El Consorcio Panorama Electoral presentó su informe de observación de las votaciones municipales 2017. El uso de bienes del Estado para propaganda partidaria, irregularidades en el trámite de cédulas y violencia electoral, son algunos de los hechos destacados en el documento.
El informe recopila algunas irregularidades que se han presentado antes del 05 de noviembre y que lesionan el derecho de los Partidos Políticos a fiscalizar las votaciones; entre estas se mencionan cambios en la ubicación de fiscales de la zona urbana a rural, acreditación de un menor número de fiscales, expulsión de miembros de Juntas Receptora de Votos (JRV) en los talleres de capacitación impartidos por el Centro Electoral Municipal (CEM), sin justificación y no acreditación de miembros de las JRV.
Persisten irregularidades en la entrega de cédulas
En relación a la entrega de cédulas, el informe constató que se entregó cédulas a personas no elegibles, en la mayoría de los casos menores de edad. “Esta práctica persiste en 86 municipios del país, destacándose adolescentes que al día de la elección no tendrán la edad legal para votar”, señala el documento.
Al analizar los datos sobre la entrega a personas no elegibles se observó que fue una práctica realizada por el CEM en 65 municipios, el FLSN en 77 municipios, el PLC en 12 municipios y otros partidos en 8 municipios, añade el informe. “El FSLN supera por mucho a las demás fuerzas políticas en contienda al momento de realizar esta práctica”.
Recursos del Estado en la campaña
La Ley Electoral prohíbe el uso de recursos del Estado para actividades de propaganda partidaria, pero es una práctica que continúa, sin que las autoridades electorales pongan cartas en el asunto.
El Informe del Consorcio Electoral señala que durante el mes de octubre, constataron el uso de recursos del estado, particularmente vehículos, locales gubernamentales y espacios públicos, en actividades de campaña, lo cual atenta contra el bienestar de la población al malgastar los recursos públicos.
Asimismo, advierte que el uso de los recursos del Estado para propaganda partidaria conlleva la pena de arresto conforme a lo establecido en el artículo 175 numeral 8 de la Ley Electoral.
El partido gobernante utilizó recursos del Estado en 141 municipios, el PLC lo hizo en 13 municipios y otras agrupaciones partidarias en 18 municipios, según el informe.
Para el Consorcio Electoral, “el uso de los bienes del Estado por los partidos políticos en general, y mayoritariamente el partido de gobierno, es el resultado del control partidario que ejerce sobre las instituciones públicas y por la falta de aplicación de la Ley por los órganos reguladores”.
Violencia electoral
Según el informe, la violencia electoral se incrementó en 22 casos, distribuidos en 17 municipios. “Se reportaron 36 casos de violencia en 27 municipios del país: violencia física (8), daños a la propiedad (6), difamación (22). Algunos de estos hechos se registraron en los municipios de Villa El Carmen y Ticuantepe (Managua), San Dionisio (Matagalpa), Santa Rosa del Peñón (León) y La Libertad (Chontales).