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En Nicaragua se mata al periodismo de otra manera

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PEN Nicaragua, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) y la Universidad Centroamericana (UCA) rindieron homenaje a periodistas asesinados y desaparecidos en Honduras, México y Brasil. Por su puesto, se recordó el legado de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, María José Bravo y Carlos Guadamuz, periodistas nicaragüenses asesinados en el cumplimiento de su labor.

El evento “Los que no callaron, sus ideas no mueren”,  se realizó en ocasión del día de difuntos, en “El Paseo de la Memoria” de la UCA.

Gioconda Belli, poeta y escritora nicaragüense, líder del PEN, señaló que en América  Latina el 90 por ciento de los crímenes contra periodistas, han quedado en la impunidad porque nadie ha sido castigado. Sólo de 2004 a 2017 hubo 88 periodistas asesinados en México y 59 en Honduras.

En Nicaragua hemos tenido periodistas asesinados. Pedro Joaquín Chamorro,  María José Bravo y Carlos Guadamuz, recordó Belli. “Hay muchas maneras de matar, no solamente se mata físicamente, está la muerte moral, la muerte del silencio, de la indiferencia (…) Tenemos que perder el miedo a decir lo que pensamos”.

Las y los periodistas que han sido asesinados fueron consecuentes, dieron su vida por no callar, para seguir diciendo la verdad, destacó la poeta Belli.  

El también escritor y periodista Guillermo Cortés, rememoró que el asesinato de María José Bravo ocurrió en un contexto de votaciones municipales. “María José Bravo era periodista de investigación, de las que hurgan entre la basura para poner en evidencia, hechos criminales y de corrupción que otros tratan de ocultar”.   

                                                                     Guillermo Cortés. Foto/FVBCH 

Agregó que el ex alcalde del municipio de El Ayote por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Eugenio Hernández González, estaba incómodo con María José porque investigaba sus vínculos con una banda dedicada al abigeato, extorsión y secuestro. Finalmente, la asesinó el 9 de noviembre de 2004, en las afueras del Centro Departamental de Cómputos de Chontales, que funcionaba en el Instituto Nacional Josefa Toledo de Aguerrí de Juigalpa, cuando cubría las protestas de simpatizantes de la Alianza por la República (Apre) de Santo Tomás y del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de Cuapa, que impugnaban algunos resultados electorales”.    

Para Cristiana Chamorro, directora de la FVBCH, el único delito de las y los periodistas asesinados, fue  no  callarse, decir la verdad. “Compartieron un mismo destino, pero no solamente el de las balas asesinas que los privaron de sus vidas, sino por haber ejercido un liderazgo heroico al servicio de la libertad. Cada uno de estos periodistas fueron fieles a su vocación, a la de ser periodistas independientes ligados a la defensa de la democracia, la de los derechos humanos y la de la libertad de expresión”.  

         Cristina Chamorro, directora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Foto/FVBCH

Añadió que “quienes queremos democracia, libertades públicas y estados de derecho, estamos llamados a honrar el  martirio de cada uno de ellos, que con su sangre sacudieron la conciencia de nuestros pueblos. No queremos más periodistas muertos por asesinos al servicio de las fuerzas tenebrosas”.  

Riesgos y amenazas latentes

Gabriela Selser, periodista y escritora, mencionó que a tres décadas de las guerras que ensangrentaron a Centroamérica, las y los periodistas están en riesgo de muerte. “La defensa de la palabra se ejerce ahora frente al poder del narcotráfico, del crimen organizado, la corrupción política y la impunidad de los gobiernos y los consorcios que destruyen el planeta y asesinan por igual a defensores de derechos humanos y ambientalistas”.

Aunque Nicaragua, dijo Selser, “no ha caído en las garras del crimen organizado, el periodismo sigue siendo una de las profesiones más riesgosas y sometidas a acciones represivas, muchas veces silenciadas desde el poder”.

A criterio de Selser la censura en Nicaragua no funciona hoy de forma explícita, existe de hecho a través de la no aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley No 621), aprobada en 2007 e inmediatamente convertida en papel mojado, pese a que la Constitución Política establece el derecho a la información veraz y completa.  

                                                                                              Gabriela Selser. Foto/FVBCH

Periodistas independientes, nacionales o de la prensa extranjera, no pueden comunicar con libertad, ya que las fuentes de información del Estado están cerradas. La vocería del gobierno está desde hace años exclusivamente en manos de la primera dama y vicepresidenta de la Republica, Rosario Murillo, explicó Gabriela Selser.   

“Talvez el riesgo mayor sea ahora el acostumbrarnos a ver como normal la violencia, el asesinato de periodistas, la censura y las restricciones al derecho de informar y recibir información por parte de los Estados obligados a dar cuentas de sus actuaciones”.      


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