Como “un avance significativo” calificaron Ipas Centroamérica y el Grupo Estratégico por la despenalización del Aborto Terapéutico, el abordaje mediático en temas relacionados con la violación a derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes. Sin embargo, consideraron que “el Estado sigue en deuda”.

Elizabeth Romero, periodista de La Prensa, recalca esta última afirmación en su artículo “Se incrementan casos de violencia sexual en el Caribe Norte”, el cual refiere que “…se observa poca colaboración de las instituciones estatales para agilizar los procesos legales” en los casos de violencia sexual contra niñas, adolescentes indígenas y campesinas.

En el Caribe Norte, la violencia sexual es uno de los delitos más latentes, ya que en su mayoría las víctimas son menores de 13 años. “Situación que se agrava con el narcotráfico, el avance de la frontera agrícola y el turismo sexual en la región”, plantea Romero en dicho artículo, por el cual, se le otorgó el premio de la V Edición del Concurso Nacional Conchita Palacios, en la categoría de Periodistas comprometidos con los derechos humanos de las mujeres.

El segundo lugar lo obtuvo Nelson Rodríguez, jefe de prensa de Radio Universidad, por su artículo: “Lanzan iniciativa para interrumpir el embarazo por razones de salud”.

En dicho trabajo, Rodríguez, enfatiza que una de las violaciones de derechos hacia las mujeres, es la penalización del aborto, factor que muchas veces provoca muertes maternas. “Aquí estamos hablando de un asunto de Derecho; nada tiene que ver lo religioso o lo político, como han querido mezclar aquí las autoridades”, afirma una de sus fuentes.

En la categoría de iniciativas novedosas por la vida y la salud de las mujeres y niñas, el jurado otorgó un único premio a Managua Furiosa, por la campaña en las redes sociales “Salvemos Vidas”, la cual fue calificada como “innovadora” ya que generó diferentes reacciones en las y los usuarios y  sirvió como un espacio de debate.

La premiación se llevó a cabo este miércoles 30 de marzo, bajo el lema “La vida y la salud, derechos para todas las mujeres”. Su objetivo es reconocer a personas y organizaciones “comprometidas con su trabajo profesional y que además deciden voluntariamente dar su aporte más allá de su labor, para abogar por la igualdad y la justicia para las mujeres”, expresó Martha María Blandón, de Ipas Centroamérica.

El jurado estuvo conformado por la Dra. Vilma Núñez de Escorcia, Guillermo Rothschuh y María López Vigil. “Felicitamos a las ganadoras y a los ganadores por su aporte a la lucha de los derechos humanos de las mujeres, las niñas y las adolescentes”, concluyó en la lectura del acta María López Vigil, quien motivó a que las organizaciones y medios de comunicación continúen promoviendo las buenas prácticas en defensa de los derechos humanos.

Los trabajos periodísticos enfocados a la violación de los derechos humanos de las mujeres, son realizados con mucha dificultad, ya que no se cuenta con datos oficiales. Desde el 2014, el Instituto de Medicina Legal, no publica las estadísticas de muertes maternas. Las últimas fueron en 2013 y se registraron 71 casos.

En cuanto a la expresión máxima de la violencia contra las mujeres, el femicidio, en lo que va del 2016, el sitio “Voces contra la Violencia”, refleja 20 casos.

Veredicto y recomendaciones se conocerán el próximo viernes ocho de abril de 2016

Cristopher Mendoza Jirón

La mañana del martes cinco de abril, se realizó El Salvador la VIII Audiencia Pública del Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), la que contó con la participación de Gabriela Ruiz y Víctor Campos, en representación de las ocho instituciones y personas que conforman el Grupo Cocibolca; quienes presentaron ante el jurado y una amplia concurrencia, los argumentos que soportan una demanda al Estado de Nicaragua, ante la amenaza de construcción del Canal Interoceánico.

Para las y los denunciantes, “los graves riesgos sociales, económicos y ambientales, junto a la represión policial y militar a las protestas contra semejante despropósito gubernamental constituyen graves violaciones a los derechos humanos; Particularmente a los derechos de reunión, libertad individual, integridad personal, ambiente, derecho al agua, a la alimentación, a la propiedad, a la cultura y a la libertad de expresión, entre otros que deben ser protegidos y cuyo respeto debe ser garantizado por el Estado nicaragüense”, menciona la denuncia.

El TLA, que en su programación contempló escuchar el “Caso del Canal Interoceánico en Nicaragua” el día lunes, reprogramó el caso para la mañana del martes, cumpliendo así la última etapa de un proceso que inició en octubre de 2015, con la admisión de la denuncia y que culminará el ocho de abril, cuando el tribunal anuncie su veredicto y recomendaciones del caso.

Las peticiones

“Esperamos que (el TLA) se pronuncie y haga recomendaciones al Estado Nicaragüense y exija lo que le pedimos. Sabemos que la instancia otorga sanciones éticas con fundamento científico y representa una opinión de peso ante la comunidad internacional”, manifestó Gabriela Ruiz.

La audiencia contó con un jurado de mucha experiencia, conformado por el Maestro e investigador social con perspectiva multicultural Diego Cotiy de Guatemala, las salvadoreñas Yanira Córtes y Julia Martínez, Procuradora Ambiental y experta en temas económicos con perspectiva de género, respectivamente. Completan la lista, Phillippe Texier, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia de Francia, Alexander Camanho, brasileño con amplia experiencia ambiental.

Entre los aspectos que representaron mayor interés por parte del jurado, se destan diez:

1. La existencia de convenios internacionales sobre cuencas binacionales entre Nicaragua y Costa Rica; y si Costa Rica se ha pronunciado respecto al caso del canal.

2. Si se ha acudido a las instancias del Sistema de Integración Centroamericana (SICA); y si el SICA tiene conocimiento y se ha pronunciado sobre el megaproyecto.

3. Recomendaciones de la CIDH y si dentro de sus recomendaciones se le pidió al Estado suspender la ejecución del proyecto

4. Argumentos de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua para no dar lugar a los recursos por inconstitucionalidad presentados

5. Si ya se han iniciado obras físicas del Canal.

6. Si consideramos que había corrupción por el comportamiento de las autoridades del Estado.

7. ¿Cómo está previendo el gobierno de Nicaragua los impactos sobre el Cambio Climático?

8. Si se conocen estudios independientes que se hayan realizado para medir la opinión pública sobre el Canal.

9. Desplazamientos forzosos.

10. Procedimiento de la recolección de firmas para la presentación de la Iniciativa de Ley de derogación de la Ley 840.

Cristopher Mendoza Jirón

El grupo de campesinos y campesinas que conforman el Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, llegó este jueves siete de abril a la Asamblea Nacional para hacer lo que saben hacer muy bien; sembrar.

Pero esta vez no eran frijoles, ni plátanos, ni malangas, desde hace dos años “siembran la semilla de la esperanza y la valentía” para todo un pueblo que se ha visto amenazado desde 2013, cuando el gobierno de Daniel Ortega anunció la construcción del canal interoceánico, en sociedad con el empresario de origen chino, Wang Jing.

“Este jueves, es una fecha histórica, se ha sembrado una semilla que da esperanza y fortalece la dignidad del pueblo nicaragüense” reiteró con notable alegría Mónica López Baltodano, asesora jurídica de la agrupación, quienes desde muy temprano llegaron hasta la Asamblea Nacional para presentar su Iniciativa de Ley para derogar la Ley Canalera (840).

“La iniciativa, es resultado del esfuerzo ciudadano que expresa el legítimo pensamiento del pueblo campesino afectado directamente por el proyecto de construcción del Canal Interoceánico. Dicho esfuerzo, ha encontrado en Fundación Popol Na y su equipo de Ecoabogados  el debido respaldo para el asesoramiento y gestión jurídica. Pero además destaca el apoyo firme y decidido de diversas instituciones de la sociedad civil y los miles de nicaragüenses, hombres y mujeres que nos dieron sus firmas, las cuales presentamos hoy, para reivindicar que no somos nada más “los cuatro locos” aquellos que vieron marchar y gritar. ¡Somos más!”, mencionó en un comunicado la agrupación campesina.

Según López Baltodano, el objetivo de la iniciativa es “garantizar el bien común de todas y todos los nicaragüenses, la recuperación de la soberanía nacional, el restablecimiento del orden constitucional y jurídico de la nación, la tutela de los derechos humanos de la población y la protección de los bienes comunes y recursos naturales de país”. De lo anterior, agrega López, se pueden mencionar varias áreas protegidas, con especial atención al daño que podría significar para el Gran Lago de Nicaragua; que de acuerdo a la Ley General de Aguas Nacionales (Ley 620) “deberá considerarse como reserva natural de agua potable, siendo del más elevado interés y prioridad nacional para la seguridad nacional”.

Más de 28,600 personas estaban ahí

La presencia de más de 28 mil personas, hubiesen colapsado los pasillos y salones de la Asamblea Nacional, pero con sus firmas estampadas en papel y hojas legales, bastó acomodarlos en gran cantidad de folders para acompañar al grupo de campesinos en la entrega de la Iniciativa de Ley.  “Realizamos campañas de recolección de firmas y logramos obtener veintiocho mil seiscientos noventiocho. De esa cantidad, casi siete mil fueron en hojas legales y en presencia de la notaria, tal y como la Ley (de participación Ciudadana) manda. Recordemos que la cantidad solicitada para presentar una iniciativa es de cinco mil y nosotros nos pasamos todavía”, manifestó Medardo Mairena, quien funge como nuevo vice coordinar del Consejo campesino.

Por su parte, Francisca Ramírez, nueva coordinadora de la agrupación campesina, y una de las más conmovidas al ver sello y firma que certifican la aceptación de la Iniciativa, mencionó que no descansarán hasta la aprobación de la Ley que derogará la Ley Canalera (Ley 840). “Vamos a presionar en todo momento para que nuestro derecho se cumpla y con mucha más razón estamos convocando a la marcha número sesentaicinco, la cuarta de carácter nacional, el día 22 de abril, Día de la Madre Tierra, a realizarse en Nueva Guinea”.

Los embarazos producto de violación y estupro, altera las metas y los proyectos de vida de niñas y adolescentes. Así lo refleja la investigación “Vidas Robadas”, de la Asociación de Mujeres Axayacatl, presentado este jueves 07 de abril.

 El estudio  es una continuidad de la investigación: “Diagnóstico sobre el impacto de la penalización del aborto terapéutico”; y contempla el caso de 30 niñas y adolescentes originarias de siete departamentos de Nicaragua. Las edades son entre 12 a 19 años, de las cuales, aproximadamente 18 no estudian ni trabajan.

El impacto de un embarazo por violación y estupro, repercute en la salud física, mental y social de las niñas y las adolescentes. Según María Eugenia Delgadillo, una de las autoras del estudio, eventos como estos dañan de por vida a las víctimas  ya que padecen trastornos de estrés postraumático. Algunos de ellos son: recuerdos recurrentes de los acontecimientos, pesadillas, malestar psicológico intenso, cambios de ánimo, entre otros.

Dichas afectaciones psicológicas, también se reflejan en respuestas fisiológicas como vómito, dolor de estómago entre otros. Víctimas abordadas en el estudio afirman que “las vidas nunca vuelven a ser igual”, son vidas robadas.

Según el estudio, las adolescentes son el grupo que constituyen las mayores tasas de mortalidad materna, ya que tienen más probabilidades de sufrir complicaciones que pueden surgir durante el embarazo y el parto. Fisiológicamente, el organismo de las niñas y las adolescentes no está preparado.

Las niñas y las adolescentes también se convierten en víctimas de discriminación y tortura, por parte de su entorno social, familiar y personal de salud. El 50 por ciento de ellas, afirman no haber recibido buena atención médica.

“Estupro también es violación”

El 13 por ciento de los casos del estudio corresponden al estupro, y aunque uno de los estigmas sociales sea decirle a la niña o a la adolescente que se dejó embarazar porque quiso, Delgadillo afirmó que el “estupro también es violación”.

En situaciones como estas, hay un falso consentimiento de parte de la víctima. La mayoría de veces, se cree que la niña o la adolescente, disfruta esa relación, sin embargo, el estudio afirma que lo que ellas sienten es dolor, culpa, miedo, engaño y frustración.

“No hay educación sexual integral”

La Dra. Matilde Jirón, también autora de la investigación, afirmó que el 80 por ciento de las niñas y las adolescentes contempladas en el estudio, no reciben consejería en educación sexual. Cabe destacar, que la desinformación en esta área es uno de los elementos principales que influyen en el alto índice de embarazos.  La violencia sexual e intrafamiliar, también son otros factores que intervienen.

Con los resultados de este estudio, se pretende crear conciencia de que “…no podemos someter a una niña a un embarazo impuesto. Estamos hablando de salud física, psicológica y el sometimiento de una niña a un embarazo impuesto realmente la estamos revictimizando. Acá se debería aprobar la interrupción por cuestiones de salud, entonces nosotras queremos tocar esas puertas…”, afirmó Delgadillo.

El fallo del Tribunal de Conciencia de Justicia para las Mujeres, realizado en Managua el 10 de Noviembre de 2015, planteó que “…se deben implementar medias especiales y eficaces para evitar el embarazo de las niñas y adolescentes, así como los embarazos no deseados, para este Tribunal es claro, el mensaje es claro para el Estado de Nicaragua, las niñas no pueden ser madres…”.

Cristopher Mendoza Jirón

A eso de las tres y media de la tarde de este lunes, Mónica López, asesora del Consejo Nacional de la Tierra Lago y Soberanía, y William Rivas, del Comité Promotor de la Iniciativa de Ley para derogar la Ley canalera (Ley 840), entraron a las oficinas de la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional, respondiendo a una comunicación en donde se les informó que la Asamblea Nacional rechazaría dicha iniciativa, presentada el pasado jueves con el acompañamiento de campesinos y campesinas del Concejo Nacional de la Tierra, Lago y Soberanía.

“Nos quisieron entregar una comunicación que dice que se rechaza la Iniciativa Ciudadana de Ley de derogación del canal, bajo un argumento que es imposible de creer desde el punto de vista jurídico; que es que la Asamblea Nacional no tiene competencia para derogar la ley del Canal”mencionó López, quien reiteró que "cualquier subsanación (a la Iniciativa de Ley) debió haberse notificado en el lapso de veinticuatro horas, o sea, a más tardar el (pasado) viernes ocho, a las nueve y dieciséis de la mañana. Cualquier notificación posterior es extemporanea, ilegal y violatoria de nuestros derechos".

Les invitamos a ver las declaraciones de Mónica López y William Rivas:

Carta de la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional, firmada por Alba Palacios, explicando los motivos de su incompetencia para derogar la Ley 840. Aunque la misma no fue aceptada por los representantes de la Comisión Promotora de la Iniciativa Ciudadana de Derogación de la Ley Canalera, nos compartieron una imagen de su contenido. 

Cristopher Mendoza Jirón

El Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) falló en contra del proyecto de construcción del Canal Interoceánico, así lo dio a conocer ayer lunes la instancia regional.

El veredicto responde a la denuncia realizada de manera formal el pasado martes cinco de abril, por parte del Grupo Cocibolca, compuesta por ocho organizaciones nicaragüenses.

Vea: Canal Interoceánico en Tribunal Latinoamericano del Agua

Gabriela Ruiz, del programa Ecoabogado de Fundación Popol Na y Víctor Campos, del Centro Humboldt, fueron los encargados de exponer los aspectos con que argumentaron una demanda al Estado de Nicaragua, por los altos riesgos en términos de derechos humanos y ambientales, que implicaría la construcción del Canal Interoceánico.

Vea: El veredicto           

El Tribunal Latinoamericano del Agua es una instancia de la justicia alternativa de carácter ético, no vinculante para el análisis y la búsqueda de solución a conflictos hídricos. Se fundamenta en los convenios, tratados y declaraciones internacionales relacionadas con los principios esenciales que rigen la protección de las fuentes de agua, los derechos intergeneracionales y el agua como un derecho humano indispensable para la vida.

Después de que la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional, rechazara la Iniciativa Ciudadana, presentada por el Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía, con el fin de derogar la Ley 840 (Ley Canalera), el Grupo Promotor de dicha iniciativa, introdujo un recurso de apelación.

La respuesta no se hizo esperar. El lunes 18 de abril, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, presentó la resolución No. 11-2016“De no ha lugar a la presentación de una iniciativa ciudadana”, que ratifica la decisión de la Primera Secretaría.

En Onda Local, te presentamos cuatro elementos que indican que la resolución de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, viola la participación ciudadana.

1. La Asamblea Nacional está obliga a darle trámite a la Iniciativa Ciudadana.

Para Gabriel Álvarez, experto constitucionalista, “todas las materias susceptibles de regulación jurídica, son competencia de la Asamblea Nacional”.  El artículo 138 de la Constitución, en su primer  numeral, establece que son atribuciones de la Asamblea Nacional “elaborar y aprobar las leyes y decretos, así como reformar y derogar los existentes”.

2. La Iniciativa Ciudadana cumple con todos los requisitos que establece la Ley 475, Ley de Participación Ciudadana.

Se recolectaron en presencia de notario, más de 20 mil firmas, de las cuales, seis mil son en papel legal. En el documento se presentó exposición de motivo, fundamentación del texto y el articulado. Por lo cual, se debía cumplir la debida tramitación de la Iniciativa Ciudadana.

3. La resolución de la Junta Directiva, no responde al recurso presentado por la Iniciativa Ciudadana.

La resolución de “No ha lugar a la presentación de una Iniciativa Ciudadana”, refiere que la Asamblea Nacional, “no tiene atribuciones para tramitar una iniciativa que en el fondo, según se expresaba en la exposición de motivos”, buscaba discutir la Inconstitucionalidad de la Ley 840. Por lo cual, consideran que hay un conflicto entre las funciones de la Asamblea Nacional y las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia.

Para Mónica López, asesora legal del Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía, la Iniciativa Ciudadana no busca una declaración por inconstitucionalidad, el único motivo es la derogación de la Ley 840.

4. La resolución de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, viola la participación del derecho ciudadano.

La Asamblea Nacional, no realizó el trámite de conformidad al proceso de formación de la ley, establecido en la Constitución Política y demás disposiciones legales. María Eugenia Sequeira, afirma que esta situación cercena el derecho ciudadano a presentar iniciativas, con esto “se crea un precedente gravísimo”.

Para Gabriel Álvarez, el no respetar el derecho a la participación ciudadana a través de la presentación de iniciativas, viola la soberanía de las y los nicaragüenses.

“Nosotros estamos cumpliendo con la ley, quienes no están cumpliendo con la ley son los señores que la hacen. Debería ser labor de la Asamblea Nacional, cuidar el país”.

William Rivas

Representante del Comité Promotor  de la iniciativa

Por Julio López

El cambio climático está afectando los humedales en el municipio de San Miguelito, Río San Juan. La desecación (aridez) se ha acelerado, aseguró Franklin Briceño Martínez, ambientalista de San Miguelito y voluntario de la Fundación del Río.

Para Briceño, “los impactos del cambio climático serían menores, si dos o tres décadas atrás, hubiésemos tenido una actitud diferente en el aprovechamiento de los recursos naturales”.

El Lago Cocibolca está perdiendo su nivel, lo cual está afectando a los humedales. Pero, el cambio climático no es el único culpable, también está asociado a la deforestación.

“La parte alta de las subcuencas y microcuencas están fuertemente afectadas. Se están degradando por el despale, la agricultura migratoria y la ganadería extensiva que se ha venido desarrollando en el municipio y en la región”, manifestó.

Hay preocupación entre la población, asegura Briceño. “Quienes antes no creían que podíamos llegar a esta situación, hoy están sintiendo en carne propia los embates del cambio del clima que se refleja en la sequía y la pérdida de las fuentes de agua”.

En el sureste de Nicaragua, a criterio del ambientalista, la sequía, la pérdida de nivel y de caudales de los ríos y del lago, marca un hito en la historia de la región. “Ha habido períodos secos, pero no como lo estamos viviendo ahora”, remarcó.

Debe haber un cambio acelerado en la actitud de la población propone el ambientalista. Además, se debe aprovechar el proceso de regeneración de la tierra. “En un área de pastizales, donde no hay ni un solo árbol, a la vuelta de cinco años, si usted no toca esa área, va a tener un bosque secundario”.  

Es necesario “replantear y cambiar los métodos de producción, que hemos utilizado, que no han funcionado y nos han llevado a esta catástrofe ecológica”, añadió.   

Hay que darle vida a los humedales del Lago Cocibolca, considera Briceño “porque son sus filtros naturales, son como los riñones en el cuerpo humano. Y cuando estos humedales se alteran, el lago también sufre sus embates”, enfatizó.       

Caravanas campesinas avanzan hacia Nueva Guinea, donde se reunirán para realizar la marcha territorial número 65 y la cuarta nacional contra El Canal. La actividad es parte de las acciones verdes en defensa de la tierra, el lago y la soberanía de Nicaragua.

Se esperan camiones procedentes de San Miguelito, El Almendro, Río San Juan, El Tule, El Jícaro, Puerto Príncipe, la Unión, la Fonseca, así como delegaciones  de Punta Gorda, Managua, Masaya, entre otros. Algunas de ellas, viajaron desde el jueves 21 de abril por la tarde.

Según reporte de La Prensa, dos camiones que se movilizarían de la Unión hacia Nueva Guinea, “no fueron autorizados a salir”. Pese a que “para marchar y luchar no se necesita permiso”.

Raiy Cox realizó un viaje largo desde Bluefields hacia Nueva Guinea para poder participar de la marcha. “Pero vale la pena. Creo que Nicaragua vale la pena. Valen más los ríos, los lagos, las montañas. La naturaleza vale más que este pequeño esfuerzo que estamos haciendo todos aquí. Creo que en todo el país no hay agua. Los ríos, los lagos se están secando. Hay un despale brutal. Considero que ese famoso canal nos va a afectar el doble de lo que estamos sufriendo”.

Margarita Hernández, de Nueva Guinea, orgullosa dice que ha participado de todas las machas. “Nosotros hemos estado luchando, ayudándoles  a los campesinos, porque no queremos ese canal. Que deroguen esa Ley 840, porque ellos no están regalando sus tierras, ni nada, porque esa es una herencia que los papás nos dejaron a nosotros. Ahora estamos aquí de nuevo y vamos a ver qué es lo que va a pasar. No vamos a perecer aquí. Nosotros andamos pacíficamente aquí”.

11:15 de la mañana/ Acaban de entrar 20 camiones a Nueva Guinea, provenientes de La Fonseca.

Inicia marcha  contra  El Canal Interoceánico

La marcha dio inicio en la Lechera, y se dirige rumbo a la Rotonda de Nueva Guinea para pasar por las calles centrales. Por el momento, se calcula más de diez mil personas.

La marcha estaba prevista que iniciara a las nueve de la mañana, sin embargo, hubo retraso ya que algunos camiones se dañaron en el camino. No obstante, a las 12 del mediodía, dieron inicio a la actividad. Las personas caminan mostrando  mantas y agitando banderas de Nicaragua. “Agua y tierra para vivir ¡Hay que resistir!

Francisca Ramírez, presidenta del Consejo en defensa de la Tierra, Lago y Soberanía de Nicaragua, afirmó que han sido víctimas de métodos de intimidación con el fin de frenar la marcha. Sin embargo, expresó que no tiene miedo.

1:05 pm /Aproximadamente 20 mil personas acompañaron la marcha. Ya están llegando a la Catedral de Nueva Guinea, donde finalizará la concentración.

Finaliza marcha número 65, contral El Canal. No obstane, "¡La lucha sigue!"

“¿Cómo está la gobernanza local? ¿Quiénes están fiscalizando? ¿Dónde está la presencia de los gobiernos locales? Dan autorización para un corte y cortan, cortan y cortan. Es un tema de voluntad política”, expresó Francisco Espinoza, de Misión Bosawas, al analizar las repercusiones gravísimas que está teniendo la deforestación.

Para Francisco, la destrucción del ambiente es parte del modelo de desarrollo que se ha venido instaurando en el país, poniendo “los intereses económicos, por encima de los intereses ambientales”.               

Y mientras la voluntad política no se active para detener la deforestación, la sequía seguirá afectando a la población. Por ello, en Onda Local te presentamos la crisis ambiental que se vive en tres diferentes localidades de Nicaragua.

1. Alerta en Los Guatuzos

El primer humedal nacional en ser declarado Sitio Ramsar (1997), es amenazado por prácticas que provocan la sequía de algunos de los 18 ríos que lo conforman. La contaminación con pesticidas, las quemas, y la ganadería extensiva se han convertido en los principales enemigos de este Refugio.

Este humedal es conocido como “Refugio de Vida Silvestre Los Guatuzos”, ubicado en San Carlos, Río San Juan. Además de los 18 ríos, en el Refugio también hay varias lagunetas. Asimismo, es ocupado mayormente por bosque húmedo tropical.

Actualmente, la mayor afectación que se observa en el Refugio, es la desecación del río Papaturro. “En la zona norte hay mucho monocultivo y utilizan pesticidas. Las cuencas altas están siendo contaminadas. En junio tuvimos mortandad de peces, todas las especies propias del Refugio”, afirmó Aylen, ecóloga y habitante de Papaturro.

Aylen comentó que en San Carlos hay escasez de agua, debido también, a que en Costa Rica nacen la mayoría de los ríos “y  ellos hacen malas prácticas. Dragaron, hicieron represas y desviaron el río Papaturro. Está seco. Hay que caminar en tierra, ya no podemos navegar”.

Parte de las acciones de la población de San Carlos, es organizarse en un comité colaborativo para promover la conservación del ambiente y la vida en armonía con la naturaleza, como realizar “acciones sostenibles. Se cultiva cacao orgánico porque es amigable con el bosque”.

2. “Un árbol más no se va a cortar en la zona”

Pobladores de Nueva Segovia, por su lado han realizado constantes denuncias por la tala indiscriminada que se ha venido haciendo en la zona, desde hace más de cuatro años.

“Hay un corte irracional. Y la situación aquí es que los ríos se secaron. Santa María (municipio) no tiene agua. Macuelizo (municipio) no tiene agua. San Fernando (municipio) tenía siete ríos, ahora sólo tiene tres”, expresa preocupado Pedro Basilio, habitante de Jalapa.

Según Pedro, dos días antes de la celebración del Día de la Tierra, se pronunció el procurador Hernán Estrada, ante las denuncias hechas por la población, quien afirmó que “un árbol más no se va a cortar en la zona”.

Sin embargo, las y los pobladores no se dormirán, seguirán en la lucha levantando “una voz para las vidas de las actuales y futuras generaciones. Hay que pronunciarnos, de lo contrario, vamos a quedarnos secos y morirán de hambre los humanos y los animales”.

3. Desforestación: “El talón de Aquiles de Bosawas”

Para Francisco Espinoza, de Misión Bosawas, la deforestación es multicausal. “Los arroceros están talando y están chupando toda el agua. Los agricultores, el avance de la frontera agrícola y la ganadería extensiva. Camiones que vienen cargados de maderas de las plantaciones forestales. ¿Qué está haciendo el Estado?”, se preguntó.

Alberto Mercado, especialista en áreas protegidas, afirmó que en Nicaragua hay un buen marco jurídico, que permitiría regular las acciones que se realizan en contra de la Reserva de Bosawas. “No nos podemos quejar de ausencia de normas. El asunto está en quién le pone la cascabel al gato”.

Para Alberto, la destrucción de la Reserva de Bosawas se debe al cambio de suelo, lo que coincide con el informe “Crisis socio-ambiental de Nicaragua post sequía 2016”, elaborado por el Centro Humboldt. En dicho estudio también se afirma, que la situación de la Reserva es “directamente proporcional al aumento de áreas agrícolas y pastizales”. Por lo cual, es importante la “desconstrucción del concepto de agricultora relacionado con la tala”, manifiesta Alberto.

En la zona, según Alberto, tampoco hay un manejo adecuado de las cuencas, por lo cual urge unir esfuerzos entre el Ministerio del Ambiente, la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Ejército de Nicaragua, a través del batallón ecológico, y la ciudadanía.

Francisco, también considera la importancia de unir esfuerzos y de dejar la división entre lo urbano y lo rural. “En Managua se piensa en desarrollo económico y se cree que la guerra terminó. Pero la guerra sigue entre Mayagnas y colonos como consecuencias de las afectaciones que está teniendo la Reserva”.

“Aunque se celebre el Día de la Tierra, no podemos decir que nos sentimos contentos, que nos sentimos regocijados y satisfechos con relación a acciones de protección de esa gran riqueza étnica cultural, ecológica, biológica, económica que representa para nuestro país la gran Reserva Biológica de Bosawas”. Alberto Mercado.

Escuche también: Funeral del MARENA en la Reserva Biológica Indio Maíz

Cristopher Mendoza Jirón

Este jueves 28 de abril, representantes del Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra Lago y Soberanía, brindaron una conferencia de prensa y compartieron un comunicado que reitera el compromiso, agradecimiento y perseverancia del campesinado en la lucha anti canal.

“Sentimos orgullo y agradecimiento con las más de veinte mil personas que pudieron participar en la gran marcha número 65 y la cuarta marcha de carácter nacional, realizada el Día de la Tierra, en Nueva Guinea”, mencionó Nuriz Sequeira, una de las líderes de dicho Consejo.

En relación a próximas acciones, en los próximos días el Consejo presentará un Recurso de Amparo ante el Poder Judicial, para exigir se respete el Derecho de Participación Ciudadana. “Ya que agresivamente le cerraron las puertas de la Asamblea al pueblo”, menciona el comunicado, en alusión al rechazo de la Iniciativa Ciudadana de Ley para Derogar la Ley Canalera, que pese a ser respaldada por más de veintiocho mil firmas, careció de tramitación por parte la directiva parlamentaria.

A la pregunta de una periodista de la fecha y lugar de la próxima movilización, Nemesio Mejía, también del Consejo, explicó que a escasos días de ocurrida la marcha nacional, la gente en las comunidades está muy contenta y motivada. Aunque mencionó que es prudente esperar un poco para que las personas se recuperen económicamente, porque “es una lucha autofinanciada”.   

Enrique Aguinaga, era conocido como el comandante “Invisible”. Presuntamente andaba alzado en armas en contra del gobierno de Daniel Ortega.

El sábado 30 de abril, se encontraba en la casa de su sobrino,  junto con  Jetbenia Otero, esposa de este y un bebé de once meses. Otero manifestó que Aguinaga recibió una llamada y salió de la casa. Al instante escuchó la balacera.

Pobladores atribuyen el asesinato de Aguinaga al Ejército de Nicaragua. Un vecino afirmó que los militares dispararon desde unos cacaotales. Por su parte, el jefe del Sexto Comando Militar Regional del Ejército, coronel Alcides, aseguró al diario La Prensa, que hubo un enfrentamiento entre una patrulla de la institución y unos delincuentes, a quienes perseguían por denuncias de abigeato y extorsión.

Según el coronel Alcides, los disparos alcanzaron a uno de los delincuentes, mientras el resto huyó del lugar.

Testigos de los hechos niegan que haya ocurrido un enfrentamiento. Afirman que los disparos venían de un solo lado.

Según Jetbenia, después de los disparos, militares entraron a su casa y le dijeron que cocinara arroz y que les hiciera café. Asimismo, aseguró que le extrajeron dos anillos y 500 córdobas en efectivo.

Los hechos ocurrieron en la comunidad Palancito, Wanawas, municipio de Río Blanco.

Fuente: laprensa.com.ni 

“Jugosos viáticos y pasajes en avión”, fueron ofrecidos a miembros del Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR-K), en el Municipio de Bluefields, Región Autónoma del Caribe Sur, a cambio de firmar un acuerdo para la construcción de El Canal Interoceánico. Así lo expresa un comunicado emitido por comunidades indígenas y afrodescendientes.

Según dicho comunicado, hoy 3 de mayo de 2016, representantes del Gobierno de Nicaragua, “llevaron a Managua a algunos miembros del GTR-K”, con el fin de que firmaran un contrato de arrendamiento por el uso de unos 263 kilómetros cuadrados. Sin embargo, no se realizó el debido proceso de consulta de conformidad con los estándares requeridos por la normativa nacional e internacional.

En el comunicado se afirma que un Representante de la Presidencia de la República, intentó llevarse con engaños a Wendy Queenn, vicepresidenta del Gobierno Comunal de Monkey Point, una de las nueve comunidades que conforman el Territorio Rama y Kriol, diciéndole que el Presidente de Monkey Point la estaba esperando en Managua. No obstante, al descubrir que era mentira, se negó a viajar, al igual que otros líderes comunales.

Desde enero de 2014, líderes de las comunidades de Monkeyn Point, Wiringkay y Bangkukuk Taik, zonas que serán afectadas de llevarse a cabo la construcción del megaproyecto, han venido denunciando la falta de un proceso de consulta, así como la violación de los estatutos del Territorio Rama y Kriol y de las resoluciones tomadas por su Asamblea Territorial, según la Ley 445.

Ver: Gente y comunidades en la ruta de El Canal

Funcionarios del gobierno nacional y regional, refiere el comunicado, han ido a las comunidades Rama y Kriol a divulgar que el megaproyecto traerá toda clase de bondades, sin embargo, no mencionan que la comunidad de Bangkukuk, sería desplazada de su territorio tradicional y titulado por el Estado en el año 2009.

A mediados de mayo de 2016, se realizó una sesión del GTR-K, donde se decidió por mayoría, que “no firmarían ningún documento por la falta de asesoría legal en todo el proceso, así como por no haber contado con un observador internacional, como lo ordenó la Asamblea Territorial del Territorio Rama y Kriol en diciembre de 2013”.

Según el comunicado emitido, en los próximos días líderes del GTR-K y de las comunidades afectadas, presentarán un Recurso de Amparo ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), denunciando violaciones al proceso de consulta libre, previa e informada.

El GTR-K, está integrado por 18 miembros de cada una de las nueve comunidades que lo conforman.

Julio César Guzmán Orozco, policía voluntario de la comunidad de Nueva Quezada, municipio de El Castillo, Río San Juan, murió este 05 mayo, producto de un impacto de bala de fusil AK, en el pecho, informó Manuel Miranda, corresponsal comunitario de Radio Voz Juvenil.

El bus en el que Julio Guzmán viajaba, junto a otras ochenta personas, fue interceptado por el grupo armado en el puente La Desgracia, camino Nueva Quezada - San Carlos.  Los armados, siete aproximadamente, vestían de pinto e iban encapuchados, subieron a la unidad de transporte e hicieron bajar a las y los pasajeros, con las manos arriba, les despojaron de sus teléfonos, dinero y otras pertenencias. Al chofer y al ayudante, les quitaron el dinero que habían cobrado y la licencia de conducir, precisó Miranda. 

El policía voluntario intentó sacar su pistola calibre 38; pero no tuvo tiempo. Los armados reaccionaron de inmediato, disparándole en el pecho. Julio Guzmán, murió en brazos de su hija Jeaneth Guzmán.     

La policía de Sábalos se presentó al lugar para iniciar las investigaciones del caso. Hasta el momento, no hay mayores detalles. 

Según Manuel Miranda, es la primera vez que asaltan a un bus de transporte colectivo en esta zona rural de El Castillo. Han habido asaltos a conductores de motos, carros y a comerciantes, pero nunca se había producido un atraco de esta magnitud, lo cual ha generado consternación y temor en la población, aseguró.    

Los funerales del policía voluntario Julio Guzmán se realizarán mañana 07 de mayo. Esperan la llegada de familiares de Costa Rica y La Gateada.  

Cristopher Mendoza Jirón

Tras intensas horas de viaje, lidiando con las difíciles condiciones y altos costos del transporte desde sus comunidades; caminando, subiendo a botes, luego camiones, seguidamente pangas y finalmente un bus, al fin llegaron a Managua, hombres y mujeres líderes de las lejanas comunidades indígenas Ramas y de las comunidades Afrodescendientes Kriol.

¡Pero no se trataba de un viaje turístico! El sacrificio de salir de sus paradisíacos territorios, era para hacerse escuchar: “Las comunidades indígenas Ramas y Afrodescendientes Kriol, no hemos dado el consentimiento de uso de nuestras tierras para el tal canal”.

La anterior aseveración, refiere a lo ocurrido el pasado martes, cuando el Presidente del Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR -K) Héctor Thomas, acompañado de otras diez personas, se reunieron en Managua con la Comisión de Desarrollo del Gran Canal y firmaron un documento de consentimiento de las poblaciones de las comunidades Rama – Kriol, para el arrendamiento de sus tierras y la construcción del canal.

Video: Carlos Wilson Billis, presidente de la comunidad de Bankukuk Taik: "El gobierno ha puesto a otras personas a firmar para que el canal llegue a Bangkukuk" 

Pero esa firma no representa el sentir de las comunidades afirma Abelardo McCrea, primer presidente de la comunidad de Wiring Cay, y primer vocal de la Junta Directiva del GTR-K. “Una parte (del GTR-K) vino a firmar un acuerdo […] pero sin el consentimiento de toda la comunidad. Porque yo como Abelardo McCrea, fundador del proceso de demarcación, no me tomaron en cuenta”, afirmó.

Por su parte Rupert Allen Clair Duncan, Presidente del Gobierno Comunal de Monkey Point  y también miembro de la Junta directiva del GTR-K, mencionó que en los estatutos y reglamentos internos de cada comunidad, no se toman decisiones por mayoría de votos;  “se hace por el consentimiento de las comunidades […] y si las comunidades no dan el consentimiento o permiso, el Gobierno Territorial no puede venir a firmar ninguna cosa encima de las comunidades”.

Allen agrega que representantes del  Gobierno Central, han visitado en par de oportunidades las comunidades, explicando que en su debido momento, “pero sin mencionar día y hora” realizarían consultas y explicarían los beneficios e impactos del proyecto. Sin embargo, explica Allen “a estas alturas las comunidades no tienen conocimiento de todo lo que se ha hecho, en el cual se dice que se tiene que movilizar a toditas las personas de Bangkukuk y van a tener que ponerlos en otros lado. A dónde, ni ellos saben”.

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Video: Wendy Quinn, vice presidenta comunal de Monkey Point: "Querian que firmara el contrato del canal, pero yo les dije que en ningún momento firmaría ese papel"

Por Sayuri Nishime

“Hay un divorcio entre los resultados de la educación y las necesidades de las empresas” afirmó el diputado Enrique Sáenz, al analizar los factores que provocan el aumento en las tasas de desempleo, en el “Foro Nacional “Financiando el Futuro; más recursos, mejor educación”, convocado diversas organizaciones civiles.  

Para Sáenz, es primordial que el Estado defina una Política Pública a largo plazo, por medio de la cual se asignen recursos suficientes para la educación, orientados en mejorar el entorno, plazas para docentes, provisión de materiales, condiciones de infraestructura y mayores contenidos.

Por su parte, Adelmo Sandino, economista e investigador del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), afirma que en Nicaragua se asignan recursos para la educación, y que además, el país mantiene niveles similares a la de otros en la región, en cuanto a inversión relacionada con el PIB. Sin embargo, hay rezagos en materia de calidad, los cuales se visibilizan con la desigualdad de oportunidades.

“El gasto público educativo en primaria y secundaria es regresivo, beneficiando a los menos pobres de la población… la calidad de los aprendizajes no es homogéneo, en parte, porque la provisión de recursos en las escuelas no lo es…”, agregó Sandino.

Según el diputado Sáenz, esta desigualdad es ocasionada por una falta de planificación en el presupuesto, y se refleja en la racionalidad del gasto. “Siempre se le asignan recursos a las mismas escuelas”. Por lo cual, consideró que no basta con la inversión en la educación, sino que son necesarios otros elementos como la capacidad de ejecución, la transparencia y la supervisión de la ciudadanía.

Urge mejorar la formación docente

La formación de las y los docentes, es primordial para afrontar los desafíos de la educación. Según el economista Sandino, la mitad de lo que se invierte en educación, es asignado a las plazas para las y los maestros. Sin embargo, hace falta impulsar mayor calidad y facilitar suficientes materiales de docencia y aprendizaje para proporcionar espacios educativos adecuados.

Vea también: Mejor calidad docente para optimizar la enseñanza

Para un mayor desempeño en la docencia, es necesario mejorar los currículos en cuanto a la formación técnica-pedagógica y administrativa, así como promover el uso y manejo adecuado de herramientas tecnológicas.

Según Sáenz, las condiciones adecuadas repercutirán en la calidad de docentes. Para ello, consideró necesario brindar mejores oportunidades salariales y seguridad social, así como ofrecer estímulos.

Educación “es incluirnos a todas y todos”

Para la doctora Ana Adilia Cuadra, de la Alianza Los Pipitos-Pajarito Azul, una de las barreras para optimizar la educación, es que “actuamos como islas”. A cada maestra y maestro sólo le interesa su clase, pero no formar una red de apoyo enfocada a la inclusión de todas y todos, refirió.

Hay colegios en los que se les continúa cerrando las puertas a niñas y niños con discapacidad, pese a que “tenemos un marco legislativo… pero todo el mundo se lo mete en la bolsa”, añadió.

Según Cuadra, es necesario optimizar la formación de docentes para lograr una educación inclusiva. “Necesitamos intérpretes en todos los colegios”, así como constantes capacitaciones, mejoramiento de infraestructura y materiales. “Jugando se aprende”, afirmó.

Cerrar las puertas de la educación a niñas y niños, es no aplicar los principios de justicia social y equidad. “Justicia no es darle a todos por igual, sino darles según lo que necesitan… las personas al igual que las aves, son diferentes en su vuelo, pero iguales en su derecho a volar…” concluyó.

El Foro Nacional “Financiando el Futuro; más recursos, mejor educación” se realizó este miércoles 11 de mayo, en el marco de la campaña de la Semana Mundial de Acción por la Educación (SAME).

El objetivo es promover una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todas y todos. Asimismo, está enfocada en demandar al Estado de Nicaragua el aumento de la inversión en educación, hasta alcanzar al menos un 6% del PIB, al año 2030. Además, garantizar la gratuidad y universalización de la educación maternal e inicial en el área urbana y rural; e informar públicamente de los presupuestos.

Por Patricia Orozco

Fue sublime producir y transmitir treinta y tres ediciones del programa Onda Local, entre junio y diciembre de 2015, gracias a la solidaridad de personas y organizaciones. Recibimos aportes directos mediante donaciones o compra de bonos en la feria de la participación ciudadana, así como el apoyo para ediciones determinadas o aportes particulares.

La gratitud es la memoria del corazón, decía Lao Tse. Gratitud. Así se lo hicimos saber a quienes nos acompañaron el 18 de diciembre de 2015. Además de dar las gracias, les rendimos cuenta de cómo se invirtieron los recursos que donaron quince personas en su carácter individual y dieciséis organizaciones.

Gracias a María Luisa Babini, María López Vijil, Claudio Escorcia, Oliver Gómez, Ana María Pizarro, Arlen Centeno, Lucila Rodríguez, Martha Yllescas, Marlon Salinas, Róger Solórzano, Lola Ocón, Inés Molina, Raúl Martínez, Martin Dalker, Enrique Sáenz, Rosario Cuadra.

Agradecemos también los aportes de la Red de Mujeres de España, la Red Local, el Grupo Venancia de Matagalpa, Radio La Primerísima, la Compañía de Teatro Tecum Umani, el Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, Cisas, el Colectivo de Mujeres de Masaya Axayacalt, Vikes de Dinamarca, el Programa Feminista La Corriente, la Fundación Puntos de Encuentro, ASODEL, Oxfam, Cinco, TDH Alemania, Fundación Popol Na y Faro Bar.

Sus aportes nos permitieron abordar temas como la Reserva Indio Maíz, amenazada, invadida e ignorada por autoridades locales y nacionales. Conversamos con personas del lugar como Amaru Ruiz de la Fundación del Río, Bernardo Tenorio de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Cacao, Aldric Beckford del Gobierno Territorial Rama Kriol y presidente de la Comunidad Greytown y Martina Portas de SOS Bosawas. Hicimos visible el derecho a vivir en un ambiente sano y los derechos de los pueblos indígenas.

En otras ediciones hablamos de la pensión de alimentos como derecho de niñas y niños, abriendo la participación a mujeres que se han organizado para demandar pensiones alimenticias para sus hijos e hijas, y a la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Evangélica. Además, denunciamos el cierre injusto e ilegal de Radio Voz de Mujer, de Jalapa.

El derecho a la libre movilización, fue abordado en una tertulia del equipo de Onda Local. A la vez, con esta nueva modalidad, abordamos el significado de ser padre en Nicaragua, haciendo ver los derechos reproductivos y la paternidad responsable.

Con mujeres afrodescendientes de la Secretaría de la Mujer Negra de Centroamérica y de la Secretaría General Afrobolivariana para el Desarrollo Integral y Comunitario, se compartió los objetivos y la agenda de la Cumbre de Mujeres Afrodescendientes, realizada en el país, en junio del 2015.

Asimismo se abordó el desempleo y el primer empleo juvenil, con representantes de la Red Local; en una segunda edición, se habló de cómo jóvenes nicas hacen largas filas para lograr empleos, con Theódulo Báez, especialista en derecho económico, Hauke Maas de FUNIDES y Tania Hernández, de la Comisión Nacional de Juventud de la Red Local.

El significado del 19 de julio en la Nicaragua actual, fue tema conversado con Irving Dávila, coronel en retiro y exguerrillero, Haydee Castillo, líder juvenil en los 80 y la joven comunicadora María Martha Escobar.

De la persistencia de problemas en las viviendas construidas por urbanizadoras se habló en la segunda hora de la edición anterior, con personas perjudicadas, cuyas casas resultaron anegadas por las corrientes de agua. Un tema abordado en dos ocasiones.

El temor, la desconfianza y la inseguridad ciudadana, a propósito de la masacre policial de Las Jaguitas, en julio del 2015, fue analizado por Alberto Novoa, exprocurador de justicia, el comunicador Moisés Julián y Elvira Cuadra, especialista en temas de seguridad, por medio del Skype esta última.

Acciones para mitigar el cambio climático, desde la experiencia de actores locales como Néstor Álvarez y Elena Martínez, de la comunidad Aserradores, municipio de El Viejo, Chinandega y Jaime Cárdenas, del Instituto de Capacitación, Investigación y Desarrollo Ambiental de la UCA, fue también tema de Onda Local. Así como la acción de grupos indígenas para cuidar la tierra, con actores de la comunidad indígena de Monimbó.

No podía faltar en nuestras ediciones, el Canal Interoceánico y los derechos indígenas. Manuel Ortega, antropólogo, habló de los derechos de estos pueblos y se compartió audio de Becky McCray, primera abogada de la comunidad Rama-Kiol, defendiendo sus derechos.

En una segunda ocasión se profundizó si el canal revertiría o profundizaría el deterioro ambiental existente, con la abogada ambientalista Rosario Sáenz de la FUNDENIC y Amaru Ruiz de Fundación del Río. Fue importante analizar los resultados y el impacto de la marcha campesina a Managua, reprimida por la policía nacional en diversos puntos. A ello hay que agregar el tema de la crisis de acceso al agua, para lo cual contamos con Gonzalo Carrión del Cenidh y la especialista en el tema, Ruthselma Herrera.

En Onda Local además se abordó la resistencia ciudadana a la explotación minera, con Tania Soza especialista en minas y Teresa Pérez, quien presentó una investigación del impacto de la actividad minera en las mujeres de Rancho Grande.

Los quince años de Onda Local nos facilitaron organizar un debate en torno al abordaje periodístico, si tiene enfoque de derechos humanos, donde participaron un trío de comunicadores jóvenes: Franklin Hooker Solano, Blanca Reyes y Sayuri Nishime. En otra edición hablamos del periodismo que no calla, con Octavio Enríquez, periodista nicaragüense más premiado en la actualidad, Alfonso Malespín del Programa Actores de Cambio de Hivos y Carmen Herrera, corresponsal de Noticias Aliadas.

Además de abordar el desarrollo o control de la Internet, a propósito de una ley que se  pretende aprobar en el parlamento nicaragüense, con Adrián Uriarte, de la Escuela de Comunicación y Relaciones Púbicas de la UCC y Juan Carlos Duarte, director de Radio Camoapa y coordinador de AMARC en Nicaragua.

La realidad que enfrentan poblaciones indígenas de las riberas del Río Coco, particularmente las mujeres, las amenazas que enfrentan, fue un debate de Onda Local, para el cual contamos vía telefónica con el alcalde del municipio de Waspam y de la presidenta del Centro para la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Caribe Norte de Nicaragua, CEJUDHCAN, y la directora del Ieepp, Elvira Cuadra.

Los prejuicios, la discriminación y los estereotipos a mujeres deportistas; dos cadenas radiales, de 23 emisoras la primera, referida a la libre decisión igual a vida y bienestar de las mujeres y la segunda, dedicada a la salud y ciudadanía de las mujeres, de 25 emisoras; el encuentro nacional de mujeres en luchas de anti-extractivismo y rechazo al modelo económico capitalista, fueron temas innegables en Onda  Local. También el análisis de la situación laboral de las mujeres urbanas y rurales, con representantes del Movimiento María Elena Cuadra, la Coordinadora Civil y la Red de Mujeres rurales.

¡Gracias amigas y amigos de Onda Local. Seguramente compartiremos nuestro 16 aniversario en agosto próximo!  

Ante la decisión de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, de considerar “No ha lugar”, a la propuesta de la Iniciativa de Ley para derogar la Ley 840, un total de 20 personas presentaron este jueves 12 de mayo, dos Recursos de Amparo en el Complejo Judicial de Managua.

Vea también: Junta Directiva de la Asamblea Nacional, viola la participación ciudadana.

Francisca Ramírez, presidenta del Consejo en Defensa de La Tierra, El Lago y La Soberanía, afirmó sentirse agraviada ya que las obligaciones de la Asamblea Nacional son “hacer, derogar y reformar las leyes, no violentar nuestros derechos”.

Conversamos con algunas de las personas que presentaron los Recursos de Amparo y esto fue lo que nos compartieron:

¿Por qué presentar un Recurso de Amparo?

“Porque no se nos fue escuchado en la Asamblea Nacional. Dicen que son incompetentes. Queremos que se nos escuche y se nos apruebe la Iniciativa de Ley, en contra de la Ley 840, que es la que nos está perjudicando a todos los campesinos”, Manuel Sosa, Nueva Guinea.

“Este gobierno no valora lo que hacemos en el campo, nos vio como animales, entonces nosotros por eso vamos a hacer que él nos respete las leyes. Esos magistrados que están en la Corte Suprema, los puso el pueblo. Y ahora ellos nos están dando la espalda por una persona, por una familia”, Juana Juárez, Isla de Ometepe.

“Que nos dejen expresar nuestras libertades, porque supuestamente, en la  Constitución Política dice que vivimos en un país libre y democrático, entonces que nos dejen demostrar a ver que si somos libres y que es un gobierno democrático”, Luis Mendoza, El Almendro, Río San Juan.

¿De qué manera les perjudica la Ley 840?

“La Ley 840 pasa por encima de la Constitución Política y según la Ley, el gobierno si quiere darnos un chingaste por nuestras propiedades nos los da, sino no”, Julio Espinoza, Nueva Guinea.

“La Ley concede a los extranjeros los recursos naturales, hídricos de nuestro país. Él es Inmune (Wang Ying) a nuestras leyes porque la ley lo faculta a hacer lo que él quiera hacer a nuestro país”, Freddy Mayrena, Rio San Juan.

“De 43 mil habitantes que somos allá, han llegado hacer los censos los chinos, más o menos, 23 mil seríamos desalojados. No sé hacia dónde o hacia qué lugar. Lo que quieren hacer de Nicaragua es un depósito de porquería, para beneficio de unos pocos y en perjuicios de miles y miles. Esa ley nos perjudica a todos”, Freddy Navas, Isla de Ometepe.

¿Qué otras actividades piensan realizar?

“No vamos a dejar de marchar pacíficamente, de estar presionando al gobierno y no nos vamos a dar por vencidos. Sabemos que le causa impacto, porque si en realidad no fuera que le creara impacto a él, no nos mandara a la Policía y al Ejército a reprimirnos. Entonces significa que sí le están haciendo daño al gobierno. Todos estamos unidos, lo hemos demostrado en las marchas, en los plantones. Sólo muertos vamos a salir de nuestras casas, de nuestras tierras”, Ángela Sequeira, El Tule.

¿Qué la mantiene en la lucha?

 “Mi país, mi nación, mi generación. El futuro de mis hijos, eso me mantiene y me da más fuerzas, porque no podemos permitir que otra persona tome decisión de decirnos cómo debemos vivir”, Francisca Ramírez, Punta Gorda.

Por Julio López 

Como un automóvil circulando a gran velocidad sobre una autopista, así avanzaba la autonomía municipal en Nicaragua; pero un frenazo repentino detuvo su marcha. Este fue el tema de la tesis doctoral de Silvio Prado, municipalista nicaragüense, quien hurgó acerca de cómo se produjo dicho debilitamiento a partir del 2006; las conclusiones las presentó esta mañana en un hotel capitalino.

La reforma constitucional de 1995 abrió las puertas al fortalecimiento de la autonomía municipal, pero se vio frenada a partir del 2006 con los cambios políticos en el país, consideró Prado. “Son dos fechas claves.  En el 1995, por primera vez, se habla de autonomía política municipal en este país. En el 2006, hay un cambio en el Gobierno Central y hay otras prioridades y se da un proceso de debilitamiento de la autonomía política”. 

Para Silvio Prado, el debilitamiento de la autonomía política se ha manifestado en el establecimiento de una participación ciudadana tutelada, ya que las autoridades locales   no tienen poder de realizar una interlocución libre con la ciudadanía. También, en el establecimiento de procesos de exclusión política local y nacionalmente y de un gobierno jerárquico que ordena y manda “cuando trae a los alcaldes de su partido, todos los lunes, para bajarles la línea; y cuando los llama, los miércoles, para pedirles cuenta”.   

La autonomía municipal se sustenta en tres esferas: administrativa, financiera y política. Prado centró su tesis en esta última porque considera que entre 1990 y el 2012, la autonomía municipal alcanzó sus mayores cotas en el país. Además, la mayor parte de las investigaciones se han centrado en el derecho administrativo.   

¿De dónde nos llegó la autonomía municipal?

Para comprender lo que ocurre actualmente con la autonomía municipal, Silvio Prado, hizo un recorrido histórico de los orígenes de la autonomía municipal en Nicaragua.

“Era importante que yo estudiara desde la colonia hasta 1835. La naturaleza de las autoridades, cómo se elegía o se nombraban. Desde la llegada de los españoles, ha ido cambiando. Hubo una época, incluso, que por una crisis de la colonia española en el Siglo XVII, los cargos se licitaron. Se pasó de elegir los cargos a venderlos. Siempre ha habido el origen electivo de las autoridades, inclusive aunque había las autoridades indígenas y las españolas, se elegían, pero en elecciones de los que tenían más riales (dinero) y de los hombres, y de quienes tenían no sé qué edad”.  

Con la colonia, agregó Prado, llegaron los cabildos en su doble acepción: el cabildo cerrado (concejo municipal) y el cabildo abierto (asamblea deliberativa de la población). A manera de ejemplo, señaló que la decisión de separar a Managua de la jurisdicción de Granada para unirse a la de León, se tomó en un cabildo abierto. 

Con el triunfo de la revolución sandinista en 1979, se rescató del programa histórico del FSLN, la autonomía local; pero en el transcurso del tiempo intervinieron varios factores que la afectaron, entre los cuales destacó la implantación territorial del FSLN, en especial de sus secretarios políticos. “Yo entrevisté a varios, me dijeron, los alcaldes no mandaban nada, el que mandaba era el zonal del Frente”.

Otra factor que afectó la autonomía local, según Silvio Pardo, fue el rumbo errático de la administración pública durante la revolución, que se manifestó en la regionalización, y luego, en la recentralización de las funciones en Managua. La guerra y la lógica transversal de la defensa, fue otro de los obstáculos de la autonomía municipal.   

Para Silvio Prado, el pensamiento municipalista dentro de la élite gobernante se produjo demasiado tarde, en 1987, y esto porque vinieron franceses y españoles a asesorar lo que sería después el viceministerio de la presidencia encargada de asuntos municipales.  

Entre 1990 y 1996 hubo una restauración parcial de la autonomía, pero los alcaldes eran electos en  las mismas elecciones presidenciales. “Entonces era el voto en cascada. Qué significa eso, que los electores votaban sometidos por el peso de lo nacional”.

Entre 1997 y el 2000, luego de la reforma constitucional del 95, por primera vez, se reconoció la autonomía política. A partir de entonces, empezó un proceso de profundización de la autonomía, se gestaron los primeros procesos de planificación  estratégica con participación de la población y las autoridades. No obstante, los alcaldes seguían siendo electos en la misma ronda con los presidentes. 

A partir del año 2000, las autoridades locales empezaron a ser electas en elecciones separadas, fortaleciendo la autonomía política. Entre 2001 y 2004, el país conoció el mayor número de leyes de fortalecimiento local. Ley de Régimen Presupuestario Municipal, de Participación Ciudadana, entre otras.  “Un fortalecimiento que encontró su máxima expresión en las transferencias municipales. Se institucionaliza la participación de la ciudadanía, a nivel nacional y local, y se generalizaron los Comités de Desarrollo Municipal (CDM)”, apuntó Prado.  

Cuando el Frente volvió al poder, en el 2006, se produjo un quiebre y la autonomía empezó a retroceder. Según Prado, “entraron en escena los viejos actores, y no es que Alemán no hubiese intentado someter a los alcaldes a la autoridad de su partido, pero no tenía la figura del secretario político. Llegó al gobierno un partido más estructurado, con otra mentalidad y comienza a pasar por encima de la autoridad de los alcaldes”.

En esta época se dio una coexistencia entre dos modalidades de participación (los Comité de Desarrollo Municipal y los Consejos del Poder Ciudadano), aseguró el municipalista. “Hubo municipios donde existían la dos figuras, pero empieza una modalidad de participación restringida”.  

2008, traumático para los municipios

A partir de 2009 inició la gran crisis de la autonomía municipal, derivada del fraude de las elecciones municipales de 2008. “El que gobierna ya no sabe a quién se debe, si es que está gobernando porque le votó la gente o porque lo han nombrado; entonces se descompone todo, se produce una crisis de la autonomía política porque ya no se deben a sus electores, hay una alta polarización y un paralelismo de las dos modelos de participación, donde gana el FSLN se borra a los CDM. Hay una carta de Rosario Murillo, donde ordena a los nuevos gobiernos que la primera decisión sea una ordenanza que implante a los CPC, por eso se habla de una modalidad de participación cooptada y controlada” señaló el municipalista.