La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo hizo entrar en vigencia, este 15 de marzo, a través de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial, la derogación a la reforma a la Ley creadora de la Cinemateca Nacional o Ley 1191, la que establecía una serie de tasas impositivas que debían pagar las personas naturales o jurídicas que optaran por la realización de producciones audiovisuales en Nicaragua.
El pasado 13 de marzo, de manera unánime y con trámite de urgencia, la Asamblea Nacional, a petición del Ejecutivo, aprobó la derogación a la mencionada Ley, la que había sido aprobada el 30 de enero de este año, también a solicitud de Ortega, y publicada en la gaceta el pasado 5 de febrero.
El artículo que queda sin efecto en la normativa, es el artículo 10 de la misma, el que establecía la serie de cobros a las producciones.
Sin embargo, la derogación no contempla la eliminación de los trámites para solicitar permiso al gobierno para la producción, realización, posproducción y exhibición de las creaciones audiovisuales o cinematografías que se realicen en el país.
“No les será aplicable ninguna tasa por servicios, sin embargo, tienen la obligación, sean personas naturales o jurídicas, de ir a solicitar el correspondiente permiso, la correspondiente certificación o realizar el correspondiente trámite que la ley establece”, advirtió el diputado orteguista Walmaro Gutiérrez en el hemiciclo parlamentario, cuando se aprobó la derogación de los impuestos.
De acuerdo a analistas, la Ley creadora de la Cinemateca Nacional, es un instrumento más para ejercer control y censurar las producciones audiovisuales y cinematográficas que no le agraden al régimen, pues esta establece, entre otras cosas, una serie de requisitos y condiciones que constituyen obstáculos a la producción audiovisual y a la libre expresión.
La Cinemateca Nacional es codirigida por Idania Castillo, exnuera de la pareja dictatorial. Castillo estuvo casada con Juan Carlos Ortega Murillo.