Denuncian familiares de uno de los asesinados

Por Cristopher Mendoza Jirón y Julio César López

Francisco Reyes Méndez (alias Cinco Pinos), señalado por la Policía de Nicaragua de ser el Jefe de la “Banda Delincuencial Cinco Pinos” y otro integrante de la misma, no identificado, murieron durante un enfrentamiento ocurrido el pasado 20 de agosto de 2015 en la comunidad El Toro, municipio de San José de Bocay, informó la policía en una nota de prensa.

Pedro Díaz, de 70 años, es el hombre que la policía no logró identificar. Pero, no perteneció a ninguna banda delincuencial, ni murió en un enfrentamiento con la policía, fue asesinado en su casa por el ejército, denunciaron  ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) Deivy Tomás Díaz Hernández y María Esmilda Díaz Hernández, hijo e hija de Pedro Díaz.

A juicio de Juan Carlos Arce, de la filial del CENIDH en Matagalpa, este caso deja en evidencia una creciente ola de inseguridad en las zonas rurales de Nicaragua, donde se han registrado operativos de fuerzas combinadas entre la Policía y Ejército, que dejan civiles fallecidos. De igual manera, se pone de manifiesto una contradicción entre la versión de la policía y los hechos relatados por los familiares de Pedro Díaz. “Ellos señalan una intervención del Ejército donde posteriormente llega la Policía Nacional, no como lo señala la nota de prensa de la Policía, donde se habla de un enfrentamiento donde fue un contingente policial”, manifestó.

Arce informó que el martes 25 de agosto el CENIDH visitó las delegaciones policiales de San José de Bocay y El Cua, para constatar si se había realizado alguna denuncia en contra de Pedro Díaz, pero los oficiales investigadores encargados, dijeron que entre 2014 y lo que va del 2015, no se registraba ninguna denuncia; “Entonces no es cierto, según los datos, que don Pedro fuera un delincuente”.

• La realidad vista y resistida por las mujeres
• De qué sirve que a Nicaragua la embellezcan si a los nicaragüenses “nos van a convertir en limosneros”

Duyerling Ríos

“En Santo Domingo se sufre”, fue lo primero que expresó Walkiria Ramírez cuando tomó el micrófono durante el Intercambio de experiencia de mujeres líderes comunitarias de Nicaragua, desarrollado el 26 de agosto de 2015 en Juigalpa, Chontales.

“Nos están exiliando del pueblo, desde hace casi un año hemos sido víctimas de un acoso por parte de la empresa minera B2Gold. El poder no es sólo del Estado, en mi pueblo la B2Gold tiene poder,  denunció Ramírez.

La indignación por los atropellos a los derechos de las personas fue la motivación de Walkiria y otras personas de la comunidad para organizarse y no dejarán entrar a la B2Gold al barrio. “Una trasnacional multimillonaria que compra conciencia, autoridades y corazones. Dentro de mi comunidad para unos soy amiga, la piedra en el zapato de la empresa. Sino fuera porque nos organizamos la empresa ya estuviera a dentro”.  

En el municipio de Rancho Grande, Matagalpa, la población resiste ante la amenaza de explotar una mina a cielo abierto. Pero la ciudadanía opone resistencia, comparte Juanita Loáisiga. “Como no se les ha dado lugar de hacer una mina a cielo abierto, ahora van por debajo de la tierra”.  

“Seguimos de frente contra la B2Gold. Se está terminando el yacimiento de oro. Hay un 80 por ciento de desempleo, mujeres y hombre jóvenes de todas las edades. Hay personas con sus títulos y no tienen trabajo, vienen personas del extranjero y tienen trabajo, por qué, por las protestas que hace la gente, narra Ada de la comunidad, Mina de El Limón, en León.

Una realidad similar se vive en La Libertad. Gisella Valladares, explica que “los liberteños están muriendo de cáncer, cáncer en los huesos, riñones, problemas gastrointestinales. Una empresa monstruo, se lo dije en una sesión del concejo, pero si me siento débil porque en La Libertad no responden. La mayoría de los liberteños están dormidos. Ahorita la UNAN hizo un estudio y arrojó que La Libertad está en extrema pobreza y dónde está el oro”, se pregunta.

Recientemente la B2Gold presentó públicamente que la explotación de cielo abierto terminó en La Libertad, según Gisella. Se fueron a Santo Domingo.

Palma africana desplaza a la ciudadanía

La lucha de las mujeres por el territorio ha sido permanente y es diversa. Victoria López llegó al encuentro desde la comunidad El Pajarito, municipio de El Castillo, en Río San Juan.

Su lucha, impedir que el cultivo de palma africana perjudique a las familias campesinas. “Ellos usan el químico exageradamente; despalan para luego sembrar ese cultivo, sin medir las consecuencias… van sacando al campesino poco a poco, dónde se van esas familias, se van a meter a las reservas Indio Maíz. Hemos hecho denuncia para ver si esto para, pero ha sido imposible”, explica López.

Despertemos: Unamos las luchas y tengamos fuerza

Habla despacio, pero firme y contundente. En Nueva Guinea es conocida como “la Chica”, es Francisca Ramírez, quien día a día se ha enfrentado al poder que le quiere expropiar sus tierras. “Ver que un gobierno le da una concesión a un extranjero, sin pensar en los miles y miles de nicaragüenses. Nosotros tenemos una constitución política que dice que debemos de vivir dignamente. Una de las cosas es dejar el miedo”.   

 A la lucha de Francisca se suma la de Fátima Duarte, concejala suplente del Frente Sandinista en el municipio de San Jorge, Rivas. Representa a la comunidad El Cangrejal, de esta localidad. “En la zona costera de la Comarca el Cangrejal hay mucha gente que paga su canon de 60, 70 y hasta cien años atrás. Resulta que tienen dos años que no aceptan el pago del canon”.

Duarte asegura que en la última sesión del Concejo Municipal de San Jorge, solicitó a la alcaldesa respuesta de la situación canalera, “lo que me dijeron las personas de la alcaldía, es que el gobierno va a hacer lo que a él le parezca. Todo lo que produce nuestra gente se lo están llevando para Venezuela y otros lados más, y Nicaragua con hambre, con sed. Si fueran a mi comunidad parece desfile, como las pipas de agua desde Matagalpa, desde Chontales agarra agua, qué significa, nos estamos muriendo de sed”.

Alternativas claves de resistencia

En diversos municipios del país, las mujeres están liderando alternativas de resistencia y empoderamiento. Tal es el caso de Martha  González, de la Cooperativa Las Diosas, relacionadas con la Fundación Entre Mujeres de Estelí. Desde este espacio Martha y otras mujeres rurales llevan a cabo procesos de empoderamiento que han permitido a muchas desarrollar la parte económica, con un enfoque agroecológico.

Así mismo, implementan programas de educación para mujeres analfabetas del área rural. Una educación integral con enfoque de derechos humanos, que les permite trabajar y fortalecer sus territorios con los conocimientos adquiridos.

En el occidente, en el municipio Larreynaga-Malpaisillo, un grupo de 24 productoras y productores diversifican sus fincas, desde ganado menor y mayor, con el acompañamiento de Xochilt Acalt. Inés García, productora, asegura que fue la respuesta ante la sequía que se vive en esa zona.

“Hicimos una agenda donde están plasmadas las necesidades de las mujeres del municipio. Logramos que destinaran el 5 por ciento del presupuesto de la municipalidad a las necesidades de las mujeres, así como la celebración de cabildos de mujeres, expresa Nelly Palacios, joven líder del municipio de Ocotal.

En el municipio de Rancho Grande, el Movimiento Guardines del Yaoska, se mantienen firme, resisten en no permitir que les quiten el vital líquido. Juana Loáisiga, de la cooperativa Río de Aguas Vivas, asegura que implementan un plan de crédito para las mujeres del territorio.  

Es difícil cambiar “el chip”, aseguran las mujeres cuando se les pregunta de los obstáculos. Estas fueron parte de sus respuestas: “Yo soy vaga por el bienestar de mi municipio”. “El machismo y el patriarcado. Hay mujeres que mentían para poder ir a los procesos”. “Los monocultivos están transformando el agro en nuestro país”. “La tecnología que va hacia las mujeres, va a profundizar los roles y  se reproduce con la división sexual del trabajo”. “El autocuido”. “Cómo luchar contra el fundamentalismo religioso”.

El avance de la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, es una gran dificultad para muchas mujeres dado el desconocimiento de la misma.

María Sequeira, es de la comunidad Nuevo Delirio, Nueva Guinea. Se pone de pie y con entusiasmo se dirige a todas las presente del Encuentro: “Tenemos que ser valientes todas las mujeres, tenemos que defender nuestro país. Mi zona es bien productiva, tenemos la dicha que llueve mucho y producimos de todo. Acá son especiales en explotar lo mejor del país, pero tenemos que defender nuestras tierras. Lo que tengo me ha costado. De qué sirve que a Nicaragua la embellezcan si a los nicaragüense nos van a convertir en limosneros”.

Por Duyerling Ríos 

A Zeneyda la conocí en mi último viaje a Bocana de Paiwas. Tiene 27 años, pero aparenta más de 35. No ha pasado por las aulas de clase, su escuela ha sido la vida misma. La vida dura, como ella le llama, se ha encargado de enseñarle cosas básicas. Platica de forma desenvuelta y sonríe a ratos. Es inteligente. Aunque no sabe leer, tiene una capacidad descriptiva que te hace imaginar todo.

Se salió de la casa a los 14 años, con la esperanza de una vida mejor, con un hombre mayor. Tuvo cuatro hijos, el mayor de doce años. “El papá de los tres primeros se hizo evangélico y se casó con otra mujer. Tiene un año de ayudarles, mil 200 córdobas, yo tengo once años de mantenerlos”, cuenta.

Suelta la carcajada. Recuerda el bautismo evangélico de Porfirio, su expareja. “Lo desenmascaré delante del pastor y las personas que se encontraban en la iglesia en ese momento, pero después de tres meses a disciplina, todo volvió a la normalidad”… El hombre sigue sin asumir a fondo su paternidad.

Zeneyda ha trabajado duro para sostener a su familia. Como “bestia”, asegura, después que contarme lo difícil que fue construir con sus propias manos la casa en la que vive. “Para quien no tenía experiencia como carpintera, me fue bien. Logré levantar mi casa con una lona, plástico y palos. Cuando llueve fuerte por lo menos por arriba se moja menos, pero la correntada es por debajo de la cama”.

“Mis hijos pasan solitos, sin comer y se entristecen, pero tengo que lavar, planchar, cocinar, hacer cualquier mandado, botar basura, buscar leña, cualquier trabajo. Este mes imagínate, me salió mil pesos de comida, carísimo.

¿Y el papá del niño de dos años?

“Me volví a juntar con la esperanza que me tratara bien, pero me quiso pegar y no se lo permití, nunca más voy a permitir que me maltraten, nunca más… Sigo enfrentando la vida, no me desanimo”, y suelta una carcajada.

¿Se imaginan ustedes a Zeneyda con mayores conocimientos, una oportunidad laboral y respeto?

Crédito de Foto:  Nadelinacarrasco

Esta mañana se realizó en La Campana, municipio de Muelle de Los Bueyes, las marcha No 48 contra El Canal Interocánico. Una vez más, campesinas y campesinos demandaron la derogación de la Ley 840.  

Según reportes de los organizadores, participaron alrededor de mil quinientas personas de las comunidades El Mono, Cerro Blanco, El Guabo, El Silencio, El Aguacate y La Tigra.

“Quieren matarme políticamente”

Este martes, el ex diputado Brooklyn Rivera dijo que las acusaciones en su contra por venta de tierras, “son falsas y que quieren matarme políticamente”.

Rivera denunció ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) el hecho de que la bancada sandinista le retirara el lunes pasado su inmunidad de diputado, lo que valora como un acto ilegal, que violenta el procedimiento expresado en la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional.

A juicio de Rivera, de una sola vez se le aplicó dos artículos de la Ley 606, el artículo 24 concerniente a falta definitiva y pérdida de la condición de Diputado o Diputada, y artículo 150, referida a quejas en contra de quienes gozan de inmunidad.

Acerca de los 16 casos de venta de tierras indígenas, mencionados por el diputado Edwin Castro en donde señaló que los nombres mencionados son amigos y conocidos de Brooklyn, Rivera sostuvo que “la pena no se transfiere a la amistad ni a familiares. Yo creo que cada persona debe ser responsable de los actos que comete y responder”.

El también líder del partido indígena YATAMA, mencionó que ningún miembro de la dirigencia de su organización fue mencionado y lo que existen efectivamente son constancias, avales, papelitos de arriendos y así documentos informales entre personas vinculadas a la comunidad o no, y colonos, pero esa es una cantidad pequeña comparada con la dimensión de la invasión de colonos en ocupación de los espacios de las comunidades”.

A juicio de Rivera, calcula que al menos la mitad de los 23 territorios indígenas, unos 37 mil kilómetros cuadrados, están invadidos por colonos. “Pero ahora quieren lavarse las manos y salen con el cuento de las compra ventas.

Sin embargo, mientras las relaciones andaban bien entre el dirigente de YATAMA y el FSLN, en ese periodo se aprobaron concesiones para la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Tumarín, Canal Interoceánico, para investigación petrolera y cultivo de palma africana, proyectos cuestionados por ser lesivos a los derechos de los pueblos indígenas. Sobre esos temas, Rivera ha guardado silencio.  

“Esta supuesta consulta no llena los requisitos establecidos en la normas jurídicas nacionales para la consulta de evaluaciones de impacto ambiental”.

Por Duyerling Ríos

Esta mañana el Grupo Cocibolca, reaccionó ante la sorpresiva “consulta pública” de los Estudios de Impacto Ambiental y Social  del Canal Interoceánico. Víctor Campos expresó que las organizaciones que integran el Grupo Cocibolca en reiteradas ocasiones han manifestado que es necesario conocer públicamente  los Estudios de Impacto, para opinar con propiedad sobre los mismos.

“No conocemos del destino del estudio que se presentó al Ministerio del Ambiente, ni qué ha pasado con él. Reiteramos que la concesión del Canal afectará  a 120 mil personas y que desde su otorgamiento violó el marco jurídico institucional”; aunque la concesionaria del Canal HKND afirmó hoy que afectará únicamente a 27 mil.

Agregó, que rechazan la supuesta consulta pública, realizada hoy 24 de septiembre, no llena los requisitos mínimos desde el punto de vista de procedimientos, de legitimidad, al no invitar principalmente a los pobladores de la ruta que han tenido una actitud beligerante en la defensa de sus propiedades, el Lago y la soberanía. Tampoco fueron invitados a la “consulta”, sectores nacionales que han mostrado preocupación por la eventual ejecución de este proyecto, refirió Campos.  

Por su parte Jefrey Álvarez, compartió que se hicieron llegar a todas las instituciones pertinentes, más de quince solicitudes para conocer los estudios de impacto ambiental. “No nos han respondido, el único fue el vicecanciller Manuel Coronel Krauz y nos dijo que en su momento, a finales de agosto, nos iban a estar presentando no sólo a nosotros, sino a que todo el público de Nicaragua el estudio. Fuimos al edificio -donde sería la consulta-, se nos negó la entrada, aun sabiendo que la invitación era pública.

Rosario Sáenz enfatizó que el proceso del estudio ambiental ha sido totalmente violentado. “Esta presentación que está haciendo el día de hoy HKND en conjunto con el gobierno, realmente se debió haber hecho antes de haber entregado los documentos. Los documentos se entregaron misteriosamente, a media noche, en una casa particular en un día feriado. No bastándole eso, hacen este evento donde no invitan a los ciudadanos”.

Pero además, agrega Rosario, “no es un verdadero estudio de impacto ambiental porque al no haber diseño de obras no hay nada que evaluar, con costo llega a ser un perfil de proyecto el Canal Interoceánico y todos sus subproyectos. No nos han mostrado  el diseño de los puertos, el diseño y detalle de la ruta”. 

Por Cristopher Mendoza Jirón

En compañía de una diversidad de organizaciones locales, la Asociación de Migrantes “Nicasmigrante” llevó a cabo la tarde de este jueves el Foro Nacional Migración, Remesas y Alimentación.    

En dicha actividad se compartió avances de un estudio realizado en catorce municipios, de los departamentos de Chinandega, Granada, Managua, Masaya, Nueva Segovia y Rivas; con énfasis en municipios fronterizos.

Según Nicasmigrante, el estudio empleó  mil cuatrocientas encuestas, y tiene como fin estudiar el tema de las remesas familiares para establecer una comparación entre el nivel de ingresos de las familias de migrantes y aquellas de no migrantes. Otro de los objetivos, era conocer si la dieta alimenticia en familias de migrantes presenta diferencias con la dieta de familias que no migran.

“Los hallazgos más importantes, primero, es que del grupo familiar los que están emigrando son las hijas en mayor número que los hijos. Segundo, que las remesas en Nicaragua se acercan a los 150 dólares mensuales. Tres, que esa remesa es (en la mayoría de los casos encuestados) la principal fuente de ingreso y/o el segundo factor que asegura la economía familiar. Otra cosa que consideramos importante, es que al analizar la dieta alimenticia, un poco menos del 80% de la población es la que está comiendo arroz y frijoles. Es decir, un 20 por ciento de la población no lo está comiendo ni el arroz ni los frijoles de manera diaria”, afirmó Martha Cranshaw, coordinadora de Nicasmigrante.

Pese a que la migración a menudo se ve como indicador negativo, por las escasas opciones laborales del país, es posible señalar aspectos positivos.

Un asunto evidente de la positividad, según Cranshaw, es que quienes poseen una dieta más balanceada, pertenecen a grupos familiares de migrantes. Las remesas son no sólo parte de la estrategia de sobrevivencia, sino una mejor dieta. “La migración, entre otras cosas, tiene un elemento cultural importante. Así como nosotros compartimos nuestra cultura de cocina, de nuestra comida, también aprendemos a comer cosas que en Nicaragua no comemos, por ejemplo en Costa Rica comen mucho más que nosotros la berenjena, en El Salvador comen más la verdolaga. En Guatemala, comen varias de las hojas que nosotros no comemos. Entonces la migración trae de contrapartida también un aprendizaje”. 

La encuesta arrojó que los países hacia donde migran más nicaragüenses son en primer lugar Costa Rica, seguido de Estados Unidos, España, Panamá y el resto de la región centroamericana. No obstante, ya se empieza a observar la salida de migrantes hacia destinos como Japón.

Desde las nueve y media de la mañana, pobladores y trabajadores de Mina El Limón, se enfrentan con piedras y palos a la Policía. Según Eugenio Aldeña, habitante de la zona, el problema se originó después que despidieran a tres trabajadores miembros del sindicato Pedro Roque Blandón.

 Desde la madrugada de este seis de octubre, la población de Mina El Limón, inició una protesta para exigir el reintegro de los mismos. “…lo que pasa es que esa administración que hay en esa empresa minera es peruana y han tenido la intención sólo de perjudicar al pueblo.  Una de las cosas es que le están quitando los beneficios a la población y lo otro es que no quieren emplear a la población de la zona…”, manifestó Aldaña.

Los beneficios de las y los trabajadores, se encuentran establecidos en el Convenio Colectivo, compuesto por 49 cláusulas. Parte de los beneficios son la exoneración del pago de energía y de  agua. En mayo de este mismo año, ya se habían dado enfrentamientos en la zona por el anuncio del retiro de energía gratuita, sin embargo, se llegó a un acuerdo.

Según Aldaña, al principio la protesta era de los sindicatos, pero luego se unieron alrededor de cinco mil personas indignadas porque han pedido ayuda a las autoridades, pero que no les han dado respuesta, por lo que decidieron realizar los tranques.  “Hoy en la mañana, vinieron los antimotines y unos entraron por un lado y otros por otro lado a atacar al pueblo, tirando lacrimógenas. Hay heridos por parte de la policía y heridos por parte de los trabajadores, hay carros dañados”.

Aunque la empresa B2Gold, evalúa el posible cierre temporal, Aldaña expresa que ese siempre ha sido el discurso. “Ese cuento tengo ya más de cincuenta años de escucharlo y nunca cierra. Cerrar una empresa no es lo mismo que diga que va a cerrar su cuarto y va a salir a la calle”.

Por Patricia Orozco

Ayer martes, seis de octubre de 2015, el Consejo Nacional en Defensa de la tierra, el Lago y la Soberanía, presentó un acuerdo público firmado con once agrupaciones partidarias, las cuales se comprometieron a "enfrentar ante nuestras leyes, a todos aquellos que resulten culpables del daño patrimonial, ambiental y nuestra patria".

El acuerdo, firmado en el contexto de la demanda pública existente de anular la Ley 840, conocida como ley canalera, agrega que las iniciativas partidarias manifestaron que conscientes de las dificultades que pueden impedir la unidad que el pueblo espera, “nos comprometemos a tener como primer acto de gobierno, la derogación de la Ley 840 y desconocer todas y cada una de sus acciones perpetradas por la complacencia y aval del gobierno actual” señala el documento suscrito.

Las instancias y partidos que firmaron dicho acuerdo son Cruzada por la Democracia- PLC, Movimiento Unidad de la Gente, Movimiento Unidad con Dignidad, Partido Social Demócrata, Partido Acción Ciudadana, Partido Conservador, Partido Movimiento Renovador Sandinista, Partido Liberal Independiente, PANAC, Resistencia Nicaragüense y Unión Demócrata Cristiana.

La firma de este acuerdo no representa subordinación a los partidos políticos ni que han abandonado la lucha cívica por la soberanía, la tierra y el Lago, manifestaron.

El Consejo Nacional en Defensa de la tierra, el Lago y la Soberanía ratificó la convocatoria pública que ha formulado a todos los movimientos sociales y ciudadanía en general, a la marcha nacional del próximo 27 de octubre. Esperan que dicha marcha-caminata salga de un lugar cercano a Managua, adonde esperan llegar el 28. Será la marcha No. 52 y se originará en diversos lugares del territorio nacional de forma simultánea.  

Las campesinas y los campesinos han manifestado a los representantes del Consejo “que no quieren la guerra, pero que no se van a dejar quitar sus propiedades”. Una de las alternativas que han discutido es la unidad para cambiar Nicaragua, por lo cual han firmado el acuerdo con instancias y partidos políticos, que les obliga a la derogación de la Ley 840, lo cual informarán a sus consejos municipales y departamentales.

Hicieron un llamado a toda la población a colaborar con las necesidades de alimentación y de agua, de miles de campesinas y campesinos que participarán en la marcha nacional, haciendo a un lado las dificultades socioeconómicas que viven.

Ley 840 no cumple estándares internacionales

Reiteradas veces, tanto el Consejo como otros actores sociales han manifestado que la ley canalera es una normativa espuria y violatoria de la Constitución Política de Nicaragua.

La Consultora ERM, contratada por la empresa concesionaria HKND para los Estudios de Impacto Ambiental, entre sus conclusiones ha señalado que “el proceso de expropiación de tierras y reubicación involuntaria, no cumple con las normas internacionales, el proyecto está en riesgo de perder su licencia social para operar y puede poner en peligro su viabilidad si no se respeta las normas internacionales. La ley 840 no es consistente con las normas internacionales, en relación a la compensación y limita los derechos de los propietarios de las tierras a impugnar muchos aspectos del proceso de expropiación” señala el Resumen Ejecutivo que han circulado.

El Consejo Nacional en Defensa de la tierra, el Lago y la Soberanía anunció también una campaña de solidaridad con las personas que habitan en la zona seca del país,  y quienes ante la falta de lluvias, han empeorado su situación económica.

• Se necesitan políticas públicas que promuevan los derechos de la niñez y la adolescencia en los medios de comunicación.

Por Sayuri Nishime

América Latina y Brasil se encuentran en un contexto de constantes violaciones de derechos a la niñez y a la adolescencia; existe inconsistencia técnica para la regulación de marcos y poco ejercicio de democratización. Fueron los principales hallazgos de la investigación “Derechos de la infancia y derecho a la comunicación: fortaleciendo convergencias en los marcos legales y en las políticas públicas”.

Susana Varjâo, periodista brasileña y autora de la investigación, presentó los resultados de su libro este viernes, el cual hace alusión a que “es necesario implantar una política de Estado para proteger la niñez y sus derechos”. Dichas políticas, deben ir enfocadas sobre todo en la regulación de “exhibición de imágenes e identificación de niñas, niños y adolescentes”, ya que esta acción contribuye a que la sociedad los estereotipe y discrimine, afirmó Varjâo.

El estudio realizado en países de América Latina, se enfoca en diez temas, entre los cuales, se destaca la necesidad de promover la participación de niñas, niños y adolescentes en la producción de contenidos, con el fin de fortalecer la ciudadanía de la niñez y aumentar su visión crítica.  Sin embargo, la investigadora hizo el llamado a diferenciar la participación de la explotación.

Varjâo, expresó que es necesario “un ecosistema de regulación”, en todos los países de estudio. Este ecosistema se basa en la evaluación sistemática de los impactos generales de los contenidos de los medios de comunicación, los cuales deben ser regulados desde tres perspectivas: Regulación estatal, autorregulación y Accountability, que corresponde a los instrumentos de fiscalización que la sociedad pueda crear y promover.

La necesidad del “ecosistema de regulación”, nace de la práctica de muchos medios de comunicación, que persisten en exhibir a niñas, niños y adolescentes. “La exhibición indebida de la persona es violación”, afirmó Varjâo.

Para Leslie Briceño, comunicadora de Dos Generaciones, en Nicaragua ha habido un avance en los medios de comunicación, ya que “es notable que hay más investigación al momento de producir contenidos”. No obstante, el reto es que conozcan más instrumentos legales “sobre todo el Libro Tercero del Código de la Niñez y Adolescencia”.

Adrián Uriarte, coordinador de la Facultad de Comunicación UCC, abordó la necesidad de una “alfabetización de contenidos”, donde se reflejen trabajos enfocados al respeto y promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia en los medios de comunicación. Uno de los desafíos es la creación y cumplimiento de políticas de inclusión que promuevan los derechos de la niñez en el ámbito digital, compartió Uriarte.

La presentación de la investigación de la periodista Brasileña, se realizó en el marco de la “Caravana Infancia y Comunicación”, la cual consiste en dar a conocer los resultados de la misma, en 10 ciudades de estudio en Brasil y en  catorce países de América Latina que conforman la Red de Agencia de Noticias por los Derechos de la Infancia (ANDI), entre los cuales están: Bolivia, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Uruguay, Paraguay y Chile.

El objetivo de la caravana, es discutir temas y estrategias relacionadas con la defensa y promoción de los derechos de la infancia en el ámbito de los medios de comunicación.  

Por: Duyerling Ríos

“No existe otro bien público que el que asegura el bien privado de los individuos…”, con estas palabras de Simone de Beauvoir dio inicio la presentación de la investigación, Sin República y sin ciudadanía, participación política de las mujeres en Nicaragua en el contexto jurídico y político del 2014. Un estudio que forma parte Proyecto Fomento de la Equidad y la Democracia Paritaria en el Poder Local, que ejecuta el Centro de Derechos Constitucionales, CDC.

Fueron consultadas ciento cincuenta mujeres provenientes de catorce municipios del país, entre ellos,  Somoto, Estelí, Chinandega, León, Chontales, Masaya, Bilwi-RAAN, Ciudad Sandino, El Crucero, Jalapa y Managua. La investigación tiene por objetivo, reflejar cómo es la participación política de las mujeres, obstáculos que enfrentan.

Sofía Montenegro, periodista y coordinadora de la investigación enfatizó en los  principales elementos que afectan la Democracia en Nicaragua: la omisión al principio democrático, omisión a los principios del Estado social de Derechos, constitucionalidad, legalidad y la violación al principio de separación de poderes. A juicio de Montenegro, esas tres cosas hacen que la República se derrumbe”.

Alcaldías en manos de los hombres

Como parte de los hallazgos, Montenegro refirió que en los municipios se constató que el “71% de los cargos de alcaldes lo ocupan hombres y el 29% mujeres. Y en el caso de las vicealcaldías, estos porcentajes se invierten. De manera que la paridad únicamente ocurre en los cargos de concejales”.

Una de las conclusiones del Estudio es que hay una “reversión del proceso de descentralización, hacia una reconcentración del poder y recursos en el gobierno central, con lo cual las municipalidades han perdido autonomía, capacidad de gestión y eficacia, al estar sometidas al verticalismo partidario y a la arbitrariedad del poder presidencial”.

Mauro Ampié Vílchez, director del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, en sus comentarios al estudio, refirió que es un espejo de lo que está sucediendo en el país, “instituciones débiles que no protegen los derechos de las mujeres, y las mujeres frente al cierre de espacios no logran los cambios positivos que en otras condiciones su ejercicio de ciudadanía provocaría. Nueve años de penalizado el aborto terapéutico, la Corte Suprema de Justicia continúa sin dictar sentencia”. 

Vílchez aseguró que el gobierno no escuchó las recomendaciones que le presentaron los Estados participantes en la primera revisión del Examen Periódico Universal (109 recomendaciones al Estado de Nicaragua).

1) Proseguir su labor de empoderamiento de las mujeres 

2) Redoblar sus esfuerzos dirigidos a eliminar la discriminación contra las mujeres y las niñas, en particular las mujeres en las zonas rurales e indígenas. La discriminación persiste.  

3) Adoptar medidas adicionales para lograr un incremento en el porcentaje de mujeres que ocupan cargos de responsabilidad.

En la segunda revisión del Examen Periódico Universal, se duplicaron las recomendaciones a 209, “más de 50 tratan directamente sobre los derechos de las mujeres”.  

Para Ampié, el  estudio “desenmascara la divulgada historia del sexto lugar en el mundo que ocupa Nicaragua, como uno de los mejores países en términos de equidad de género. Contrastando con los condicionantes que indican lo contrario (La penalización del aborto, alta taza en embarazo en adolescentes y la desigual remuneración del trabajo de las mujeres)”.

Ampié enfatizó en que es importante que cada vez más mujeres, incidan mediante su reflexión y su participación organizada, en probar cambios que un día  conduzcan a restaurar la República, para el pleno ejercicio de la ciudadanía de las mujeres  y el pleno respecto de los derechos humanos.

Por su parte, la Dra. Lea Guido, consideró que es estimulante discutir las estrategias que puedan consolidar la ciudadanía de las mujeres. “Es importante profundizar en qué democracia están pensando las mujeres”.

Guido manifestó que la investigación -que contó con la participación de Azahalea Solís, Violeta Delgado y Yamileth Mejía- contribuye a caracterizar un “modelo de concentración de la riqueza, de renta de tierras, con políticas neoliberales, cristianas solidarias que afianzan una economía basada en privilegios extractivitas con concentración del poder.

Asimismo, favorece a una discusión, reflexión y comprensión del porqué esos obstáculos. “El no enfrentar la desigualdad implica no reducir la pobreza estructural y esta tiene implicaciones de género e implicaciones en la democracia y cuando hablamos de la democracia que quieren las mujeres, tenemos que relacionarlo con un país donde reina la desigualdad”.

Pueden leer la investigación completa en el siguiente enlace: http://confidencial.com.ni/wp-content/uploads/2015/10/participacion-mujeres-baja-resol-1.pdf

La Comisión del pueblo quiere escuchar a "la alta comisión gubernamental"

Por Duyerling Ríos 

Elevar las demandas de 115 comunidades indígenas del municipio de Waspam Rio Coco, RACCN, fue el motivo de la llegada a Managua de un grupo de personas organizadas en la Comisión Ecuménica de este municipio.

Susana Marley Cunnigham, presidenta de la Comisión Técnica de la Sociedad Civil Comunitaria, aseguró que en el marco de la resistencia, los habitantes de las comunidades solicitan saneamiento total del territorio indígena. No quieren escuchar la cohabitación y sí reforestación, seguridad ciudadana y agua potable. “Estamos esperando la Comisión del gobierno”.  

Agregó que la cosecha agrícola se ha perdido con el conflicto armado entre colonos y misquitos. “Los indígenas con cada cosecha, las mujeres y hombres compramos botas de hules, las mujeres compramos calzones, desodorantes, útiles escolares y dejamos guardado la semilla para el próximo año, ahora no hay nada...”.

Según un pronunciamiento de la Comisión, los efectos de no sanear el territorio van desde el despale de miles de manzanas de tierra, contaminación de las fuentes hídricas con químicos que utilizan en la minería, tráfico y uso de drogas, asesinatos provocados por invasores, hasta tráfico de armas para el exterminio de los pueblos originarios.

Por su parte, Virgilio Padilla, presidente de la organización Swarah, dijo están unidos por la defensa de los derechos de los pueblos nativos, porque “la invasión de los colonos en tierras comunales en la Moskitia es un tema histórico, donde el principal responsable es el Gobierno Central, porque es allí donde aprueban todas las concesiones mineras, forestales y otros negocios. Alba Forestal, MAPENICSA, SOLCARSA, demandamos que paguen todos los daños de los recursos naturales”.

Las demandas de Besly Salomón, Flavio Herrera Padilla, Gregoria Padilla, Lamberto Chow, Mariano Gaitán, Virgilio Padilla y Susana Marley, pueden escucharlos aquí. 

Hay personas desplazadas hacia Honduras por miedo, porque a partir de los últimos enfrentamientos aparecen los colonos. 

Ahorita el pueblo está unido como pueblo, no como partido… si no hay una respuesta ante la situación, mejor que no pida elección en la Costa Atlántica.

El alcalde de Waspam siempre ha dicho que no hay presupuesto para llevar el proyecto de agua. 

Con la explotación de los recursos naturales, iban a invertir nuevamente para el desarrollo de la Costa Atlántica, no lo hemos visto jamás en 121 años.    

El gobierno ha dicho en los medios que va a mandar una Comisión, estamos esperando… 

Nos reportamos para hacerle saber al Concejo Municipal de Waspam que se actuará en la evaluación de daños de las comunidades vulnerables.

San José, 16 de octubre de 2015.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió ayer medidas cautelares para la protección de los miembros de las comunidades de Esperanza, Santa Clara, Wisconsin y Francia Sirpi, del territorio indígena Miskitu de Wangki Twi-Tasba Raya en Nicaragua. 

La Comisión encontró que la situación en la que se encuentran los pobladores miskitos reúne los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad necesarios para otorgar una medida cautelar. En consecuencia, solicitó al Estado de Nicaragua que brinde protección inmediata a la vida e integridad de los indígenas en estas comunidades —que suman aproximadamente 1,550 habitantes— y que además le informe sobre las acciones adoptadas para investigar los asesinatos, las amenazas y agresiones de las que han sido víctimas los beneficarios de las medidas de protección, de manera que se evite la repetición de este tipo de hechos.

El pueblo Miskitu se encuentra asentado en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. Las cuatro comunidades afectadas, están localizadas, más concretamente, sobre el margen sur del Río Coco o Wangki, en el Municipio de Waspam. Sus territorios han sido invadidos y ocupados por “colonos” que alegan tener derechos sobre partes del territorio. 

Cifras del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN) revelan que del 2013 al 2015 han sido agredidos aproximadamente 54 habitantes de la costa Caribe Norte de Nicaragua, de los cuales 24 fueron asesinados. Además cientos de personas han sido forzadas a huir —obligadas por la situación de violencia generalizada— llegando al menos 361 a Puerto Cabezas, y el resto a la frontera con Honduras. 

Los ejemplos más recientes ocurrieron el pasado mes de septiembre con el asesinato de Mario Leman Müller, dirigente del partido político YATAMA y la agresión de Constantino Rommel —vicepresidente del territorio al que pertenecen las cuatro comunidades ahora protegidas—, gravemente herido.

Por Cristopher Mendoza Jirón

Medardo Mairena, miembro del Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía y Concejal Regional por el municipio de Bluefields en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, acompañado de unas cuarenta personas productoras, líderes comunitarios y religiosas, de Río San Juan y Nueva Guinea, viajaban en cuatro camiones por la carretera norte, trasladando unas 800 quintales de comida, la cual donarían a familias afectadas por la sequía en cinco municipios de Nueva Segovia.

Según Mairena, es ampliamente conocido que personas de esta zona norteña del país viven  momentos muy difíciles, por lo que muchas "personas del sur" (Río San Juan y Nueva Guinea) realizaron una colecta.

Escuche la entrevista completa con Medardo Mairena:

“Llevábamos quequisque, yuca, malanga, frijoles, arroz, aceite, entre otros productos que son los que nosotros producimos en esos lugares. Nosotros hicimos la recolecta, las y los productores donaron que cincuenta libras de una cosa, cincuenta libras de otra, que un quintal, que veinte libras de queso. Logramos la cantidad de 800 quintales, donde nosotros íbamos a visitar cinco municipios en las Segovias. Nosotros sabemos que esa gente está aguantando hambre porque  el gobierno las tiene descuidadas. Ahí hay niños, niñas, señoras y señores de la tercera edad que están sufriendo hambre”.

Policía secuestra comida y camiones

“Cuando nosotros llegamos a Ocotal, nos parqueamos en la gasolinera a echar combustible. En ese momento que nosotros estábamos ahí llegó la policía, nos rodeó y dijeron que no podíamos salir. La Policía llegó primeramente pidiéndonos facturas del producto que llevábamos y pidiéndonos ese permiso fitosanitario por el MINSA, donde nosotros no tenemos ni factura porque la alimentación no la hicimos comprada, fue la gente que lo donó. En segundo lugar somos productores y sabemos que cuando nosotros vendemos nuestra cosecha nunca nos han pedido un permiso fitosanitario, ni los comerciantes que nos compran nuestros productos nos piden ese tipo de permiso. Sabemos que ese permiso solamente se saca cuando una va a sacar alimentación para exportación a otro país”.

Donaciones no llegaron a su destino

"Los camiones ahorita están regresando nuevamente, porque como no nos permitieron que nosotros podamos entregar esa alimentación o regalársela a nadie. Hasta nos trajeron secuestrados desde Ocotal hasta San Benito. Ya a eso de las doce de la noche, cuando miramos la policía ya no estaba, nos dejaron solos. Lógicamente los camiones tiene dueño, entonces cada quien recuperó sus camiones. Pues la alimentación llevamos a entregársela a los donantes nuevamente".

Gobierno quiere controlar donaciones

El Consejo de Comunicación y Ciudadanía emitió a medio día del lunes, un documento firmado por Guillermo González, codirector general del Sistema Nacional de Prevención, Atención y Mitigación de Desastres (SINAPRED), en el cual se indica que “toda ayuda que se quiera hacer llegar a las personas y familias afectadas por alguna situación, debe ser canalizada a través del Sinapred”. ¿Conocían ustedes de la existencia de esta normativa?

“Nosotros conocemos el sistema del comercio de la alimentación que nosotros producimos ahí y nunca nos han pedido ese tipo de permiso ni nada por el estilo. Lo que sí sabemos es que al gobierno le gusta politizar toda acción que pueda hacer. Utiliza los fondos de El Estado para hacerse publicidad. Mientras las familias campesinas de ese lugar se están muriendo de hambre ellos están sembrando más arbolatas, más pintura, más propaganda;  gastando el dinero del Estado y seguramente pretenden que si la alimentación nosotros se la entregamos a ellos, pues a lo mejor ellos iban a hacer propaganda. Pero nosotros por eso ni siquiera convocamos a ningún medio de comunicación, porque nosotros no estamos buscando ninguna proyección. Lo que sentimos en carne propia como productores, pretendimos regalarle ese donativo a las personas que lo necesitan a en esos lugares".

De Socialistas, Cristianos y Solidarios no tiene nada

“A veces ellos (el gobierno) siempre utilizan la Biblia, las palabras que son muy cristianas. Pero en las acciones que ellos están haciendo no tiene nada de solidario, ni nada de humanos, ni nada de cristiano. Lo que hicieron fue jugar con el estómago de esas personas… Es lamentable”, concluyó Medardo Mairena.

Campesinas y campesinos provenientes de diversos territorios de Nicaragua, luego de vencer decenas de retenes policiales, lograron llegar a Managua para participar en la marcha contra El Canal Interocéanico.

Con la consigna "Sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo", fueron recibidos como heróes y heroinas por las y los manifestantes que se concentraron en la carretra norte.

Onda Local captó el momento cuando ingresaron a Managua.

Por Julio López

Ni reubicación, ni explotación minera en el municipio de Santo Domingo, Chontales, es la posición de una delegación de pobladores de este municipio. Expresaron su rechazo a la explotación del tajo “Jabalí-La Antena” que la empresa minera B2Gold quiere realizar.

La población afectada teme que se contaminen las fuentes de agua, principalmente el túnel 900, afluente del túnel El Azul, desde donde la pobalción de Santo Domingo se abastece de agua. 

Antes de proceder con la explotación, la empresa B2Gold tendrá que convencer a cuarenta y seis familias que acepten la reubicación en una urbanización que están construyendo, pero se ha topado con una fuerte resistencia de la población.    

“Qué va a pasar con los barrios que no están dentro del perímetro de los cien metros. Van a ser perjudicados con el polvo, con el ruido. Qué van a hacer con  quienes estamos ubicados en el perímetro de los cien metros y no queremos la reubicación”, son algunas de las interrogantes de la población.  

“En el barrio Jabalí La Antena, cuarenta y seis familias, están siendo amenazadas con el desplazamiento, desde octubre de 2014”, aseguró Walkiria Marín, lideresa del barrio Jabalí-La Antena.  

“La B2Gold continúa construyendo la urbanización. Ya tiene veinte viviendas, va a adoquinar las calles y piensa realizar un parque. Desde que comenzó el proyecto trabaja día y noche. Va a comenzar a construir el plantel ubicado contiguo a la antena”, manifestó Marín.  

Walkiria Marín, denunció que el barrio Carlos Fonseca está siendo afectado por las tiradas de dinamita que se realizan en el tajo Jabalí Central y advirtió que las familias de ese barrio con el paso del tiempo tendrán que ser desplazadas.  

Manifestó que las afectaciones van más allá del barrio Jabalí-La Antena, afectando indirectamente a los barrios “La Hermandad, Arnoldo Alemán, José Bregeón, Miguel Merel, Pancasán y Sandino”, ya que estarán expuestos al ruido y al polvo. 

El pasado 09 de octubre de 2015, el Concejo Municipal de Santo Domingo certificó un acuerdo municipal del 21 de septiembre de 2015, en donde se comprometió a la no ampliación de las dimensiones del tajo “Jabalí-La Antena”, en tanto la empresa minera DESMINIC S.A., subsidiaria de B2Gold, haya negociado en su totalidad con las cuarenta y seis familias afectadas con la construcción del tajo “Jabalí-La Antena” y mientras no se haya realizado un estudio hidrológico que permita la realización de un proyecto para la protección del túnel El Azul.    

El  Centro Humboldt, el Movimiento Salvemos Santo Domingo, la Asociación de Ciudadanos Unidad y Dignidad Santo Domingo Tiene Derecho a Existir y el Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía suscribieron un comunicado conjunto donde señalan sentirse vulnerables por la explotación que realiza la empresa minera B2Gold y por la falta de transparencia de las instituciones del Estado.

Exigieron a las autoridades nicaragüenses el respeto a sus derechos constitucionales, a un ambiente sano, a la libre determinación y a la libre movilización. 

Una vez más, solicitaron el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto denominado “Tajo - La Antena” y denunciaron que la empresa está actuando sin haber realizado la consulta pública respectiva y sin tomar en cuenta a la población.  

Exhortaron al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) a pronunciarse  acerca de la denuncia ambiental que se remitió a esa entidad el pasado 26 de enero de 2015 contra la B2Gold.

Ahora van por el cerro Quiroz

Álvaro González Cruz, en representación de la Comarca Fruta de Pan, municipio de Santo Domingo, denunció afectaciones por parte de la empresa minera B2Gold. “Ahora vamos a tener el problema no sólo en la zona urbana sino también en la rural, porque quieren destruir el Cerro Quiroz, poniendo en peligro las fuentes de agua, particularmente el río Artigua que es abastecido por unas quince quebradas”.

González denunció que la empresa B2Gold ya presentó el Estudio de Impacto Ambiental ante la municipalidad, sin tomar en cuenta a la población afectada. “Presentan una cosa con los Estudios de Impacto Ambiental, pero en el terreno la realidad es otra. No sé por qué se están dando estos permisos, no sabemos de dónde vienen. Ya presentaron el Estudio de Impacto Ambiental y están violentando la Ley porque ese estudio lo presentaron en la Alcaldía de Santo Domingo y no convocaron a las personas que en realidad van a ser afectadas, las personas de las comunidades no se están dando cuenta de la magnitud del problema”, explicó Álvaro González.

“De realizarse la explotación, se afectaría el medio ambiente, las aguas. Estamos pidiéndoles a las autoridades que nos ayuden.  Estamos en peligro ya no sólo en el pueblo sino también en la zona rural. También sería afectada una reserva arqueológica, el medio ambiente y habrá un despale indiscriminado”, añadió.

Por Sayuri Nishime

Desde las seis de la tarde de este lunes 02 de noviembre, las celdas preventivas de la Policía Nacional en Estelí, fueron el escenario de gritos, humo y bombas lacrimógenas. Los privados de libertad, realizaron una protesta en demanda de mejores condiciones y servicios.

Según el periodista esteliano Famnuel Úbeda, el amotinamiento se da porque los privados de libertad aseguran que están en condiciones de hacinamiento y que los servicios que reciben no son higiénicos. Asimismo, demandan que les permitan a sus familiares el ingreso de alimentos.

“Hay presos que tienen medidas de ser trasladados al Sistema Penitenciario Puerta La Esperanza, pero aún siguen en celdas preventivas. La delegación policial tiene una capacidad para 70 reos, pero sobrepasan esa cantidad. Es decir, hay como cien, incluyendo personas que ya han sido condenadas”, afirmó Úbeda.

No obstante, el Comisionado Mayor de la Policía de Estelí, Alejandro Ruiz Martínez, el amotinamiento se dio por las medidas que la policía tomó respecto a los presos, ya que “encontraron droga, comida, celulares y piedras”.

En el interior de las celdas, los internos quemaron sábanas y enseres, entre otros objetos, mientras afuera, familiares de los detenidos incendiaban llantas. Para calmar la situación, se hicieron presentes miembros del Ejército, del Benemérito Cuerpo y de la Dirección General de Bomberos.

A eso de las once de la noche del pasado lunes, la situación “se fue calmando”. Al menos cinco detenidos fueron trasladados al hospital San Juan de Dios.

Según el colega Famnuel Úbeda, sólo se permitió el acceso a las celdas policiales a medios de comunicación oficialistas.

por Patricia Orozco

Esta mañana, alrededor de las nueve de la mañana, un grupo de personas llegó a las instalaciones de las oficinas de Auxilio Judicial de la Policía Nacional, más conocidas como El Chipote, para presentar denuncia contra la Alcaldía de Managua, pero fueron impedidas de entregarla. La carta señala que fueron objeto de agresión el pasado martes 27 de octubre, durante la marcha anticanal, por el conductor de un camión de la comuna capitalina, quien pretendió atropellar a un grupo de manifestantes, la mayoría mujeres, e incluía fotos del camión, incluyendo la placa del mismo.

Juanita Jiménez del Movimiento Autónomo de Mujeres declaró a Onda Local: “venimos aquí y dos oficiales dijeron que tenían orden de no recibir nada”. Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, entró a las instalaciones de Auxilio Judicial e inmediatamente “se dejó venir la policía” y los oficiales colocaron una valla.

“La doctora no va a salir hasta que reciban la carta” agregó Jiménez. Los oficiales se mantuvieron todo el tiempo en torno a la valla, sin recibir la carta. Insistían en que no tienen orden de recibir la carta, por lo cual, el grupo se trasladó a las oficinas de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, ubicadas en Plaza El Sol.

La presidenta del Cenidh, en su espera en El Chipote dijo “esta es la seguridad soberana que nos espera”   

Cristopher Mendoza Jirón

En horas de la mañana de este viernes seis de noviembre, unas sesenta personas provenientes del municipio chinandegano de Chichigalpa y afectadas de Insuficiencia Renal Crónica (IRC) pasaron frente a la entrada principal del municipio de Nagarote rumbo a Managua.

El grupo de marchistas, al que cada vez se suman más participantes, salió desde el pasado miércoles cuatro de noviembre de sus hogares en una nueva caminata de protesta, exigiendo la liberación de 16 personas detenidas y trasladadas a las celdas de Auxilio Judicial en Managua (conocida como El Chipote), a quienes se acusa de crimen organizado, robo agravado, fabricación, tenencia y uso de armas, artefactos explosivos, entre otros, en perjuicio del Estado de Nicaragua y la alcaldía municipal de Chichigalpa.

El pasado seis de octubre miembros de la Asociación de Enfermos de Insuficiencia Renal Crónica “Nueva Esperanza”, realizaron un plantón frente a las instalaciones de la licorera del Grupo Pellas.

“A ellos los sacan de sus casas, pero ellos estaban al principio frente a la licorera. Pacíficamente ellos estaban protestando, reclamando sus derechos. Luego les mandaron los antimotines y no sé cómo empezó la lucha cuerpo a cuerpo” relató María Peña Chávez, madre de una de las detenidas. Según Peña, los antimotines lanzaron gases lacrimógenos “y los enfermos no tuvieron más defensa que garrar piedras”.

Una pequeña comisión del grupo de marchistas llegó esta mañana hasta el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). Dicen en su denuncia, que a eso de las siete de la noche la noche del seis de octubre, después del enfrentamiento, “llegaron unos hombres jóvenes, con los rostros tapados que destruyeron una gasolinera y después personas se robaron las cosas que habían ahí. Luego se fueron para la alcaldía, entraron a la oficina del alcalde, tomaron un puño de papeles y los quemaron”, reveló el grupo de personas, quienes se oponen a las acusaciones realizadas hacia las personas detenidas.

¡Un montaje!

Por su parte Carlos Manuel Martínez, manifestante con IRC, dice que se trata de un montaje para desmantelar la lucha histórica, en reclamo de los derechos de las personas con IRC ante el Grupo Pellas. “Calculamos que es un montaje y el gobierno puede buscar pruebas. Incluso el mismo dueño de la gasolinera Erick Baltodano dijo que le empañaron la lucha a los pobres enfermos (IRC) los pandilleros que llegaron. Fueron los pandilleros que comenzaron a tirar piedras hacia los vidrios de la gasolinera”, manifestó.

No hay garantías

Este viernes seis de noviembre de 2015, el grupo de personas detenidas cumplió 31 días en las celdas de Auxilio Judicial, sin que se conozca la fecha de la audiencia, donde se supone deberían procesarlos. Al parecer tendrán que esperar la mejoría de salud del juez Henry Morales, mismo que lleva el caso de los detenidos en Mina Limón, quien pese a haberse reportado enfermo, inexplicablemente se le ha visto en otras audiencias, mencionó el director jurídico del CENIDH, Gonzalo Carrión.

Asimismo, el defensor de derechos humanos explicó que estar mucho tiempo encerrados “en las celdas del Chipote” -un lugar pensado para torturar a las personas-, implica diversos riesgos a la salud de personas con IRC. Pero además se violan un sinnúmero de derechos y garantías constitucionalmente establecidos. “Al no realizarse la audiencia inicial que está establecida en el término de diez días, ya se ha rebasado más de lo razonable y esa indefinición que tiene el juez de audiencia es completamente ilegal. Sólo cabría que a lo de inmediato se ponga en libertad a todos los detenidos”, concluyó Gonzalo Carrión.

La comisión que llegó al Cenidh posteriormente se reincorporó al grupo de marchistas, quienes contemplan llegar a Managua el próximo lunes nueve de noviembre, en horas de la mañana.