sandinista reprimieron sin compasión a los manifestantes que inicialmente se concentraron en Managua, de ahí la represión fue más intensa, sumándose la Policía Nacional, turbas adeptas al régimen dictatorial de Daniel Ortega y paramilitares afines al gobierno.

Particularmente las manifestaciones pacíficas en contra del gobierno se expandieron en cada rincón de país, recibiendo el mismo trato, golpeando, hiriendo y asesinando a los manifestantes.

En el marco de la masacre del 30 de mayo de 2018, desde la ciudad de New York la comunidad nicaragüense, los ex presos políticos, los exiliados políticos y familiares de asesinados por la dictadura Ortega-Murillo, conmemorarán ésta trágica fecha para el país con una jornada de actividades, iniciando con una charla realizada por el ex diputado Víctor Hugo Tinoco y la activista de derechos humanos, Haydée Castillo, expresando ante el mundo y la comunidad internacional lo que realmente está pasando en Nicaragua.

La actividad se llevó a cabo en The City College of New York, teniendo como objetivo principal informar a los estudiantes universitarios y la comunidad universitaria en general. Por su parte Víctor Hugo presentó su análisis y perspectivas de la crisis actual en Nicaragua, haciendo énfasis sobre el proceso histórico deliberado de la destrucción de la Democracia y cómo Daniel Ortega desde hace años venía creando una dinastía, que "es mucho más sangrienta que la de los Somoza en los años 60 y 70". Tinoco insistió en que la nueva Nicaragua dentro del programa de gobierno a nivel internacional incluirá la firma del Estatuto de Roma, con el objetivo que no se repita la historia en el país y no se vuelvan a cometer crímenes de lesa humanidad en contra de civiles a como lo hizo la dictadura Ortega-Murillo.

 "Arriba los pobres del mundo", es sinónimo de multiplicación de la pobreza, expresó Haydée Castillo, refiriéndose al lema de la dictadura, convirtiéndose esto en una humillación de la dignidad humana de los nicaragüenses.

Castillo recalco que abril llegó como una bocanada de agua fresca para la debacle a la que estaba llevando Ortega al país. "Que no se vaya a desperdiciar abril, que los nicaragüenses no se vayan a otro país, tenemos que recuperar ese capital humano en el exterior para conquistar el país y erradicar la corrupción", enfatizó. Los nicaragüenses que están tanto fuera del país como los que están dentro, tienen que "fortalecer los niveles de organización y articulación a nivel interno y externo. Unirnos en un sentido común para dar paso a las libertades y la democracia", finalizó Castillo.

La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), al cierre del 2019, estima que el sector más afectado por la crisis que atraviesa Nicaragua será el empleo formal. Se calcula que entre 66,000 y 98,000 personas pasarán al desempleo.

El desempleo abierto se ubicaría entre el 7.5% y 8.5%. Al cierre de 2018 se estableció en 5.5%, según el informe de coyuntura ¨Nicaragua en crisis política y socioeconómica”, presentado este martes 14 de mayo de 2019.

En caso de cumplirse las predicciones, entre 243,000 y 276,000 personas estarían en el desempleo abierto al concluir el año, mencionó Funides.

Asimismo, la Funides pronosticó un incremento en los precios de los diversos productos para este 2019 y consideró que la inflación estaría rondando entre el 6.4% y 7.9%. Se mantiene sin modificación las estimaciones económicas de Nicaragua las que son consideradas negativas en un rango de -7.3% y -10.9%.

Por otra parte, el informe refleja que la económica del país se encuentra en recesión y en estancamiento, esto debido a que aun no existen soluciones para concluir con la crisis sociopolítica de Nicaragua.

Con referencia a la democracia en el país, el informe menciona que según el proyecto mundial “Variedades de la Democracia”, en sus nuevos indicadores sobre el estado de la democracia liberal a nivel mundial y su evolución durante el año pasado, Nicaragua alcanzó un puntaje de 5.8 de 100 en el índice de democracia liberal. De esta forma, el país se situó junto con Cuba y Venezuela, como los países menos democráticos del continente americano, durante 2018.

En cuanto al tema de las manifestaciones señala que Nicaragua atraviesa por una cuarta etapa de la crisis, que se caracteriza por el despliegue de una estrategia estatal de ocupación de espacios públicos y la prohibición expresa de manifestaciones de acuerdo con los comunicados emitidos por la Policía, para impedir cualquier manifestación social en el país.

Las competencias más demandadas para puestos de trabajos técnicos son conocimientos de sistemas y programas informáticos, otros idiomas, habilidades matemáticas, contabilidad y caja, manejo de maquinaria, equipo y herramientas, refleja el “Diagnóstico ocupaciones técnicas en tiempos de crisis”, realizado por La Red Nicaragüense para la Educación Técnica (RENET) y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES).

El equipo investigador consideró que la formación técnica es una alternativa en tiempos de crisis, que permite la inserción laboral de jóvenes en el corto plazo, ya que las empresas cade vez más, necesitan de las habilidades particulares que forma la educación técnica. Además, se ha comprobado el valor que tiene la educación técnica para el desarrollo de Nicaragua.

El diagnóstico también destaca la notable presencia de jóvenes en las ocupaciones técnicas, particularmente en las empresas grandes y en labores relacionadas con administración, ventas e informática.

“Los jóvenes que laboran en empresas grandes tienen mayores oportunidades de promoción y ascenso”, señala.

En la mayor parte de las ocupaciones técnicas estudiadas predominan los hombres, excepto las relacionadas con administración, ventas e informática, lo cual refleja la poca inserción de las mujeres en aquellas ocupaciones tradicionalmente dominadas por hombres, según el documento.

El informe da cuenta que el trabajo en equipo es la competencia más importante demandada por las empresas, seguida por el respeto a las normas.

Como resultado del diagnóstico se elaboró un plan de acción que contempla la promoción y fortalecimiento de la educación técnica, así como la vinculación de las carreras técnicas con las demandas del mercado laboral. También, fomentará el emprededurismo como alternativa durante la crisis.