En enero de 2020, el gobierno de Daniel Ortega aprobó una reforma constitucional que estableció la pena de cadena perpetua para castigar presuntos crímenes de odio, y utilizó como justificación los crímenes contra las niñas y las mujeres.
Testimonios de sobrevivientes y familias víctimas de violencia, denuncian la impunidad que prevalece en estos casos, y el desinterés oficial en responder a las demandas de justicia.
Esta es la historia de Yorly Cuadra, Carmen Rodríguez, Felicita Cruz, “Ana” y “Lucía” desde Managua, Somotillo, Matagalpa y Mulukukú.
Cuando la violencia machista mata también a la mediación
La justicia no llega ni con la cadena perpetua
Excarcelación de femicida avalada por el Gobierno
