Familiares de las 35 personas presas políticas que permanecen en la cárcel de la dictadura de Daniel Ortega, piden a la población y a la comunidad internacional apoyo para poder lograr la libertad.
Este 14 de febrero a través de un comunicado expresaron que “familiares de los presos y presas políticas que no fueron puestos en libertad el día 9 de enero del año 2023 que en total son 35, pedimos a la Comunidad Internacional, a los Organismos de Derechos Humanos, a Gobiernos amigos del pueblo de Nicaragua, nos apoyen para la liberación de nuestros familiares que continúan secuestrados en los diferentes Sistemas Penitenciarios del país en condiciones degradantes para cualquier ser humano”.
Estas personas pertenecen a los municipios de Estelí, Managua, Masaya, León y Nueva Guinea. Las personas presas políticas no liberadas se encuentran en los Sistemas Penitenciarios de: La Modelo en Tipitapa, Sistema Penitenciario de León, penitenciario de Waswali en Matagalpa, penitenciario La Granja en Granada y en la estación policial de Nueva Guinea.
Martha Rivas Hernández, la única mujer presa
Martha Rivas Hernández es la única mujer que está en la lista de personas aun detenidas por la dictadura. Rivas Hernández fue la mujer que denunció al sacerdote Manuel Salvador García, párroco de la iglesia Jesús del Nazareno en Nandaime, por haberla golpeado en el rostro. La mujer hizo la denuncia pública por los medios de propaganda de la dictadura, sin embargo, días después, ella retiró la denuncia contra el sacerdote. Como consecuencia la dictadura la acusó de falso testimonio y un juez la declaró culpable. La Fiscalía solicitó 5 años de carcel para Rivas Hernández. De igual forma, el sacerdote Manuel Salvador García fue condenado por la dictadura por amanezas y exposición de personas al peligro.
Los primeros presos políticos
De los 35 reos y reas de conciencia, 10 de ellos están detenidos desde antes de las protestas de 2018, aseguraron familiares.
Marvin Vargas cumplirá 12 años en la cárcel, este es uno de los presos políticos con más años tras las rejas, algunos lo consideran el primer reo de conciencia de Daniel Ortega. Los otros que están detenidos desde antes de las protestas de 2018, son las personas que la dictadura involucra en el caso de la masacre de 5 personas que iban en una caravana después de participar en el acto del 19 de julio, cuando se conmemora la caída de la dictadura somocista.
Estas personas son, Leonel Poveda, Eddy Gutiérrez, Rosendo Huerta, Pablo Martínez, Wilfredo Balmaceda, José Ricardo Cortez, Jairo Obando, José Meza y a Zacarías Cano, todos fueron detenidos en agosto de 2014 y posteriormente condenados a 30 años de cárcel. Los abogados que defendieron a estas personas afirman que la Fiscalía no probó que los señalados hayan cometido el delito.
Campaña “Nos faltan 35”
En la conferencia se anunció el inicio de la campaña “Nos faltan 35”, con el objetivo de visibilizar a las personas que aún están detenidas por razones políticas.
Una de las representantes de las familias, bajo anonimato, indicó que esta sería la segunda ocasión en la que la dictadura deja un grupo de presos políticos sin liberar. “Luego de la liberación de diciembre de 2019, quedaron 65 personas, estas llegaron a ser 245 y hoy nos quedan 35. El gran temor es que esta lista vuelva a crecer. Por eso nos urge que se visibilice la situación en la que viven estos presos políticos”, urgió la ciudadana.
Otra familiar de preso político, afirmó bajo anonimato, que las condiciones de salud en la que se encuentran la mayoría de los detenidos es complicada porque tiene muchas enfermedades. Los llevan al hospital, les dan medicamentos, pero la salud de ellos están detoriadas, afirmó.